Mediante la Resolución 892/2020, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, creó el “Sistema de Gestión de Centros de Tratamientos Cuarentenarios” bajo la órbita de la Dirección de Sanidad Vegetal. Suele tratarse de cámaras de frío o de fumigación donde las cargas pueden ser tratadas para eliminar el peligro de ciertas plagas.

“El Sistema tiene como objetivo implementar, coordinar y controlar la aplicación de los tratamientos cuarentenarios sobre los artículos reglamentados que circulen por el territorio nacional”, explicó la resolución. Entre otras cosas, deberá “coordinar las acciones tendientes a la habilitación o rehabilitación” de esas plantas y un mantener un cronograma de inspecciones. Esa red de centros cuarentenarios usualmente están enfocados en brindar tratamientos contra la Mosca de los Frutos, la Lobesia Botrana y otras plagas frutales.

¡Atrás Mosca de los Frutos! Balance de una lucha sanitaria que resultó exitosa

La normativa define que habrá un cuerpo de inspectores, que podrán pertenecer tanto a las filas del Senasa como al “ente sanitario designado por los correspondientes acuerdos” entre el organismo y el sector privado. Un ejemplo es la Funbapa, que participa en la administración de la Barrera Sanitaria Patagónica.

“La Dirección Nacional de Protección Vegetal realizará los controles de gestión que estime convenientes, como así también las supervisiones que la Dirección de Centro Regional pertinente considere, a efectos de verificar el cumplimiento de las normas que regulan los centros de fumigación y el desempeño del personal actuante en los centros de tratamientos cuarentenarios”.

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Esta ha sido extrañamente una política de Estado destinada a un sector que suele no contar con ellas. El Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (Procem) se lanzó en 1994 y todavía perdura. En aquel momento esa plaga era considerada una de las que mayor daño económico provocaba a los productores. Su presencia en la región impedía el desarrollo de muchos mercados potenciales para las frutas patagónicas.

En la región, las tareas del Procem están al mando de la Funbapa, en un efectivo esquema de intervención público-privada. El programa sanitario es solventado gracias a un canon contributivo obligatorio por cada 1.000 kilos de fruta que sale de la región patagónica. Por eso esta investigación, que tenía el sentido de indagar si ese gasto había dado frutos. El trabajo estuvo a cargo de Patricia Villareal y otros especialistas del INTA.

Bichos de Campo habló con la investigadora para conocer los principales resultados. Mirá el reportaje:

“Fundamentalmente lo que evaluamos que una vez reconocida la Patagonia como Zona Libre de Mosca de los Frutos, primero a fines de 2005 por los Estados Unidos y en 2013 por Chile (que es una puerta de salida a países de la costa Pacífico), la estadística nos ha demostrado que la pera y manzana, que es un sector que en general ha ido cayendo, pudo crecer en exportaciones a Estados Unidos y a países del Pacífico como Perú, Ecuador y Colombia”. explicó la especialista del INTA.

Añadió que la erradicación de esta plaga permitió también la aparición de un nuevo actor productivo en la región, el sector productor de cerezas, que no solo logró acceso a esos mercados sino que también puede realizar envíos por vía aérea, sin tener que afrontar los costos y tiempos de una cuarentena sanitaria.

“Si ponemos en la balanza lo que se invierte cada año en esta lucha sanitaria versus lo que se ahorra en los tratamientos cuarentenarios que se deberían hacer para exportar a Estados Unidos, gastaríamos el doble de lo que sale ejecutar el programa de lucha contra la Mosca”, añadió Villareal.

El resultado final de este estudio, comparando los costos del plan sanitario con los ingresos generados por el mismo, determinan una muy favorable relación de 15 a 1. En el Alto Valle de Río Negro, en función de este resultado tan visible nadie cuestiona la continuidad del plan, pero como el mismo se sustenta con aportes del sector productivo este tipo de análisis y explicaciones son muy bienvenidos.

El trabajo confirma además el valor de la articulación entre el sector público y el privado. Y es que uno de los principales resultados de la vinculación entre el INTA, el Senasa, el gobierno provincial, empresarios y asociaciones de productores es que la Argentina pudo ganarse un lugar en el mercado mundial de frutas de pepita.

De acuerdo con Eduardo Merayo, director de la Funbapa, “el estatus sanitario nos permite competir con los principales productores del hemisferio sur, como Chile, Australia y Nueva Zelanda”.

“Estamos en las mejores condiciones sanitarias. Desde Funbapa trabajamos para que los productores puedan comercializar sin barreras”, afirmó Merayo, quien reflexionó: “Tenemos todas las posibilidades para producir y vender más”.

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“Se avanzó en un nuevo acuerdo para financiar el período de poda en la producción de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén”, informó Agroindustria en un comunicado. La partida, según el organismo, debería alcanzar a más de 1.000 productores del Alto Valle.

Hace unos días, en declaraciones a Bichos de Campo, el presidente de la Federación de Productores de esas provincias, Sebastián Hernández, se había quejado de las demoras en la firma de este convenio con la Funbapa, que había sido anunciado a fines de mayo. “La poda va desde mayo hasta agosto. Desde septiembre, el productor empieza a preparar la tierra por las heladas tempranas que pudieran presentarse, y lo concreto es que no está el dinero para que los productores puedan pagar a sus empleados para comenzar a podar”, advirtió.

Ahora que la plata apareció,se definió que los productores la cobrarán en dos etapas: el 50% inicial con la aprobación de los requerimientos exigidos en el acuerdo entre la Fundación y la Federación de Productores de fruta de Rio Negro y Neuquén; y el 50% restante una vez que el productor primario de cuenta ante la autoridad de aplicación sanitaria que las labores de poda han sido efectivamente realizadas.

“Para dar seguimiento y controlar el funcionamiento del proyecto se conformara un comité evaluador entre el Fondagro, Funbapa y la Federación de Productores”, informó el gobierno. En este sentido, el productor deberá permitir la fiscalización y supervisión de las autoridades de aplicación en su establecimiento, se avisó. “La Fundación tendrá la potestad de rescindir el préstamo al productor, quien deberá reintegrar el capital actualizado” en caso de incumplimiento.

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“Nos queda menos de un mes para terminar la poda y no está firmado ni el convenio marco entre Fondagro (Fondo Fiduciario de Agroindustria) y Funbapa (Fundación Barrera Sanitaria Patagónica). Se hicieron todas las solicitudes, y hay 3.200 productores esperando esos fondos. Es una situación muy crítica, y reina la burocracia porque la ayuda no llega en el tiempo y forma en que se precisa”, disparó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en el programa Bichos de Campo, por Radio Rivadavia.

Consultado por las declaraciones del vicejefe de Gabinete de Nación, Gustavo Lopetegui, quien dijo que “tiene que haber una gran reconversión de plantas porque se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado”, Hernández comentó: “Duele mucho que hablen de una economía que no conocen. Tienen que ver el esfuerzo que hace el productor de chacra día a día”.

En ese sentido explicó que “de las 40.000 hectáreas que hay en producción, la mitad la tienen las empresas que reconvierten y buscan las variedades de punta que requieren los mercados, y el otro 50% de hectáreas productivas pertenece a productores primarios que son los que defendemos en la Federación, quienes también reconvierten variedades. Sabemos que falta mucho por hacer, pero la realidad es que estamos produciendo con costos muy altos, estando muy lejos de los centros urbanos de venta. Desde el 2008 a la fecha, el productor no puede cubrir sus costos de producción”, alegó.

El monto total prometido para ayudar a la producción de peras y manzanas alcanza los 300 millones de pesos a través del Fondagro, más 190 millones del Plan Sanitario para la compra de insumos estratégicos que ayuden a combatir la Carpocapsa, la principal plaga del manzano y del peral.

“La poda va desde mayo hasta agosto. Desde septiembre, el productor empieza a preparar la tierra por las heladas tempranas que pudieran presentarse, y lo concreto es que no está el dinero para que los productores puedan pagar a sus empleados para comenzar a podar”, remató Hernández.

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Dicha ley declaró de “orden público” las politicas de control sanitario y de alguna manera hace corresponsables a los propios empresarios agropecuarios de implementarlas. El artículo 3 dice con claridad que “será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos, subproductos y derivados de origen silvo-agropecuario y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad de aplicación de la presente ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la normativa vigente y a la que en el futuro se establezca”.

Ahora, en el marco de la Resolución 671, del 23 de noviembre de 2016, que creó el citado Registro, se aceptó a cuatro contrapartes privadas. Son estas:

• la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA), con el número de registro 317.
• la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), registro 318
• la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), registro 319
• la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citrícola del Noreste Argentino (Fundanea), registro 320.

Estas entidades se agregan a los 316 entes y fundaciones de lucha contra la fiebre aftosa registrados por la Resolución 108/2001 que fueron incorporados administrativamente al nuevo Registro Nacional de Entes Sanitarios, informó el Senasa en un comunicado.

“Las cuatro nuevas entidades podrán participar de acciones sanitarias vinculadas a la sanidad vegetal, en el marco de los programas establecidos por el Senasa y bajo el control de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Organismo público”, se explicó. En rigor, salvo la Fubapa (que operaba la barrera patagónica) las otras tres entidades están rpecupadas por el avance del HLB sobre la población de cítricos del Noroeste.

En el Senasa se tramitan otros 14 pedidos de inscripción de entidades interesadas en incorporarse a su red interinstitucional sanitaria.

Todos los cambios que implicó la Ley 27.233 está explicado en esta presentación de Agroindustria. 

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