Ravettino primero negoció con Paula Español acuerdos de precios para vender cortes baratos en supermercados. Ravettino luego pactó la apertura de cupos de exportación con Matías Kulfas. Más recientemente, Ravettino logró un nuevo permiso para poder exportar carne de vaca viaja a China con Julián Domínguez. En el medio, es el único dirigente de la carne que se ha podido retratar junto al presidente Alberto Fernández y el gobernados Axel Kicillof en varios actos públicos.

El problema, para el resto de la cadena cárnica, no es que Ravettino esté metido en todas y cada una de las negociaciones vinculadas con el sector que representa, sino que parece ser el único interlocutor de la cadena de la carne que tiene las puertas abiertas en el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner.

Desde que asumió en diciembre de 2019, hay que marcarlo de entrada, la gestión de Alberto y Cristina dinamitó la Mesa de las Carnes, un espacio de diálogo sectorial que nació en 2015 y que había logrado durante el Gobierno de Cambiemos reunirse nada menos que una decena de veces con el mismísimo ex presidente Mauricio Macri. No es que allí se lograran muchas cosas, pero al menos las casi treinta entidades que integraban ese espacio se sentían parte de un colectivo que tenía un par de decisiones claras: había que exportar más carne y el gobierno no debía intervenir en los mercados.

El ex coordinador técnico de aquella Mesa de las Carnes ahora devaluada y corrida de la escena, el consultor ganadero Víctor Tonelli, acaba de calcular que el regreso de la intervención oficial en mayo pasado -acordada entre Kulfas y Ravettino- provocó en solo cinco meses que los precios promedio de la hacienda bajaran 5% mientras que los precios internacionales de la carne vacuna subían 25%. Es decir que los frigoríficos exportadores no solo ganaron más por vía de sus ingresos sino que congelaron y hasta redujeron el principal de sus costos, la carne en pie.

Se trata, más allá del mecanismo, de un logro muy visible y atribuible a la gestión de Ravettino frente a Kulfas, Español y otras autoridades. Por eso muchos elogian al ejecutivo como el mejor lobbista y justifican cualquier método con aquello de que “para eso le pagan”

¿Quiénes perdieron con el cepo? Decenas de miles de ganaderos, en especial de las zonas más marginales dedicadas a la cría. ¿Y quién sacó ventaja? Los grandes frigoríficos que -como ya informó Bichos de Campo– han recibido en todos los repartos las mayores porciones de los sucesivos cupos de exportación habilitados por el gobierno a partir del cierre total de las exportaciones anunciado por Alberto en mayo: el cupo general de unas 28 mil toneladas mensuales, luego la cuota especial de cortes kosher para Israel y ahora las 5.000 toneladas mensuales de vaca vieja para China.

Esos frigoríficos están faenando tanta hacienda o más que antes de que comenzara a regir el cepo.

“Perdimos todos”, dicen en la cadena ganadera frente al cepo exportador. Pero es falso: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC están faenando más cabezas que antes del cepo

Ravettino, un abogado de 58 años, es el presidente del Consorcio ABC, una entidad formada por los principales frigoríficos exportadores de la Argentina que nació en 2005 como derivación de la vieja AIAC (Asociación de la Industria Argentina de la Carne). Hoy ese grupo tiene 22 empresas asociadas. Pero hay solo diez grupos allí que concentran el 55% del total de las cuotas de exportación y el 61% de la Cuota Hilton para Europa, que quedó a salvo de las restricciones. Ese club está formado por los supermercados La Anónima y Coto, los brasileños Swift (Minerva) y Quickfood (Marfrig), y los nacionales Gorina, ArreBeef, Bernal, Rioplatense, Carnes Pampeanas y Friar (ex C Vicentin).

Ravettino no siempre fue presidente del Consorcio ABC sino que era apenas uno de sus gerentes hasta que el primer conductor que tuvo esa entidad, el ex dueño del frigorífico Swift, Carlos Oliva Funes, le cedió ese lugar protagónico luego del desembarco de los grandes grupos brasileños en el negocio y la primera intervención del kirchnerismo en el mercado de exportación de carnes, en marzo de 2006. Aquellos cambios implicaron un reordenamiento de fuerzas dentro del grupo de veinte grandes frigoríficos, que dejó atrás las ideas más liberalizadoras del comercio de carnes que expresaban los históricos Alberto de las Carreras y el ex agregado agrícola ante la UE, Héctor Salamanco, para dar paso a un pragmatismo a prueba de balas. El pragmatismo que encarna Ravettino.

El poder cedido hace por lo menos 15 años a este directivo, entonces, está apoyado sobre todo en los nuevos capitanes nacionales en la exportación de carne vacuna, en especial en Hugo Borrell (Arre Beef) y Carlos Riusech (Gorina). Fueron estos empresarios los que no dudaron en quedarse con las instalaciones del Frigorífico Finexcor (que era el más moderno del país) cuando las presiones del ex secretario Guillermo Moreno convencieron al grupo americano Cargill de desprenderse de esa empresa por la ridícula suma de 1 euro.

Eso sucedió en 2008. El primer kirchnerismo había cerrado por completo las exportaciones de carne en 2006 y luego fue habilitando los embarques en módicas cuotas donde ganaban unos y perdían otros, como ahora. Un grupo de frigoríficos del Consorcio ABC hizo enormes ganancias con las vacas conserva, como ahora. Y el Ministerio de Agricultura (a través de la ex ONCCA) no publicaba la identidad los frigoríficos que recibían ROE Rojo, equivalentes a las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportación de Carne) instrumentadas ahora por Alberto y Cristina. Tal y como sucede ahora.

En ese contexto de mercados intervenidos Ravettino se movía como pez en el agua. Participaba todos las semanas de las reuniones de “la escuelita” que convocaba Moreno para bajar instrucciones a los operadores del mercado de carne. Y se lo solía ver ingresar sin problemas a los despachos de los ex directores de la ONCCA, como Ricardo Echegaray, Emilio Eyras o Juan Manuel Campillo. Con Moreno, por ese entonces, comenzaron a negociar la “gran barata” de cortes populares para volcar a los supermercados, un esquema que se repite ahora en los acuerdos de precios pactados con Kulfas y Español.

La línea histórica del Consorcio ABC (y su antecesora AIAC) fue propender a una mayor concentración de la actividad frigorífica en la Argentina, como sucede en Estados Unidos, donde unos pocos grupos empresarios concentran casi toda la faena. Por eso, frente a los diferentes gobiernos se propició desde ese grupo la erradicación del “doble estandar” sanitario y comercial que permitía que la faena de bovinos se repartiera aquí entre más de 400 frigoríficos y mataderos. esa competencia reducía entonces la participación total de los socios de Ravettino a solo el 25% o 30% de la producción.

Como los frigoríficos exportadores tienen un sector de despostada (para separar los cortes), uno de los principales argumentos de esta ofensiva era la necesidad de erradicar del comercio de carne las medias reses vacunas, una modalidad que es mucho más usual entre frigoríficos consumeros y matarifes que abastecen a las carnicerías del conurbano.

Por eso Ravettino tocó el cielo con las manos cuando el presidente Alberto Fernández y su ministro Kulfas anunciaron hace pocos meses, en el contexto de esta nueva intervención al mercado, que a partir de enero de 2022 sería obligatorio el “cuarteo” o “troceo” de las medias reses. Esta obligación podría descolocar mucho más a muchos jugadores que compiten contra el Consorcio ABC.

Esos jugadores, sobre todo matarifes y “exportadores sin planta”, de golpe y porrazo también se quedaron casi sin posibilidades de poder exportar, porque el sistema ideado por el gobierno otorgó los cupos a nombre de las plantas (según el número de habilitación en Senasa) y no de los exportadores (a través de los embarques por CUIT registrados en Aduana). Gracias a esta decisión, el número de exportadores de carne se redujo de 100 sociedades a solo 60. Y de éstas, los 22 socios del Consorcio ABC se quedan con la mayor tajado.

Ravettino, que ha fundado varias empresas propias vinculadas con la actividad ganadera y que explotan un par de campos que pudo comprar en el partido de 25 de mayo (La Lobuna SA en 2005, Caras Negras SRL en 2009 y San Juan Ameri SA en 2017), fue el primero en enterarse la que se venía, pues estuvo reunido con el presidente Fernández el 17 de mayo, un par de días antes de que comenzara esta nueva etapa de intervención en el mercado de la carne, que es muy parecida a la que ya vivió el país entre 2006 y 2015.

En aquel tramo histórico las consecuencias fueron funestas para la ganadería: el stock bovino retrocedió casi 20% (a menos de 48 millones de cabezas) y la Argentina redujo sus exportaciones al mínimo histórico de 188 mil toneladas en 2012. Pero no todos perdieron por igual y los que pudieron acomodarse bajo el ala del poder la sacaron muchísimo más barata o incluso terminaron mejorando su posición en el mercado.

Ravettino para muchos puede parecer una cara nueva. Pero enaquel momento ya estaba haciendo su trabajo.

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Tan malos fueron los resultados de esa experiencia que en febrero de 2011 la propia ex Presidenta disolvió la ONCCA por decreto, sin mayor explicación. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, debe haber pensado Cristina. De paso, con esa definición, cooperó para que uno de sus principales alfiles, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien mantenía control sobre la ex ONCCA, tuviera que dar explicaciones a la justicia, pues bien probado estuvo que una parte importante de todo ese dineral se destinó a alimentar uno de los circuitos de corrupción más escandalosos de aquella gestión.

Pero el perro nunca murió. Sigue ladrando y amenaza con volver a mordisquear los dineros públicos.

Todavía reclaman unos 3.000 millones de pesos al Estado por las compensaciones truchas de la ex ONCCA

Un pedido de acceso a la información pública efectuado al Ministerio de Agricultura por parte de Bichos de Campo, y que fue contestado en tiempo y forma por esa cartera, reveló ahora que, a diez años de la disolución de aquel cuestionado organismo, existen por lo menos 138 juicios en los que empresas de diferente fuste reclaman al Estado el pago de compensaciones pendientes de aquella política, que no solo resultó muy costosa e ineficiente sino que además dejó parte de la cuenta sin pagar.

La información remitida por Agricultura identifica por primera vez a los molinos, feedlots, aceiteras, frigoríficos y hasta productores de trigo que continúan litigando contra diversos organismos para cobrar esos dineros largamente adeudados. Las cifras exactas de ese millonario pasivo se desconocen, pero se saben multimillonarias. Extraoficialmente se hablaba de un saldo de unos 3.000 millones de pesos que, en caso de fallos adversos, todavía deben ser actualizados por las tasas de inflación que superaron largamente el 2.000% durante todos estos años.

Aparte de las costas y todo ese fiambre.

Está claro que Cristina, Echegaray y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le siguen costando muy caro a todos los argentinos a pesar del paso de los años. Moreno, que siempre dice actuar como un defensor de los intereses populares, es uno de los grandes responsables de este complicado enjambre judicial. ¿Por qué? Porque un organismo que estaba a su cargo, la UCESCI, heredó los expedientes de la ex ONCCA luego de que la disolviera Cristina en 2011. Y sus abogados casi nunca respondieron a los reclamos que hacían las empresas privadas que reclamaban por sus deudas.

Este es el listado, por orden alfabético, de las empresas que mantienen juicios:

Hay muchas empresas de gran porte que litigan por las deudas de la ex ONCCA. Por ejemplo, los molinos Morixe y Lagomarsino, o las empresas agrícolas Los Grobo, Nidera Semillas y AdecoAgro, También las alimenticias Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Pero la mayoría de los casos corresponden a feedlots, que cobraban compensaciones por el maíz que compraban para engordar a los bovinos, como estrategia para bajar los precios de la carne.

Diez años después de la liquidación de la Oncca, Morixe sigue buscando que le paguen compensaciones por 245 millones de pesos

El de los corrales de engorde fue uno de los sectores más beneficiados por los subsidios de Moreno, Cristina y Echegaray, pero también uno de los que más sospechas de corrupción despertaban. Sabido es que hubo feedlots que no existían que cobraron dinero, otros que inflaron sus existencias ganaderas. También hubo casos en que los subsidios se desviaron a nombre de indigentes y es vox populi que existían una “ONCCA Paralela” donde se cobraban coimas para destrabar los pagos. Hasta se sospechaba que el propio Echegaray iba a cobrar los subsidios que correspondían a un feedlot creado en 2009 en la localidad de Punta Alta, su ciudad de origen. El domicilio legal de la firma era un departamento propiedad de su esposa.

Justo es reconocer que el gobierno de Alberto Fernández -y de Cristina- heredó el problema de la gestión de Cambiemos, que primero se propuso investigar a fondo cada reclamo antes de proceder con los pagos reclamados, pero luego fue pateando la definición. Finalmente cayó derrotado en diciembre de 2019 y el asunto le explotó en manos de la nueva gestión a cargo de Luis Basterra. En octubre de 2020, Agricultura contrató como asesor a uno de los abogados dilectos del Instituto Patria, Eduardo Barcesat, y una de las explicaciones fue que iba a dedicarse al análisis de estos expedientes.

El pedido de acceso a la información pública que fue positivamente respondido por la cartera de Basterra ahora quita las sombras respecto de la identidad de quienes reclaman, pero no sobre las cifras en juego ni sobre la estrategia que adoptarán las autoridades nacionales frente a los planteos judiciales.

Pero en la respuesta oficial se advierte que lo más probable es que todos debamos hacernos cargo de este muerto.

“De acuerdo a los registros obrantes en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que resulta de uso obligatorio para los servicios jurídicos con juicios a cargo del Estado Nacional, surgen un total de 138 juicios en trámite, por reclamaciones de compensaciones”, se informó a Bichos de Campo.

Los abogados del Minagro también avisaron que lo más probable es que el Estado termine pagando frente a los fallos adversos. “Debido a que en la República Argentina el control de constitucioalidad es judicial, en aquellas sentencias donde pudo haber condena, conforme a derecho, se ejecutará la decisión según lo haya decidido el propio juez y la Cámara Federal de la que dependa, o cuando se expida en definitiva la Corte Suprema”, establecieron.

¿Y cuánto pagarán? ¿La cifra original o una actualizada? También es un tema abierto. “En lo que sea materia de diferendo judicial, el mecanismo de actualización será el que entonces el fije en definitiva la sentencia, en el sentido antes indicado”. Y lo mismo con las costas y los plazos: “Todo aquello que haga a los trámites de pago por las causas judicializadas, se hacen conforme las norma procesales y en los términos que la sentencia prevé”.

“No obstante lo anterior, se hace saber que ésta Dirección General está  llevando adelante un relevamiento de los expedientes administrativos físicos, tendiente a evaluar el actual estado de dichas actuaciones en el marco de la Resolución SAGYP 21/19. Las tareas allí indicadas, cuentan con las dificultades propias de los protocolos sanitarios imperantes para resguardo de la salud” en el marco de la pandemia, aclararon los letrados del Estado.

¿Será justicia?

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Luego se prohíben todos los embarques de carne durante cierto lapso de tiempo: aquella vez de 2006 fue Néstor Kirchner y hoy es Alberto Fernández quien toma esa decisión.

Más tarde se establece una negociación con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC , para rehabilitar los embarques bajo un sistema de cupos: La resolución se dictó hoy y el 54% de esos volúmenes administrados quedan en manos de 10 empresas.

Pero faltaba un condimento, para repetir por completo la historia…

Esta tarde, en una reunión virtual convocada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para explicar a los operadores del negocio de la exportación de carne cómo quedarían las cosas, el secretario de la Federación Gremial de la Carne, Alberto “Beto” Fantini, golpeó la mesa “virtual” denunciando que el gobierno está deteniendo entre 5.000 y 7.000 toneladas de carne que ya tenía su respectivo permiso de exportación y estaba por subir al buque carguero que todos los viernes pasa por Buenos Aires.

Eso nos faltaba. La “Gran Guillermo Moreno”. Que alguien muy poco comedido diera la orden de que se bajara la carne de los barcos. Esto fue lo que sucedió en 2008, cuando el ex secretario de Comercio de Néstor y Cristina hizo la señal de que había que “cortarle el cuello” a quien se pusiera enfrente de la orden presidencial de cerrar por completo las exportaciones. Fue durante un acto kirchnerista en la Plaza de Mayo. Comenzaba a calentarse el aire en el conflicto con el campo por la Resolución 125.

El que lo recriminaba a Moreno en aquel momento era Martín Lousteau, ex ministro de Economía, quien esa misma tarde había recibido los reproches de los frigoríficos porque alguien del gobierno había dado la orden de bajar los contenedores cargados de carne que ya habían sido habilitados y estaban cargados en los barcos. El Lousteau de entonces nos recuerda al Kulfas de ahora, que pone la cara frente al sector aunque entienda poco del negocio específico, tratando de actuar con algo de racionalidad cuando son otros los que dan las órdenes y redactan las resoluciones.

Es lo que sucedió en las últimas horas, según denunció Fantini (preocupado por las fuentes de trabajo en los frigoríficos exportadores) y confirmaron a Bichos de Campo fuentes de la industria frigorífica exportadora. “Están mandando para atrás contenedores que ya estaban en el puerto para cargar, con todos los papeles aduaneros en regla”, describió una fuente, que sin embargo no pudo confirmar los elevados volúmenes establecidos por el sindicalista.

La Mesa de las Carnes pide eliminar “todas las restricciones” y recuerda que los exportadores reciben apenas la mitad de lo que les corresponde por la “doble retención”

Como en aquella ocasión de 2008, nadie se hacía cargo de haber dado la orden y mucho menos había un comunicado de prensa.

El rechazo de los contenedores era la política aplicada por la Aduana desde que el miércoles temprano se conoció el decreto 408/2021, que estableció la creación de un nuevo sistema de cupos para la exportación de carne que apunta a reducir a la mitad, al menos hasta fin de agosto, los envíos de 2020.

Y eso a pesar de que el artículo 4° de ese decreto firmado por Alberto y los ministros Kulfas y Luis Basterra decía clarito que las medidas restrictivas que allí de decidían “alcanzan a toda la mercadería que, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no se encontrare cargada en un medio de transporte que hubiere partido con destino al extranjero”. La interpretación de esa letra puede llegar a ser fatal: si no estaban ya navegando los océanos, jodete.

Los frigoríficos, con estos envíos, trataban de regularizar en parte la situación de incumplimiento con sus clientes en el exterior antes de la entrada en vigencia de los cupos por empresa, que fueron oficializados este viernes por una resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y Producción. La redacción de esa normativa, según pudo saber este medio, corrió por cuenta del vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic (quien en 2008 también ocupaba un alto cargo en el gobierno de Cristina), y el flamante titular de la ex ONCCA. En rigor, Kulfas le pidió a Luciano Zarich que se ocupara esta tarde de explicar a los actores de la carne cómo funcionaría el nuevo sistema de cupos.

Fue en esa reunión que estalló la bronca de Fantini y se conoció el regreso de “la Gran Moreno”. Era lo único que nos faltaba. Si todo sigue como fue entonces, ahora lo que viene son largos años de comercio administrado mediante los ROE, de modo siempre sospechoso.

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Los contenedores modelo 2021 no solo fueron  demorados en el puerto. Según las fuentes, algunos fueron enviados de vuelta al mercado interno cuando la Aduana confirmaba que llevaban alguno de los siete cortes vacunos prohibidos por el nuevo decreto: asado, tapa de asado, vacío, matambre, cuadrada, paleta y falda. Eso sucedió en muchos de los casos.

Los nuevos Morenos del gobierno, al parecer, se enardecieron cuando conocieron los últimos datos del INDEC, que daban cuenta que a pesar del cierre total de las exportaciones de carne decidio por Alberto a partir del 20 de mayo pasado, el volumen de carne embarcado el mes pasad había sido incluso superior al del mes de abril. En efecto, en mayo las exportaciones de carne bovinas fueron de 55 mil toneladas peso producto, un 10% más que el mes anterior, aunque casi 7% menos que en mayo de 2020.

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La cadena de supermercados, uno de los principales adquirentes de ganado en Liniers, volvió a comprar hacienda hoy miércoles sin inconvenientes, pero pagó un precio más bajo que los de la víspera, cuando Alfredo Coto en persona contó a un importante consignatario que recibió un llamado desde el despacho que maneja Paula Español, sugiriéndole que dejara de adquirir hacienda.

El negocio que desató las presiones de los funcionarios encargados de monitorear la inflación se había concretado a 198 pesos por kilopor un lote de novillitos de consumo. Hoy, en un mercado donde es visible la escasez de oferta de hacienda, los representantes de COTO redujeron los valores ofrecidos a 193 pesos por kilogramo

El dato no esconde que el valor de ese tipo de animales haya superado hoy los 200 pesos por kilo vivo. Hay que multiplicar al menos por dos (hasta 400 pesos) el valor de la carne a la salida del frigorífico. Y otro tanto para encontrar un promedio de venta de esos cortes vacunos en las carnicerías y supermercados. La presión al alza del precio de la carne es visible. Por más presiones oficiales que existan.

COTO no desmintió la versión, que fue repetida por diferentes consignatarios que operan en Liniers. En declaraciones al diario La Nación, en tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo negaron pedidos a los operadores o listas sugeridas. “Se viene trabajando mucho en transparentar, modernizar y eficientizar el mercado de carnes. La idea es aumentar la productividad y que en el mediano plazo eso se traslade en una baja en los precios. Lo que se busca es que el mercado crezca, no limitarlo”, indicaron.

De todos modos, el “affaire” COTO fue deplorado por diversas instituciones rurales, que temen que este episodio sea el principio de una saga como la que se vivió a partir de 2006, cuando el ex secretario Guillermo Moreno primero trabó las exportaciones de carne y luego pisó los precios del ganado en el Mercado de Liniers. Eso provocó que durante los siguientes tres años los ganaderos no tuvieran incentivo y liquidaran su hacienda. La carne fue barata durante ese lapso y el consumo abundante. Pero en 2020 subió de golpe 100% porque a la Argentina le habían desaparecido 10 millones de cabezas, una quinta parte de su sotck ganadero.

Como es costumbre, arrancó con las críticas la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que repudió y rechazó “cualquier actitud insensata e intimidatoria que interfiera con el normal desarrollo del Mercado de Liniers”.

“El amedrentamiento a consignatarios  y/o compradores  que operan en el Mercado Físico de Ganados mediante llamados telefónicos  o aprietes, instando a comprar hacienda a valores menores a los del mercado, nos retrotrae a acciones y medidas fracasadas realizadas hace 15 años con nefastas consecuencias por todos conocidas, perdida de 11 millones de cabezas en el rodeo, pérdida de puestos laborales en los frigoríficos y aumento del precio de la carne en mostrador”, recordó la entidad de la región pampeana.

Para Carbap está claro que no será con estas intervenciones que bajarán los precios de la carne. “El origen del tema a solucionar está solamente en las variables inflacionarias y monetarias del país (alta inflación y bajo poder adquisitivo), y que ninguna medida en los mercados podrá resolver las causales del origen”, sostuvo.

Posteriormente, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el cual aseguró que “no será con llamados telefónicos, apretadas o amenazas la forma en que funcionará el comercio de carne, granos, leche u otros productos; es necesario inteligencia, diálogo y una mirada profunda a las causas reales que llevan al proceso inflacionario”. Y añadió que “culpar a un sector, para condenarlo ante la sociedad encierra un prejuicio ideológico inadmisible”.

También la Mesa de Enlace de la Provincia de Córdoba estableció su contundente rechazo:

Comunicado-CEEA-Regional-Cordoba

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Pero justamente por eso, por los costos que pagó, la de CICCRA es una voz que debe ser escuchada ahora que el gobierno de Alberto Fernández parece querer insistir con las mismas recetas que 15 años atrás, y dispuso la creación de un nuevo registro de declaraciones juradas de exportación de carnes (DJEC), que a casi todos les hace acordar a los temibles ROE, los permisos de embarque que administraba Moreno siempre a favor de sus amigos y a los empresarios que no lo cuestionaban.

Pues bien, la cámara de Schiariti emitió un comunicado para “alertar” que las medidas adoptadas por Comercio Interior y el MInisterio de Agricultura, a través de la ex ONCCA, “nos vuelven a llevar al achicamiento primero, y a la destrucción después, de la ganadería de nuestro país”.

“Queremos recordar que la profundización de los ROE (hoy disfrazados de DJEC) en 2008, entre otras medidas, nos llevó a la pérdida de 12,3 millones de cabezas de ganado vacuno y, luego de un corto período, al aumento del precio de la carne en el mercado interno que pasó de 3 pesos por kilo a 12 pesos por kilo”, rememoró la entidad.

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Paras CICCRA está muy claro que las nuevas medidas están “copiadas de las implementadas por la dupla Guillermo Moreno-Cristina Kirchner en 2008”, y que “atacan directamente a la producción ganadera, en una nueva embestida de este Poder Ejecutivo contra el sector agropecuario”.

“Aún tenemos esperanza de que se revean las medidas, porque su implementación sin dudas generará caída de las exportaciones, con pérdidas de 500 millones de dólares sólo en el presente año y un proceso de retroceso de nuestra producción de carne vacuna, con pérdida de riqueza, empleo y arraigo en el interior de nuestro país”, se lamentó el directivo industrial que supo criticar a Moreno.

Como evidencia, Miguel recordó que en 2015 -debido a la gran liquidación ganadera que provocó Moreno con sus intervenciones en el mercado- la Argentina llegó a exportar un mínimo histórico de 7% de las 2,7 millones de toneladas producidas, por un valor de 870 millones de dólares.

En comparación, sin los ROE eliminados desde fines de ese año 2015, “en 2019 exportamos el 27% de 3,1 millones de toneladas, por un valor de 3.100 millones de dólares”.

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“Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, define el artículo 1° de la resolución conjunta 3/2021. Es decir, lo mismo que los ROE instrumentados por el primer gobierno kirchnerista en 2006: las exportaciones de carne debían declararse de antemano y recién se autorizaban luego de chequear la información presentada por cada operador. De modo claro, una barrera a la exportación.

Es decir que los exportadores de carne, como si traficaran drogas o acaso órganos humanos, deberán avisarle al Estado lo que están a punto de hacer, como si se tratara de un ilícito o de algo peligroso. “¡Ey amigo, rati! Confieso que voy a exportar carne…”

Las autoridades económicas, que según sus propias declaraciones estaban supuestamente preocupadas por el aumento de los precios de la carne vacuna primero, y después porque algunos individuos de ese negocio subfacturaban sus exportaciones, habían anticipado la semana pasada la creación de este nuevo registro, pero solo limitado a los cortes bovinos de exportación. Ahora no se les escapará nada, ni las cabras saltarinas ni los pollos cacareadores.

Conocida la letra chica, la primera sorpresa ha sido que todas las exportaciones, de todos los tipos de carnes, deberán ser declaradas ante la oficialidad: “Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y Gallus domesticus”.

¡Que no se te olvide declarar el Gallus Domesticus (que no es otra cosa que el pollo), malandra!

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Los ROE ahora se denominan DJEC, que es mucho más chic. Pero ya no se limitan a los cortes de carne vacuna, como sucedía en la época de Guillermo Moreno, sino que se extienden a todo tipo de carnes. Incluso a las que casi no se exportan, como la caprina.

Ojito: “La Autoridad de Aplicación podrá ampliar el alcance a propuesta de alguna de las instituciones que conforman la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización, o en ejercicio de sus propias competencias”, avisan desde el gobierno, advirtiendo con severidad que también que muy pronto podrían exigirse declaraciones para las exportaciones de carne de ñandú o de camélidos. Es que no se pueden quedar los argentinos sin salamines de llama.

¿Qué serán la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización que con tanta pompa se anuncian? Suspenso.

¿Y qué habrá que declarar, señor comisario? El artículo 2° lo dice clarito: Se deberá presentar ante las autoridades pertinentes una declaración jurada conteniendo el período de embarque de la mercadería (en este caso la carne); los datos identificatorios del exportador; el tipo de mercadería (se refiere a la especie ganadera); el tipo de carga (enfriada o congelada); el volumen en toneladas; el Precio FOB oficial (algo que no existe en carnes, aunque sí en granos); la fecha de cada venta; los datos de identidad del comprador; si se trata de un intermediario o del destinatario final; el país de destino de la mercadería y todo eso. En rigor, deberá informar todos los detalles de los delitos que se le imputan.

También en la Declaración Jurada deberá aclarar el peligroso exportador si es sujeto obligado de informar en el Sistema Informático para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE); No sabemos qué es eso, pero si acaso el sujeto fuera parte y “sea productor para el mercado interno, también deberá informar el volumen de lo comercializado en los últimos dos meses”.

Porque no solo es delito exportar. También es grave vender carne a los propios argentinos. ¡A nosotros no se nos escapa nada, sotreta!

¿A dónde deberá presentarse esa declaración jurada? Ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, o la ex ONCCA, que ya había sido disuelta en 2011 por un decreto de Cristina Kirchner por incontables actos de corrupción, pero luego fue resucitada por el gobierno de Cambiemos para intentar dar transparencia a las diferentes cadenas agroalimentarias. Son paradojas, no jodan con eso a esta hora.

La ex ONCCA podrá determinar el procedimiento y el plazo de vigencia de la flamante DJEC, así como también “dictará las normas complementarias para una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias”.

No aclare que oscurece, amigo sargento.

Y como allí les encanta crear programas de computación, también este organismo “implementará un sistema informático para dar cumplimiento a la medida dispuesta en la presente”. Ricardo Echegaray, que administró la ex ONCCA en 2008 y otorgaba los ROE a discreción, también creó un sistema propio llamado Jauke que le permitía perforar la base de datos desde una ONCCA Paralela.

¡Qué lindo es promover la industria del software!

¿Y para qué servirá que los delincuentes, esos porfiados exportadores de carnes, confiesen su delito antes de cometerlo? Pues en al artículo 4° se explica que -en base a sus declaraciones o confesiones- la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior “instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las DJEC con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos”.

Además, la norma establece que Comercio Interior, a  cargo ahora de Paula Español y no ya del Guillermo Moreno, quien en su gestión alimentó un circuito paralelo de venta de ROE, “podrá requerir a los sujetos obligados por el presente régimen toda documentación respaldatoria o complementaria en relación a la finalidad expuesta”.

Por eso, amigo exportador, no salgas sin el DNI de tu casa.

Todo resulta muy parecido a lo que sucedía con los ROE, nacidos por una resolución de 2006 firmada por la ex ministra Felisa Miceli, que informaba que se iban a monitorear las exportaciones de carne vacuna solo con fines estadísticos. Después terminaron siendo un cepo absolutamente discrecional para que unos exportaran y otros no. Para que se fundieran miles de ganaderos y más de un centenar de frigoríficos. Para que se perdieran varios millones de cabezas de ganado y miles de puestos de trabajo en la industria de la carne.

Los actores son todos los mismos de antaño, más allá de los cambios de nombres y de gobiernos. Por un lado, dice la resolución que se creará a “Comisión Mixta de Seguimiento”, integrada por la Secretaría de Comercio Interior y la ex ONCCA, pero además con la invitación exclusiva a la AFIP para participar. Esa comisión, se supone, “tendrá por finalidad relevar y proponer los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y evaluar periódicamente la evolución de los precios”. Es algo que ya venía haciendo la Aduana, solita y sin problemas. De hecho, hay precios de referencia en vigencia.

Para evitar subfacturación y maniobras con las divisas, el gobierno estableció valores de referencia para la carne vacuna enviada a China

También nacerá una “Comisión Mixta de Fiscalización”, donde estará el mismo viejo Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Comercio Interior, y la ex ONCCA por el Ministerio de Agricultura. Pero a diferencia de aquellas épocas, se invitará también a que esta vez se sumen al Senasa y el Banco Central y por supuesto la propia AFIP, como para que nadie falte a los festejos. Este comisión, se supone, “se reunirá periódicamente para verificar y fiscalizar el cumplimiento de la medida implementada en la presente resolución conjunta”.

Orden y progreso, que carachos. No puede ser que la delincuencia exporta carne, así, con tanta impunidad. Como si fuera una zona liberada.

“La medida establecida por la presente propenderá a un ordenamiento de la actividad exportadora de la carne y sus subproductos, facilitando un control más eficaz del sector y la recepción de información oportuna y sistematizada para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y, al mismo tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna”, se explica en los preámbulos de la resolución.

No podrán decir luego que el comisario no le avisó que ya dentro de la celda los iban a cagar a palos.

La entrada Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot: Los ROE ahora se denominan DJEC e incluyen a todos los tipos de carnes se publicó primero en Bichos de Campo.

¿Cómo era ese mecanismo? El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manejaba la UCESCI, un organismo que se hizo cargo de algunas tareas residuales de la ex ONCCA, eliminada en 2011 por Cristina para ocultar los casos de corrupción denunciados allí. Entre esas tareas estaba la administración de los permisos de exportación. Las empresas de granos, carnes y lácteos debían ir a la UCESCI para pedir un ROE, ya sea Verde, Rojo o Blanco, cuando querían exportar.

En la UCESCI había quienes hacían su trámite normalmente, por ventanilla, y muchas veces no conseguían el permiso. Pero también había un ducto muy aceitado a través del cual los ROE salían sin el menor control. Y es que Moreno, años antes, había encomendado a su amigo empresario Ider Peretti, un ruralista K a quien ungió como presidente de la vieja CGE (Confederación General Económica), crear una cámara especial de “cerealeras nacionales”. Luego, a este grupo le asignaba especialmente a ellos el 30% de los embarques de trigo y maíz. Una fortuna en exportaciones.

Entre 2012 y 2015 la CAPECO, tal el nombre de esa entidad, se pobló de nombres desconocidos para el comercio de granos. Y la Argentina, de golpe y porrazo, pasó de tener unos 40 exportadoras de trigo a más de cien. Un éxito de la política agroexportadora acuñado en base a… pagos en efectivo que se debían hacer directamente en el edificio de la CGE por los ROE asignados a cada empresa.

El festival de los ROE Verde: Peretti repartió al menos 7,6 millones de toneladas entre más de 100 firmas dudosas

Esta historia es vieja y, por supuesto, la justicia casi no investigó a pesar de la abundancia de pruebas. Los dedos quedaron marcados por todos lados. A punto tal que en 2016, cuando cambió el gobierno, Íder Perettoi se fugó de la CGE y lo primero que hizo es comprarse un campo, en dólares y en efectivo.

¿Por qué traemos a la memoria este recuerdo? Básicamente porque en estos días se ha vuelto a hablar de la aplicación de estos ROE y porque este lunes el Ministerio de Agricultura impuso nuevas exigencias a los exportadores de granos, lácteos y carnes que no tengan planta ni instalaciones. Se las pedirá para que mantengan su matrícula en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Y esa es una condición si quieren trabajar en regla y exportar.

Entre 2011 y 2015, en aquel momento en que los ROE se repartían a empresas amigas de Peretti a cambio de jugosas comisiones, también era un requisito indispensable para recibir esos permisos estar matriculado en el RUCA, un registro que depende del Ministerio de Agricultura y es administrado por la ex ONCCA residual que quedó en esa cartera. Ese filtro es el mismo que ahora exige condiciones abusivas solo para algunos operadores: mostrar sus cuentas bancarias o declarar a quién le van a vender con un año de anticipación.

Lo curioso es que quien maneja el RUCA ahora es el mismo que lo administraba antes, en tiempos del festival de ROE truchos de Guillermo Moreno.

La última trinchera: Una pequeña guía para entender los cambios en Agricultura

Se trata de un contador que desde hace rato es empleado del Estado. Se llama Luciano Zarich, quien en marzo pasado fue designado como nuevo titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), el organismo del cual depende la administración del RUCA. Antes tuvo un breve momento de fama en 2020, cuando el Ejecutivo lo envió a Avellaneda, Santa Fe, para comandar el malogrado desembarco estatal en la aceitera Vicentin, que la justicia finalmente rechazó.

Unos años antes Zarich había sido nombrado, por decreto 659 del 7 de mayo de 2014 como Director Nacional de Matriculación y Fiscalización del Ministerio de Agricultura. Es decir, se ocupaba directamente de la gestión del RUCA.

Como parte de mis investigaciones en torno a las empresas sospechosas de recibir ROE a cambio de coimas, tuve que preguntarme varias veces por qué algunas firmas que claramente no producían granos ni eran cerealeras exportadoras sí habían sido habilitados para figurar en el RUCA. La responsabilidad sobre ese trámite recaía directamente sobre Zarich, quien ahora vuelve a tener la misma función e incluso más importante.

Un año antes del cambio de gobierno, en diciembre de 2014, publiqué en Clarín, el medio para el cual trabajaba, la historia de Josema Group. Desde entonces que le pregunto públicamente a Zarich con cierta frecuencia cuáles fueron los argumentos para incorporar esa firma en el RUCA, ya que la misma había recibido ROE para exportar 520 toneladas de arroz y 400 toneladas de soja. No era un gran volumen, pero la pregunta correspondía: Josema Group sido creada en 2012 por dos mujeres que declararon domicilios falsos. Su sede social era un domicilio, la calle Vilarino 2458 Piso 2 CABA, que tampoco existía.

Siguiendo los nombres de dichas mujeres, las direcciones declaradas y la de los contadores que participaron de los trámites aparecieron nuevas empresas truchas: Zulona SA, Artciru SA, Zulona Group SA, La Duquesa Group SA. Alguna de ellas también había sido habilitada en el RUCA que administraba Zarich.

El contador entronizado ahora en la ex ONCCA no respondió nunca a mis preguntas. Pero a los pocos días de aquellas notas, todos los rastros sobre Josema Group y sus primas fueron borrados del registro que él manejaba, y que servía de base para la posterior asignación corrupta de los ROE.

Hay otro ejemplo. Lo presenté en el Congreso de CRA de 2015, en Santa Fe, durante charla al que fui convocado junto al prestigioso Hugo Alconada Mon, un periodista de investigación en serio que finalmente me ganó el tercer premio FOPEA con su investigación sobre Cristóbal López y le evasión de miles de millones en impuestos a las naftas.

Se trataba del caso de la empresa WEAR SRL, que también había recibido de la UCESCI los permisos para exportar 2.000 toneladas de trigo en abril de ese mismo año. Era una firma recontra trucha, que también había atravesado milagrosamente todos los filtros. Si quieren reconstruir esa presentación, aquí va:

No puedo decir que el contador Zarich haya sido parte de esas maniobras. No tengo pruebas ni ánimo de acusarlo. Pero sí puedo afirmar que cuando le tocó hacer el trabajo de administrar el RUCA y controlar a los operadores allí matriculados, como vuelve a hacerlo ahora con mayores exigencias, lo hizo mal, muy mal. Por lo visto controlaba poco y nada. Se le cruzaron por delante de los ojos algunas empresas a todas luces truchas, que después terminaban siendo parta del festival de corrupción en la venta de ROE que habían impulsado Guillermo Moreno y su socio privado de la CAPECO.

No es un buen antecedente como para poder confiar en que los nuevos controles que ahora impulsa el Ministerio de Agricultura conducirán a un buen puerto. Todo lo contrario.

La entrada Luciano Zarich, quien debe controlar a las exportadoras, ya lo hizo en el pasado: Las empresas truchas que recibían ROE le pasaban por delante de los ojos se publicó primero en Bichos de Campo.

La historia ya determinó sobradamente que cuando Néstor Kirchner y Guillermo Moreno intervinieron las exportaciones de carne vacuna -entre 2006 y 2009- los resultados fueron catastróficos para la cadena de ganados y carnes: se perdieron 8 millones de cabezas de ganado, cerraron más de 100 frigoríficos y se perdieron 20 mil puestos de trabajo especializado, además de que se fundieron miles de pequeños productores y los precios del alimento finalmente subieron. No hace falta machacar con esto. Existe la estadística.

Ver Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

Pero también hubo ganadores en aquel dramático proceso. Un grupo de grandes frigoríficos (varios de los cuales habían pasado a manos extranjeras poco tiempo antes) hicieron enormes diferencias con los cierres temporales de las exportaciones. Sabían cuando comprar hacienda y cuando vender la carne. Recibían de modo más que oportuno los ROE (permisos de exportación) y hasta cobraron subsidios de la ex ONCCA. Pese a que el país reduciría a partir de 2010 a expresiones mínimas su negocio de exportación de carne (se cayó hasta el 5% de la producción total), en los años de intervención ese grupo de empresa tuvo s enormes ganancias y hasta eran récord los embarques debido a la gran liquidación.

Perdían los ganaderos. Ganaban los grandes frigoríficos exportadores. Después perdieron todos. No podemos ignorar ese detalle.

En aquel momento, Guillermo Moreno montó una “escuelita”, que era una reunión semanal donde tenían que acudir los integrantes de la cadena que quisieran ser parte de ese juego o acaso sobrevivir en el reinado de la discrecionalidad. Los que criticaban la intervención quedaron afuera, marginados. Muchos dirigentes alumnos agachaban la cabeza y mantenían silencio, resignados. Pero había otros que aprovechaban su cercanía con el poderoso funcionario. Negociaban y le prometían “carne barata” en los supermercados, para que el INDEC  -intervenido por el propio Moreno- pudiera tomar de allí los precios que le permitieran construir un índice mentiroso de inflación.

La gente usualmente no encontraba aquella carne barata. Y cuando lo hacía era en bandejitas de pura grasa.

La historia, dicen, se repite como farsa. Desde principios de año rige un “acuerdo de precios” para vender una serie de cortes populares a precios de diciembre. Es decir, el asado debe ser colocado a 400 pesos por kilo, cuando en el resto del mercado vale 590. Los volúmenes no son grandes sino todo lo contrario: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC y los supermercados (la mayoría tiene faena propia) pactaron con Comercio Interior, a cargo ahora de Paula Español, colocar 6.000 toneladas de carne por mes a bajos precios, lo que es el equivalente a 2 o 3% del consumo total. Se venden solo en las grandes cadenas, con lo cual los minoristas se quejan de la competencia desleal.

Por suerte, al menos por ahora, el INDEC no toma esos valores, y por eso el IPC sigue mostrando que la carne vacuna siguió subiendo este primer trimestre de 2021.

Y como la carne sigue subiendo -por una serie de factores- el Gabinete Económico anunció este jueves una nueva ofensiva y la reimplantación de un registro de exportadores: se comenzará así a monitorear los embarques desde Comercio Exterior, al tiempo que se extremarían los recaudos para inscribir operadores en el RUCA, el registro de la cadena agroalimentaria que funciona en el Ministerio de Agricultura. Quien no figura allí no podrá exportar.

La excusa de las autoridades para extremar estos controles es evitar un delito: posibles maniobras de subfacturación de las exportaciones. Pero el riesgo de que ese monitoreo termine por complicarles las exportaciones a unos y beneficie a otros quedó más latente que nunca, a pesar de las promesas de transparencia de las autoridades. ¿Por qué creer a funcionarios que dicen que no van a obstaculizar las exportaciones cuando ya lo hicieron en el pasado reciente y jamás expresaron autocrítica o arrepentimiento?

Ver Paula Español avisa que “no se van a prohibir ni limitar exportaciones siempre y cuando tengamos un buen cuidado del mercado interno”

Moreno no está. Y la escuelita ya no abre sus puertas. Pero en la negociación con las nuevas autoridades de Comercio Interior no participan todos los integrantes del sector, sino los mismos de siempre que ya se vieron beneficiados en el pasado: los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. El acuerdo de precios es solamente con ellos y los supermercados, con los cuales son como primos hermanos. A la par, este sector de la industria (que representa 75% de los embarques, pero solo 30% de la faena) logra imponer sus recetas, como la prohibición de la media res a partir de 2022.

Desde 2015 a esta parte funcionó un conglomerado de organizaciones llamado Mesa de las Carnes, donde están los productores, los consignatarios, los matarifes, los frigoríficos del consumo y también los exportadores nucleados en el Consorcio ABC. Ese bloque se dio el lujo, durante el gobierno pasado, de reunirse hasta una decena de veces con el presidente Mauricio Macri, para revisar la agenda del sector. Llegó Alberto y no hubo nunca más una reunión, a pesar de que la Mesa cambió al coordinador, buscando en la figura de Dardo Chiesa, el ex presidente de CRA, un dirigente más moderado que pudiera lograr mantener las vías de diálogo con el muevo gobierno.

Nada de eso sucedió. En el primer acuerdo de precios de diciembre pasado, la Mesa de las Carnes ni siquiera opinó y lo suscribieron solamente el Consorcio ABC y otras cámaras frigoríficas que se comprometieron a abastecer de cortes baratos el Mercado Central, como UNICA, FIFRA y CADIF. Estas últimas parece haber sido desplazadas ahora en esta nueva negociación para extender el acuerdo solicitado por Paula Español. Es decir, el gobierno tiene ahora solamente un solo interlocutor: el Consorcio ABC que preside Mario Ravettino.

Es muy interesante, en este contexto, releer la editorial que escribió horas antes del anuncio sobre un nuevo registro de exportaciones el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael. En esas líneas, el empresario más vinculado a los operadores que proveen de carne al conurbano bonaerense hablaba de una evidente tensión entre “mercado interno y exportación”, especialmente “a partir de la disparidad de condiciones que el sector de matarifes debe afrontar frente a los grandes frigoríficos exportadores al momento de comprar hacienda, situación que impacta de manera directa en los precios de venta al público”.

Rafael representa a operadores que mueven miles de cabezas de ganado pero que no suelen tener una planta propia, por lo cual contratan el servicio de faena de un tercero. Ese sector se viene quejando porque mientras los grandes frigoríficos vienen ganando posiciones en el mercado interno (por ejemplo, a través de los acuerdos de precios con Comercio Interior), a ellos se les hace cuesta arriba convertirse en exportadores.

“Nuestro eslabón está listo para acceder a los mercados externos, hemos realizado inversiones y cumplimos al pie de la letra con los requisitos sanitarios para llegar a todo el mundo con el fruto de nuestro trabajo. Pero vemos con preocupación cómo se cierran las puertas, tanto desde el Estado como el sector privado”, estableció su directivo en la editorial, y luego preguntó: “¿Será muy fuerte la presión de los principales jugadores del negocio de la carne vacuna, para que no habiliten ninguna planta más y se consolide un monopolio exportador?”

A las horas de divulgada esta editorial, el gobierno anunciaba los nuevos registros en Comercio Interior y mayores controles en el RUCA. Allí, días antes, las autoridades de Agricultura designaron a un contador llamado Luciano Zarich y de inmediato comenzaron a suceder cosas sospechosas y poco transparentes (o al menos pésimamente explicadas): “Se han suspendido las actividades de 15 empresas exportadoras de carne”, informó el propio gobierno, sin jamás dar a conocer el nombre de esas empresas ni precisar qué falta cometieron. Tan burda era la información de Agricultura que ni siquiera definía de qué registro se las había suspendido, pues esos “exportadores sin planta” ni siquiera estaban inscriptos en el RUCA.

¿Puede ser el RUCA utilizado como filtro para que unos puedan exportar y otros queden inhabilitados para hacerlo? Es una posibilidad concreta. También es cierto que los matarifes representados por Rafael vienen tropezando con una segunda piedra, a la hora de pedir la habilitación sanitaria del Senasa para algunas plantas de faena con las que trabajan.

A diciembre de 2020, según estableció la CAMyA, había unos 82 matarifes abastecedores que contaban con matrícula para exportar y hasta había 14 de ellos que integraban grupos de productores de Cuota Hilton, casi la mitad de los existentes. Pero al parecer había algunos más querían ingresar al negocio dominado por los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. Esto era lo que planteaba Rafael en su editorial: “Desde el 2018, el Senasa habilitó algunas plantas para exportaciones puntuales, pero en líneas generales no se abrió el juego para los frigoríficos del mercado interno que están en carpeta para comercializar a China”.

Los matarifes argumentan incluso que si se los dejara exportar también podrían subsidiar cortes de consumo a precios populares, como hacen exclusivamente los socios del Consorcio ABC. “Nuestra participación en este plan de rebajas nos permitiría llegar a donde los exportadores no pueden: al bolsillo de los sectores con menos recursos”, escribió Rafael..

“Los frigoríficos del mercado interno, responsables del 80% de la carne que llega a la mesa de los argentinos, reclamamos nuestro espacio a la hora de abrir el juego exportador. Estamos preparados”, añadió el presidente de la Cámara de Matarifes, dejando expuesto que ahora -como en tiempos de Moreno- podría haber hijos y entenados a la hora de acercarse a negociar con el gobierno.

Queda flotando una pregunta obvia, ahora que al parecer habrá nuevos controles de precios y hasta un nuevo registro de exportaciones como fueron los ROE. ¿Por qué no se reúne el gobierno con toda la Mesa de la Carne y se sacan todos estos trapitos al sol? ¿Por qué los acuerdos de precios no incluyen a todos los operadores?

Es lo que debería suceder: Cualquier manual básico de política pública exige a los funcionarios definir una política transparente y aplicar una ley pareja para todos.

La entrada Peleas y sospechas detrás de los nuevos controles a la carne: Matarifes denuncian que los grandes frigoríficos quieren armar un “monopolio exportador” se publicó primero en Bichos de Campo.

“El espíritu del SIPRE es obtener información para evitar desequilibrios en la cadena de comercialización entre los distintos eslabones que la componen y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios que afectan la economía de los hogares argentinos”, indicó la dependencia conducida por Paula Español.

Según establece la resolución 237/21 publicada el Boletín Oficial, las empresas más grandes deberán informar mensualmente, bajo declaración jurada, los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible. Esta información será reservada y confidencial.

“Establécese que todas las empresas de los sectores del comercio y de la industria que durante el año 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno superiores a la suma establecida mediante la Resolución 220 de fecha 12 de abril de 2019 deberán informar mensualmente en el SIPRE los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, hasta tanto se mantenga la emergencia declarada por la Ley 27.541”. Eso dispone al segundo artículo de la medida.

Para traducir, la medida alcanza a aquellas compañías del sector de la construcción que facturen más de 965.460.000 pesos por año; las del sector comercio que facturen más de 2.602.540.000 pesos por año; y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor a 2.540.380.000 pesos. En este último capítulo ingresan las alimenticias.

De todos modos se aclaró que “los rubros específicos que abarcará el SIPRE serán definidos en disposiciones subsiguientes que se publicarán en los próximos días”.

El gobierno dijo que el objetivo del nuevo sistema de precios “es dotar al Estado Nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior para disponer de un sistema de alertas tempranas ante los faltantes de mercadería que puedan producirse y actuar de manera coordinada para evitar escasez de ofertas de productos e insumos”.

“También permitirá optimizar la planificación de políticas públicas dirigidas al mercado interno con el fin de generar incentivos específicos y focalizados para los sectores económicos. Busca fortalecer el mercado interno y proteger el derecho de las y los consumidores”, se agregó.

La entrada Déjà vu: Las grandes empresas deberán informar a Comercio Interior los precios y cantidades vendidas se publicó primero en Bichos de Campo.

Arrancaron con la carne vacuna y fue muy parecido a esto de ahora: primero cierre completo de las exportaciones (Néstor lo anunció en marzo de 2006) y luego se establece un sistema administrado del comercio. Después siguieron los granos y lácteos. Hubo ROE Rojo, Verde y Blanco.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

En esa misma etapa, Guillermo Moreno era el poderoso secretario de Comercio y se hizo instalar en su despacho una terminal con acceso al sistema de administración de esos ROE: es decir, había que atravesar el filtro de Echegaray y Moreno para poder exportar carne, leche o soja.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

Los efectos concretos de la aplicación de ROE fueron lapidarios. Entre 2006 y 2009, Argentina vivió una feroz liquidación ganadera: los productores se desprendían de las vacas porque no valían nada. Así había menos terneros. El stock ganadero cayó de 58 a 48 millones de cabezas.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

En 2013 Cristina ensayó una "formalización" del sistema: en trigo y el maíz decidió que una parte de los ROE serían para cooperativas agrícolas y pymes nacionales. Para eso, el adlátere de Moreno, Guillermo Moreno, creó una cámara especial: la CAPECO.https://t.co/0nBrqODA3y

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

Por supuesto, la CAPECO dejó de existir ni bien terminó el gobierno de Cristina en 2015. Macri asumió y derogó los ROE. Y el amigo de Moreno se volvió a sus pagos pero llegó a comprarse en efectivo un campito por el que pagó al menos 1 millón de dólares.https://t.co/IekF4PooNu

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

Anoche, ni bien Agricultura anunció que se podrían exportar solo 30 mil toneladas de maíz por día, pregunté a su vocero Osvaldo Smaldone cómo se repartiría ese cupo, bajo qué normas, con qué controles. No me respondió nada todavía, pero algún instrumento tienen que generar.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021

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