La entrada Una picadora: El plan oficial para erradicar la media res se porterga y piden analizar alternativas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Algunos operadores sospechan que esta demora se debe a que este avance en términos sanitarios implicaría mayores costos y posibles aumentos para el producto final: la carne. Por eso se propone analizar alternativas, como la implementación de brazos mecánicos que permitan aliviar la carga de las medias reses a los trabajadores, sin necesidad de adecuar todas las instalaciones y el transporte de carne.
La resolución 10, norma conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, estableció ahora nuevos plazos para que los frigoríficos de tránsito federal presenten un plan de adaptación de las instalaciones, obtengan un crédito si lo necesitan y hagan las obras correspondientes. Para los provinciales o municipales el plazo de gracia llega al año.
La impresión que tienen muchos es que “se hace que se hace”, cuando la realidad es que se pateó la pelota para adelante con la intención de no mostrar que no se hizo lo necesario y comprometido. Además el troceo va en contra de los intereses del gobierno, ya que invertir en la infraestructura frigorífica, en la logística de los camiones y en el aumento necesario en el personal necesario para erradicar la media res, impactará en el costo de la carne que supuestamente se pretende controlar.
Como sea, ahora hay nuevos plazos y requisitos. Y si bien industriales y matarifes dijeron que están de acuerdo con la esencia de la medida, pusieron algunos reparos respecto de los requisitos para su entrada en vigencia.
Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), explicó que el dinero necesario para adaptar los frigoríficos saldría de los 100.000 millones de pesos que anunció el gobierno para dar créditos en el marco del Plan GanAr.
Urcía dijo que el tema será motivo de debate en el Observatorio de la Carne Vacuna creado esta semana, ya que “consideramos que debe haber plazo único porque si no se estaría beneficiando a unos sobre otros y que si alguno no llega con los tiempos se analice una prórroga, pero que sea sólo una excepción”.
Consideró además que es necesario “convocar a las provincias para que se comprometan en la instrumentación, porque son la autoridad competente. Ya vimos lo que pasó en los 90 cuando Buenos Aires, donde se encuentra el mayor centro de consumo del país, se negó a aplicar el Corte por lo sano, que justamente pretendía avanzar en este sentido”, recordó.
El referente industrial agregó que la medida busca beneficiar a los trabajadores, que ahora deberán manipular piezas menos pesadas. Pero apuntó que “su salud se protege también con el uso de medios mecánicos sin importar si es media res o el trozo supera los 25 kilos”.
Urcía agregó que no se puede descartar que haya subas en el precio de la carne porque esto implicará más costos logísticos y laborales. La medida implicará sumar cámaras de frío, gasto en energía, contratar personal y modificar el sistema logístico, ya que los cuartos ocupan más lugar en los camiones que las medias reses.
En el mismo sentido se expresó Ariel Morales Antón, de la Cámara de Matarifes. El abastecedor evaluó que “la medida va a sumar al negocio de la carne en términos de inocuidad y salubridad del producto, pero además beneficia al trabajador, no se puede seguir cargando medias reses. Creemos que va en el buen sentido”.
Pero añadió sus reparos: “Esto va a implicar contratar más personal para el transporte, usar más camiones porque el espacio de los trozos es mayor al de la media res, además de adaptar los camiones a este nuevo producto. Hay que ver también qué pasa con la trazabilidad de nuestros cortes que van a quedar en el frigorífico”.
“Vamos a tener costos mayores a los actuales, tenemos que ver cómo podemos adaptarnos para que el consumidor no sienta el impactado en los precios”, afirmó.
El matarife agregó que se deberían analizar alternativas. “Para evitar esa suba de costos en la industria y en la logística se debería buscar la forma de implementar un mecanismo, una herramienta mecánica que reemplace a la bajada al hombro y de ese modo se evitarían subas en el precio de la carne al carnicero y al consumidor”.
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]]>La entrada No es sencillo el arte de gobernar mal: Para evitar el “doble estándar” entre frigoríficos, podrían volver a revisar la norma sobre la media res se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El lunes, pero también ayer martes y seguramente hoy miércoles, en la mayoría de los frigoríficos de bovinos que tienen un pie en el negocio exportador había ejecutivos agarrándose la cabeza porque no se entendían bien los alcances del decreto y las resoluciones emitidos por el Ministerio de Agricultura en las primeras horas de 2022 y que justamente determinaron un nuevo esquema para las exportaciones de carne vacuna. “Van a hacer falta varias resoluciones aclaraciones, porque hay muchos puntos grises”, decían en una de esas plantas. “Cuando llamás a Agricultura a preguntar te dicen que lo vemos la semana que viene”, contó otro empresario preocupado.
Pero donde la mala calidad de la política pública se expresó a sus anchas fue en la Resolución Conjunta 10 firmada por los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Dispone sucintamente que habrá más tiempo para implementar la decisión argentina de dejar de comercializar la carne vacuna (el productos emblemático del país) en medias reses. Sí, algo tan trascendental también viene muy mal parido.
En la reunión que el lunes se realizó en Agricultura varias cámaras de la industria frigorífica (UNICA, Cadif y FIFRA, para empezar) y también la Cámara Argentina de Matarifes (Camya) expresaron sus reparos con lo que establece esa resolución, que básicamente dispuso una prórroga en la fecha de aplicación del cuarteo o troceo obligatorio de la media res de seis meses o un año dependiendo del tipo de frigorífico. Los de matrícula nacional (es decir, auditados por Senasa y con tráfico federal) tendrán ahora seis meses más para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias del negocio. Los de habilitación municipal o provincial, hasta un año de plazo.
Es decir que el primer grupo de plantas podría seguir mandando medias reses al mercado hasta por lo menos el 1° de julio mientras que el segundo conjunto extendería el periodo de gracia hasta el 1° de enero de 2023.
Todo el mundo dice querer dar el demorado salto de un sistema a otro y avanzar en las reformas necesarias en la industria frigorífica (más capacidad de frío o salas para el troceo) para dejar atrás la comercialización de la media res y comenzar a sacar de las plantas de faena piezas de no más de 32 kilos de peso. El problema es cómo, cuándo y quiénes.
En la reunión del lunes los frigoríficos y matarifes más enfocados en el mercado interno (que absorbe el 75% de la carne vacuna producida) pidieron rever el diferente tratamiento otorgado a los distintos tipos de plantas (las federales versus las de habilitación provincial/municipal), porque advierten que podría suceder un corrimiento de operadores desde un tipo de matrícula a otra, de modo de ganar tiempo y hasta de evitar las nuevas exigencias.
Esto, en la jerga del negocio frigoríficos, podría acentuar el “doble estándar” sanitario entre los lugares habilitados para faenar vacunos en el país, que suman 400, ya que muchos podrían recurrir a matrículas provinciales o municipales justamente para esquivar las nuevas exigencias nacionales. Esto ya sucedió en los años 90 y tomó más de veinte años repararlo. Fue cuando Felipe Solá, el ex secretario de Agricultura del menemismo, impulsó un programa llamado “Corte por lo Sano” que justamente impulsaba el cuerteo de la media res: muchos matarifes y plantas del conurbano tomaron matrícula de la provincia de Buenos Aires, donde el ex gobernador Eduardo Duhalde se mostraba mucho más permisivo.
Las medidas anunciadas para contener los precios de la carne vacuna y modernizar la cadena con bendecidos y castigados con plazos diferenciales, al igual que ocurre con la energía, marchan rumbo a un rotundo fracaso. Reinciden en los mismos errores cometidos de 2006 en adelante
— Marcelo Rossi (@marcelorossi52) January 4, 2022
“Advertimos que esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal en relación con las provinciales y municipales. Adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables, que si son desiguales ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”, avisó la Cámara de Matarifes.
CAMyA, al igual que otras organizaciones de frigoríficos consumeros, pidió unificar y estirar los plazos para la entrada en vigencia del troceo, y al parecer las autoridades de Agricultura aceptaron que debían hacerlo, porque lo que habían hecho estaba mal.
Según los matarifes, la nueva resolución 10 “facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales, ya que inevitablemente el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas, lo que podría llevar al fracaso de la medida y la afectación de la actividad y fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal”.
Los únicos que quedaron fuera de este reclamo, según los testimonios, fueron los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, históricamente los mayor impulsores del troceo obligatorio de la media res, tanto en tiempos de Solá como ahora. Es que fueron ellos los que negociaron a mitad de año pasado con el ministro Kulfas esta imposición y propusieron la fecha de entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, que ahora ha sido postergada.
Este de la media res es un claro caso de cómo se hacen las cosas en la Argentina: de mal modo, sin consensos necesarios, siempre entre tironeos de intereses cruzados.
La discusión comenzó como una imposición del Ministerio de Trabajo, que a pedido de los sindicatos del sector legisló que ningún trabajador de la carne podría cargar o descargar piezas mayores a los 25 kilos de pesos. Esto implicaba erradicar de plano las medias reses, que todavía se cargan al hombro desde el camión hasta las carnicerías.
La fecha de vigencia de esa norma laboral era 2019, pero nadie la respetó porque lo que menos importa acá es la salud de los trabajadores. Pero la exigencia quedó latente.
En el marco del cierre de las exportaciones de carne, el Consorcio ABC negoció con Matías Kulfas (la voz cantante del gobierno en esta negociación hasta octubre pasado) avanzar decididamente hacia el troceo obligatorio y entonces se emitió una resolución conjunta con Agricultura para establecer como fecha tope para la media res el 31 de diciembre de 2021.
Previamente a eso, y como para confirmar que aquí lo menos importante era la salud de los trabajadores, se dispuso que las piezas de carne debían tener ya no un máximo de 25 kilos sino hasta 32 kilos de peso, pues esto era lo aceptado internacionalmente y blá, blá, blá. En realidad, esto se adapta mejor a los intereses de los frigoríficos, que pueden entonces realizar menos cortes debido al peso del animal usualmente comercializado en la Argentina.
En su momento, Kulfas anunció la implementación de una línea de créditos para ayudar a los frigoríficos a hacer las reformas necesarias de sus instalaciones para el cuarteo, pero estos préstamos jamás aparecieron. Mientras tanto, el ex ministro Luis Basterra fue reemplazado por Julián Domínguez en Agricultura, y éste reclama concentrar bajo su mando todas las cuestiones vinculadas con la carne. Este tema de la media res también queda bajo su órbita.
Recién a principios de diciembre, con los plazos casi cumplidos, Domínguez y Kulfas introdujeron la posibilidad de financiar este tipo de obras en la línea de prestamos a tasa subsidiada por supuestos 100 mil millones de pesos (porque hay que decirlo, nadie sabe si en realidad habrá tanta plata disponible).
Ahora se dispone esta prórroga que estaba cantada. Pero con la discriminación entre los diferentes tipos de plantas habilitadas, que según los propios privados degenerará en una explosión del “doble estándar” sanitario, que luego termina siendo también laboral e impositivo. Ahora se reclama una nueva revisión de esos criterios.
Parece hecho a propósito, pero no. Es la Argentina, un país especializado en el arte de gobernar mal.
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]]>La entrada Aguante la media res: Los frigoríficos tendrán hasta un año más de plazo para instrumentar el cuarteo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Resolución 10/2021, conjunta entre los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo (raro que no figure Trabajo, quien emitió la normativa original), finalmente no prorrogó la entrada en vigencia de otra Resolución Conjunta del pasado 21 de abril, que obligó a los frigoríficos a despachar la carne vacuna hacia el mercado “en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superen los 32 kilos”. Por lo tanto, la medida está en vigencia ahora, desde el 1° de enero.
Pero en la Argentina todo es trampa, y entonces nadie estará obligado realmente a dejar de enviar medias reses de inmediato al mercado a partir de la llegada de 2022.
¿Por qué? Porque la nueva resolución estableció “en función de la zona y el tamaño de los establecimientos, la implementación progresiva de la medida” que modificará la forma de vender carne vacuna en el mercado interno, ya que obligará a trozar la media res en piezas que no superen los 32 kilos. Una media res puede llegar a pesar entre 70 y 120 kilos. Por eso será necesario dividirla en tres o cuatro partes.
¿Cómo se aplicará esta prórroga que no parece prórroga pero es prórroga?
“Los Frigoríficos de tráfico Federal deberán presentar dentro de los 90 días corridos el Plan de Inversión y Adecuación de las instalaciones y dentro de los 180 días corridos haber ejecutado y puesto en marcha el Plan de Inversión y Adecuación señalado en el apartado anterior.
Es decir que los grandes frigoríficos habilitados por el Senasa tienen medio año de plazo antes de dejar de enviar la media res.
Para los Frigoríficos de tráfico Provincial o Municipal los plazos de gracia serán del doble de tiempo. Habrá 180 días corridos para presentar el Plan de Inversión y Adecuación de las instalaciones y luego 365 días corridos para llevarlo a cabo.
Como “la presente medida entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2022”, los tiempos corren desde ahora y entonces la media res seguirá vigente hasta por lo menos el 1° de enero de 2023.
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]]>La entrada Duros de domar: Como el maíz y el trigo, el gobierno se reserva el derecho de cerrar las exportaciones de carne cuando se le de la gana se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En otras palabras, el nuevo sistema que se inauguró este lunes mediante una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, aplica un criterio semejante al que se instauró también para el trigo y el maíz, otros dos bienes considerados “culturales” por el ministro Domínguez: se monitoreará el mercado de modo permanente y el gobierno se reserva el derecho de cerrar las exportaciones cuando lo considere indispensable, mediante un instrumento que es muy semejante los viejos ROE y a las DJVE (declaración jurada) que rige para los granos: las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes).
“Libre es libre”, había dicho el ministro de Agricultura el 9 de diciembre pasado, cuando anunció una apertura total de los embarques de carne que finalmente -como había anticipado Bichos de Campo– no se cumplió cabalmente. En rigor, el mecanismo instaurado ahora hace recordar a los temibles ROE (registros de operaciones de exportación) que rigieron entre 2008 y 2015, y que fueron en muchos casos sinónimos de corrupción.
Pero a diferencia de aquella etapa, donde las entidades de productores eran convidadas de piedra mientras los frigoríficos se repartían los permisos (o en todo caso el gobierno bochaba algunos y aprobaba otros), esta vez Domínguez pretende crear un “observatorio” con entidades de la cadena cárnica (¿será como la famosa “escuelita” de Guillermo Moreno?), con las que discutirá si es oportuno mantener este grado de apertura exportadora o es necesario “cerrar el grifo”.
Las entidades de la Mesa de Enlace y las de la industria frigorífica están invitadas a integrarse. Si lo hacen o no es algo que comenzará a dilucidarse en los próximos días, ya que mañana mismo gran parte de la cadena ha sido invitada a una reunión en la sede porteña del Ministerio de Agricultura.
La apertura “gradual” y “condicionada” de las exportaciones de carne se concretó a través de tres normas simultáneas.
Por un lado, el Decreto 911/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, su jefe de Gabinete Juan Manzur y el propio Domínguez (llama la atención la ausencia de Matías Kulfas, voz cantante hasta aquí en este asunto), que dispone la prohibición de exportar los siete cortes “populares” hasta fines de 2023, es decir, hasta el final de esta gestión. Se trata de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga (que reemplazó a la cuadrada), paleta y vacío. Equivalen al 22% a 24% del peso total de una media res.
Es decir que de un saque está prohibido exportar el porcentaje del animal semejante al “punto de equilibrio” que Domínguez considera como un tope adecuado de las exportaciones. Según el mismo ministro declaró, si se exporta más allá del 24% de la producción de carne, comienza a haber tensiones.
Por otro lado, la Resolución 301/2021 es la pieza clave de este andamiaje, porque por un lado mantiene el listado de 63 frigoríficos a los que se le asignó el año pasado un cupo de exportación y les ordena -como sucede hasta ahora- presentar una DJEC cada vez que quieran exportar carne.
A la vez, en sus artículos 2, 3 y 4, esta normativa “libera” la exportación de vacas conserva categorías D y E (en general se trata de carne de baja calidad que se vende en China), incluyendo los siete cortes prohibidos. Lo mismo sucede con la carne de toro y con “la exportación de los huesos con carne resultantes del desposte”.
Pero a la vez se indica que las DJECs de los productos de los artículos 2, 3 y 4 “deberán estar conformadas, en su totalidad, por cortes de carne correspondientes a estas categorías únicamente. Para poder declarar las toneladas, las cajas embaladas con los cortes cárnicos deberán estar en depósito al momento de la presentación de la DJEC”.
Es decir que esa carne que usualmente tiene como destino el mercado chino (que absorbe el 75% de las exportaciones argentinas) va a estar liberada, pero condicionada a la aprobación de las DJEC por parte de las autoridades tanto de Agricultura (con la ex Oncca) como de Comercio Interior.
En esto la normativa vigente es clara: hay una doble “botonera” para aprobar los embarques (en un plazo de cinco días) y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, podría usar su capacidad de veto cuando se le antoje, incluso apelando a que no se cumplen los planes de “baratas” de carne en supermercados. Lo peor de todo -y lo que más convoca a sospechas- es que las DJEC autorizadas cada día no son publicadas por el Estado. Lo mismo sucedía un década atrás con los ROE Rojo: nadie podía controlar si había corrupción porque la información no se conocía.
Como hasta ahora, ni la Cuota Hilton, ni la cuota estadounidense, ni la 481 ni la carne para Colombia tendrán limitaciones, más allá del volumen de cada cupo. “Los contingentes arancelarios otorgados se regirán por sus respectivas normas”, se especificó.
Lo que no está nada claro es qué sucederá con otros mercados que no llevan vaca vieja ni toro ni hueso con carne, y que no tienen cuotas arancelarias especiales. Por caso, con Israel o Chile o Brasil o Rusia. Las normas que entraron en vigencia no definen ni siquiera si será necesario tramitar una DJEC para exportar por ejemplo un contenedor de lomos a Chile. Tampoco se aclara que este tipo de embarques estén liberados. Hasta ahora esa carne se exportaba como parte de los cupos asignados a cada planta. ¿Y ahora?
Por ejemplo, si alguien quiere exportar una carne de vaca C (que no está liberada como la de las categorías D y E)… ¿Se puede o no se puede? ¿Será necesario presentar un DJEC para hacerlo? ¿Vale la pena intentarlo?
Una cosa novedosa es que esta vez sí se permitirá el comercio de permisos de exportación, cosa que estaba prohibido hasta ahora con los cupos asignados a cada empresa. “Las fábricas o establecimientos comprendidos en la presente resolución podrán transferir carne para exportación a otro exportador”, define la resolución, que solo dice que habrá que avisar a la ex ONCCA. Esto abre el territorio a múltiples negocios, es especial para quienes obtengan los benditos DJEC.
Otro artículo crea “el Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna”, que como las Mesas de Trigo o de Maíz tendrá “carácter consultivo” para el organismo. Una de sus misiones serpa “sugerir la composición y proyecciones de exportaciones de carne vacuna de conformidad con los informes del Observatorio”.
“Los informes producidos por el referido Observatorio serán considerados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) en ocasión de autorizar el volumen de exportación de carne vacuna, a los efectos de garantizar el equilibrio entre la productividad, las exportaciones y el mercado de carne argentino”, indica otro artículo que transparenta así la verdadera jugada oficial: el gobierno se reserva el derecho de cerrar las exportaciones cuando lo considere necesario, y para eso apelará -como hizo en trigo o maíz- a un cierto consenso con el sector privado. En los cereales, cuando esto sucedió las Mesas emitieron un comunciado desmintiendo estar de acuerdo.
La tercera pieza legislativa es el Resolución 302/2021, que convoca a los frigoríficos que no obtuvieron cupo en 2021, así como a los grupos de productores que habían quedado fuera del negocio, a inscribirse en un registro “para la exportación de carne vacuna”.
“El plazo de inscripción comenzará a regir a partir de las cero horas del día de entrada en vigor de la presente medida y por el término de 60 días corridos”, se avisa. A trabajar en el verano.
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]]>La entrada Una orden de Domínguez al Senasa para “apretar” a los frigoríficos es la mejor prueba de que en 2022 seguirán firmes los cupos para exportar carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En las próximas horas debería conocerse la letra chica de los anuncios que días atrás, de modo más que engañoso, realizó el ministro en conferencia de prensa. Es que el 31 de diciembre vencen no solo los cupos generales dispuestos por la Resolución 5 de los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, que fue la primera que puso límites a los embarques de carne. Con el 2021 también expiran los plazos para los cupos de vaca conserva para China, los de carne kosher para Israel y la prohibición para exportar los siete cortes de consumo popular.
Cuando la nueva norma finalmente se conozca, los ingenuos que le creyeron a Domínguez se sorprenderán con que la única novedad será que ya no habría topes para la carne de vaca vieja categorías D y E.
Pero los siete cortes (asado, vacío, tapa de asado, paleta, matambre, falda y cuadrada, aunque esté último corte sería reemplazado posiblemente por nalga) seguirán sin poderse vender al extranjero. Y los cupos por empresa se mantendrán, aunque ahora los 63 frigoríficos que los recibieron deberían reconocer los porcentajes correspondientes a los grupos de productores que utilizan sus instalaciones. También se abrirá un registro por 60 días para admitir a los nuevas plantas que estén habilitadas para exportar.
Algún lector avezado podrá preguntarnos: ¿Y cómo pueden asegurar que seguirán los cupos si el ministro Domínguez dijo lo contrario? Sencillo, porque el propio ministro Domínguez es quien lo escribe de puño y letra.
Sucede en esta nota que Domínguez envió el jueves 23 al titular del Senasa, Carlos Paz, con copia al vicepresidente del organismo, el santacruceño Carlos Milicevic, quien se encarga personalmente del sensible tema “carnes”. En ese documento, Domínguez les ordena hacer algo que tienen prohibido hacer, que es utilizar las funciones de policía sanitaria de Senasa para controlar que los frigoríficos cumplan con el acuerdo de precios que firmaron con la Secretaría de Comercio Interior.
Es grave esta orden por diversos motivos. Uno ya fue dicho, el Senasa no fue creado para controlar los precios de nada. El otro motivo es que este “apriete” se aplica a todos los frigoríficos por igual, incluso a aquellos que no pertenecen al Consorcio ABC, la cámara que agrupa a los mayores jugadores del negocio exportador y que es la que negoció con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la provisión de cinco cortes a precios subsidiados para las fiestas a través de 2.300 bocas en los supermercados.
Pero, además, lo que Domínguez está diciéndole al Senasa es que asigne un cupo para entregar esos cortes baratos a cada empresa, y que dicho cuota debería ser “proporcional” a los permisos de exportación vigentes hasta ahora y dispuestos por la Resolución 5. Esa norma, de junio pasado, asignó un volumen exportable determinado para 63 empresas, equivalente al 50% de lo que habían exportado en el segundo semestre de 2020.
No hay ninguna norma escrita que diga esto, es decir que obligue a los 63 frigoríficos que recibieron cupos de exportación a entregar al mercado interno los cinco cortes baratos que reclamó Feletti a la industria (asado a $549, matambre a $599, vacío a $599, tapa de asado a $499 y falda a $399 por kilo). Así las cosas, hay una doble irregularidad: Domínguez le ordena a Senasa controlar algo que no debe controlar (precios y volúmenes) y que además no está regulado.
Pero en este encantador apriete se desliza además lo que aquí nos ocupa, y que es la continuidad de los cupos de exportación por empresa en 2022.
Más claro echale agua:
“El incumplimiento de esta instrucción por parte de los frigoríficos referidos será tomado en cuenta para la asignación de las cuotas de exportación para el periodo 2022 y se privilegiará a aquellos que hayan cumplido con la misma”, define el propio Domínguez, confirmando no solo la continuidad de los cupos sino además introduciendo un nuevo criterio: para poder exportar las plantas deberán además subsidiar los cinco cortes para el mercado interno.
La entrada Una orden de Domínguez al Senasa para “apretar” a los frigoríficos es la mejor prueba de que en 2022 seguirán firmes los cupos para exportar carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Miguel Schiariti se enojó con Cristina y la acusó de querer buscar afuera del gobierno un culpable de la suba de la carne: “La oligarquía ganadera quedó en la historia”, remarcó se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Son situaciones comparables? Bichos de Campo hizo esta pregunta a Miguel Schiriti, presidente de la Cámara de la industria y el Comercio de Carne de la República Argentina (CICCRA). De un saque, el industrial manifestó que la comparación que hizo Cristina le causó “enojo e indignación”.
“No puede ser que alguien que es referente del país genere división entre los argentinos y mienta de manera descarada como lo hace”, bramó Schiariti.
Escuchá la entrevista completa:
Schiriti dejó en claro que la vocera del presidente Joe Biden habló de la realidad de los Estados Unidos, un país que tiene 330 millones de habitantes y donde ocho grandes grupos frigoríficos manejan el abastecimiento de carne, con enormes problemas y discusiones con los productores de ganado. La situación, explicó, dista mucho de lo que sucede en la Argentina.
“La vicepresidenta no es una persona muy culta, pero a pesar de eso sabe que en nuestro país hay 225 mil productores agropecuarios, 4.500 compradores de la carne que producen esos productores y alrededor de 80 mil carnicerías (No se sabe el número exacto por que los controles del Estado son muy malos). Después de eso vienen las personas que convalidan o no el precio”, enumeró. Los lugares de faena, en tanto, llegan a casi 400 frigoríficos y mataderos.
“La oligarquía ganadera quedó en la historia, porque el 75% de los productores ganaderos son pymes”, acotó.
Schiariti luego acusó a Cristina de querer instalar la idea de que hay una corporación responsable de la suba de los precios del alimento, de modo de esconder la falta de políticas favorables para el aumento de la producción.
Según el industrial, el aumento de la carne en el mes de noviembre se dio en gran parte por culpa del denominado “Plan Platita”, que provocó un aumento de la demanda de carne de la población. Frente a eso “pasamos por 4 días de lluvias, lo que hizo que el ingreso a Liniers sea reducido”, explicó. Schiariti cree que, de todos modos, “esta suba en los precios duró pocos días y en algunos casos no llegó a impactar en el mostrador”.
¿Qué puede sucede de acá en más? El Presidente de CICCRA admitió que para que se normalice la oferta de la carne vamos a tener que esperar al mes de marzo de 2022, porque las recrías de hacienda a pasto están siendo muy largas y lo que antes se producía en 120 días en un corral, ahora hay que esperarlo hasta 10 meses.
Además, consideró que no hay un acuerdo de precios con la industria frigorífica y los supermercados, como argumenta el secretario de Comercio Roberto Feletti. Por el contrario, disparó que “la industria frigorífica es chantajeada con (un aumento de ) las retenciones y se adapta a lo que le piden. Por el lado del supermercadismo, utiliza la carne para intentar aumentar las ventas en los días previos a las fiestas”, aseguró.
Por último, Schiariti defendió su idea de elevar le peso mínimo de faena de modo de traccionar rápidamente hacia una mayor producción de carne. Explicó que los argentinos faenamos en los últimos 20 años unas 12 millones de cabezas promedio al año, y explicó que si se lograra aumentar en 3 o 4 años en unos 100 kilos el peso promedio de faena, se llegaría a 600 mil toneladas adicionales de carne con el mismo stock bovino de la actualidad.
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]]>La entrada Presiones políticas y cerrojo informativo en el Ministerio de Agricultura para favorecer con una matrícula especial a una cooperativa de faena ligada con el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.
El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.
La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.
Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.
Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.
Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.
Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.
Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.
Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.
Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.
Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.
Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.
Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.
“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.
De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.
Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.
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]]>Según esa entidad, presidida por Miguel Schiariti, esa medida debería aplicarse paulatinamente hasta llevar el peso mínimo a los 400 kilos de peso. Hoy está muy por debajo de los 300 kilos.
En un comunicado, a horas de la reunión entre el ministro de Agricultura y las entidades de la Mesa de Enlace para definir cómo funcionará el cepo a las exportaciones durante 2022, el directivo volvió a menear la receta del peso mínimo de faena -que comenzó a ser aplicada en 2007, con idas y vueltas, pero jamás a fondo- como recurso para “aumentar la producción de carne, generando así más oferta para consumo y exportación”.
“Entendemos que para aumentar la producción de carne de manera sustentable el sector necesita un horizonte previsible para los próximos 5 años. Una forma de generar esa confianza puede ser aplicada directamente y sin dilación por el Ministerio de Agricultura, con una resolución que incremente el peso de faena (reducido de un día para el otro por el gobierno anterior sin sustento en la producción)”, indicó CICCRA en un comunicado.
Según esta propuesta, el peso de faena de los bovinos enviados al matadero debería “implementarse de manera escalonada” y ubicarse en un mínimo de 400 kilos.
“Como ejemplo, pensemos que si en el presente mes el ministro (por Domínguez) firmara una resolución en la que dispone que a partir del 1 de junio de 2022 el peso mínimo de faena será de 320 kilos vivo, el que aumentará en 20 kilos cada 6 meses hasta llegar a un peso mínimo de 400 kg, con nuestra faena promedio de 12 millones de cabezas anuales, en 2 años y medio habremos aumentado la producción de carne en 600.000 toneladas, con el mismo stock ganadero que tenemos en la actualidad.”, aseguró Schiariti.
Según este cálculo, esas 600.000 toneladas equivalen al 20% de la producción de los últimos 20 años.
Confirmado: Bajan hasta 250 kilos el peso mínimo de faena para las hembras
El industrial expresó que si esa oferta adicional “se distribuye en la misma proporción actual entre consumo y exportación (75/25) ese aumento de la producción aportaría 450.000 toneladas al consumo y 150.000 a la exportación de un modo simple, que no requiere de recursos económicos por parte del Estado, ya que no se trata ni de un subsidio ni de una quita impositiva”.
Para Schiariti estamos en un momento adecuado para tomar la decisión y repetir un sendero que quedó trunco en el primer kirchnerismo, ya que “las actuales condiciones macroeconómicas generaron la recuperación de las recrías largas para ingresar animales más pesados a los corrales”.
Además apuntó que “la modificación de la norma publicada con 6 meses de anticipación permitiría a todos los actores de la cadena cumplirla, sin que se produzca desabastecimiento y al mismo tiempo le daría a los productores un horizonte de futuro para que sigan apostando por el aumento de la producción”.
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]]>Se trata de la división de la media res, el cuarteo o su troceo en pedazos menos grandes. Hoy, y desde hace décadas, de la mayor parte de los casi 400 puntos de faena que tiene la Argentina salen las medias reses, es decir el animal sin el cuero, sin la cabeza y sin el entripado. Cada una de esas piezas puede llegar a pesar hasta 130 kilos, aunque el promedio ha venido bajando mucho en los últimos tiempos -hasta casi la mitad- porque se faenan animales cada vez más pequeños.
De todos modos, sea una media res de 70 kilos o una que pese casi el doble, el sistema de descarga nunca ha evolucionado: un camión (que debería ser refrigerado) carga esas medias reses hasta las barriadas y un muchachote fortachón las carga en el hombro hasta la cámara de frío de cada carnicería. Allí luego es frecuente la imagen del carnicero, cuchillo en mano, haciendo la depostada de la enorme pieza que cuelga de la ganchera. Ese carnicero paga la media a un único precio. Luego va poniendo valor a cada uno de los cortes, según sea su calidad y la capacidad de pago de sus clientes.
Esto sucede sobre todo en las carnicerías, porque en los supermercados suele pasar algo diferente, ya que las grandes cadenas o tienen sus propias faenas o suelen ser abastecidas por los frigoríficos que son exportadores y que realizan la depostada dentro de la planta, ya que quizás una parte de la media res la deban enviar a Israel, otra a China y la Cuota Hilton más apetitosa irá para Europa. En este circuito la media res no existe, pero los exportadores concentran menos de 30% de la faena total y los supermercados otro tanto de las ventas.
Desde el 1° de enero, lo que debería suceder es que desde todos los frigoríficos ya no salgan las medias reses sino trozos más pequeños de carne, de hasta 32 kilos de peso como máximo. Es decir que la media deberá cortarse en dos o tres pedazos. Este cambio sin duda revolucionará muchos de los modos actuales de vender la carne. Para empezar, resolverá aquel dilema de enviar igual cantidad de lomos que de osobucos a los barrios más pudientes o los más desfavorecidos, como sucede hasta ahora. Eso podría ayudar a definir los precios de la carne con mayor racionalidad.
A esta decisión se llega después de dar muchísimas vueltas y con una excusa muy válida: cuidar la salud de los trabajadores, para que no carguen piezas de carne tan pesadas como una media res. En rigor, todo empezó con la Resolución13/2020, emitida a fines de enero de 2020 por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que depende de la cartera laboral.
“Establécese que toda manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos cárnicos, cuyo peso sea superior a los 25 kilos, que realicen trabajadores y se lleven a cabo en empresas y/o establecimientos dedicados a la faena de ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor o industrialización de los mismos, o en su cadena de transporte y distribución mayorista o minorista, se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados”, dice el primer artículo de esa norma, que da un rodeo para establecer la prohibición de la media res. Porque no es que la prohíbe del todo sino que prohíbe su manipulación sin la asistencia de medios mecánicos. Es decir que si alguien quiere seguir vendiendo la res en dos mitades podría hacerlo, pero siempre y cuando reemplace al muchachote que pone el hombro por un robot o por un sistema mecánico que la lleve hasta la carnicería.
Esa resolución de 2020 no llegó a aplicarse y todo el mundo pensó que la exigencia quedaría en letra muerta, pero cuando comenzó su última ofensiva contra los precios de la carne e intervino en el negocio de la exportación, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió a la carga con una actualización de la norma.
En abril pasado, luego de una negociación de Kulfas con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió otra norma, la Resolución 22/2021, que elevó del 25 a 32 kilos el tamaño mínimo de cada pieza de carne que podría ser manipulada por un trabajador.
Luego, para reforzar la decisión, varios ministerios emitieron la Resolución Conjunta 4/2021, que no solo ratificó la decisión técnica sino que le puso fecha de entrada en vigencia: el mencionado 1° de enero de 2022. Es decir, falta apenas poco más de un mes para que entre en vigencia.
La normativa, de todos modos, abría por las dudas el paraguas antes de que lloviera. “La medida dispuesta en la presente Resolución Conjunta entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, pudiendo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo en casos debidamente justificados, en función de la zona y el tamaño de los establecimientos, autorizar la implementación progresiva de la medida”.
Esto se debía a que los funcionarios pensaban que en algunas provincias, sobre todo en el norte, llevaría más tiempo aplicar los cambios que se requerían en la industria para poder cuartear la media res: un espacio adicional en la sala de depostada, algunos trabajadores más munidos con sierras, un poquito más de espacio en las cámaras de frío, etcétera. Para facilitar estas modificaciones, Kulfas y compañía anunciaron que lanzarían créditos especiales, pero jamás se concretaron.
Es que nunca más, desde abril pasado, volvió a hablarse de este asunto. Por el contrario, la agenda ganadera ingresó en una vorágine vinculada al cierre de las exportaciones, los cupos por planta, la prohibición de cortes populares, y todo tipo de forcejeo en torno a la regulación de los em,barques. Esa fue la receta utilizada por el gobierno para sofocar la escalada de los precios internos de la carne. Cualquier otra receta o medida conexa, pasó de inmediato al segundo plano. En el medio sucedió la derrota electoral del oficialismo y el recambio de gabinete.
Nadie, en medio de este proceso, ni derogó ni postergó la entrada en vigencia de esta resolución para implementar el cuarteo forzoso de la media res en todo el país a partir del primer día del año próximo. Y lejos de dar certezas, los principales funcionarios del gobierno se enfrascaron en una feroz interna entre ellos, más enfocada a los lineamientos filosóficos que debe tomar la economía local (Que más retenciones, que desacoplar los precios, que liberar exportaciones) que a la gestión concreta y cotidiana de las cosas.
La mejor demostración de que los hombres de Estado andan en babia y ocupados en sus propias miserias es que a poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo sistema nadie ha definido, por ejemplo, cosas elementales como a dónde deberá aplicarse el sello a los cuartos delanteros, y que hoy se aplican sobre el muslo del animal en el cuarto trasero. Parece una idiotez, es cierto. Pero nadie se está fijando en este tipo de cosas.
Por eso, a ciencia cierta y más allá de la letra fría de las resoluciones, nadie cree demasiado en que el próximo 1° de enero se vayan a aplicar estas transformaciones de fondo en el comercio de carne vacuna, y que podrían colaborar quizás con mucha mayor eficiencia a morigerar la suba de los precios de la carne que cualquier cepo a las exportaciones. ¿Por qué razón? Porque los lomos irán a los consumidores que puedan pagarlos y los sectores de menores recursos tendrán una oferta más abundante de los cortes más económicos del bovino.
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]]>Dice la crónica que Mattievich “supo consolidar un importante grupo frigorífico en las últimas décadas” y que “sus plantas de faena aportan carne al consumo y a la exportación, generando mano de obra y agregado de valor”. Pero también revela que el empresario tiene además un campo de cría y feedlot en Lucas González, Entre Ríos, por lo que tiene presencia en toda la cadena.
“Por eso conoce las realidades de toda la cadena ganadera y por eso sostiene que es necesario que se cuente con la previsibilidad necesaria de que los negocios se van a poder desarrollar y las inversiones tendrán sus frutos. Caso contrario se desalienta al sector y antes o después la descapitalización se traduce en achique del mercado y del negocio”, se afirmó.
Mattievich conoce de subas y bajas, pues él mismo las vivió en varias ocasiones. Su historia en el negocio de la carne arranco de muy joven. Apenas terminó el servicio militar comenzó a trabajar como matarife abastecedor con apenas 21 años. Recién a inicios de los 80 pudo comprar la primera planta ubicada en Casilda, donde ahora el grupo tiene su administración central.
La empresa cuenta actualmente con 5 plantas activas y dos que permanecen cerradas desde la última gran crisis del sector frigorífico. La mayoría de sus instalaciones está orientada al abastecimiento de carne para el consumo interno. Por eso trabajan con usuarios de faena y no con hacienda propia.
Tiene un frigorífico en Rosario (ex Sugarosa), otro en Arroyo Seco, la planta de Casilda y otras dos en Carcarañá. En esa localidad santafesina el grupo Mattievich dispone de su mayor frigorífico exportador, que modernizó luego de vender a Coto en 2018 una planta que estaba ubicada en el ingreso a la ciudad de Rosario.
En la planta de Casilda instaló un “carton freezer” (túnel de congelado de carne), un depósito de congelado, uno de enfriado, además de sumar tecnología para abastecer de cortes kosher a Israel. En la localidad de Carcarañá tiene también con una fábrica de “rendering” donde se hace harina de carne y sebo bovino líquido, de manera de transformar subproductos de la faena en productos con valor agregado.
Mattievich cuenta actualmente con una capacidad de faena de unos 45.000 cabezas al mes. A ese volumen llegó luego de adquirir el frigorífico Integrados, que le agregó al grupo la posibilidad de procesar otras 8 a 10 mil cabezas.
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