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La entrada Por la crisis del Covid 19, en el país llegan a 1,7 millones las personas que pasan hambre: La FAO afirma que la Argentina trabaja bien para “superar esta situación” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La primera gran conclusión de este reporte es que la pandemia por Covid 19 aumentó el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Y, en este contexto, América Latina y el Caribe no fueron la excepción: el porcentaje de personas que sufren hambre en la región pasó del 8.3% en el bienio 2017-2019 al 8.9% en 2018-2020, lo que significa que alrededor de 57.6 millones de personas tienen hambre.

“Los datos del SOFI 2021 implican un retroceso de por lo menos 20 años, es decir, que la región volvió a los niveles de hambre que tenía en el año 2000”, resumió Tito Efraín Díaz, representante interino de la FAO en Argentina. Y advirtió: “Los niveles de inseguridad alimentaria moderada y grave pasaron de 32.3% a 34.8% en el mismo período, lo que significa que 225.8 millones de personas no tuvieron acceso suficiente a los alimentos”.
Al mismo tiempo, la crisis alimentaria también se reflejó en un aumento del sobrepeso como consecuencia de la mala alimentación y el incremento en el costo de los alimentos, sobre todo de los saludables.
En este escenario, la Argentina también sufrió las consecuencias de la pandemia sobre la seguridad alimentaria, pero sus indicadores son mejores que los del promedio de los países de Sudamérica. Pese a los esfuerzos del Gobierno nacional y las provincias, la subalimentación pasó aquí del 3.5% al 3.9% de la población (es decir, 1.7 millones de personas que se clasifican en condición de hambre) y la inseguridad alimentaria afectó al 35.8% de la población (unas 16 millones de personas).
“El hambre y la inseguridad alimentaria golpearon más fuerte a las mujeres, los niños y niñas, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, confirmando la alta vulnerabilidad de estos grupos sociales relacionada a los niveles pobreza”, explicó Díaz. “Sin embargo, aunque estas cifras son preocupantes, hay motivos para anticipar que Argentina superará esta situación dado que está desarrollando un conjunto de medidas de política social y económica para hacer frente a esta crisis”, consideró.

Algunas de estas medidas son la ampliación de la cobertura de la tarjeta Alimentar, los programas de alimentación escolar, los programas focalizados en mujeres y jóvenes y el fortalecimiento de redes de agricultores familiares proveedores de programas de compras públicas que garantizan el acceso a los alimentos a miles de personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en territorios y comunidades vulnerables.
Además, la Argentina ha iniciado el proceso de actualización de las Guías Alimentarias con foco en la sostenibilidad, instrumento de apoyo a políticas de seguridad alimentaria y nutricional que definen las dietas saludables y orientan políticas sectoriales. Mención especial para la FAO merecen las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que lograron mantener las economías locales y garantizar la provisión de alimentos para la gran mayoría de los argentinos en las zonas urbanas y rurales.

“Desde la FAO reconocemos el esfuerzo del Gobierno, de los agricultores familiares y de los pequeños y medianos empresarios del campo para garantizar el abastecimiento de alimentos pese a las dificultades y restricciones impuestas por la pandemia”, determinó Díaz.
“En el marco del Acuerdo de cooperación firmado entre el presidente Alberto Fernández y el director general de la FAO, QU Dongyu, para apoyar la recuperación económica del país, trabajamos en alianza con nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, en un conjunto de políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional, y de producción sostenible de alimentos que hacen parte del Plan Argentina contra el Hambre”, explicó el funcionario internacional.
Al mismo tiempo el nuevo representante destacó que la FAO, como agencia implementadora de un gran proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, trabaja de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la protección de los ecosistemas y la adaptación del sector agropecuario y forestal al cambio climático.
“Todo esto contribuirá a recuperar la economía, la senda de la erradicación del hambre y permitirá impulsar sistemas agroalimentarios eficientes, sostenibles e inclusivos, con base en el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas disponibles”, sintetizó Díaz.
Luego explicó que “garantizar el acceso a alimentos saludables a toda la población y consolidar el liderazgo de Argentina como país productor y exportador de alimentos comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las metas del país que apoyamos con la agenda de cooperación de la FAO en Argentina”.
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]]>La entrada Dejen de joder con que alimentamos a 400 millones de personas: Hay casi 6 millones de argentinos con “inseguridad alimentaria grave” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ya no es así y deberíamos sentir algo de vergüenza por eso. La Argentina fue tan mencionada en este documento global porque ha sido una de las peores alumnas en la aplicación de políticas alimentarias tan pregonadas por la ONU en lo que va de este milenio.
Este cuadro que resume la situación de la subalimentación en el mundo y en toda la región, es una prueba cabal. Hay aquí y ahora 1,7 millones de personas con problemas de subnutrición (comer menos de lo que se debe). Son medio millón de personas más en esa condición de las que había en la crisis de 2001/02. Patéticos, si entonces la subalimentación afectaba a solo 3,1% de la población, ahora llega a casi 4% (3,8%).

Se considera como “subalimentación” a la proporción de personas del total de la población que carece de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa durante un año.
No es el único papelón. El Panorama alimentario analiza la Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región. En América Latina, 191 millones de personas se vieron afectadas por inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2019. De ellos, casi dos terceras partes (122 millones) viven en Sudamérica y 69,7 millones en América Central.
En esta estadística la Argentina vuelve a dar la nota. “En Argentina, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave creció 16,6 puntos porcentuales. El país prácticamente ha duplicado la población total afectada y ha sumado 3,2 millones de personas a la inseguridad alimentaria grave”, dice el documento en otra de sus menciones.
¿Qué quiere decir? Que en los últimos seis años, de 2014 para acá, la Argentina pasó de tener 5,8% de su población en situación de inseguridad alimentaria grave (esto es 2,5 millones de personas) a tener en 2019 el 12,9% (esto es 5,9 millones de habitantes). Un fracaso estrepitoso de las políticas sociales y económicas.
Si uno toma el porcentaje de la población argentina con una situación de inseguridad alimentaria de moderada a grave llega ahora al 35,8% (15,9 millones de personas). A nivel mundial, con Burundi incluido, el promedio es diez puntos menor, de 25,5%. El país que produce alimentos para todo el mundo está mucho peor que el promedio, incluso que aquellos países en los que faltan alimentos.

A los efectos de elaborar esta estadística, se considera “Inseguridad alimentaria grave” al nivel de inseguridad alimentaria en el cual las personas probablemente se han quedado sin alimentos, sufren hambre y, en el caso más extremo, pasan días sin comer. En tanto, la “Inseguridad alimentaria moderada” es aquella donde las personas afrontan incertidumbres con respecto a su capacidad de obtener alimentos y, en ciertas épocas del año, se ven obligadas a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen por carecer de dinero o de otros recursos.
Lo dicho: en el país que se dice capaz de alimentar a 400 millones de personas, hay 1,7 millones de personas con signos evidentes de subalimentación, otros 5,7 millones de habitantes con problemas serios de acceso a los alimentos. Y finalmente 15,9 millones que deben esforzarse mucho por conseguirlos.
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]]>La entrada Ricardo Rapallo, experto de la FAO, lamenta que sea “más fácil comer mal que bien”: Lo sano sale 60% más caro se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Sin embargo, Rapallo reconoció que el acceso económico explica buena parte del problema en la región. “Según un estudio de la FAO, la estimación a nivel mundial es que el costo de una dieta saludable es cinco veces más cara que una dieta mínima de energías. Y por lo tanto el costo es un factor determinante para muchos”, dijo. En promedio, los precios de una canasta saludable son 60% más caros que los que pagan actualmente la población.
“Los problemas de malnutrición son más acuciantes que en otras regiones del mundo, lo que de algún modo puede explicarse, por los niveles de desigualdad que siguen presentes en muchos países”, agregó el oficial de la FAO. esta organización internacional, que dependen de las Naciones Unidas, nació en tiempos de hambruna, luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el hambre es solo uno de los problemas de la humanidad, porque otra buena parte de ella padece de malnutrición y hasta de obesidad.
Mirá la entrevista completa a Ricardo Rapallo:
¿Qué cantidad de personas tiene un acceso complicado a alimentos nutritivos y sanos? Rapallo manifestó que en América Latina y el Caribe “se estima que 140 millones de personas sufren inseguridad alimentaria moderada o grave”.
“Son personas que si bien no sufren el hambre dura, tienen incertidumbres acerca de cómo comer bien todos los días de la semana. Estas son cifras pre Covid-19. Si miramos las previsiones de pobreza de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), hablan de 200 millones de personas que caerán por debajo de la linea de pobreza” luego de la pandemia, aclaró.
La paradoja se hace evidente si tomamos en cuenta que América Latina tiene una capacidad de producción de alimentos muy vasta. “Producimos para alimentar de modo adecuado a muchos mas latinoamericanos y caribeños que los que habitamos hoy día. Es cierto que muchos de esos alimentos se exportan, posiblemente porque encuentran mejor precio afuera o porque no hay tanto consumo interno. Contribuimos, a su vez, a la seguridad alimentaria mundial aunque haya matices entre países”, detalló el especialista.
Entonces, desde la oferta no hay problemas de acuerdo a Rapallo, pero sí los hay desde el acceso económico y también debido a un tema cultural y de acceso físico a tiendas de cercanía.
“Muchas familias prefieren comer mal teniendo ingresos suficientes. Eligen comer muchos procesados ricos en azúcares y grasas. Hay también una cuestión de acceso físico, ya que se identificó que hay ciudades y entornos donde directamente no hay tiendas de cercanía que vendan frutas, verduras y legumbres que permitan diversificar la dieta”, describió.
El funcionario de la FAO reconoció que, “a pesar de ser América Latina y el Caribe, una región que consiguió reducir la desnutrición y el retraso del crecimiento de un modo exitoso comparado contra otras partes del mundo, lideramos en el mundo en crecimiento de obesidad y sobrepeso y todavía las políticas son muy incipientes y no muestran los impactos que esperamos”.
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]]>La entrada Plan Argentina contra el Hambre: Productores familiares, pescadores de río y hasta militantes de Grabois participan con una canasta social y saludable se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En Concordia, como experiencia piloto antes de nacionalizar la experiencia, ya se entregaron 7.000 tarjetas entre beneficiarios del PACH, que desde el viernes pasado -a través de ferias populares- pueden también adquirir esta canasta de productos de la agricultura familiar, según contó a Bichos de Campo Dariela Carlini, agente del programa ProHuerta en esa localidad.

“Cuando se lanzó el Plan, empezamos a pensar cómo fortalecer a los trabajadores de la economía popular, que son productores de alimentos. Ya se distribuyeron 7.000 tarjetas y además empezamos una prueba piloto para implementar a su vez una Canasta llamada Alimentar de la Economía Popular, la cual podrá ser adquirida con importantes beneficios para aquellas familias que cuenten con la Tarjeta Alimentar”, relató Dariela (sí, es con r y no con n).
“Empezamos con unas 100 canastas que contienen pescados, hortalizas, leche, huevos y frutas de la zona. Hicimos gestiones en el Banco Nación para que los trabajadores de la economía popular accedan a una Posnet (para poder cobrar la canasta). Cabe aclarar que todos están registrados en el Monotributo Social. Y lo que queremos es que el dinero se quede en Concordia”, añadió la trabajadora del ProHuerta, un programa coordinado desde los años 90 entre Ministerio de Desarrollo Social y el INTA.
“Con esta prueba piloto de la canasta, logramos que el dinero quede en los productores de la ciudad y logramos el desarrollo de la misma”, enfatizó Carlini,
Escuchá el reportaje completo realizado a Dariela Carlini:
Las ventas de la canasta de pequeños productores y pescadores artesanales comenzó el viernes y continuó el sábado, en dos ferias populares. “Con 60 canastas vendidas en una feria, se lograron facturar en sólo 4 horas unos 100 mil pesos, dinero que quedará circulando entre los trabajadores de la economía popular de Concordia”, se entusiasmó Dariela.
La agente de ProHuerta contó que “este esquema seguirá repitiéndose en otros barrios. No queremos que el dinero se vaya a las grandes cadenas, porque eso no nos genera desarrollo. Nosotros queremos fortalecer ferias del productor al consumidor. Y para eso necesitamos políticas públicas que nos apoyen, articulando con movimientos sociales que nos garanticen productores comprometidos con estas causas”.
Entre los temas pendientes de este sector de la economía citó: “Necesitamos recuperar el Monotributo Social Agropecuario“, que fuera eliminado por el gobierno de Mauricio Macri.
–¿Cómo fue que reaccionaron tan rápido en Concordia para armar esta canasta?
-Hace 10 años que venimos trabajando en una mesa de gestión. Tenemos huertas, horticultores y cooperativas recuperadas. Todos estos grupos vienen de un proceso de apoyo del Programa ProHuerta con proyectos especiales. Por ejemplo, en el caso de los productores hortícolas, existe un proyecto que se aprobó en 2019 por 1 millón de pesos, que contempla un invernáculo para cada horticultor, y una cámara de frío para acopio. Todas estas cuestiones que se fortalecieron con el programa a lo largo de los años, nos permitió pensar en una estrategia conjunta con los productores, articulando a su vez con los movimientos sociales, porque acá creemos que esos movimientos también son parte de la producción.
Cuando Carlini se refirió a las organizaciones sociales, habló puntualmente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rama Rural), que a nivel nacional lidera Juan Grabois, y tiene despliegue en varias comunidades hortícolas y economías regionales. Lautaro Leveratto, coordinador de la Rama Rural) de ese movimiento, celebró el lanzamiento de esta canasta de la economía popular.
La organización compartió el siguiente video en las redes sociales:
“Acá articulamos mucho con estos movimientos porque trabajamos con pescadores, horticultores y feriantes, y gracias a eso pudimos pensar en una canasta y en cómo garantizar el derecho a la alimentación sana para todos aquellos que están recibiendo la tarjeta alimentaria”, contó a Bichos de Campo la promotora del Estado.
Ver: Los productos “agroecológicos” pudieron hacerse un lugarcito en el Plan Argentina contra el Hambre
Según la integrante del Pro Huerta de Concordia, con este operativo “logramos que el 52% de la población que está por debajo de la línea de pobreza acceda a una canasta nutritiva que dignifique la mesa de todas las personas”.
“Pero no nos centraremos sólo en la tarjeta alimentaria, sino también en los salarios sociales complementarios y jubilaciones mínimas, y a pesar de que hoy comenzamos con el reparto de unas 100 canastas, nuestro objetivo es abastecer el 15% de todas las tarjetas alimentarias que se entregaron en Concordia, lo que significa entregar de 1.000 a 1.500 canastas para fin de año. Y además, queremos fortalecer a los productores y demás actores abastecedores, para que provean con sus productos durante todo el año”.
Carlini soñó en grande al ser consultada sobre cómo imaginaba la prospectiva de este programa y del reparto de la canasta alimentaria que lanzaron como piloto. “Me imagino esto replicado en todo el país. Hace años que trabajamos en seguridad alimentaria, y a través de proyectos especiales fomentamos a las organizaciones de productores, a la agroecología y a cadenas cortas de comercialización, del consumidor al productor”, se ilusionó.
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]]>La entrada Piden que las carnicerías se puedan sumar directamente al Plan Argentina contra el Hambre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El gobierno distribuirá en los próximos meses (espera tener la tarea lista en marzo), cerca de 1,5 millones de tarjetas donde se cargará dinero para que 2 millones de personas que sufren de una situación muy vulnerable puedan comprar alimentos básicos. En total el presupuesto anual para este programa será de 60 mil millones de pesos. Expertos del sector frigorífico creen que un 15% de esa suma podría destinarse a la compra de carne vacuna.

Kohn, en esta contexto, indicó que el gobierno debería analizar “una propuesta integradora para luchar contra el hambre desde las bases del sistema de carnes argentinas”. Y explicó: “el sector minorista de carnes argentinas es el que más ligado al pueblo está, ya que se calcula que entre un 60-70% de las ventas al mercado interno se realizan en carnicerías de barrio”.
“Habitualmente los carniceros cumplen un rol social en su pequeña comunidad, fían a la gente con necesidad y siempre están largando cortes de ofertas todas las semanas, también por una cuestión de demanda estacional de determinados cortes”, estableció el empresario.
En la propuesta elaborada hasta ahora por la cadena, que días atrás dio a conocer Bichos de Campo, se plantea la chance de colocar mensualmente en el mercado un volumen de entre 1 y 4 millones de kilos de carne (dependiendo del nivel de adhesión voluntaria del sector) con un descuento adicional de 100 pesos por kilo, para que los beneficiarios del PACH puedan comprar una mayor cantidad de carne con el mismo dinero. Pero este operativo ofrece una red de solo 200 carnicerías seleccionadas en zonas populosas, que además tengan la posibilidad de cobrar sus ventas con este tipo de tarjetas.
Para Kohn, en cambio, “una propuesta superadora sería llamar a inscripción vía página de AFIP a carnicerías de barrio para que reciban la tarjeta alimentaria, para vender 3 o 4 cuatro cortes a 100 pesos menos por kilo del precio habitual de mercado”. Es decir, lo que propone es que todos los carniceros que deseen ser solidarios puedan sumarse al plan y efcetuar sus propios descuentos, al menos en ciertos cortes. “En esta primera etapa propongo puchero especial, paleta , cuadrada y rost beef”, dijo el ganadero y carnicero con base en Tucumán.
En este esquema, “las carnicerías de barrio pueden vender una cantidad determinada a esos precios, lo que además serviría para traccionar la venta de otros cortes”.
Kohn cree que si se amplía el sistema se “genera una sinergia en toda la cadena y se logran ayudas en forma eficiente a los compatriotas que lo necesitan, sin necesidad de subsidios a la industria ni a nadie”.
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]]>La entrada Los productos "agroecológicos" pudieron hacerse un lugarcito en el Plan Argentina contra el Hambre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esta canasta agroecológica contendrá una serie de “productos verdes” que serán provistos por el Grupo de Abastecimiento Local (GAL) de ProHuerta de Concordia. Ese programa es coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el INTA. Y como tiene presencia en muchas regiones del país, se estima que la oferta de “agroecológicos” podrá extenderse cuando el PACH avance en otros distritos.
En ese sentido, el ministro Daniel Arroyo acaba de declarar, sobre la tarjeta alimentaria, que “esperamos para marzo cubrir prácticamente todo el país”.
Lo cierto por ahora es que en la experiencia piloto que se realiza en Concordia los productos de la agroewcología lograron colase y se podrán adquirir desde la semana próxima, según informó el municipio. Concordia, con un índice de pobreza del 52,9%, uno de los más altos del país según el Indec, se convirtió en la primera ciudad del país en la que se instrumentó hace dos semanas la tarjeta de alimentos.
La “Canasta Alimentar de la economía popular” ofrece productos nutritivos y alimentos agroecológicos de productores locales y de emprendimientos regionales, explicaron funcionarios municipales. Estará compuesta por un kilo de hamburguesas de pescado; 2 de arroz; uno de lechuga y otro de tomate; una docena de huevos, dos kilos de zapallo tronco, un zapallo coreano, un atado de verdeo y uno de ciboullete; una sandía y tres kilos de naranja.
Esa canasta estará disponible a un precio promocional y sólo podrá ser adquirido utilizando la Tarjeta Alimentar en ferias de producciones locales y regionales. Las primeras ferias se realizarán el viernes 17 de enero en diversas barriadas de la ciudad entrerriana.
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]]>La entrada Plan Argentina contra el Hambre: ¿Cómo es proyecto de la cadena ganadera para rebajar 100 pesos el kilo de carne a los más pobres? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La idea, que fue desarrollada tras largas horas de trabajo por directivos de CADIF (Cámara Argentina de la Industria Frigorífica) y otras cámaras del sector, fue rápidamente adoptada por un conjunto de productores, consignatarios, feedloteros y faenadores que se reunieron por segunda vez con la coordinación del PACH. Se trata de una iniciativa bastante sencilla de entender: esa carne más barata solo podrá ser vendida a los poseedores de la tarjeta social, que con el mismo dinero que tienen asignado podrán adquirir así mayor cantidad de carne.
El “plan potenciador” del Capítulo Carnes del programa nacional para erradicar el hambre fue discutido el miércoles en una reunión en UNICA, otra cámara del sector frigorífico. Y presentado 24 horas después al equipo de la funcionaria a la que Alberto Fernández le encomendó su principal apuesta social. El gobierno, en rigor, planea destinar unos 60.000 millones de pesos este año para que 2 millones de beneficiarios del sistema administrado por el PACH (mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años) compren alimentos a través de 1.455.000 tarjetas Aliment.ar.
“Si bien los titulares de tarjetas Aliment.ar tienen la libertad de adquirir alimentos y bebidas (excepto alcohólicas) de cualquier tipo en todo negocio minorista que cuente con posibilidad de cobro con tarjeta, naturalmente la mayor demanda de carnes derivada del Plan se concentrará en aquellos locales que ofrezcan los mayores descuentos”, se evaluó en el plan privado al que accedió Bichos de Campo. Por esa razón el sector justamente apuntó sus cañones a ofrecer una cantidad necesaria de carne más barata para atender las necesidades de esa población específica.
Lo que decidió la cadena de la carne es impulsar entonces un “aporte solidario voluntario” entre sus integrantes, sean productores, consignatarios, matarifes o frigoríficos, de manera de poder aportar un piso de 1,2 millones de kilos de carne por mes que costarán 100 pesos menos que el resto de la carne comercializada. Obviamente esa carne más barata solo podrá ser vendida a la población que tenga una tarjeta asignada. Ese volumen es el de mínima, porque se espera poder reunir hasta 4 millones de kilos mensuales.
La iniciativa partió de estimar que el 15% del presupuesto de 60 mil millones de pesos anuales se destinará a la compra de carne vacuna. Esta situación generará una demanda adicional del orden de los 9 mil millones de pesos al año, que es lo que valen 54 millones de kilogramos (base res con hueso) anuales al año, o unos 4,5 millones de kilos gancho por mes.
Como la decisión de participar de este “plan potenciador” será voluntaria, la cantidad final de kilogramos de carne que se vuelquen con descuento a este sistema puede ser variable, en función de la cantidad de adhesiones. “Con un grado de adhesión razonable serán no menos de 1.200.000 kilogramos/mes”, dice el documento presentado al equipo de Tolosa Paz, quien no pudo participar de esta segunda reunión.

Para que el aporte solidario sea atractivo y parejo entre todos los eslabones de la cadena, se tomaron como base los datos oficiales de faena por planta de 2019. La faena total a nivel país ascendió a 13.821.000 cabezas, pero el 80% de la misma (más de 11 millones de bovinos) se realizó en las 100 plantas que más animales procesaron sobre un total de 400 mataderos. “De este conjunto de plantas y de sus cadenas de valor es de quienes se buscará la adhesión al Plan Potenciador para que el mismo sea sustentable y práctico”, se explicó.
¿Y cómo se propone el Foro convencer a esas 100 empresas y sus productores, consignatarios, engordadores y demás actores asociados en la cadena para que colaboren? En principio, porque el aporte no será demasiado oneroso para ninguno de ellos, ya que el volumen (aún en el caso de que el sistema llegue a más de 4 millones de kilos mensuales) será muy pequeño respecto del volumen del mercado, que mueve unas 200.000 toneladas de carne cada mes, de apenas el 2%.
“Estos aportes están motivado preponderantemente en una actitud solidaria y en una conducta amigable con las políticas públicas”, se evaluó en el proyecto. Respecto de los carniceros que formen parte de la red y también accedan a resignar parte de su ganancia, consideró que se sumarán no solo por la solidaridad sino también por “el interés por captar un volumen de ventas de ventas diferencial” que antes no existía.
En definitiva, lo que intenta la cadena de la carne con esta iniciativa es que todos los beneficiarios de la tarjeta Aliment.ar obtengan un descuento adicional de 100 pesos por kilo de carne, potenciando los alcances del plan oficial, pues podrán comprar más carne con la misma cantidad de dinero.
A primera vista, se calculó que serán 200 las bocas de expendio minorista adherentes al plan potenciador. Se las deberá seleccionar con un “enfoque federal”, cubriendo no solo el conurbano bonaerense sino el Gran Rosario, el Gran Córdoba y otros periurbanos de localidades provinciales con altos niveles de pobreza.
Para los ganaderos y frigoríficos que acepten ser solidarios con estas 2 millones de personas, uno de los atractivos del plan será que “no se crea ningún fondo monetario ni depósitos materiales de mercadería, lo que asegura la transparencia del sistema y simplifica su operatoria y control”.
Esto es así porque “si bien los valores de aporte solidario se expresan en kilos y en pesos, en ningún momento se maneja dinero ya que los aportes que realiza cada operador adherente se materializan en ‘Notas de Crédito’ es decir en el precio de mercado. Estas rebajas acumuladas, por vasos comunicantes a nivel cadena, culminan con que cada frigorífico o matarife abastecedor traslada a las bocas de expendio minoristas adherentes descuentos y éstos lo hacen a su vez con el público”, explicó la iniciativa.
Se estima preliminarmente que esos descuentos serán de 55 pesos por kilo para la carne en media res a salida de frigorífico (es decir a lo largo de la cadena productiva) y que entre el aporte de los minoristas y el IVA que el propio Estado debería resignar se llegaría a otros 45 pesos, para completar el descuento de 100 pesos por kilo.
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]]>La entrada Solo con lo que cobra de retenciones, el gobierno podría cubrir las necesidades alimentarias de 66 millones de personas se publicó primero en Bichos de Campo.
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Néstor Roulet, ex dirigente rural de Córdoba y ex secretario de Alimentos en los primeros años del gobierno de Cambiemos, se propuso destrozar ese argumento notablemente falaz. Para hacerlo, realizó un puntilloso cálculo de cuántos alimentos aportan los productores locales y a cuántas personas se podrían alimentar con ellos, tomando como base el porcentaje que el Estado toma de esa producción por vía de los actuales derechos de exportación.
Resultó ser de estas cuentas que el aporte por retenciones esperado en 2020 alcanzaría para cubrir las necesidades alimentarias de 66 millones de personas. Es decir una vez y media toda la población de la Argentina.
El cálculo de Roulet está muy bien elaborado: Parte de estimar “las kilocalorías que produce la Argentina” como recurso para medir así la cantidad de personas que pueden alimentarse con los alimentos producidos en el país. Esto siempre teniendo en cuenta que “la ración básica de alimentación del Programa Mundial de Alimentos es de 2.100 Kilocalorías diarias por persona, que equivaldría a 766.500 Kilocalorías anuales”.
Aquí cobra valor el siguiente cuadro:

A partir de este cálculo Roulet determinó que la oferta de Kilocalorías (considerando la mencionada necesidad básica de 766.500 Kilocalorías anuales por persona) fue suficiente en 2019 para alimentar a 419 millones de personas. Es decir, confirmó la vieja y remanida frase de que la Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas.
¿Y qué pito tienen que ver aquí las retenciones? El ex ruralista se quejó de que el gobierno de Alberto reclame a los productores que sean “solidarios” no solo al actualizar las retenciones a la soja y los cereales (al 30% y al 12% respectivamente) sino al aprobar una nueva Ley de Emergencia Económico, donde el Congreso le da la atribución al Poder Ejecutivo de aumentar otro 3% las retenciones.
“Lo que debemos manifestar que en el campo ya pagamos los impuestos ordinarios (Ganancias, Bienes Personales, al cheque, Ingresos Brutos, Rentas Provinciales) como cualquier ciudadano argentino. Pero desde hace 18 años también pagamos un impuesto extraordinario sobre las ventas al exterior conocido habitualmente como Retenciones. Si calculamos lo que va aportar el sector en el 2020 por retenciones, con el actual esquema (sin tener en cuenta el aumento de la Ley de Emergencia Económica) podríamos alimentar a 66 millones de personas”, estableció Roulet.
¿Y cómo llegó a ese cálculo? De la siguiente manera:

Lo que hizo el dirigente agropecuario fue calcular cuántas Kilocalorías teóricamente pasan a manos del Estado por vía de las retenciones, y así (dividiendo esa cifra por la cantidad mínima requerida por un ser humano para alimentarse durante un año), determinó que las retenciones alcanzan para nutrir adecuadamente a 66.203.675 personas. Es decir, a una Argentina y media.
Las conclusiones de este ejercicio teórico son que “en el país se producen alimentos para 419 millones de personas” y que “la producción agropecuaria aporta las herramientas necesarias a la política para que no haya hambre en el país”.
Se pregunta Roulet: “El campo cumple la obligación social, moral y humanitaria de producir alimentos… ¿Y la política?”
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]]>La entrada Cambio de lógica: Desde diversas entidades dicen que la receta correcta contra la pobreza es bajar retenciones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“De las crisis se sale con más producción y generación de trabajo”, opinaron en un comunicado las “Cuatro Cadenas” de cultivo en un comunicado. Acsoja (soja), Maizar (maíz), Argentrigo (trigo) y Asagir (girasol) opinaron explícitamente que “el camino para un desarrollo sostenible, que permita al país salir de la pobreza y generar puestos de empleo, pasa por el diseño de políticas sustentables y eficaces que den certeza y competitividad a las distintas producciones y permitan incrementar las exportaciones con mayor valor agregado, generando más riqueza y trabajo de calidad en todo el territorio nacional”.
Obviamente esta posición parte del rechazo inicial a las retenciones, que quitan una parte del valor bruto de cada exportación y por lo tanto desestimulan a los productores.
“Coincidimos en la necesidad de ayudar a combatir la pobreza, pero con la asistencia de todos los sectores de mayores recursos. Asfixiar a través de mayores impuestos al sector más dinámico de la economía argentina y uno de los pocos que con un enorme esfuerzo logró seguir creciendo en las mayores crisis del país, solo tendrá un fugaz impacto en la recaudación, y afectará la producción y el trabajo, especialmente en el interior del país”, indicaron las cadenas.
Por su parte, la Fundación Barbechando, creada e integrada por productores rurales para monitorear los asuntos legislativos vinculados con el agro, evaluó que el aumento de los derechos de exportación encendió las alarmas en el sector agropecuario porque “implican que no crezca el interior, el ahogo de pymes agropecuarias y la falta de divisas”.
“Disminuir las retenciones es la medida de política económica más directa para conseguir los objetivos fijados por el Presidente Alberto Fernández”, consideró esta ONG, recordando varias frases del primera mandatario la semana pasada frente a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, Fernández reconoció que “la situación de las PyMEs tiene proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados”. Y enfatizó que buscaría “un Proyecto Nacional de Desarrollo, en la cual la agroindustria, las PyMEs y las economías regionales sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas”.
“Desde Barbechando creemos que la disminución de los derechos de exportación, hasta su eliminación, y supresión de cualquier otro sistema que trabe el comercio exterior, debería ser una política de Estado consensuada por todas las fuerzas políticas de nuestro país. Por eso, instamos a nuestros legisladores a que tomen la responsabilidad de ser protagonistas”, señaló la Fundación.
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]]>Pero lo que nadie dice en público todavía es cómo se va a financiar el gasto necesario para llevar adelante el plan. En ese sentido, se sabe que algunos integrantes del sector agropecuario que mantuvieron reuniones con el equipo de Arroyo le propusieron crear un fideicomiso especial para recaudar los 45.000 millones de pesos que se necesitan en esta primera etapa, a partir de destinar al menos 2 puntos de las retenciones a un fideicomiso.
En Página/12 Arroyo contó que el aporte oficial se canalizará hacia las personas más vulnerables a través de una tarjeta bancaria, y que en una primera etapa se llegará a dos millones de personas, empezando por las madres con hijos menores de seis años. Esa tarjeta podrá ser utilizada para la compra de alimentos, pero no para extraer dinero de cajeros automáticos.
Bichos de Campo accedió a un documento que elaboraron algunos actores del agro que fueron convocados por Arroyo a participar de la iniciativa. Allí se hace una propuesta, que no solo significa un aprorte de dinero desde el campo sino asumir un compromiso de que las nuevas retenciones no afectarán sectores que han mostrado vigor desde que les quitaron el tributo en 2015, en referencia al maíz, el trigo y la carne vacuna.
“Durante los últimos años los sectores agroganaderos de la Argentina hemos trabajado fuertemente, los resultados en términos de toneladas producidas están a la vista”, afirma el documento, que no solo destaca el crecimiento de algunas producciones sino el aporte que esto significa para la sustentabilidad de todo el sistema. “Este equilibrio virtuoso entre cultivos y actividades no hubiera sido alcanzado de no haber tenido lugar la reducción de las retenciones para maíz, trigo, carnes y lácteos, como asimismo el desmantelamiento de sistemas de cupos y permisos”, recordaron los integrantes del grupo, formado por varias entidades.
Pero estos sectores fueron convocados por Arroyo para otra cosa: para colaborar más que para plantear su propio escenario. Tras destacar que no debe alterarse las reglas para muchas actividades, los “agroganaderos” hacen los deberes y afirman que “atentos a la situación actual y con el objetivo de contribuir a sostener el acceso de los sectores más perjudicados por la crisis a la canasta básica alimentaria y asimismo generar las divisas que el país necesita para salir adelante, los sectores productivos nos reunimos, intercambiamos pareceres e ideas y decidimos realizar una propuesta”.

Las cifras de este documento son llamativamente coincidentes con las que maneja y difunde el propio Arroyo. El universo al que ayudar es 2.169.000 personas, que componen 514 mil hogares. La canasta básica definida para un hogar sería de 12.246 pesos, pero el ingreso familiar promedio del hogar indigente es de solo 7.733 pesos. Entonces hay que salir a cubrir una brecha por hogar que a julio pasado era de 4.513 pesos.
De este modo, el dinero a conseguir para cubrir la brecha anual para todos los hogares indigentes del país son 44.232.424.299 pesos.
“Las familias en situación de indigencia en Argentina requieren cerca de 45 mil millones de pesos anuales para poder adquirir los alimentos que les permitan salir de la situación de emergencia en la que se encuentran. Proponemos la conformación de un fideicomiso, de carácter público-privado, administrado en un ámbito a definir de común acuerdo, qué esté constituido por el 2% del valor de las exportaciones valor FOB de las principales exportaciones agroalimentarias argentinas”, dice el documento. Esto es, destinar un 2% de la recaudación por retenciones a estos fines.
El dinero, de acuerdo con esta propuesta, “se distribuirá mensualmente”. Dice el documento: “La distribución de los fondos en que estamos pensando es una distribución inteligente, aplicando el conocimiento adquirido en el manejo de tarjetas prepagas y el uso de bases de datos en poder de la ANSES. Estos medios inteligentes para la adquisición de alimentos, creemos que deben servir para incorporar paulatinamente criterios nutricionales de salud pública, con la finalidad de equiparar las posibilidades vitales de los jóvenes en situación de carencia hoy con las de aquellos que tienen sus necesidades básicas cubiertas”.
Como respuesta del gobierno de Alberto Fernández a esta esfuerzo del sector agroganadero, los firmantes (que no se identifican) le piden un acuerdo para “establecer una política de Estado entre el sector público y privado a fin de abastecer el aumento en la demanda internacional de cereales y oleaginosas, trabajando en conjunto para logar un aumento de la producción para el año 2023 en el orden de las 46 millones de toneladas de maíz, 19 millones de toneladas de soja y 5 millones de toneladas de trigo”.
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