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]]>El CAA, en tiempo récord y bajo la mirada desconfiada de las entidades que conformaban la Mesa de Enlace, se propuso hablar con todos los ámbitos institucionales, incluida Cristina como titular del Senado, que podrían apuntalar esta propuesta, que ahora se está redactando bajo el pomposo nombre de “Ley de Reactivación Agroindustrial y Tecnológica, inclusiva, sustentable y exportadora”. Como se ve, tan largo nombre contiene palabras útiles para que todos se puedan sentir contentos y armar su discurso de apoyo a la iniciativa. La expectativa de los agroindustriales es que pueda ver la luz antes de fin de año.
Con el aval de Cristina, que alentó a los representantes del CAA a avanzar en la formulación del proyecto de ley, ya se comenzó a escribir el trazo grueso de una ley que tendría vigencia desde el día de su aprobación en el Congreso y hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir más allá del gobierno de Alberto Fernández. Por eso sería como una suerte de Plan Quinquenal. Su objetivo básico es crear un marco institucional estable para que los sectores de la agroindustria puedan recibir nuevas inversiones que generen más exportaciones y empleo. La palabra clave es estabilidad fiscal por hasta 15 años, más retenciones 0% para las nuevas exportaciones y otros estímulos impositivos para quienes pongan plata para producir más.
Según fuentes confiables para Bichos de Campo, en la redacción de esta ley marco, que tiene por ahora más de 30 artículos, estuvo participando el agroeconomista preferido de Alberto, Gabriel Delgado, que ya desafectado de la aventura de la intervención de Vicentin ahora fue convocado y trabaja codo a codo bajo el paragüas del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para trabajar en la formulación de este acurdo con el principal sector generador de divisas.
La iniciativa política del CAA ya recibió también el aval de varios minsitros del gabinete (Felipe Solá, Luis Basterra, Matías Kulfas y Mario Meoni) y varios gobernadores (Juan Schiaretti, Omar Perotti y Jorge Capitanich, entre otros).
Con letra entonces de la cadena agroindustrial pero clara intervención de Delgado en la redacción…¿Qué dice este ambicioso proyecto de ley?
En el artículo 1° crearía “el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSION Y DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ALIMENTARIAS” y define sus principales cometidos: “Promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroindustrial y forestal, a fin de mejorar la competitividad sectorial mediante el aumento en las inversiones y el consecuente incremento en los volúmenes de producción exportados”.
En ese artículo también se definen los beneficiarios de las medidas que puedan tomarse y “atendiendo a las restricciones presupuestarias del Estado Nacional”. Solo serán estimuladas: a) las nuevas inversiones; b) las ampliaciones comprobables en la capacidad productiva de las inversiones existentes; c) la modernización de la maquinaria agrícola y los equipos de procesamiento agroindustrial d) los incrementos demostrables en los volúmenes exportados en el caso de los productos de menor valor agregado; e) los cambios en la calidad, atributos o presentación, de alimentos diferenciados con destino exportación; y f) la adopción y escalado de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico-tecnológico público nacional en el área de alimentos y bebidas y en biotecnología; g) las inversiones en bienes y procesos en gestión ambiental que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero en producciones animales y vegetales.
El Artículo 2º define que para lograr los objetivos planteados y otros objetivos secundarios “la Autoridad de Aplicación podrá formular planes específicos.
El Artículo 3º define con mayor precisión los campos de interés donde deberían volcarse las nuevas inversiones: Inversiones en procesamiento de productos vegetales y animales; Riego; de Contratistas en maquinaria nacional e informática; para la generación de energía en finca; conectividad rural; sistemas de seguridad; robótica, automatización y sensorización; agricultura de precisión; en consorcios que mejoren la logística, la conectividad o la administración del agua; en logística de exportación de productos procesados de origen vegetal y animal; en la adopción de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico tecnológico público nacional.
También define que el plan “promoverá la compra de semillas fiscalizadas y de nueva genética; de bioinsumos; de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y la compra de Seguros índices o de productos derivados climáticos”.
El Artículo 4° define los beneficiarios: personas humanas y jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar aquí, que además podrán ser fideicomisos, fondos comunes de inversión, universidades nacionales, organismos provinciales y hasta sociedades del Estado, como YPF Agro a modo de ejemplo.
El Artículo 5° dispone la duración del plan, hasta el mencionado 31 de diciembre de 2026.
El Artículo 6º crea un Registro Nacional “en el que deberán inscribirse quienes deseen acceder a los regímenes creados por la presente Ley y las disposiciones contenidas en su reglamentación”.
El Artículo 7º define que podrán inscribirse en ese Registro “quienes realicen actividades agrícolas, agroindustriales, de producciones orgánicas y agroecológicas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, forestales, hidrobiológicas, las empresas prestadoras de servicios para el agro y cualquiera otra comprendida en los objetivos del presente régimen”.
El Artículo 8º acxlara que quienes se inscriban deberán presentar “Proyectos de Inversión y Desarrollo compatibles con los objetivos enunciados”, los que serán evaluados por un Comité de Selección.
Luego viene el capítulo de los posibles beneficios para los nuevos inversores.
El artículo 9º define que los mismos “gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta quince (15) años, contados a partir de la fecha de la aprobación del proyecto de inversión o expansión de exportaciones respectivo”.
“La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios o los sujetos comprendidos en el presente Plan no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional total determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional mencionado”, aclara el texto preliminar. Esa estabilidad sería aplicable al IVA y al impuesto a los Cheques “a los fines de las actividades incluidas en el presente Plan”. Pero “la estabilidad fiscal alcanza al resto de los tributos nacionales” y a “la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de su adhesión a la presente Ley”.
El Artículo 10° dispone además una “desgravación para Impuesto a las Ganancias” si las inversiones apuntan a alguno de estos servicios o insumos: fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos biológicos, semillas autógamas fiscalizadas y contratación de seguros índice. El beneficio sería que se podrán descontar en el resultado fiscal a los fines del Impuesto a la Ganancias un porcentaje especial y adicional del 50% de las facturas correspondientes”.
El Artículo 11° establece además un Régimen Especial de amortización acelerada, a los fines del Impuesto a las Ganancias, aplicable a los bienes de capital adquiridos por los inversores, siempre que tengan que ver con los objetivos. El siguiente artículo define cómo se podrán acoger los beneficiarios a este régimen.
El Artículo 13º, en tanto, determina un marco especial para apelar al diferimiento en el caso de venta de hacienda bovina (carne o leche), ovina, porcina, caprina, equina, de camélidos, bubalina. En estos casos habrá que adherir a un Plan Ganadero provincial vigente.
El artículo 16° se mete en el asunto más ríspido de la agenda agropecuaria, las retenciones. Si las exportaciones crecen, los productos agropecuarios exportados más allá del punto de partida no las pagarían.
“Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2026 un Derecho de Exportación del cero por ciento (0%) a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la presente Ley y siempre que se trate de exportadores que incrementen el volumen de las mercaderías exportadas con respecto al promedio del último trienio calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo, en los términos y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación”, define ese artículo, que seguramente será muy discutido. .
Además en el Artículo 17º se determina que el gobierno “deberá establecer, para que rijan hasta el 31 de diciembre de 2026, reintegros impositivos para todas las mercaderías de exportación para consumo, comprendidas en el Anexo de posiciones arancelarias del nomenclador MERCOSUR”. Dicha devolución de impuestos debería calcularse “en base a la metodología de cálculo correspondiente y teniendo en cuenta el grado de procesamiento, en un plazo no mayor a los 60 días”.
El Artículo 18° insta al gobierno a “un programa de trabajo para reducir y eficientizar los costos fobbing” para estas actividades.
El Artículo 19° define además que “las empresas beneficiarias gozarán, para cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados y afectados a los proyectos objeto de la presente Ley, de una detracción en las contribuciones patronales”. Y pone énfasis en “las empresas beneficiarias, que hubieren contratado a mujeres, personas transexuales y personas con discapacidad”.
El Artículo 20° crearía un “Régimen Nacional de Promoción de la Inversión en Bienes de Capital del Sector Agroindustrial”, el cual contempla un plan canje integral dirigido a la adquisición de maquinarias y tecnologías de procesamiento nueva/os de origen nacional. Esto, además de maquinaria agrícola, incluiría camiones, camionetas, maquinaria paras plantas de procesamiento y otros bienes de capital.
Hay otro régimen especial propuesto en el Artículo 21°. Sería el PROGRAMA DE GARANTIAS FINANCIERAS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES, que estaría “destinado a garantizar a los beneficiarios de los estímulos que se crean por la presente Ley, un marco de previsibilidad y sostenimiento para las inversiones proyectadas y el fluido acceso al capital de trabajo requerido”. Los siguientes artículos tienen que vr con el funcionamiento de ese subprograma.
Un tercer programa se define a partir del artículo 24: Es el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSION Y DE LAS EXPORTACIONES AGROFORESTALES. “Tendrá como cometidos primordiales promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroforestal”, define el proyecto. Habrá que ver como compatibiliza este capítulo con la Ley 25.080 de Promoción de los Bosques Cultivados, que está en vigencia.
Hay otro plan adicional que todavía está en veremos en este proyecto, y que apuntaría a el desarrollo de la Biotecnología en al sector de alimentos y forestal. Propondría la creación de una “Agencia Nacional de Biotecnología” y define sus misiones. También la creación de un Fondo Nacional de Promoción de la Biotecnología Nacional con partidas presupuestarias y proyectos que estimulen el despliegue de tecnologías estratégicas o de vanguardia.
Tampoco están numerados todavía una serie de artículos de esta posible Ley Marco que apuntan al fortalecimiento de los organismos públicos vinculados al sector y que promueven mayores presupuestos u autonomía para la Agencia de Inversiones, la Cancillería, el Senasa y el INASE.
“Establécese la obligatoriedad de implementar una Matriz de Trazabilidad a los efectos de la identificación y trazabilidad electrónica de las producciones animales y vegetales amparadas bajo los beneficios de la presente Ley”, argumenta otro artículo todavía a medio escribir.
En el anteproyecto, uno d elos artículos finales determina quién será la autoridad de aplicación del presente régimen. No, no sería el ministerio de Agricultura. “La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, quien dictará todas las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias”, dice el texto. Golpe de gracia para Paseo Colón, que sin duda perderá muchas de sus atribuciones.
Artículo 34°: Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 35°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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]]>La entrada El gobierno anunció la expropiación de Vicentín: Gestionada por YPF, será una empresa testigo para muchos mercados agropecuarios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En un giro inesperado de la trama Vicentín, cuyos activos eran disputados hasta ahora por varios grupos privados y cuyo concurso de acreedores, habilitado en febrero, tramita todavía en un juzgado de Reconquista, donde la firma nació hace 90 años, el presidente adoptó como propio un proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ministro de Producción, Matías Kulfas.
En varios tramos de una conferencia de prensa para anunciar esta medida, Alberto insistió que se trataba de un rescate “para que la empresa siga funcionandos y que sus trabajadores (unos 1.350), y fundamentalmente unos 2.600 pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle, además de que quedará en pie en la Argentina un operador de esta envergadura”.
Hasta su declaración de default, anunciada cinco días antes del recambio presidencial del 10 de diciembre, Vicentín era la principal empresa agrícola de capitales nacionales, junto a AGD y Molinos Río. Batallaba contra una serie de multinacionales que controlan el comercio exterior de granos y así también son determinantes en el flujo de divisas, como Cargill, Bunge, Dreyfus y la china Cofco. En 2019 había exportado 10 millones de toneladas de granos y subproductos (un 10% del total nacional), básicamente harina y aceite de soja obtenida en sus plantas del gran Rosario.
Alberto, al anunciar el avance del Estado sobre esta actividad crucial para la economía argentina, dijo que se haría en dos pasos. De inmediato el Estado ordenó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la intervención del grupo Vicentín y en simultáneo se enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar los bienes de esa compañía. El presidente habló de todos los bienes y no solo los de la compañía agrícola. Esto incluye el frigorífico Friar de Reconquista (uno de los principales exportadores de carne vacuna), una desmotadora e hilandería en el norte de Santa Fe, una fábrica de jugos de uva en San Juan, la empresa láctea ARSA (que tomó los negocios más rentables de SanCor) y hasta una bodega en Mendoza. Todos estos activos están por fuera del concurso de acreedores que maneja un juzgado comercial de Reconquista. Vicentín también tiene parte de Renova, principal elaboradora de biodiésel del país, en sociedad con la multinacional Glencore.
La decisión más osada planteada en el proyecto oficial es crear un fideicomiso con esos activos y cederle la gestión de estos negocios a YPF Agro, la filial agropecuaria de la petrolera mixta YPF. Esta compañía también talla fuerte en el negocio agrícola, sobre todo por la venta de insumos a través de un centenar de centros de distribución en todo el país. Vende mucho a través de canje por granos, con lo cual también exportó en 2019 más de 1 millón de toneladas de cereales y oleaginosas. Es dueña además de parte de Profértil, la mayor compañía de fertilizantes de la Argentina.
La gestión inicial de esta nuevo grupo agropecuario estatal primero “intervenido” y luego “expropiado” se le encomendó a Gabriel Delgado, un economista del INTA que es bastante reconocido en el sector rural y fue uno de los candidatos a ministro de Agricultura hasta la sorpresiva irrupción de Lus Basterra, quien por cierto no formó parte del anuncio de esta suerte de regreso de la intervención estatal en el mercado agropecuario. Delgado tiene un discurso muy moderado que es de agrado de mucha gente en el sector rural. Incluso plantea un proyecto proactivo para hacer crecer las exportaciones de alimentos y la generación genuina de divisas. En la presentación en Casa de Gobierno celebró la fusión con YPF, un símbolo del yacimiento “Vaca Muerta”. Habló de crecer también en materia de agro a través de otro gran proyecto al que bautizó “Vaca viva”.
Si querés conocer el pensamiento de Delgado podés mirar esta entrevista reciente con Bichos de Campo:
Alberto presentó a Delgado como un hombre que “sabe mucho sobre el sector agropecuario” e intentó enviar un gesto así de distensión con el agro, sabedor que finalmente la enorme mayoría de los productores tomará con gran resquemor cualquier intervención estatal sobre la actividad. Ese intento por llevar tranqulidad, sin embargo, se vio opacado por otras dos definiciones del Presidente, que habló de la necesidad de que el Estado cuente con una “empresa testigo” en el mercado de alimentos y que también utilizó un latiguillo muy frecuente de la militancia parra hablar mal del sector de los agronegocios: el de lograr la tan mentada “soberanía alimentaria”.
“Mañana irán los abogados a presentarse al concurso para hacerse cargo de la intervención que estamos disponiendo”, anunció el presidente. EL DNU respectivo se conoció este mismo martes.
Las plantas agrícolas de Vicentín están paralizadas desde que la empresa anunció que padecía de un insultante “estrés financiero” apenas 5 días antes del cambio de gobierno. Cuando se armó el concurso de acreedores, la deuda reconocida era de nada menos que 99.345.263.086,50 pesos, o el equivalente a 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento.
Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos (el rpesidente habló ahora de 2.600 productoresa), otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Entre ellos el Banco Nación, que habilitó créditos para prefinanciar exportaciones por cerca de 19.000 millones de pesos y se convierte en el principal acreedor. La existencia de esta deuda con la banca oficial fue la razón más esgrimida por los sectores oficialistas que en los últimos días habían pedido la expropiación de la empresa.
Pero además Vicentín quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia Vicentín, que fundó la aceitera en Avellaneda, en el norte santafesino, en 1929) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.
El daño que produjo el default de la aceitera fue muy grande entre los productores de Santa Fe. Por ejemplo, la cooperativa ACA, integrada por miles de productores, figura como el segundo mayor acreedor de la aceitera, ya que en su caso quedaron impagos granos por 4.929 millones de pesos, o su equivalente a 78 millones de dólares. El actual secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, proviene de esa empresa cooperativa.
La semana pasada, varios dirigentes políticos, sindicales y sociales del llamado “arco progresista”, la mayoría de ellos alineados políticamente con el gobierno, solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal” para evitar “una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.
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