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]]>El primer contrato, correspondiente a un estudio de diagnóstico ambiental y socioeconómico de las cuencas forestales argentinas, fue adjudicado a la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología (Innova-T) 24,4 millones de pesos exentos de impuestos.
La Fundación Innova-T es una unidad de vinculación tecnológica creada en 1993 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET) para impulsar la transferencia de tecnología.
El segundo contrato, dedicado a determinar el carbono orgánico presente en los suelos de los bosques nativos de la Argentina, se signó a favor de la Fundación ArgenINTA por 19,4 millones de pesos también libres de impuestos.
El estudio deberá cuantificar del contenido de carbono orgánico del suelo de los bosques nativos para relacionarlo con el tipo de bosque, los diferentes usos y el cambio de uso del suelo, de manera tal de contar con información que permita desarrollar medidas de mitigación por incorporar al Plan de Acción Nacional de. Bosques y Cambio Climático.
Creada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) también en 1993, ArgenINTA es una institución sin fines de lucro regida por un Consejo de Administración integrado por representantes de INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación, CRA, CREA, FAA, SRA, Coninagro, Facultades de Agronomía, Facultades de Veterinaria, dos miembros benefactores provenientes de una entidad o empresa agroindustrial y un representante de los Consejos de Centros Regionales de INTA.
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]]>La entrada Los dilemas éticos de los dirigentes rurales: ¿Tienen que declarar sus bienes cuando ocupan cargos importantes en el Estado? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Hay un gris inmenso cuando se aborda este asunto incómodo para los dirigentes rurales. Representantes de las cuatro entidades tradicionales del agro o de otras cámaras del sector agroalimentario suelen ocupar sillas dentro de varios organismos vinculados al Ministerio de Agricultura y a otras carteras del Estado Nacional. Pero la gran mayoría de ellos no presentó su declaración juradas como sí deben hacerlo todos los funcionarios públicos de rango o los que están expuestos políticamente.
Se pueden consultar las declaraciones aquí
¿Deben hacerlo o no deben hacerlo? En una primera mirada, desde el sentido común, claramente deberían estar incluidos entre los sujetos comprendidos por el artículo 2 de la Ley 26.857 que regula la ética en el ejercicio de la función pública. Pero no lo están de modo explícito. Suena contradictorio, pues representan intereses del sector privado dentro del Estado y por lo tanto deberían estar sometidos a los mismos controles que los empleados públicos. O a más, por su condición de visitantes.
Carlos Iannizzotto es el mejor ejemplo de esta contrariedad. El presidente de Coninagro forma parte como vocal del Consejo Directivo del INAES (Instituto Nacional para la Economía Social) en representación de las cooperativas agropecuarias. Es decir, tiene influencia directa sobre las decisiones de ese organismo. Elegido por sus pares para ocupar este cargo desde comienzos del año, todavía no ha presentado su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción, un trámite que debe realizarse antes del 30 de septiembre de cada año.
Fuentes del organismo han dicho a Bichos de Campo que debería haberlo hecho, porque -ante la ambigüedad de la regla- el uso y costumbre deja la potestad de decidir a la oficina de personal de cada organismo. Es el jefe de personal el que define quién declara y quien no lo hace. En el INAES contestaron que allí consideran que todos los vocales deberían presentar su declaración de patrimonio. Iannizzoto debería haberlo hecho.
Salta a la vista: Debería ser el presidente de Coninagro el primero en mostrar la transparencia que en general los ruralistas reclaman de los políticos, pero no siempre muestran.
El lunes 17 de febrero de 2020, en un acto presidido por el fallecido Mario Cafiero, el instituto que atiende a cooperativas y mutuales anunció -con presencia de Iannizzotto- un innovador sistema de financiamiento en el que las mutuales atenderían las necesidades crediticias de las cooperativas productivas. Se puso como ejemplo de ese operativo a San Cristóbal Caja Mutual, que financiaría mediante ese esquema a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), una de las principales bodegas del país.
Poco tiempo después, y ya con Iannizzotto designado en el directorio del organismo, el INAES firmó un acuerdo con Fecovita. Se anunció que se beneficiará a 5 mil productores de esa cooperativa, con un aporte concreto de 10 millones de pesos para subsidiar las tasas de interés. El operativo permitiría asignar créditos a lasa cooperativas vitivinícola por entre 75 y 100 millones de pesos. De allí proviene Iannizzotto.
Nadie insinúa aquí nada. Pero queda claro que hay una colisión de intereses suficiente como para que se reclame al ruralista funcionario que presente su declaración de bienes. Sobre todo, además, porque forma parte de una Mesa de Enlace que exige en todo momento mejores cualidades éticas de la clase dirigente.
Y sobre todo porque la presencia de representantes del sector agropecuario en organismos del Estado se multiplica.
En el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hay un consejo directivo que tiene una amplia representación de los sectores privados. En la actualidad forman parte del mismo Liliana Monterroso por las Facultades de Ciencias Agrarias; Alejandro Conci, por AACREA; Pablo Pailolle, por la Federación Agraria; y Santos Zuberhbuler, por la Sociedad Rural Argentina. Todo ellos presentaron, como corresponde a las exigencias del organismo, su declaración ante la OA correspondiente a 2019.
Pero en ese mismo consejo figuran, como representante de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Humberto Luis José Occhi, de quien no surge registro de presentación. Tampoco expuso sus bienes el ingeniero Sergio Melgarejo, que actúa como representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En las antípodas aparece el representante de Coninagro: el correntino Nicolás Carlino (foto) no solo presentó su declaración ante la OA por el ejercicio 2019 sino que ya cubrió el trámite para el año 2020.
Está claro que estos representantes en el consejo del INTA deben presentar sus declaraciones. Es una exigencia expresa de la oficina de Personal del instituto frente a la difusa letra de la Ley de Ética pública. Pero los criterios son dispares. Y esa misma oficina no exige el mismo trato para los representantes rurales ante las empresas que dependen del grupo INTA, y que están expuestos cotidianamente a decisiones económicas concretas.
“En el caso de los (empresarios) que solo están en INTEA o la Fundación ArgenInta, no son ‘personal expuesto políticamente’, por lo que no están obligados a presentarla”, explicó una fuente oficial.
En efecto, ninguno de los representantes de las entidades agropecuarias en la Fundación ArgenInta, por la que circulas millones de pesos en una suerte de presupuesto “ágil” y “paralelo” del organismo, presentó declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Es el caso de Oscar Bianchi (SRA), Eliseo Rovetto (Federación Agraria), Eduardo Sancho (Fecovita) y Daniel Lavayén (CRA). Queda claro que ellos no estaban obligados a hacerlo. ¿Deberían?
INTEA, por otro lado, es una empresa del INTA que se ocupa de la comercialización de las tecnologías desarrolladas por los investigadores del organismo. Decide cómo estos desarrollos se transfieren al sector privado.
El presidente del directorio de esa empresa mixta es el mismo Santos Zuberbuhler (foto) y el vice es Elbio Laucirica (Coninagro). Ambos presentaron sus declaraciones correspondientes a 2019, pero desde su rol como consejeros del INTA en ese ejercicio. Pero por su representación actual en dicha sociedad no están obligados a hacerlo en 2020, como el resto de los directores de esa firma.
En el Senasa, también hay representantes de las entidades, aunque en un espacio de menor rango ejecutivo, pues se trata apenas de un consejo consultivo al que las autoridades políticas le llevan muy poco el apunte. Ellos claramente no deberían, según las normas del organismo, a presentar sus declaraciones de bienes para controlar posibles actos de corrupción. No lo hicieron, en rigor.
En este grupo aparecen Marcelo Federici (Coninagro), Luciano Miguens, el hijo (por la SRA); María Marta Rebizo (por Ciara-Cec), Ricardo Burgos (por CRA), Ariel Toselli (por Federación Agraria), Mariano Emilio Pérez (por el sector pesquero); Natalia Tassara y Darinka Anzulovich (por la Copal), y Juan Carlos Aba (por Caprove).
También hay legítimos representantes de intereses privados en el INASE (Instituto Nacional de Semillas), en la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola), etcétera. ¿Deberían ellos o no presentar sus declaraciones de bienes?
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]]>La entrada La noticia es que el INTA sigue financiando otros gastos del Estado, sin que ningún partido corrija la situación de fondo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El Gobierno tomó de ese organismo 24.000 millones de pesos, tres veces más que lo que hizo el año pasado Mauricio Macri, hecho que en ese momento despertó fuertes críticas afuera del ente”, destacó la crónica del diario porteño. En efecto, varios ex funcionarios de Cambiemos replicaron el dato, tratando de mostrar las diferencias entre ambas administraciones..
La comparación se hacía contra una nota publicada en su momento por Bichos de Campo, que daba cuenta de que en sus estertores, la gestión macrista se había apoderado de 8.100 millones de pesos correspondientes al Fondo que se constituye a favor del INTA a partir del cobro de una tasa sobre todas las importaciones realizadas por el país. En aquel momento, esa quita de recursos parecía grave y fue denunciada por los empleados de carrera del propio organismo, donde no había casi recursos para sostener el trabajo cotidiano de muchos de sus investigadores.
En aquella norma, el Poder Ejecutivo Nacional disponía modificaciones al Presupuesto 2019, para beneficiar al Tesoro con recursos del INTA y otros organismos. Lo mismo que ahora con el Presupuesto 2020, aunque las cifras en juego tripliquen -inflación mediante y otros yeites- las de un año atrás. La noticia principal es que la modalidad de esquilmar al Instituto tecnológico se repite a pesar del paso de los gobiernos, más allá de los signos políticos.
Para instrumentar este financiamiento, antes y ahora, el gobierno se vale de pagarés: se lleva el dinero y le deja al INTA hermosos papelitos a cobrar dentro de algunos meses. En este último caso la fecha de emisión es el 15 de diciembre y el vencimiento opera en marzo próximo.
¿De dónde se extraen esos recursos? En el Banco Nación existe una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que en 2019 el gobierno de Cambiemos elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación. Este aumento de la presión impositiva, además de la devaluación, sirven para explicar la diferencia entre lo que se llevó uno y otro gobierno.
8.100 millones de pesos antes. 24.000 millones de pesos ahora. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia, en todo caso, hay que buscarla en el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández realizó una promesa que hasta ahora no cumplió, y de la cual parece haberse olvidado cuando lleva a cabo esta nueva apropiación del dinero de la cuenta del Fondo INTA. En aquel momento, según relató el ex director nacional del organismo, Héctor Espina, a Bichos de Campo, existía un proyecto de ley que proponía derivar automáticamente el 30% de la recaudación por importaciones que alimenta ese fondo a un fideicomiso -administrado por la Fundación ArgenInta- para realizar gastos operativos de los diferentes proyectos de investigación. De ese modo, mucho trabajo de los técnicos del INTA no se discontinuaría por la frecuente falta de fondos.
Ese proyecto tenía el respaldo de muchos legisladores peronistas, e incluía también a varios de Cambiemos. La firma principal que lo impulsaba era la de un ex vicepresidente del Instituto Agropecuario en tiempos de Cristina Kirchner. Ex diputado por Formosa, se trata del actual ministro de Agricultura de Alberto, Luis Basterra.
Todo dicho: la noticia es que la política se sigue apropiando de fondos que deberían enriquecer la tarea cotidiana del INTA. Que lo permiten los diferentes partidos que pasan por el gobierno. Y que nadie parece dispuesto a cortar ese curro cuando el poder lo manejan los suyos.
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