“De una botella que en el mercado estaba unos 150 pesos, al productor se le paga con suerte 7 pesos y en cuotas. Ese porcentaje es el mas bajo del mundo. En cualquier otro lugar la participación del productor en el precio final es cerca del 30%, pero aquí ronda el 4, 5 o 6%. Así que le dije que si no ve que ese porcentaje cambie, la cadena vitivinícola seguirá teniendo inconvenientes para los más chicos”, contó la productora esta anécdota a Bichos de Campo.,

“Se lo regalé y lo único que le pedí fue: ¿Por favor, si llega a Presidente no sienta que se solucionó  la crisis vitivinícola hasta que no cambie esta porción, porque suele suceder que después los que tienen llegada a los presidentes y ministros son los grandes, los que tienen una mayor posibilidad de lobby. Ellos tienen más fuerza institucional y entonces siempre instalan sus requerimientos: el tipo de cambio, las retenciones, o que se promocionen las exportaciones. Y todo eso estaría muy bien siempre y cuando algo derramara alguna vez hacia el sector productivo, que es algo que hace años no sucede”, explicó Lizana.

Mirá la entrevista completa con la productora del oasis este mendocino:

La mayoría de los productores del Este de Mendoza (integrado departamentos de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia, y que constituye la principal región vitivinícola del país) son actores muy vulnerables, que están pasando una crisis económica que lleva varios años y que no solo pone en jaque su actividad sino también su vida en el campo. “La falta de rentabilidad es lo esencial que hay que recuperar para  salir adelante”, mencionó Lizana.

Según su relato, los viñateros están recibiendo en esta Vendimia 2020 el mismo precio por la uva que desde hace tres años, sin mayores actualizaciones por inflación y con costos de producción cada vez más elevados. Eso lleva a que la rentabilidad sea en algunos casos hasta negativa y que se abandonen a su suerte muchos parrales. Esta agonía ya lleva siete años según sus cálculos.

“Esto definitivamente hará que quede menos gente en el campo, los viejos, porque los más jóvenes no ven la oportunidad y terminan en la ciudad a veces hasta desempleados”, destacó Lizana. “La vitivinicultura en Mendoza además de ser un negocio -para pocos hoy- es una forma de vida, de arraigo y generación de trabajo”, aclaró.

Según su mirada sobre la larga crisis de esta economía regional, “es verdad que todos los actores de la cadena del vino están pasando un mal momento, excepto los 4 o 5 grandes que fraccionan la bebida y la comercializan bajo diferentes marcas por la Argentina y el mundo”, mencionó. “Ellos son los que se están tecnificando cada vez más -con menor uso del personal- y compran tierra de productores que van quedando en el camino”, apuntó.

Lizana aclaró que no está mal que algunos crezcan y se tecnifiquen, pero que consideró que ese proceso debería derramar a los chicos para que puedan seguir existiendo. “Pasa que los que más poder de lobby son los grandes, que pueden viajar muchas veces a Buenos Aires y tienen sus propios reclamos, como tipo de cambio, exportaciones o publicidad para el vino. Que está bien, pero los chicos quedamos abandonados”, insistió.

Para la presidenta de APROEM sin dudas tiene que aparecer alguna intervención del Estado para corregir las distorsiones y las situaciones de abuso de posición dominante de los más grandes sobre los más chicos. “Bajo la situación actual son solo 4 o 5 los que se benefician y no tiene mucho sentido que se formen cooperativas de productores o bodegueros si a la larga no logran independencia y les terminan vendiendo a estos pocos grandes”, aclaró.

Por otro lado, Lizana se mostró indignada porque el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH) no incluye esta problemática de los productores. “Es inútil que existan las mesas del hambre cuando el la Argentina se tira la fruta y la verdura. Si no atacamos las necesidades de los productores de alimentos, van a tener que importar los alimentos para paliar el hambre y serán cada vez más los habitantes necesitados, porque los actuales productores se volverán pobres desempleados”, consideró.

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A juicio de Lizana, que incansablemente denunció estos años los atropellos de las grandes grupos bodegueros y peleó sin resultado por la aplicación de una Ley de Buenas Prácticas Comerciales en esa cadena productiva, la gestión de Cambiemos se caracterizó por liberar los mercados y no intervenir para nada en los mecanismos de formación de precios de la uva y los vinos.

“Hay una pérdida de rentabilidad que está siendo sostenida a lo largo de mucho tiempo, y con esto se concentra la producción en pocas manos”, lamentó la dirigente. “Las fincas se terminan abandonando y perdiendo la producción, lo que hace crecer un desierto en lo que era un oasis”, se lamenta Lizana.

Aquí la entrevista completa con Gabriela Lizana:

Para la gremialista mendocina, hacen falta adecuadas reglas comerciales para evitar el abuso de posición dominante. “Un mercado sin intervención de un Gobierno que controle los desajustes de la cadena termina acelerando los procesos de desaparición de pequeños y medianos productores”, explicó.

“Del 2002 a la actualidad se perdió el 25% de los productores, el futuro va a terminar siendo soja y minería si seguimos así”, agregó Lizana, quien de cara al cambio de gobierno mantiene cierta expectativa de que las cosas cambien y se revierta la cosa para los pequeños y medianos productores.

“Creo que el Gobierno que viene tendrá una mirada más vinculada al desarrollo, producción y favorecimiento del mercado interno”, apuntó la mendocina.

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-El común de la gente piensa que con los procesos devaluatorios las economías regionales automáticamente se reactivan. ¿Es así? ¿Ya están mejor?- le preguntó Bichos de Campo.

-No. Por ahora estamos peor- dijo Lizana-. La idea de que esta economía es netamente exportadora no es así. La mayoría de nuestra comercialización es interna. El 75% del consumo se queda en el mercado interno.

La dirigente mendocina agregó que “estos procesos de devaluación favorecen solo a determinados grupos concentrados que no son más que 5 empresas y estas no derraman ganancia. Y a los productores nos suben los costos cada vez que se devalúa, porque los insumos, tarifas y combustible están dolarizados”, se lamentó.

Aquí la nota completa con Gabriela Lizana:

Lizana explicó a Bichos de Campo que existen 850 bodegas inscriptas en el país, pero hay solo dos o tres empresas concentran el 80% del mercado. Desde esta mirada, todo parece muy concentrado en el universo de la vitivinicultura. “Y más allá de que los precios en góndola se eleven, al productor le pagan cada vez  menos”, se quejó Lizana.

Desde hace rato largo la dirigente vinculada a CAME propone como principio de solución “un código de buenas prácticas comerciales y una ley como tienen en Europa, para la mejora de la cadena agroalimentaria”.

¿En qué consiste? “Que se controle con algún observatorio de precios la cadena comercial y se establezca cuánto es lo que cada eslabón debe ganar, analizando las rentabilidades de los distintos actores. Si llegás a la última etapa y ves que solo ganó el distribuidor o fraccionador (que es en el caso del vino, aquel que embotella), no es viable”, argumentó.

“Además están los costos financieros, tremendos para el productor vitivinícola porque encima se le paga entre 8 a 12 meses la producción”, finalizó.

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“El proyecto sólo establece la obligatoriedad de contrato por escrito previo a la entrega de la uva. En la época de cosecha de este año (entre febrero y  marzo) se postergaron los plazos de pago e incluso hasta se bajaron los precios acordados, cuando los insumos con los que trabajamos en las fincas están dolarizados”, explicó a Bichos de Campo Gabriela Lizana, presidente de Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza).

Fue por esa distorsión que los productores de uva comenzaron a pensar en las Buenas Prácticas Comerciales. “El problema es que te demoran los pagos de la uva, llevándolos a 120, 180 y hasta un año. La verdad es que te trasladan el costo financiero, y así llegás a la otra cosecha sin haber cobrado la uva de la cosecha anterior”, se quejó Lizana.

Esta posición de abuso, además, se produce por la inexistencia de algún tipo de contrato escrito, “ya que la bodega se niega a eso”, se quejó la directiva del área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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En función de esta situación, los legisladores mendocinos comenzaron a analizar si no sería conveniente regular en lo material. Lo que Aproem aportó al proyecto es “la necesidad de que se elaboren Códigos de Buenas Prácticas Comerciales, algo que Argentina no tiene para ninguna de sus economías regionales”, contó la productora.

Lizana comparó la situación con la de otros países o bloques. “La Comunidad Europea, que antes lo tenía optativo, hoy lo tiene obligatorio. Lo que pasa es que hemos naturalizado algunas conductas que en el mundo comercial son desleales. Por ejemplo, cambiar una condición pactada en perjuicio del productor con plazos larguísimos. En Europa, los perecederos se tienen que pagar a los 30 días, mientras que acá recién están viendo a cuánto resolverán pagarte la uva”.

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Gabriela Lizana, miembro de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y presidenta de la Asociación de Productores del Oasis del Este (Aproem), opinó en Bichos de Campo que “el impuesto al vino fue un error, primero, por considerarlo como un producto no saludable, lo que hizo que se desincentivara el consumo. Y segundo, por asociarlo a un consumo ocioso, cuando el origen del mismo es cultural”.

Lizana sostuvo que “el tema no debería ni haberse puesto sobre la mesa de discusión. Nos llevó mucho esfuerzo movilizarnos y preocuparnos por esta cuestión, cuando tenemos problemas más acuciantes”.

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“La industria vitivinícola viene sufriendo estos abusos de posición dominante, lo que provoca mermas de producción. También tengamos en cuenta inclemencias del tiempo en todo el mundo, con una cosecha muy baja en Europa, o el incendio importante que sufrió California”, explicó la presidenta de Aproem.

Para Lizana, “como se naturalizó la idea de que se puede importar vino, ya no importa tanto cuánto cosechas vos, sino cuánto cosecha el mundo. Si los precios a nivel interno son altos, queda claro que traerán vino de otros países, como Chile”.

A todo esto, las medidas que se toman en Argentina nunca son estructurales para corregir esta situación. Fíjense que cuando pusieron este impuesto, las empresas formadoras de precios adujeron que ese costo no podía ser trasladado a la góndola por la caída del consumo, por ende ese efecto lo sufriría el productor viñatero”, recordó.

Por último, Lizana señaló que “es impresionante el abandono de fincas. Si hacés un vuelo aérea sobre la provincia de Mendoza, notarás un abandono extraordinario de propiedades, y contra eso no hay relato que valga. La industria se achica y el negocio queda así en menos manos”.

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