“El Gobierno tomó de ese organismo 24.000 millones de pesos, tres veces más que lo que hizo el año pasado Mauricio Macri, hecho que en ese momento despertó fuertes críticas afuera del ente”, destacó la crónica del diario porteño. En efecto, varios ex funcionarios de Cambiemos replicaron el dato, tratando de mostrar las diferencias entre ambas administraciones..

La comparación se hacía contra una nota publicada en su momento por Bichos de Campo, que daba cuenta de que en sus estertores, la gestión macrista se había apoderado de 8.100 millones de pesos correspondientes al Fondo que se constituye a favor del INTA a partir del cobro de una tasa sobre todas las importaciones realizadas por el país. En aquel momento, esa quita de recursos parecía grave y fue denunciada por los empleados de carrera del propio organismo, donde no había casi recursos para sostener el trabajo cotidiano de muchos de sus investigadores.

Al INTA le sacaron 8.100 millones de pesos, mientras no llega a pagar la factura de luz ni tiene plata para realizar sus investigaciones

En aquella norma, el Poder Ejecutivo Nacional disponía modificaciones al Presupuesto 2019, para beneficiar al Tesoro con recursos del INTA y otros organismos. Lo mismo que ahora con el Presupuesto 2020, aunque las cifras en juego tripliquen -inflación mediante y otros yeites- las de un año atrás. La noticia  principal es que la modalidad de esquilmar al Instituto tecnológico se repite a pesar del paso de los gobiernos, más allá de los signos políticos.

Para instrumentar este financiamiento, antes y ahora, el gobierno se vale de pagarés: se lleva el dinero y le deja al INTA hermosos papelitos a cobrar dentro de algunos meses. En este último caso la fecha de emisión es el 15 de diciembre y el vencimiento opera en marzo próximo.

¿De dónde se extraen esos recursos? En el Banco Nación existe una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que en 2019 el gobierno de Cambiemos elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación. Este aumento de la presión impositiva, además de la devaluación, sirven para explicar la diferencia entre lo que se llevó uno y otro gobierno.

8.100 millones de pesos antes. 24.000 millones de pesos ahora. ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia, en todo caso, hay que buscarla en el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández realizó una promesa que hasta ahora no cumplió, y de la cual parece haberse olvidado cuando lleva a cabo esta nueva apropiación del dinero de la cuenta del Fondo INTA. En aquel momento, según relató el ex director nacional del organismo, Héctor Espina, a Bichos de Campo, existía un proyecto de ley que proponía derivar automáticamente el 30% de la recaudación por importaciones que alimenta ese fondo a un fideicomiso -administrado por la Fundación ArgenInta- para realizar gastos operativos de los diferentes proyectos de investigación.  De ese modo, mucho trabajo de los técnicos del INTA no se discontinuaría por la frecuente falta de fondos.

Ese proyecto tenía el respaldo de muchos legisladores peronistas, e incluía también a varios de Cambiemos. La firma principal que lo impulsaba era la de un ex vicepresidente del Instituto Agropecuario en tiempos de Cristina Kirchner. Ex diputado por Formosa, se trata del actual ministro de Agricultura de Alberto, Luis Basterra.

Todo dicho: la noticia es que la política se sigue apropiando de fondos que deberían enriquecer la tarea cotidiana del INTA. Que lo permiten los diferentes partidos que pasan por el gobierno. Y que nadie parece dispuesto a cortar ese curro cuando el poder lo manejan los suyos.

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Quien dejó el cargo de director nacional del INTA es Héctor Espina, un histórico inteano visiblemente alineado con el peronismo y que mantuvo un difícil trato con las autoridades de Cambiemos, al punto tal de terminar estos días denunciando un “vaciamiento” del organismo por parte del gobierno de Mauricio Macri. Seguramente Espina, que ya ejerció hasta 2015 el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, durante la gestión allí de Carlos Casamiquela, logre conseguir algún otro puesto en la gestión de Alberto Fernández, que se avecina.

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Quien llega en su reemplazo por hacer ganado el concurso respectivo que impulsaron comn ahínco las autoridades salientes del Ministerio es el mendocino Carlos Parera. Ingresó al INTA como becario en la Agencia de Extensión Rural La Consulta, en 1980. Especialista en temas vinculados con la fisiología vegetal y el uso de los recursos naturales, Parera se desempeñó como director de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, desde 1992 hasta 2003, y luego como director del Centro Regional Mendoza–San Juan, desde 2003 hasta 2014.

En el acto que culminó con esta transición, correctos pero seguramente tragando algo de saliva, participaron Santiago del Solar (jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura), Andrés Murchison (secretario de Alimentos y Bioeconomía), Juan Balbín (actual presidente del INTA) y Mariano Bosch (vicepresidente del INTA. También estaba Espina, claro, atravesado.

“El INTA tiene que estar orgulloso de estos procesos de selección, es una carrera de postas; un nuevo concurso es un nuevo desafío. Cuando se elige a una persona se hace hincapié en su perfil de acuerdo al contexto”, enfatizó Balbín, un productor agropecuario de los Grupos CREA, que impulsó no solo esta selección sino una renovación importante de cargos por concurso. Hidalgo, Balbín agradeció el trabajo de Héctor Espina durante los dos años que les tocaron de convivencia.

“Estos son proyectos colectivos, cada uno aporta desde sus saberes, pero con la misma camiseta puesta por la institución. El principal capital que tenemos es el humano, se construye diariamente y hacen a la gran plataforma técnico territorial”, afirmó a su turno Espina.

En su primer discurso como director nacional, Parera se puso en el exacto medio de las cosas. Agradeció a todos por la “confianza y oportunidad para contribuir y aportar al desarrollo del país”. Y zanjado este proceso, ahora instó a todas las partes a trabajar como un equipo institucional para darle respuesta a los problemas que tenemos como país. “Estoy convencido que los aportes colectivos les dan sustentabilidad a los procesos”, indicó.

“El mundo está cambiando, con una marcada complejidad y ambigüedad. Muchos de estos cambios superan la capacidad de adaptación que tenemos como humanos y, en este contexto, el INTA tiene que adaptarse a esta realidad para dar respuesta con tecnologías e innovación a fin de resolver los problemas reales de la sociedad”, evaluó el profesional.

Y vaya si el mundo cambia rápido.

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Este semana, en medio del inicio del proceso de transición, pasó desapercibido el Decreto 740/2019, firmado por Macri y todos sus ministros, incluyendo a Luis Miguel Etchevehere, el titular de Agricultura, quien debería conocer de cerca la situación de pauperización presupuestaria denunciada por las autoridades del INTA. En esa norma el gobierno dispuso modificaciones al Presupuesto 2019, para asegurarle al Ejecutivo el dinero necesario para poder cumplir un par de promesas que el presidente saliente realizó en su fallida campaña por la reelección. Por ejemplo, compensar a las provincias por la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica. O por ejemplo, subir los salarios a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

En este enjuague de recursos, el artículo 6° del decreto autorizó al Tesoro Nacional a tomar prestados más de 70.000 millones de pesos de diversas áreas del sector público (entre ellos los 8.100 millones pertenecientes a un fondo creado por la llamada Ley del INTA) y emitir por esa deuda un pagaré en pesos que no ofrecerá intereses. La fecha de emisión de ese papelucho se estableció para el 13 de diciembre próximo y el vencimiento el 12 de marzo de 2020.

Dentro del INTA, la noticia de este empréstito forzado cayó pésimo en todos los estamentos. Es que desde hace un par de años en el organismo no tiene presupuesto para sostener sus múltiples proyectos de investigación y, según admitió a Bichos de Campo su director nacional, Héctor Espina, ahora ni siquiera tienen dinero suficiente como para pagar las facturas de luz. Incluso está latente el peligro de que haya cortes en algunas experimentales.

¿Cómo se entiende que el INTA no tenga plata para pagar los servicios ni para llevar a cabo las investigaciones que debería realizar, y al mismo tiempo disponga de más de 8.000 millones para financiar parte de las medidas electorales del macrismo?

“La gente piensa que nos sobran 8.100 millones de pesos y eso suena horrible. Porque la verdad es que no tenemos dinero suficiente como para llegar a fin de año”, aclaró Espina, el director nacional elegido por concurso para administrar el organismo.

En realidad lo que sucede es que existe en el Banco Nación una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que este año el gobierno elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación.

En estos momentos en esa cuenta sobra dinero: hay más de 12.000 millones de pesos, fruto de un remanente a comienzos del año de 3.600 millones y de una recaudación por las importaciones de este año de otros 9.000 millones. De allí tomará prestado el Tesoro los 8.100 millones mencionados en el decreto. Es plata que pertenece y debería ser gastada por el INTA, pero que en realidad recibe a cuentagotas. Desde hace muchos años, con la excusa de las sucesivas crisis económicas, el propio Tesoro es el que administra los fondos y maneja la lapicera.

El INTA dispone así de un fondo multimillonario. Pero como el pibe del cafetín, tiene la ñata pegada al vidrio. La mira de afuera.

“Lo que no gastamos se va acumulando en ese fondo de tecnología. De allí nos sacan estos 8.100 millones de pesos, mientras que desde hace un mes y medio que le venimos pidiendo a la Oficina de Presupuesto que nos gire los 50 millones que necesitamos para pagar la luz y otros gastos operativos. En cambio, nos darán un pagaré que con suerte recuperaremos en marzo”, se queja Espina, sin medias tintas.

Con su decreto tomando dinero prestado del INTA y de otros organismos (como el ente de turismo, el de comunicaciones o el Ministerio del Interior), Macri y sus ministros están forzando la ley, ya que le impusieron al INTA la suscripción de un pagaré cuando la legislación vigente establece que las inversiones con el dinero de ese fondo de tecnología solo podrían ser decididas por el Consejo Directivo del INTA, que actualmente preside Juan Balbín y es integrado por varias entidades agropecuarias.

El INTA tuvo este año un presupuesto operativo cercano a los 7.500 millones de pesos, de los cuales actualmente el 91% se destina al pago de sueldos. Solo queda 9% de los recursos para gastos operativos, pero no alcanzan. Por eso además de los 50 millones de pesos para pagar la luz y otros servicios, el INTA viene reclamando sin éxito al Tesoro que le liberen más dinero del fondo de tecnología, para poder financiar a sus investigadores.

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“Hace por lo menos dos años que no tenemos guita para los proyectos”, define Espina, que viene haciendo malabares para disimular el corte casi total del financiamiento estatal en nuevos desarrollos tecnológicos para el sector agropecuario. En el Consejo Directivo del instituto acaban de definir una nueva cartera de casi 100 proyectos de investigación para los próximos años, que se conciliaron con el sector privado pero que actualmente no tienen recursos para ser ejecutados.

Entre los malabares que se hacen para mantener viva la llama fundacional del INTA se obtuvieron este años subsidios por 200 millones de pesos desde organizaciones internacionales, hay otros 100 millones que ingresan al INTA como regalías (los administra INTEA), y ex vox pópuli que buena parte de los gastos en movilidad para los investigadores se pudieron sostener con aportes del ProHuerta, que estos últimos años tuvo un buen aporte presupuestario desde Desarrollo Social.

Espina aclara que son todos manotazos que no aseguran que el INTA cumpla con su objetivo, que es investigar y difundir tecnologías entre los productores. La plata está en el fondo, pero no se puede acceder a ella. Y ahora además el Gobierno se financia con esos recursos.

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“Obvio que nosotros entendemos la situación del país. Y por eso estamos acompañando un proyecto de ley -al que han adherido legisladores de todos los partidos, incluyendo los de Cambiemos-, para que el 30% de los recursos de ese fondo de tecnología vaya a un fideicomiso, que sería manejado por la Fundación ArgenINTA, para financiar directamente los proyecto de investigación. Esa plata podría ser utilizada solo para eso, no para pagar salarios ni contratar gente. Si ponemos dinero en los proyectos, el retorno de esa inversión sería muy alto”, indicó el director nacional del INTA.

El proyecto de ley lleva la firma de Luis Basterra, el diputado del peronismo formoseño que acaba de ser reelecto y que fuera vicepresidente del propio instituto. Es un hombre muy escuchado entre quienes asumirán el gobierno a partir del 10 de diciembre próximo. De todos modos, está claro que esta discusión quedará para cuando arranque la actividad legislativa de 2020.

Por ahora, antes de irse, Macri se lleva la plata disponible para pagar otras urgencias, la investigación ha sido totalmente desfinanciada y el INTA no tiene dinero ni siquiera para poder pagar la factura de luz.

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“La impugnación alcanza a 7 de los 22 puestos de decisión clave en la estructura del INTA, a los que se accede mediante llamados a convocatoria abierta y pública”, informó la Asociación del Personal del INTA en un comunicado. Ahora, el Consejo Directivo de la institución deberá decidir si hace lugar a esas impugnaciones. De no hacerlo, el gremio queda habilitado para recurrir a la justicia.

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Según Mario Romero, el secretario general de APINTA, esos siete concursos no serían válidos porque incluyen requerimientos contrarios a los establecidos por el Decreto Ley 21.680, de creación del INTA, que rige su funcionamiento desde 1956. “La principal incoherencia corresponde a requerimientos de estudios formales necesarios para concursar estos cargos de conducción que exceden a los establecidos por ley”, se argumentó.

¿Cómo se explica esto? Pues porque “los concursos impugnados explicitan como condición excluyente que los candidatos deben contar con maestrías y títulos de posgrado”. No es lo que exige la normativa, donde se estableció que “para el caso del máximo puesto concursado, el de Director Nacional, la ley establece que basta contar con un título de grado de ingeniero agrónomo o médico veterinario”.

“Al tratarse de convocatorias abiertas y públicas, el requerimiento lesiona la igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a estos cargos”, argumentó el gremio del Instituto, que argumentó que si el requisito de contar con una maestría fuera “de carácter preferente” y no “una condición necesaria”, no hubiera tenido sentido su impugnación.

“Así, incorporando un requerimiento que no está en la ley, se excluye de estos concursos a gran parte de la ciudadanía, por lo que APINTA solicita expresamente dejar sin efecto las convocatorias observadas y realizar nuevas convocatorias ajustadas a derecho”, explayó el comunicado.

Además del concurso para reemplazar o eventualmente elegir a Espina, los concursos corresponden a los de directores de los centros de investigación en Recursos Naturales y Agroindustria, y los de los centros regionales Chaco-Formosa, Patagonia Sur, Mendoza-San Juan y Santa Fe.

Para el gremio, “los errores detectados son resultado de la discrecionalidad con la se viene manejando el actual Consejo Directivo”. Allí hay un presidente y un vice designados por el Ejecutivo, pero compraten sus decisiones con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. El actual presidente de Juan Balbín, un productor que proviene de las filas de AACREA.

Bichos de Campo informó oportunamente sobre el concurso para reemplazar a Espina, un técnico del INTA asociado con la anterior gestión. Los interesados deben presentarse entre el 15 de julio y el 2 de agosto y, como requisitos, en efecto se les reclamaba tener título universitario de Ingeniero Agrónomo o Médico Veterinario, tener experiencia en cargos semejantes, ya sea en el ámbito público o privado, y haber cursado una maestría. Esa es la piedra de la discordia.

Espina es oriundo de San Julián, provincia de Santa Cruz, y es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó diferentes cargos públicos, pero en su CV, al menos en el que se publica en la página del INTA, no figura que haya realziado un curso de posgrado o una maestría. Ergo, no podría ni concursar.

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El cargo de director nacional del INTA es estratégico para la administración de ese organismo, pues es quien debe hacer ejecutivas las órdenes amanadas del consejo de administración. Ese cuerpo político tiene cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. Solo el presidente y el vicepresidente son designados por el Poder Ejecutivo.

Imposible no analizar en términos políticos este llamado a concurso para designar un nuevo director nacional, ya que coincide temporalmente con un proceso electoral en el que el presidente Mauricio Macri busca revalidar títulos frente a una fórmula integrada por su antecesora, Cristina Kirchner. Espina, que es un “inteano puro” pues trabajó tres décadas en el organismo, asumió su puesto solo seis días antes de que Cristina se negara a cederle el bastón presidencial a Mauricio. Reemplazó a Eliseo Monti el 4 de diciembre de 2015.

Guillermo “Willy” Bernaudo, el actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, intentó restarle voltaje político a esta convocatoria. Explicó ante una consulta pública de este periodista: “Cuando asumió este gobierno respetó los cargos concursados. Vencidos los períodos, llama a nuevos concursos”.

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A lo largo de estos cuatro años, Espina mantuvo una relación sobria con los presidentes políticos designados por los responsables de Agroindustria, el peronista formoseño Amadeo Nicora (nombrado por Rocardo Buryaile) y el productor CREA Juan Balbín (designado por Luis Miguel Etchevehere). Pero puertas adentro han sido innumerables las rencillas y tironéos.

Por cierto, muchos ubican a Espina como el “dique de contención” que evitó que el INTA transitara este periodo sin una sangría de empleados, como sucedió en otros organismos dependientes de Agroindustria. Espina, en rigor, prefirió reducir al máximo muchos gastos operativos antes que despedir personal, como le exigían desde la implacable Secretaría de Modernización.

El concurso para reemplazarlo (aunque él pueda competir para mantenerse en el cargo) tiene ahora tiempos perentorios. Los interesados deben presentarse entre el 15 de julio y el 2 de agosto, al mediodía. Tiene que tener título universitario de Ingeniero Agrónomo o Médico Veterinario, haber cursado una maestría y tener experiencia en cargos semejantes, ya sea en el ámbito público o privado.

Ver Piden que se investigue un posible copamiento del INTA por parte de AACREA

Quienes seleccionarán a los candidatos serán el presidente del INTA, el mencionado Balbín, y cuatro miembros del Consejo Directivo. Allí tiene prevalencia una línea alineada con el Gobierno. Incluso hace algunos meses se presentó una denuncia anónima ante la Oficina Anticorrupción para que se investigue si no existía un “copamiento” del organismo por parte de AACREA, ya que muchos de los integrantes de la conducción del INTA habían tenido ligazón con esa entidad privada.

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