Para tratar de entender los peligros que subyacen detrás de esta Cumbre, Bichos de Campo entrevistó a Gabriel Delgado, economista especializado en agro que ha sido secretario de Agricultura y ahora se desempeña como representante del IICA en Brasil. “El argumento central de la Cumbre es que plantea una transformación total de los sistemas agroalimentarios. En América somos productores por excelencia y creemos, por el contrario, que hay que mejorarlos y no transformarlos de 0”, comenzó la explicación.

Una de cosas que remarcan Delgado y otros especialistas es que en la Cumbre se hablará mucho sobre las emisiones de Gases del Efecto Invernadero (GEI), que muchos movimientos ambientalistas atribuyen sobre todo a la Agricultura sin reparar que la mayor responsabilidad está en la actividad industrial, el transporte y la quema de combustibles fósiles. Delgado cree que hay que intentar quitar a la producción agropecuaria del banquillo de los acusados.

“La agricultura tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Los países europeos en general sostienen que nuestro sistema es fallido, pero la realidad es que los únicos que podemos reducir la huella de carbono somos los países agricultores y en eso somos fuertes”, afirmó el economista.

Para Delgado, la agenda que plantea la cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU “no es natural de los sistemas de producción americanos. Se propone una agenda de cadenas cortas, del consumidor al productor, y se plantea una agricultura basada totalmente en la agroecología, pero no hay ninguna consideración acerca del Códex Alimentarius mundial que es el que define un conjunto de normas en lo referente a la producción, elaboración y circulación de alimentos con el objetivo de asegurar la inocuidad y calidad de los mismos, proteger la salud del consumidor y promover prácticas equitativas en el comercio internacional”.

El representante del IICA en Brasil también declaró que la agenda de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU “no discute la defensoría de las gestiones de sanidad agropecuaria, no tiene en cuenta la cuestión del desarrollo del interior de los países productores de alimentos, ni los usos y costumbres de la producción de los mismos, ni el comercio internacional”.

En definitiva, según Delgado, la mayoría de las cuestiones de política agrícola que se tratan en países como Argentina o Brasil no son tenidas en cuenta.

La agenda de la cumbre, afirma Delgado, tiene por ahora “una mirada super sesgada; los puntos de acción giran en torno a consumidores y tendencias de consumo en tiempos de Covid-19. Hablan del hambre pero no hay soluciones concretas para bajar el precio de los alimentos. Este es el contexto en el cual se desarrolla y es necesario entenderlo para luego comprender el contexto en que se darán el resto de las discusiones”, advirtió.

“Este evento reunirá a varios jefes de estado de donde saldrá un documento con conclusiones, y aunque las mismas no son vinculantes, luego todo el sistema multilateral se nutrirá de ellas. Por ejemplo, el Banco Mundial, que forma parte del sistema multilateral. Por eso sostengo que dependiendo de lo que concluyan podría complicarnos entre otras varias cuestiones, en la apertura de nuevos mercados, en la trazabilidad y en el aumento de exigencias para mercados existentes”, resaltó el especialista.

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Delgado aclaró: “No es que no tengamos que mejorar nuestros sistemas de producción de alimentos. Tenemos que mejorar, por ejemplo, las rotaciones, generar una ganadería mas sustentable y reducir el uso de agroquímicos. Incluso entidades como el INTA, CREA y empresas privadas tienen en sus agendas mejorar estas cuestiones y desarrollar un mercado de carbono. Pero otra cosa totalmente diferente es plantear una transformación total como se plantea en la Cumbre”.

Otra preocupación adicional de los países del cono sur americano es que la reunión internacional pueda hacerse eco de los lobbys que despliegan alguna influyentes fundaciones de filántropos, que se muestran preocupadas por el clima pero a la vez financian investigación a startups que pretenden producir proteínas en laboratorios, sin campo pero en biorreactores. Aquí el temor es que se intente demonizar a la ganadería tradicional como emisora de metano. “Nuestro eje no debe ser pegarle a esas tecnologías sino explicar que la forma de producir alimentos en América también es válida”, argumentó Delgado.

Acerca del papel de los países americanos en la Cumbre, el representante del IICA en Brasil comentó que hay consenso pleno en llevar 16 puntos que se consensuaron en toda la región. “En el IICA de Brasil fuimos los responsables de conducir los diálogos con el sector privado para sacar conclusiones para compartir en la pre Cumbre y en la Cumbre. El IICA defiende lógicamente la agricultura americana, porque la idea es tratar de equilibrar discursos y narrativas”, indicó.

Manuel Otero, presidente de ese organismo multilateral, ya anticipó que acompañará a varios ministros de Agricultura de la región, entre ellos la brasileña Tereza Cristina y el argentino Luis Basterra, para tratar de construir una cancha equilibrada a la hora de hablar de agricultura y cambio climático.

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Esta suerte de segmentación fue la gran promesa que hizo el ministro Luis Basterra y al final pudo cumplirla antes de que finalice el año. Según pudo averiguar Bichos de Campo, mañana a la noche empezarán a cobrar los productores que vendieron su cosecha hasta el 30 de septiembre. Con el recorte de los beneficiarios que hizo el gobierno (productores de hasta 400 hectáreas de soja sembradas y hasta 20 millones de pesos de facturación), el dinero llegará automáticamente a unos 38.000 CBU.

Ese primer listado de beneficiarios fue aprobado por Resolución 237/2020.

Serán 6.754 millones de pesos los que se pagarán este fin de semana, correspondientes a 5,8 millones de toneladas de soja. El promedio a compensar por tonelada es de unos 1.180 pesos. Es poco dinero respecto de más de 100 dólares que el productor deja en las arcas del fisco cuando vende su soja y se le descuentan las retenciones. Pero cierto es también que nunca antes se ha visto un operativo de devolución de dinero del Estado a los productores por estos montos.

Basterra, que cumplió así con le devolución de retenciones que le había impuesto el Congreso al Poder Ejecutivo en diciembre de 2019, al aprobar la Ley de Emergencia Económica que incluía una suba de 3 puntos en las retenciones a la soja (del 30 al 33%), dictó la semana pasada una segunda resolución vinculada a este sistema. Esta norma permitía a los productores que quisieran renunciar al beneficio hacerlo en un lapso de 48 horas, que ya concluyó. De todos modos, quienes reciban el dinero y quieran devolverlo al fisco tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para hacerlo.

“Otórgase un plazo de dos días hábiles administrativos para que las y los productores beneficiarios renuncien a las compensaciones y su consiguiente pago en el marco del Programa de Compensación y Estímulo”, definía el primer artículo de la Resolución 243/2020, firmada por el propio Basterra el 3 de diciembre.

Esta vía de escape o de fuga se planteó como respuesta oficial a un pequeño debate que se produjo en los medios y entre los  dirigentes agropecuarios: el dilema entre algunos ruralistas era cómo iban a cobrar esos dineros públicos luego de haber sido tan críticos siempre con la suba de las retenciones a la soja y con la aplicación de este esquema de compensaciones. En rigor, solo la Federación Agraria se había manifestado a favor de esta política para diferencias grandes de pequeños. También grupos opositores de esa entidad, como Bases Federadas, bregaron por crear un mecanismo de ese tipo.

En el dilema se encontraban algunos dirigentes históricos de la Mesa de Enlace que enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner en el conflicto de 2008, como el ex presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, y su par de CRA, Mario Llambías, que figuraban en la extensa lista de 38 mil beneficiarios. Pero también en esa nómina había gremialistas del campo actualmente en actividad, como el presidente de CRA, Jorge Chemes.

El portal Infobae incluso llegó a consultar a Chemes por este controversial asunto. “Desde CRA nos hemos manifestado en contra de este sistema de segmentación. Nos negamos a aceptarlo. El Gobierno lo decidió y lo ha aplicado en una situación que nos obliga a entrar en forma compulsiva, ya que no hay que llenar ningún formulario, sino que uno si está encuadrado inmediatamente ingresa al sistema. Es incómodo y a uno lo hace sentir mal, porque la situación es discriminatoria”, sostuvo ese dirigente.

Pero con el mecanismo de renuncia habilitado y visible en la página web del Ministerio de Agricultura, ningún dirigentes que ocupa cargos en las entidades agropecuarias renunció al beneficio. En las oficinas encargadas de seguir ese trámite se mostraban sorprendidos porque una sola persona había decidido renunciar a cobrar el dinero que le correspondía, unos nada despreciables 200 mil pesos.

Era solo uno entre 38.000. ¿Quién sería?

“Son compensaciones que está otorgando el gobierno. Y aunque yo no participe del diseño del programa sino Basterra, estaba en condiciones de cobrar porque produzco soja en pequeña escala. Pero se me planteó un dilema de inmediato, porque no tengo ningún cargo formal en el Estado (incluso ahora estoy en uso de licencia sin goce de sueldo), pero tengo mucho vínculo con el equipo económico y entonces hubiera quedado expuesto. ¿Cómo le explicó yo a la gente que cobre esta compensación, sobre todo en medio de este contexto de pandemia?”, confirmó a Bichos de Campo la persona que decidió en absoluto soledad renunciar al dinero que le correspondía.

“Lo consulté con mi esposa y estuvo de acuerdo, aunque mi contador me decía que estaba loco por renunciar a todo ese dinero. Pero insisto, ya que me parecía medio una obsenidad cobrar esa plata por mi cercanía al gobierno y en medio de esta situación de crisis. A mi me parece que, en estas cosas, hay que tener un poco de sensibilidad social. Lo que pasa es que nunca pensé que iba a ser el único en renunciar”, completó.

Gabriel Delgado, con un pequeño campo familiar en Coronel Suárez e histórico economista del INTA, es quien decidió desistir de cobrar el beneficio que le correspondía. Estuvo a punto de ser ministro de Agricultura de Alberto Fernández hasta que la feroz interna oficial lo desplazó (a 48 horas de asumir) por el formoseño Basterra, con quien de todos modos mantiene une muy buena relación. Luego el gobierno lo convocó a un intervención y el kirchnerismo lo utilizó en un fallido intento de expropiación de Vicentín con el que nunca estuvo de acuerdo. Cansado del manoseo, decidió pedir licencia y asumió un puesto como representante del IICA en Brasil.

“Jamás pensé que iba a ser el único”, repitió.

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De un lado de la mesa estaba la plana mayor del equipo económico del gobierno. Los ministros Felipe Solá, Matías Kulfas y Luis Basterra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagú, y su par de Hacienda, Raúl Enrique Rigo, como enviados del ministro Martín Guzmán; y el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.

Del otro lado los representantes elegidos por el Consejo Agroindustrial. Argentino (CAA) como sus representantes, que siempre son cuatro de entre más de cincuenta entidades y cámaras del sector que se han reunido hace pocos meses para ver si se puede torcer el rumbo de desencuentro que marca la política sectorial en las últimas dos o tres décadas. Dos o tres nombres casi siempre se repiten: el del titular de la Bolsa de Cereales, José Martins; el del presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras; y el del coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa. Esta vez estuvo además el representante de la Cámara de Legumbres, Sergio Rafaelli.

¿Por que resultan tan importantes los nombres? ¿Por qué ser tan puntilloso en mencionar a todos los que se sentaron?

Porque desde hace muchísimo tiempo que no se veía una foto semejante: el pleno de quienes definen actualmente el rumbo de la política económica sentados con quienes representan a la actividad agroexportadora, no solo la pampeana sino a muchas economías regionales, con toda su importancia para la salud económica del país a cuestas.

Sector público y sector privado, cara a cara. La foto de esta reunión, realizada en la Casa de Gobierno, tiene tanto valor simbólico como otra previa que habilitó esta posibilidad de negociación: la postal de los representantes del CAA sentados frente a la ex presidenta Cristina Kirchner en sus oficinas del Senado. Fue sin duda una instancia crucial para comenzar a pensar en que había chances de romper una historia de mierda. Desde el poder, Cristina se ocupó largos 15 años de boicotear al sector productivo. Y el sector productivo perdió esos 15 años resistiéndola y enfrentándola.

Llegamos hasta acá. El equipo económico recibió y le prestó atención a una propuesta agroexportadora durante el lapso de dos horas. Si nos hubieran querido despachar, razonó uno de los directivos del sector privado que asistió a la reunión, nos ponían delante a un solo ministro y liquidaban la conversación en media hora… “Pero sí, qué interesante”. Y chau.

No sucedió eso. ¿Qué pasó en la reunión? ¿Cuál fue la decisión que debería invitar a dar un paso más?

Las declaraciones de los ministros luego de la reunión estuvieron teñidas de optimismo. Solá, Basterra y Kulfas valorizaron este espacio y se ilusionaron con la posibilidad de diseñar un conjunto de políticas de fomento a la agroexportación que satisfaga algunas de las tantas necesidades que tiene este gobierno. La más urgente es la necesidad de divisas, de dólares. La más de fondo es la necesidad de crear trabajo para paliar los elevados índices de pobreza. Después hay una necesidad emocional y hasta ideológica: lo que se haga tiene también que colmar el discurso de crear valor y exportar alimentos para humanos y no para animales.

Pero está finalmente la necesidad crucial de hacer todo esto sin resignar caja ni demasiados recursos, porque el Estado está de nuevo casi quebrado.

El sector agroindustrial tiene un necesidad mucho más relevante que todas esas: Debe romper una lógica que se repitió por décadas y más allá de los gobiernos, para así poder dejar de ser exprimido. La política argentina se ha hecho especialista en esto: destruye valor en vez de construirlo. Por eso muchas veces le saca al sector privado hasta la última gota, sin reparar en que tanta presión amenaza dejarlo seco, sin torrente sanguíneo. Producir en la Argentina se ha hecho una tarea difícil, además, por la imprevisibilidad de las decisiones de la política. No solo te sacan todo el jugo sino en los momentos más impensados.

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Este jueves por la tarde, más allá de la zaraza, se volvió a repetir lo que el CAA viene diciendo desde que comenzó su gira de presentación: que si hay una ley con una serie de incentivos se podría lograr buena parte de lo que necesita el sector político, pues las exportaciones podrían aumentar en 16 mil millones de dólares anuales, el movimiento económico en todo el país lo haría en 32 mil millones de dólares, y se podrían crear 210 mil empleos directos y cerca de 700 mil indirectos. Más divisas, menos pobreza. ¿Pero y el costo?

El equipo económico de la política, reunido en pleno, le hizo sentir al sector privado que esta vez sí hay chances serias de romper la lógica destructiva que ha guiado hasta ahora esta relación. Por supuesto, algunas declaraciones pusieron reparos respecto de la necesidad de que estos incentivos no agraven la precariedad de las cuentas públicas. Los representantes del CAA aseguraron que no, que entienden ese problema y que no es su objetivo empeorar un déficit fiscal a costa de otros sectores. Usaron la metáfora de la sábana corta.

Llegamos hasta acá. Estamos todos de acuerdo.¿Seguimos? ¿Cómo lo hacemos?

La única decisión de tan importante cónclave fue avanzar. Nadie sabe todavía bien hacia dónde, pero lo que todos tienen claro que hay que buscar una fórmula que contemple las necesidades de ambos actores: el público y el privado. Si sale bien, si acaso pudiera salir bien, sería un freno clave en el tobogán de decadencia de la Argentina. Un caso raro: un país muy productivo que lleva a cabo desde hace añares una política muy antiproductiva.

Hay que cuidar entonces la recaudación, pero al mismo tiempo idear una serie de incentivos (por supuesto que buena parte de ellos son de tipo fiscal) para que los productores contraten gente, inviertan, produzcan más, se le agregue valor a esa producción y así se puede exportar más y mejor.

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Hasta aquí llegamos. ¿Será posible avanzar?

La semana que viene se reunirá esta mesa técnica, ya no política, que se ocupará de ir a los bifes y ver si es posible dar el siguiente paso. Tarea difícil, por cierto, que algunos  consideran imposible.

Pero todo, como en cualquier negociación, se trata de ceder algo para ir acercando posiciones. El agro deberá ceder en sus apetencias inmediatas de una gran rebaja impositiva. La expectativa es poder demostrar que ante ciertos estímulos, la mayor producción esperada podrá compensar con crecer la recaudación fiscal que hay en la actualidad. Por eso el sector público debería ceder también y correr el riesgo. Lo que se necesitan son apuestas compartidas sostenidas en el tiempo.

En esa Mesa Técnica estarán, por el lado de la política pública, el secretario de Política Económica, el mentado Montagú, y el economista del INTA, Gabriel Delgado, que tienen muy buena sintonía con el presidente y ya estuvo diseñando algunas bocetos de proyecto de ley con ideas propias. También el secretario Echazarreta, aunque a éste habría que ubicarlo a mitad de camino, porque viene de trabajar años en el sector privado, y justamente dentro de una cooperativa agroexportadora. Entiende los padecimientos del sector privado.

Por el CAA, hay un tridente de economistas surgido de la cantera de las Bolsas de Cereales, la de Buenos Aires, la de Rosario y la de Córdoba. Ellos son los que reúnen y tratan de ordenar los aportes de todas las entidades agrupadas en el Consejo, incluidas tres históricas gremiales rurales de las cuatro que componen la Mesa de Enlace. La única que falta es la Sociedad Rural Argentina, que ha decidido excluirse. Nadie la extraña demasiado y hasta es funcional a todos esa ausencia, debido a la alta carga ideológica que carga consigo esa institución histórica.

Hasta acá llegamos. ¿Será posible avanzar? Por si acaso estemos frente a esa posibilidad, cuando los privados se fueron, el equipo económico que los recibió se sacó una foto, quizás pensando en que la imagen quede en la posteridad.

Si la mesa técnica habilitada por ellos logra conciliar posiciones y considera que sí, que es posible avanzar, hay un compromiso de repetir este cónclave antes de fin de septiembre. Para entonces ya se sabrá si era cierto que el agro y el gobierno están realmente convencidos de pegar este giro que sería histórico, sobre todo a la luz de tanto fracasos acumulados.

Sería una bocanada de aire fresco en una historia de desencuentros que francamente ha sido una mierda.

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“Tenemos que hacer apuestas en sectores claves que nos saquen del péndulo de recesiones, empezar por terminar con las historias de confrontamiento descarnado para mí es el principio”, afirmó Delgado en declaraciones a CNN Radio, en el programa de Martín Melo.

El ex funcionario advirtió que la Argentina “en los últimos 45 años fue el segundo país del mundo con más recesiones, todas por falta de dólares: nos faltan 10 o 15.000 millones de dólares más de exportaciones para solucionar la brecha en el balance de pagos”, señaló.

“Entonces tenemos que elegir algunos sectores en donde poner las fichas, uno es Vaca Muerta y el otro es la agroindustria”, definió el economista, quien -junto a docente de la Fauba Fernando Vilella- acuño el término de “Vaca Viva” para referirse al potencial de la agroeconomía, como denomina al entramado que nace del campo. En vísperas del anuncio de la fallida expropiación a Vicentin, Delgado tuvo la chance de hablar sobre ese concepto con el presidente Alberto Fernández, quien luego varias veces utilizó en sus discursos la misma muletilla.

En ese sentido, Delgado destacó luego las coincidencias entre el Gobierno nacional y el flamante Consejo Agroindustrial, formado por 53 entidades y cámaras de la actividad productiva, incluyendo tres de la Mesa de Enlace.

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“Hay una apertura muy grande del Presidente para avanzar en cuestiones legislativas que permitan cumplir con ese objetivo de 100.000 millones de dólares (de exportaciones) que tanto necesita la Argentina”, subrayó el economista.

Delgado, quien se desempeña en el INTA y se encuentra en comisión en el Congreso nacional, a las órdenes del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, detalló que “estamos trabajando en un proyecto de ley que tiene como principal componente aumentar la exportación de alimentos para consumo humano”.

Pero aclaró que esa iniciativa no es la misma -al menos por ahora- que la que elabora el Consejo Agroindustrial, pues en la propuesta privada -que también está a medio escribir- se incluyen más cosas, especialmente el pedido de una rebaja generosa de las retenciones (para la soja se habla de bajarlas del 33% actual al 25%, y de eliminarlas para muchas economías regionales) y una suba de reintegros. En esos puntos de impacto directo en la recaudación fiscal no  está muy claro que el bloque logre apoyo del gobierno.

En la confluencia de los proyectos se trabajaría las próximas semanas, si fuera posible.

Por lo tanto, Delgado dijo que las iniciativas de su puño y letra apuntan a “hacer verdad esto de que alimentamos a 400 millones de personas, porque ahora exportamos en parte alimentos para animales”, reconoció. Su objetivo declamado es comenzar a “exportar alimentos para humanos”. Esto, traducido, consiste en establecer una serie de estímulos para agregar valor a los granos y poder exportar carne en vez de maíz, aceite en vez de porotos de soja, o harina en vez de trigo.

El segundo componente de las leyes que está redactando apuntan a incrementar los volúmenes de las cosechas. Sucedería, si esto prospera, “con incentivos a las inversiones en bienes de capital y deducciones especiales para algunos insumos importantes”, como los fertilizantes y las semillas certificadas.

El tercer punto del plan Delgado es aprovechar el sistema regulatorio nacional para la promoción de los bioproductos, “a fin de que se radiquen aquí empresas de ciencia y técnica”, agregó.

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En otro tramo del reportaje, Delgado reconoció que una de las limitantes a la expansión del agro es el pobre financiamiento con que cuentan los productores. “Los bancos se han metido en un negocio transaccional de muy corto plazo, con alta tasa de interés y se han retirado del financiamiento de la producción”, se quejó.

“Cuanto más pequeños son los productores tienen muchas dificultades para poder acceder al crédito”, criticó. Según el exfuncionario, “hay productores muy grandes en los que esto funciona, pero eso no es lo que necesitamos para el desarrollo del país y de las economías regionales”.

El sistema bancario, concluyó Delgado, “no tiene una función social, en el sentido de generar un sistema de crédito con repago, sin mora, con innovación en lo financiero, tratando de adaptarse a las necesidades de los productores, hay muy poco de eso”.

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La entrada ¿De qué se trata la “alternativa superadora” que podría evitar la expropiación de Vicentin? se publicó primero en Bichos de Campo.

La era del conocimiento. Indigo Ag es la firma de AgTech más grande del mundo, la única en el sector que es un Unicornio. Vale unos 4.000 millones de dólares, más del doble que la suma de Cresud, Adecoagro, Ledesma, Molinos Río, Molinos Agro y Vicentin SAIC.

El comercio de granos no es lo que era. Los granos son un commodity y el comercio de granos también lo es. Eso explica la reestructuración y menor valor que se observa en ADM, Bunge, Glencore, Wilmax, Olam, Cargill y Dreyfus.

Glencore está en un proceso de desendeudamiento, partiendo de los actuales 35.000 millones de libras (casi 43.700 millones de dólares) que constituyen su deuda actual valuada a Valor Presente. Tiene unos 2.200 millones de dólares en efectivo, imprescindibles para su funcionamiento; su deuda neta es de 41.500 millones.

Concursos y quiebras. En el mundo no hay leyes de alta calidad respecto de este asunto.

El modo en que un país conduce sus procesos de Concursos y Quiebras dice mucho acerca de su cultura aplicada a negocios. En Francia el poder está en la empresa, privilegiando su continuidad y debilitando a sus acreedores. En el Reino Unido sucede lo opuesto, las empresas son liquidadas en un proceso sumarísimo. En Estados Unidos todo el poder recae en el Juez.

En Francia hay mayores costos en los préstamos y menor propensión a tomarlos, en el Reino Unido se cometen errores irreversibles, liquidando prematuramente empresas viables que sólo presentaban falta de liquidez.

En Estados Unidos todo funciona bien cuando el Juez acierta la estrategia. Pero es frecuente que un Juez crea erradamente en la viabilidad de una compañía y se convenza de lo contrario luego de destruir millones de dólares, que deberían haber ido a los acreedores mucho antes.

En nuestro país el proceso es lento, hay un exceso de margen de maniobra para los abogados participantes.

Nuestra ley incluye variantes, tal vez demasiadas, algunas mutuamente excluyentes como el Concurso, el APE (el Acuerdo Preventivo Extrajudicial) y el Cramdown, y otras complementarias (como el Comité de Acreedores, entre otras).

La seguridad jurídica en nuestro país. Lejos de ser “un concepto horrible” como dijera Axel Kicillof, es un factor clave para facilitar el ahorro, las inversiones a largo plazo y la innovación. Un ejemplo de falta de esa seguridad es la Ley de Expropiaciones 21.499, un Decreto Ley de 1977, de mala calidad.

Información pública y publicada. Por información pública debe entenderse a toda aquella que ha sido formalmente incorporada a los Prospectos de Emisión de Acciones, Obligaciones negociables (ON), Fideicomisos financieros (FF) y demás instrumentos de la Oferta pública, regulados en nuestro país por la CNV y a toda otra información posterior relacionada.

Como información publicada conviene interpretar a los anuncios y concreciones que llevan a cabo las empresas.

Hay mucha información pública y publicada respecto de Vicentin SAIC porque concretó 8 emisiones consecutivas de Fideicomisos Financieros.

Está disponible al público el Suplemento del Prospecto del Fideicomiso Vicentin Exportaciones VIII, con el resumen del balance anual cerrado el 31 de octubre de 2018, auditado por KPMG. Los Valores de Deuda del FF han tenido Calificación de riesgo periódica por parte de Fix SCR, comenzando con el Full Rating Report de abril de 2019.

Una ON disfrazada de Fideicomiso. Los FF de Vicentin implicaban una obligación de hacer, en lugar de la esencia misma de un FF, que es asumir una obligación de dar. Por eso el Fiduciario no pudo ejecutar garantías que estuvieran fuera del Patrimonio de Vicentin SAIC. Los 2 pagarés emitidos como garantía por Vicentin SAIC han sido incorporados al Concurso.

Se hizo costumbre constituir FF con obligaciones de hacer, lo que en la realidad es una ON encubierta (sin que por ello sea ilegal). Se buscaba eludir el famoso artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales de 2012 (ya reemplazado) y evitar el riesgo de un Veedor o de un Interventor (las ON estaban alcanzadas, al igual que las Acciones; no así los FF).

La situación de Vicentin. Las empresas en las que Vicentin SAIC participa totalizan una capacidad diaria de molienda de 34.500 toneladas de soja.

La facturación creció significativamente, pasando de menos de 2.250 millones de dólares en el ejercicio cerrado en octubre de 2016 a un estimado de más de 3.400 millones en el que cerró en octubre del año pasado.

Buena parte de estas altas tasas de crecimiento se financiaron con nuevo endeudamiento. Probablemente la Compañía haya estado destruyendo valor desde 2016, con préstamos con costos mayores que el resultado de la aplicación de los mismos (confirmando que se puede crecer, ganar plata, aumentar la liquidez y destruir valor, todo simultáneamente).

Así se llegó a una Deuda de aproximadamente 1.150 millones de dólares a Valor Presente (aunque probablemente sea menor, porque está faltando fijar el tipo de cambio correcto, detraer intereses implícitos y corregir sumas de plata de hoy con plata de un futuro lejano).

Hay deuda con garantías reales, como las de la Banca internacional y local; hay deudas quirografarias (las de los productores, acopios y otros proveedores); hay deudas con un tratamiento jurídico intermedio (AFIP, comunas y municipios, seguridad social) y está la deuda originada en el incumplimiento del FF VIII.

La compañía vio erosionada su posición de caja a partir de mediados de agosto. Influyeron los Defaults del comercio granario y la perspectiva de un incremento en las alícuotas por exportación (también influyó la eliminación del diferencial arancelario a partir de septiembre de 2018).

La liquidez mermó unos 90 millones de dólares cada 30 días, partiendo del escenario inmediato a las PASO.

Se habla de todo, menos de lo importante. ¿Se pretende capitalizar a la compañía? Vale decir, ¿se busca una empresa más grande? ¿O el aporte de capital sería retirado por los accionistas actuales? En este último caso la empresa tendría el mismo tamaño, con otros dueños.

¿Cuánto vale la compañía? Desde el Gobierno se dice que marcha indefectiblemente hacia la Quiebra (lo cual es inválido como argumento, porque el futuro es incierto) pero a su vez se dice desconocer su valor.

Valuación. Conviene aplicar algún mecanismo de descuento de un proyectado de Flujos futuros de fondos y también recurrir a comparables.

El caso comparable con Vicentin SAIC es Molinos Agro SA, ticker symbol MOLA (no confundir con Molinos Río de la Plata SA, MOLI).

Buena parte de los números de hoy de MOLA multiplicados por 2,75 describen bien los valores en dólares del mejor momento reciente de Vicentin, hacia 2016 o 2017.

MOLA vale 200 millones de dólares. Tiene un activo que se explica por 70% de Deuda y 30% de Patrimonio neto (prácticamente las mismas proporciones de Vicentin SAIC).

MOLA tiene 55 millones de dólares en efectivo y un EBITDA de 70 millones (en el caso del EBITDA sería razonable multiplicar por 3,25 o más). El EBITDA es la ganancia antes de pagar intereses e impuestos y antes de amortizaciones, que son un costo deducible para la compañía pero no han sido pagadas.

Mediante el método de descontar flujos, se puede estimar que Vicentin tenía un valor superior a 550 millones de dólares en 2016 (similar a usar a MOLA como comparable). Los errores propios y el deterioro del clima de inversión llevaron ese valor a una merma considerable luego de octubre de 2019.

El daño reputacional causado por el default, por los nuevos errores de Accionistas, Directores y Asesores de Vicentin SAIC y por la intención del Gobierno de intervenir y de expropiar, llevaron el Valor a una cifra menor pero bastante mayor que cero, si se ve a la empresa como un sistema, donde el resultado es diferente al valor de los activos tangibles e intangibles vendidos de a uno para pagar deudas y buscar un remanente.

La posición y capacidad del Gobierno. El Gobierno se ve a sí mismo con capacidad de “salvar” a la compañía y de generar un futuro virtuoso, mejorando el ritmo de liquidación de divisas, “haciendo cosas con el trigo” (Presidente Fernández dixit), logrando también varios objetivos más. La realidad es totalmente diferente.

Aerolíneas Argentinas pierde 3 millones de dólares por día. Vicentin en manos estatales correrá una suerte similar. Glencore puede ser un caso “testigo”.

Glencore es una empresa minera y cerealera que tiene los intangibles que el Estado argentino probablemente nunca tendrá y con seguridad no logrará en el corto plazo (no se puede fabricar una mesa FOB de la noche a la mañana y operar al nivel requerido).

Glencore facturó 215.000 millones de dólares en un año y obtuvo un EBITDA de 10.000 millones. Falta detraer intereses, impuestos, grandes mantenimientos de lo clavado y plantado y recursos para nuevas inversiones e incrementos en el capital de trabajo. Y también dividendos (los Accionistas tienen la mala costumbre de querer recuperar su inversión alguna vez).

El futuro deseable. Hay un único camino deseable para el futuro de Vicentin SAIC, que debe basarse en el APE y en que la compañía siga teniendo control de privados. Ese APE debería recibir modificaciones, a favor de los Acreedores.

Ningún Default de esta magnitud fue resuelto exitosamente en nuestro país mediante un Concurso. Es bueno que se conforme una Compañía más grande, con un Estatuto más moderno, con cláusulas de Buen Gobierno Corporativo (drag-along rights, tag-along rights y varias más), con la incorporación de nuevos Accionistas, con un adecuado Private Placement Memorandum (PPM).

Un PPM (el equivalente a un Prospecto de Emisión, pero dirigido a la oferta privada) es más que un Plan de Negocios, porque mientras éste ve sólo el lado izquierdo del balance, el PPM describe mucho más, incluyendo la Política de Financiamiento, la Política de Dividendos y el modo en que se tomarán las grandes decisiones.

El Banco Nación no puede capitalizar acreencias, pero esta limitación puede resolverse sin perjudicar al Banco.

El Estado Nacional le debe a la Provincia de Santa Fe unas 10 veces lo que Vicentin le debe al Banco Nación; sería deseable que resigne sus derechos económicos a favor de Santa Fe y sólo conserve alguna forma de Acción de Oro.

También es deseable que sean revisadas en profundidad varias cuestiones relacionadas con el comercio granario.

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“El presidente está dispuesto a  escuchar alternativas superadoras”, dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, actuando como vocero de una reunión en la que Alberto se vio cara a cara con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli. Se trató de un eufemismo para ocultar la decisión de desactivar la amenaza de expropiación que desató una ola de movilizaciones y cacerolazos, especialmente en Reconquista y Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde nació la aceitera hace 90 años. También el repudio de todo el arco empresario del país y del extranjero.

Las “alternativas superadoras” suponen volver al plan original, que la intromisión del kirchnerismo más duro frustró el lunes. Ese día, Alberto se dejó convencer y anunció dos cosas: la intervención inmediata de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar no solo los bienes de Vicentín SAIC, la aceitera que había ingresado en convocatoria de acreedores, sino todo el resto de empresas del grupo, incluso las que seguían funcionando y no tenían ningún problema económico.

“Van por todo”, fue lo primero que pensó mucha gente. Detrás de la movida estaba clara la mano de Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Una de sus senadores preferidas, Anabel Fernández Sagasti, fue presentada por Alberto como la autora intelectual de la idea. Y La Cámpora salió a bancar la expropiación en un comunicado. Muchos, como el propio Perotti, se enteraron por los medios. Y esto le costó una crisis política en su provincia.

“El gobierno no dará marcha atrás con el rescate de Vicentín”, decían los medios y periodistas oficialistas, tratando de instalar en las últimas horas la sensación de que no habría un recule. Pero lo hubo: no solo se dejó de hablar de la expropiación de todas las empresas del grupo sino que directamente se cajoneó la idea de enviar el proyecto al Congreso, donde el oficialismo no tenía asegurados los votos y se exponía a un debate semejante al de la recordada Resolución 125.

Todos tratan de no decir la palabra maldita: “expropiación”. Rescate suena mucho más lindo, aunque se trata de otra cosa completamente distinta.

Perotti, el vocero de la reunión, comenzó a insinuar como será el regreso al plan original en el que él mismo había estado trabajando antes de este grotesco de la política, que dice y se desdice en pocas horas porque improvisa mucho y no mide posibles reacciones.

Dijo el gobernador que este mismo viernes los directivos de Vicentín se reunirán con funcionarios de YPF SA, una sociedad mixta que podría asociarse a la aceitera y tomar parte de su paquete accionario, a partir de la capitalización de los pasivos que el Estado tiene en concurso de acreedores. En especial, los 300 millones de dólares que la compañía le debe al Banco Nación y a otros bancos oficiales. La idea, entonces, es convertir a Vicentín en una empresa con fuerte participación estatal pero con gestión privada. Si suma fuerza con YPF Agro, el brazo de la petrolera enfocado en el sectror rural, quedaría sin duda conformada una empresa potente, que en 2019 llegó a exportar el 11% del total de granos y subproductos de la Argentina.

El rescate podría incorporar a las cooperativas, en especial ACA pero también AFA, ambas con fuerte presencia en Santa Fe. La Asociación de Cooperativas Argentinas entregó muchos granos a la aceitera que jamás cobró: se le deben 90 millones de dólares, nada menos. Se podría analizar si también se transforma en accionista de la nueva compañía, que necesitará recuperar la confianza de los productores que le vendían granos. En total, Vicentín dejó un muerto de 400 millones de dólares entre sus proveedores de granos, unos 2.000 productores de Santa Fe. Según dijo el presidente, la prioridad será cancelar ese pasivo primero.

“No dará marcha atrás”, pero el gobierno puso reversa con la expropiación.

El gobierno anunció la expropiación de Vicentín: Gestionada por YPF, será una empresa testigo para muchos mercados agropecuarios

La intervención dispuesta por DNU el martes pasado se mantendrá por los 60 días en que estaba establecida: tras ese lapso, la nueva propuesta deberá estar lista y convencer a Alberto. Gabriel Delgado, el interventor designado, tendrá una dura tarea de acercar posiciones ventajosas para todos. Como Perotti, aparece en el flanco más conciliador entre los representantes del gobierno. Lo mismo sucede con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que el lunes había sido excluido de los anuncios pero ahora se sumó a esta reunión que ordenó revisarlo todo. El gran derrotado, además del kirchnerismo más duro, parece ser por ahora el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que sí había trabajado en la confección del proyecto de expropiación.

Habrá que esperar ahora la reacción de Cristina. La lectura política tras este ensayo expropiador del gobierno es inevitable, pero la verdad nos importa poco. Lo importante en materia agropecuaria es que se evitó dar una señal violenta y muy poco consensuada, que había generado el rechazo de toda la comunidad agropecuaria, porque provocaba espanto y parecía autoritaria.

La amenaza de una escalada expropiatoria, aunque desmentida varias veces por el propio presidente, era lo que menos necesitan los productores para seguir adelante en esta etapa crítica de la Argentina. Hubiera sido muy duro sumarle a la pandemia y la crisis económica una dosis tan grande de imbecilidad política.

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“Creo que se ha actuado rápidamente y que hubo una buena interacción entre los sectores público y privado en los protocolos. De alguna manera, el sector agropecuario siguió trabajando y fluyendo a comparación de otros sectores. Pero creo también, sin querer abstraerme de la gravedad de la situación que vive la sociedad argentina, que hay problemas que trae la economía argentina desde hace mucho tiempo, y que persistirán después de esta pandemia”, avisó Delgado.

¿Cuáles son esos otros problemas de arrastre? Delgado respondió comparando la situación actual con la del año en que nació, 1975. “En ese momento había 4% de pobres en el país, y hoy en 2020, con 45 años, tenemos un 40% de pobres. Argentina es el segundo país en el mundo que tuvo más recesiones en los últimos 45 años y tuvimos un crecimiento absolutamente pequeño respecto a otros países vecinos”, explicó el ex secretario.

Frente a esa realidad, el economista del INTA dejó en evidencia que es necesario comenzar a discutir viejas estrategias adoptadas. “Todas las recesiones que tuvimos, a excepción de la de 1978, fueron producto de la falta de dólares, y esa falta siempre la solucionamos o con emisión monetaria, o con endeudamiento público, o con venta de activos del Estado, o con mega devaluaciones. Siempre esas crisis generaron grandes hordas de pobreza. Por eso, si Argentina no cambia su estructura de generación de divisas, es difícil que no volvamos a tener un millón de pobres nuevos, como en cada década”.

Mirá la entrevista completa realizada a Gabriel Delgado:

Según Delgado, “recién estamos en el preámbulo de esta crisis, es como dicen los chicos ‘la previa’. La situación económica es difícil, y con esto no quiero decir que esté mal la cuarentena sino que habrá un problema económico grave que deberá ser atendido cuando termine la emergencia médica”.

Para el ex secretario de Agricultura, “hay un doble equilibrio de paz social: la paz social de la salud, a la que hay que cuidar, pero también hay que cuidar la paz social en materia económica. Habrá problemas de cadenas de pago y de sectores que seguirán sufriendo más allá de la cuarentena hasta que no aparezca una vacuna o una solución de fondo”, advirtió.

-¿Y cómo sostener a los sectores más débiles? ¿Sacando recursos al campo como plantean algunos sectores del Gobierno?

-Es un camino tramposo. Yo creo que está bien ayudar al consumo, pero creo que de una crisis de este tipo se sale vigorizando procesos de inversión, y eso es algo que debe hacerse en conjunto con el sector privado, con las pequeñas y medianas, y también con las grandes empresas, con incentivos fiscales y elementos que realmente traigan capitales a la Argentina y cambien la matriz exportadora que tiene el país.

Para poner un ejemplo de la necesidad de cambiar la matriz exportadora de la Argentina, Delgado describió que “este país no exporta alimentos para humanos, sino para animales. Nosotros estamos en el piso de la cadena trófica. Esos son los alimentos más baratos”, indicó.

“Yo creo que más allá de que la Argentina debe seguir produciendo más alimentos para animales, lo que deberíamos hacer es consumirlos más acá, y lo que tenemos que exportar son, justamente los productos que generan esos alimentos para animales. Haciendo cuentas en tiempos de cuarentena, dedujimos con un amigo que con 1 tonelada de maíz, con todas las conversiones que corresponden y transformada en carne, podemos exportar hasta 5 veces más de dólares. Y además se generaría más empleo”, sostuvo.

Delgado recordó que “cuando estuve en la gestión con Jorge Dillon (ex titular del Senasa) y con Carlos Casamiquela, salió en ese momento el tema de la carne enfriada a China, y ese es un caminito que luego siguió el gobierno de Macri y sobre el cual se hizo un trabajo serio y consistente con el sector privado. Esos caminitos se pueden explorar para poder generar procesos que nos aseguren equilibrio de dólares”.

El economista se expresó también acerca de la conveniencia de apostar todas las fichas a proyectos de inversión como el de Vaca Muerta. Dijo que pese a que le parece “un trabajo fantástico”, también está bueno pensar en otros sectores que podrían dar estabilidad fiscal, como “el poder transformar al maíz en carne. Por eso pienso que debería ser un proyecto de ley, como Vaca Muerta”, señaló Delgado.

-¿Y trabajaría con otros sectores políticos en este proyecto, salvando las diferencias?

-No tengo dudas en que esto debe ser salvado con el conjunto de los partidos políticos. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo a los argentinos, pero en un asado siempre vemos que hay más coincidencias que disidencias. Es la única forma de asegurar estabilidad a estos proyectos, porque en definitiva el Estado es de la polis, del conjunto de la sociedad argentina, y no de un partido político.

Delgado se despidió con una advertencia: “Si no tenemos un proyecto constructivo para la Argentina, el deterioro institucional puede no tener fin, y en esto el sector agropecuario debe ser visibilizado como un factor muy relevante en la política económica, y no solamente en la política agrícola”.

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“Uno tiene que creer y confiar. Después los hechos lo dirán. También me parece que el Gobierno nuevo asume con muchas restricciones. Yo les pregunté a ellos sobre si las restricciones globales no pueden hacer cambiar mucho de lo deseable, y ellos lo minimizaron al tema, diciendo que las exportaciones son fundamentales para superar cualquier restricción a futuro. Entonces me parece que por lo menos ellos tienen claro que no se puede atacar a las exportaciones”, celebró Grobocopatel.

El empresario se cruzó y conversó con los principales funcionarios que suenan para conducir el Ministerio de Agricultura a partir del 10 de diciembre en el simposio agroindustrial organizado por el Grupo de Líderes Empresariales de Argentina (Lide), que reúne a CEOs de empresas destacadas. Allí Grobo moderó un panel con Jorge Neme y Gabriel Delgado, quienes aportan ideas sobre política agropecuaria para el peronismo triunfante en las elecciones.

“El tema de las exportaciones flotó toda la mañana en los distintos participantes”, declaró Grobo. Y destacó que “el sector agroindustrial es un sector clave en Argentina, porque genera divisas. Pero no es sólo un tema económico. Si no hay exportaciones, no hay importaciones, y si no hay importaciones, no hay industria”, añadió.

Escuchá el reportaje completo realizado a Gustavo Grobocopatel:

Grobo expresó que espera que el nuevo Gobierno de Alberto Fernández mantenga esa línea. “Hay una sinergia entre el sector agropecuario y el industrial. Es difícil que haya industria si no hay exportaciones, y tiene que haber un equilibrio entre exportaciones, consumo interno e industria y campo. Por eso esperamos que la visión y políticas de este nuevo gobierno reflejen esa dinámica”, remarcó.

Respecto de la gestión de Mauricio Macri, el presidente de Los Grobo destacó que “uno de los ejemplos de éxito de los últimos cuatro años fue el aumento de las exportaciones del sector, en donde reaccionó rápidamente cuando se le sacó el pie de la cabeza”.

“Alguien dijo una vez que la Argentina era como un laboratorio. Bueno, de ese laboratorio algo tenemos que aprender. Hemos pasado cosas que nos tienen que haber enseñado”, añadió Grobo en función de las palabras del economista del INTA, Gabriel Delgado, que había hecho alusión a que Argentina era un laboratorio de políticas económicas frustradas.

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Acerca de la situación actual del grupo Los Grobo, el empresario comentó que “nuestra empresa está pasando por un período muy interesante. En el último año pasó por una reestructuración financiera y ha mejorado enormemente sus resultados operativos. Hacia adelante, nos vemos como una empresa líder de un nuevo proceso de desarrollo agrícola que tiene que ver mucho con la integración con las tecnologías nuevas, con las AgTech”.

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Sucedió durante el cierre del Simposio Agroindustrial realizado este jueves por el Grupo de Lideres Empresariales de Argentina (Lide), que reúne a CEOs de empresas destacadas. Entre ellos figura Gustavo Grobocopatel, que ofició de moderador en una charla con los dos principales referentes agropecuarios del victorioso Frente de Todos.

En esa oportunidad, Neme hizo hincapié en “producir más y en exportar. Es la prioridad absoluta”. Pero, en referencia a los embarques de carne vacuna, el tucumano consideró que es necesario “buscar determinados acuerdos en el sector ganadero. Hoy la tecnología te permite separar una media res en distintos cortes; se puede pensar en que haya 3 o 4 cortes que no se exporten y que tengan otro precio. Hoy la tecnología informática te permite controlar esas cosas”, indicó.

Neme y Delgado trabajaron en el documento “Notas para una política agropecuaria”,  uno de los tantos que apuntalaron la campaña electoral del peronismo. Siempre hablando del negocio frigorífico, aseguró que “Argentina y el sector ganadero tienen un atraso enorme, ya que tenemos cinco estándares sanitarios distintos”.

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En ese sentido, señaló: “Nosotros tenemos que tender hacia una industria de la carne moderna, actualizada, con cortes, con productos terminados y con valor agregado”.

En términos generales, el ex funcionario del PROSAP dijo que “exportamos solo el 11% de nuestro Producto Bruto Interno (PBI), y ese número no cambia hace 40 años. Puede haber cambiado en valor, pero no en la cantidad”. Quien actualmente se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales en el gobierno de Juan Manzur agregó que “el desafío es extender la producción a todo el territorio argentino”.

Como parte de este estrategia de expansión, Neme ejemplificó: “Nosotros tenemos 2 millones de hectáreas bajo riego en el país. Pero podríamos regar 500.000 hectáreas en Río Negro y transformar a la Patagonia en un espacio fenomenal de producción de carne de calidad, con el mejor estándar sanitario del mundo, y además agregar otras 150.000 hectáreas en Chubut”.

“No olvidemos que tenemos al Chaco, Formosa y Corrientes, que conforman un mundo esencial para la ganadería y las proteínas de calidad. Sólo con inversión se pueden proteger tanto el ambiente como los derechos de las comunidades aborígenes. A todo eso debemos apuntar con el mundo empresario”, expresó.

Otro tema clave para Neme es la producción porcina. Se preguntó: “¿Cómo puede ser que Argentina tenga 60.000 cerdas en producción, Brasil tenga 3 millones y China 200 millones?”. Luego se respondió: “Es la consecuencia de que durante años no hubo un negocio previsible, por todas las idas y vueltas entre la política pública y el sistema financiero, el cual condicionó a la política pública durante años en la Argentina”.

“Eso tiene que ver con que hace años que mucha gente acá vive exclusivamente de la renta financiera. Eso hay que desactivarlo”, exclamó Neme.

A su turno, Delgado hizo alusión al crecimiento de las carnes tradicionales y al de aquellos productos que se basan en el consumo de proteínas vegetales, que ya se comercializan con alta aceptación. Tampoco escapó a la discusión de la llamada “carne sintética” o de laboratorio, sobre la cual aún se está trabajando recién en el desarrollo.

El ex secretario de Agricultura de Carlos Casamiquela confesó que dialoga mucho sobre los alimentos con la chef Narda Lepes. “Es una mujer muy militante y comprometida con los temas. Los médicos le hacen bullying a todos los chefs, pero yo discuto mucho con ella sobre este tema de la carne artificial. Cuando en 2017 yo era director de Economía del INTA trajimos al tipo que inventó el proceso de darle escala industrial a la generación de carne in vitro, porque pensaba y sigo pensando que este tipo de procesos industriales van a tener un lugar”, relató Delgado.

El economista aclaró que aunque las proteínas tendrán un bajo costo, y que se va a partir el mercado, “vamos a poder seguir vendiendo el Rump and Loin (corte del cuarto trasero integrado por los bifes angostos, el lomo y el cuadril) por mucho tiempo”.

Delgado recordó que “cuando salió la empresa Beyond Meat (Más allá de la Carne) al mercado, y cotizó en la bolsa, explotó en precio y en solo dos semanas, la empresa llegó a valer lo mismo que todo el rodeo de vacas de la Argentina. Hoy vale la mitad porque es una tecnología más simple de lo que se conoce, porque son alimentos ultra procesados, y entonces no va con la lógica de comer de modo natural, y tienen mucho sodio más allá de que su sabor es parecido al de la hamburguesa tradicional”.

Más allá de todo esto, Delgado aclaró que “los que somos carnívoros, seguiremos siéndolo, y nos ponemos cada vez más exigentes con la carne que consumimos. Eso seguirá pasando en China y Europa, con lo cual la ganadería argentina seguirá teniendo desarrollo de su carne premium”.

Pero sí consideró que “Argentina está mal parada en varias miradas: tenemos problemas para generar animales grandes, tenemos el doble de vacas de los terneros que tenemos, con porcentajes de destete nacional que están por debajo del 60%, y tasas de interés del 70% que te afectan cualquier dinámica poblacional”, advirtió.

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