El 29 de octubre del año pasado el Senado dio media sanción a esta iniciativa, que luego vio demorado su recorrido en la Cámara de Diputados, en parte por las presiones de un sector de la industria alimenticia.

De nuestro archivo: Tironeos por el etiquetado frontal de alimentos: Mientras Diputados demora el tratamiento del tema, el Ejecutivo amaga con impulsar un proyecto alternativo

¿Qué dice el proyecto en cuestión? El propósito principal es “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos, para lo cual se incorporará un sistema de etiquetas octogonales negras con letras blancas, en el frente de los paquetes, que advertirán sobre la presencia excesiva de ciertos nutrientes críticos como el azúcar, el socio, las grasas saturadas y las grasas totales.

También se incluirían leyendas de advertencia sobre los edulcorantes y la cafeína, indicando que son productos no recomendables y que se deben evitar en niños y niñas. Los alimentos exceptuados del sello de advertencia serán el azúcar común, los aceites vegetales y los frutos secos.

Los niveles máximos de azúcares, grasas y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sistema que ya se aplica en países como Chile.

Podés ver el proyecto completo acá:

Las etiquetas se extienden también a cajas, cajones y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.

En cuanto a la publicidad, quedará prohibido publicitar productos dirigidos a niños, niñas y adolescentes que tengan más de dos “sellos” de advertencia. Tampoco podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de este público.

La iniciativa también menciona la regulación de la comercialización de alimentos ultra procesados y con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares, así como la obligación de que el Estado priorice la compra de alimentos sin sellos de advertencia.

Es importante aclarar que todas estas disposiciones afectarán a los productos que se comercialicen en el territorio nacional y no a aquellos que se exporten.

Respecto al tiempo que tendrán las empresas para acoplarse a la nueva normativa, se determinó que las grandes industrias tendrán un plazo de seis meses desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial, pudiendo extenderse otros seis meses si el Poder Ejecutivo lo considera necesario. Las Pymes, por su lado, tendrán un plazo de 18 meses, también prorrogable.

Ahora bien, ¿cómo viene el debate en el Congreso? Esta semana en un plenario de varias comisiones de la Cámara baja (Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria) se avanzó con el dictamen del proyecto, por lo que ya quedó listo para ser tratado –y seguramente sancionado- en el recinto.

Sin embargo, hay que decir que la iniciativa generó divisiones en el interior de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, ya que, si bien el dictamen mayoritario cosechó 91 firmas, se presentaron dictámenes de minoría alternativos.

Uno de ellos salió del propio Frente de Todos, dado que el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, consideró que eran necesarias algunas modificaciones, como la elección de otro perfil de nutrientes y la armonización con normas del Mercosur.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio, la vicepresidenta de Salud Pública, Carmen Polledo, presentó otra disidencia y criticó el sistema de octógonos negros por ser “agresiva y estigmatizante”.

“Nuestros alimentos generan trabajo y producción, no son basura ni veneno, legislemos con responsabilidad, para educar al pueblo y mejorar nuestros hábitos alimenticios”, dijo Polledo en defensa de la industria alimentaria nacional.

Otra disidencia llegó también desde el interior de Juntos por el Cambio, de la mano esta vez de Alejandro García, presidente de la Comisión de Industria. “Hubiera sido mejor la posibilidad de buscar una real discusión y un real acercamiento al sector de la industria alimenticia”, sostuvo, para luego agregar que “a los fines de lograr una mejor alimentación, no es válido como herramienta, porque este formato termina siendo también engañoso”.

Aún con este panorama, lo cierto es que el proyecto tiene muchas posibilidades de ser aprobado tal cual está redactado. Las posibles modificaciones que puedan realizarse dependerán de la capacidad de los legisladores de realizar acuerdos políticos en medio de un clima electoral.

Fotos. El Parlamentario

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Las grasas trans de origen industrial, provenientes de aceites hidrogenados, tienen efectos adversos para la salud humana, ya que la evidencia científica vincula su consumo con alteraciones del metabolismo de lípidos en la sangre, inflamación vascular y desarrollo de enfermedades cardio, reno y cerebrovasculares. También promueve un aumento del colesterol LDL (“colesterol malo”) y una disminución del colesterol HDL (“bueno”).

Sin embargo,-la Argentina no aplicó restricción alguna en ese sentido a las margarinas utilizadas como materia prima, las cuales, si bien no pueden ser empleadas por industrias, sí son empleadas de manera masiva por negocios artesanales, fundamentalmente panaderías.

Por ese motivo, la Secretaría de Calidad en Salud y la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Territorial de la Nación, por medio de la resolución conjunta 3/2021, determinaron hoy que a partir de enero de 2022 los productos “que son utilizados como ingredientes y materias primas” también deberán tener no más de un 5% de grasas trans dentro del total del tenor graso.

En los fundamentos de la medida se indica que “extendiendo la restricción de manera explícita a aquellas grasas en aceites vegetales y margarinas utilizadas como materias primas se garantizaría la efectiva protección de la salud de la población, al disminuir el aporte de grasas trans a partir de productos artesanales, que son de alto consumo en nuestro país”.

Y recuerda además que en la Argentina las enfermedades del sistema circulatorio representan la principal causa de muerte, además del hecho de que “diversos estudios han demostrado que la ingesta diaria de cinco gramos de grasas trans es suficiente para aumentar en un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

La medida implica que, en el término de un año, para elaborar margaritas y aceites de cualquier tipo ya no podrán emplearse aceites vegetales hidrogenados, los cuales deberán reemplazarse por fuentes más saludables, como el aceite de girasol alto oleico.

La normativa argentina vigente define al girasol oleico como aquel cuyo aceite tenga un contenido de ácido oleico mayor al 80% con expresión suficientemente estable, mientras que el suboleico es el que tiene un contenido de ácido oleico en promedio superior al 39,4% e inferior al 80,0%. Por su parte, el girasol linoleico no debe exceder una proporción de 39,4% de oleico.

En esa misma línea, el Protocolo de Calidad para Productos de Papa Prefritos y Congelados –publicado por la Argentina a mediados de 2018– recomienda especialmente el uso de aceite de girasol alto oleico en el procesamiento del producto.

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