Eso es posible porque la mayor parte de los economistas –tanto los que integran el gobierno como los de la oposición y los que trabajan en el sector privado– carecen de los más básicos conocimientos sobre la dinámica del negocio agropecuario.

Se trata, evidentemente, de una falencia que se origina en las facultades de Economía, cuyas autoridades consideran que las cuestiones agroindustriales deberían ser parte de una especialidad y no del núcleo propio de la formación de los futuros profesionales.

Pero esta semana en Bichos de Campo advertimos un hecho por demás curioso: un economista argentino hizo referencia, en redes sociales, al golpe de calor como variable negativa para la productividad del trigo. Si bien ya es todo un logro saber que el cereal está sembrando y que se encuentra atravesando el período crítico de formación de rindes en muchas regiones agrícolas, el hecho de conocer que una elevada temperatura es un factor potencial de recorte de producción (y por ende de divisas) lo convierte en algo muy meritorio para los parámetros locales.

La cocinada que se debe haber comido está semana la cosecha fina…

— Gabriel Caamaño (@GabCaamano) October 28, 2021

Así que, curiosos, consultamos Gabriel Caamaño, el economista en cuestión, quien, con sus 42 años de edad y más de veinte de trabajo como consultor económico y financiero, comentó que la mayor parte de lo que sabe sobre agro lo aprendió trabajando para empresas agropecuarias o agroindustriales y también investigando mercados de diferentes rubros para elaborar informes solicitados por clientes internacionales.

“Tengo varios clientes que se dedican a la actividad o le venden insumos al campo”, comentó Gabriel, quien es socio gerente Consultora Ledesma SRL, licenciado en Economía por la UCA y master en Economía por la UTDT. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en Economía en la UCA. “En 2009 hicimos además un trabajo muy interesante sobre impacto tributario en el sector para la Mesa de Enlace Agropecuaria”, recuerda.

Durante su formación como economista, solamente recibió algo de información sobre el agro en la materia “Economía Argentina”. Y tiempo después terminó siendo profesor de la misma durante muchos años.

“La mayor parte de lo que conozco sobre los ciclos agrícolas y ganaderos, además del funcionamiento de las diferentes cadenas de valor que componen al sector, lo aprendí trabajando, porque en la carrera de Economía no se recibe una formación estricta al respecto”, apunta, para luego añadir que “de alguna u otra manera, siempre trabajamos en consultoría con empresas u organizaciones del agro o relacionadas con el sector”.

Gabriel señala que la carrera de grado de Economía quizás debería tener una materia específica sobre el agro, porque “es importante entender a la cadena agroindustrial para comprender cómo funciona la macroeconomía argentina”.

El economista de la consultora Ledesma, en definitiva, es una auténtica “rara avis” en el ambiente de esa profesión, porque –sin provenir de una familia agropecuaria– aprendió sobre la marcha todo lo necesario para entender las cuestiones básicas del negocio. Un aplauso.

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Así lo indicó el empresario textil kircherista Damián Regalini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y dirigente de Fundación Proteger, al intentar defender la avanzada intervencionista del gobierno de Alberto Fernández sobre el agro argentino.

Pero Regalini cometió un error grosero porque las denominadas Leyes de los Cereales (Corn Laws en inglés) fueron aranceles a la importación de granos en Gran Bretaña, vigentes entre 1815 y 1846, que justamente se establecieron para proteger a los terratenientes británicos contra la competencia del exterior.

Fueron finalmente abolidas debido a la agitación militante de la Liga Anti-Corn Law, formada en Mánchester en 1839, que sostenía que las leyes representaban un subsidio que encarecería los costos industriales y, por ende, el precio de los alimentos.

Los defensores de estos aranceles argumentaban que la agricultura debía ser protegida para sostener así a la aristocracia natural del país (la mayor parte de las tierras pertenecían a la nobleza) y evitar la dependencia de los alimentos importados.

Pero lo industriales y trabajadores exigían la libertad de comercio para permitir la importación de materias primas para abaratar costos, reducir precios de venta y, de esa manera, permitir que los salarios “rindieran” más.

El error –un disparate– fue marcado por algunos economistas en la redes sociales, como es el caso de Gabriel Caamaño, pero aparentemente Regalini no se dio por enterado.

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