Apurado por una audiencia que debe realizarse el jueves 9, Lorenzini escribió que “corresponde adelantar aquí que el pedido de prórroga o extensión de la exclusividad será favorablemente acogido. Pero limitando el desarrollo de los plazos propuestos al día 31 de marzo de 2022”.

Sin acuerdo firme con las tres cerealeras, Vicentin pidió al juez Lorenzini otros seis meses de plazo para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores

El juez comercial de Reconquista, que maneja este concurso desde que Vicentin se declaró en convocatoria en febrero de 202 con un pasivo superior a los 1.300 millones de dólares, avisó que llegada esa fecha (fines de marzo) “debera examinarse el avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores a los efectos de considerar, eventualmente, una extensión del plazo, únicamente para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta. Todo ello sin perjuicio el oportuno examen de abusividad”.

¿Qué quiere decir aquí Lorenzini? Cerca de Vicentin tradujeron que tendrán tiempo para formular una nueva propuesta a sus acreedores y negociar con el grupo de empresas cerealeras que podrían cooperar con el salvataje de la compañía (ACA, Molino Agro y Viterra) hasta fines de mayo. Pero quizás después de eso quede un tiempo extra -hasta junio- para cumplir con todos los pasos que permitan dar por válido ese acuerdo.

Esto es lo que debería suceder si se quiere evitar la quiebra. Ahora hay un tiempo más para hacerlo.

Este el el falló de la prórroga dictado por Lorenzini:

El juez de Reconquista ya había rechazado por insuficiente (por no decir una mala palabra) la anterior propuesta que hizo Vicentin a sus acreedores, que son varios cientos, entre empresas de servicios, productores que le proveían de granos, cooperativas y acopios, organismos del Estado Nacional y -sobre todo- varios grandes bancos internacionales.

Aquella propuesta planteaba que Vicentin dolarizaría todos sus pasivos pero a la cotización del día en que ingresó en default (es decir 60 pesos) para luego establecer una quita del 70% a todos sus acreedores, cualquiera sea su tamaño. Luego ofrecía pagar los saldos (unos 470 millones de dólares) en qcómodas cuotas anuales por 15 años y sin recarga de intereses. De esa manera estimaba poder cumplir solamente con el giro corriente de las plantas de la empresa, que seguirían operando gracias al aporte del grupo de cerealeras que hoy trabajan allí a fazón, es decir alquilando las instalaciones.

Vicentin formalizó su propuesta: Sigue siendo pijotera, pues plantea una quita del 70% y devolución del saldo en 13 cuotas, salvo para los acreedores más pequeños

Lorenzini rechazó esta primera oferta y entonces sucedió lo del pedido de prórroga para encarar esta nueva negociación. Será un verano caliente en los despachos de deudores y acreedores.

Como condición a conceder este plazo adicional, el juez de Reconquista exigió a la aceitera concursada varias cosas. Por ejemplo:

• Asegurar la “viabilidad y continuidad operativa: La concursada deberá continuar garantizando el funcionamiento operativo de la empresa por todo el año 2022, anticipando cualquier situación o evento que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad con antelación”, dispuso.
• Que elabore una propuesta de organización empresaria, una cuestión ya consentida por la propia concursada que todavía está pendiente. ¿De qué se trata? Vicentin deberá proveer información acerca de las consecuencias que su propuesta a los acreedores podría generar sobre las fuentes de trabajo, sus flujos financieros estimados y la financiación a la que ueda acceder como parte del plan de salvataje.

“Al igual que en la anterior oportunidad, la propia concursada deberá establecer, dentro de los 5 días contados a partir de la notificación de la presente, una fecha límite para la presentación en el expediente de dicho plan, designando las personas responsables de explicarlo ante el Tribunal y los Acreedores, en audiencia que se designará a tales efectos. El plazo límite para su presentación en el expediente y exposición, será el día 28 de Febrero de 2022”, determinó Lorenzini.

La entrada Vicentin consiguió un poco más de aire para hacer una nueva propuesta a sus acreedores: El plazo vence ahora el 31 de marzo de 2022 se publicó primero en Bichos de Campo.

Tanteando la reacción de los acreedores, porque todavía no se trata de una oferta formal presentada ante la justicia sino un anticipo de los “lineamientos”, se adelantó que la compañía planea ofrecer una quita del 70% respecto de la deuda consolidada de 1.573 millones de dólares. Esto deja para repartir solamente 485 millones de dólares entre unos 1.700 acreedores de todo tipo y tamaño. Es el 30%.

La empresa, que ingresó en estrés financiero en diciembre de 2019 y dejó un tendal de productores, cooperativas y acopios sin cobrar por sus granos, está en concurso de acreedores desde febrero de 2020 y ya están venciendo los plazos que fijo el juez Hernán Lorenzini para que presente una propuesta definitiva a sus acreedores. Si no se acepta, se declararía la quiebra.

Pero en el medio, esas tres compañías mencionadas (que son socias o usuarias de las instalaciones de Vicentin) analizan quedarse con los activos y tomar la mayoría accionaria de la aceitera que llegó a concentrar, hace apenas dos años, casi 9% del total de las agroexportaciones argentinas. En las negociaciones, prometieron poner de inmediato 300 millones de dólares para que la aceitera pueda volver a trabajar a pleno y honrar los compromisos que asuma ante sus acreedores.

Esta ante-propuesta intenta conformar primero a los acreedores comerciales, entre los que se cuentan los productores y todos aquellos cuyos “muertos” han sido pesificados en el concurso de acreedores. Para seducirlos a que acepten esta oferta sin manifestar reparos, los directores de Vicentin ofrecen cancelar la deuda de unos 1.100 pequeños productores más rápido. Con quita pero de un saque.

¿Cómo se haría eso? A todos los acreedores se les pagaría de inmediato una primera cuota de 20 mil dólares. Eso -según sus cuentas- cancelaría el pasivo acumulado por más de un millar de pequeños acreedores. Para el resto, incluyendo a los bancos, se plantean pagar los saldos en trece cuotas, a partir de 2024.

A los acreedores “agrarios”, como los llaman los directores de la compañía en concurso, se les ofrece “dolarizar” la deuda al tipo de cambio Banco Nación del día de inicio del concurso, en febrero de 2020. En ese momento el dólar costaba casi 61 pesos y lo que se pesificaría es una deuda total de 32.108 millones de pesos (esto da 526 millones de dólares). Con este argumento, los vicenticos afirman que la quita real a ese segmento sería de solo 50%.  A principios de agosto, en una propuesta inicial presentada al juzgado, se hablaba de una quita de 75%.

Vicentin propuso a los productores y acopios una quita del 75% con el pago restante en pesos a liquidar en un plazo de 20 años

La inyección de capital (los mencionados 300 millones de dólares) de los tres flamantes socios que ingresarían a la Nueva Vicentin, si es que se concretan estas tratativas y la mayoría de los acreedores acepta esta oferta, permitiría generar los recursos para honrar las 13 cuotas millonarias con los acreedores de valía peso, entre los que se destacan varios bancos internacionales y el Banco de la Nación, que arrancó perdiendo unos 200 millones de dólares en esta crisis empresaria.

En sus charlas con periodistas de los diarios, los ejecutivos que reemplazaron hace meses a los dueños de la compañía -que pertenecían a la familia Vicentin, de mucha historia y arraigo en las ciudades de Reconquista y Avellaneda, en el norte santafesino-, aclararon que quienes llevaron el barco a chocar con el iceberg también son “víctimas” de la situación, pues perderán el control de la aceitera y conservarían apenas 10% del capital social.

Si esta oferta prospera, dijeron los directivos, se formalizará en los próximos días la propuesta formal ante el juzgado de Lorenzini.

La entrada Vicentin tantea el humor de los acreedores antes de hacer una oferta final: Plantea pagar solo 485 millones de una deuda total de US$ 1.573 millones se publicó primero en Bichos de Campo.

Todo comenzó en los primeros días del presente mes de diciembre, cuando Eleonora Sartor, apoderada del Banco Nación, junto con Sebastián Spiller y María Laura Campas, representantes legales de los trabajadores de Vicentin, presentaron al juez Fabián Lorenzini un pedido para que incorpore al proceso concursal un informe (“La crisis de Vicentin y los grupos empresariales que se expandieron a partir de su caída; 2019-2020”), pedido que fue aceptado.

Pero Lorenzini apercibió a los tres abogados, enviando copia de la decisión a los colegios profesionales en los que se encuentran matriculados, al considerar que en el escrito de la solicitud habían realizado manifestaciones “altamente agraviantes” que “constituyen por sí mismas actos de una evidentemente lesividad a la investidura judicial, además de pretender poner en tela de juicio la imparcialidad del suscripto”.

Entre las manifestaciones citadas por el propio Lorenzini como “una falta de respeto a la autoridad” se incluyen, por ejemplo, menciones referidas a la voluntad del juez para permitir “que el Clan Vicentin siga vaciando y trasvasando activos del resto del grupo” y que el accionar del magistrado está orientado a  “dar más tiempo para la licuación de activos” presentes en el capital concursal (recordemos que la deuda está en pesos argentinos), además de actuar como “posibilitador de que los elefantes sigan desfilando y desapareciendo tras bambalinas” (sic).

Posteriormente, Sartor presentó un escrito en el cual retiró las expresiones vertidas para ofrecer disculpas a Lorenzini, a quien dijo tener “respeto y elevada admiración y consideración como magistrado, así como persona”.

La representante del Banco Nación remarcó que, “si por el contenido del infortunado escrito que he debido presentar en cumplimiento del mandato laboral, V.S. (por el juez) ha interpretado que la suscripta duda de su recto y elevado criterio judicial, desde ya le ofrezco sinceras disculpas, pues considero personalmente que V.S. ha actuado y resuelto en todo momento en cumplimiento del elevado criterio de justicia que reviste y con imparcialidad y objetividad”.

Sartor dijo comprender “las razones y motivaciones del decisorio sancionatorio”, pero señaló que su deber como abogada entró “en conflicto con mi deber laboral (débito laboral), que detento por encontrarme en una situación de subordinación laboral dentro del Banco de la Nación Argentina”.

El escrito que motivo la sanción, aseguró Sartor, “ha sido presentado por la suscripta en estricto cumplimiento de una orden impartida por mi superior jerárquico en la estructura laboral que integro dentro del banco”.

“Por ello, es que viene a peticionar a V.S tenga presente el dilema moral en el que me encontraba en oportunidad de la presentación judicial, pues el incumplimiento del débito laboral podría llevarme a imposición de sanciones internas en el ámbito del contrato de trabajo con el banco empleador”, afirmó.

Sartor entonces concluyó que las expresiones desafortunadas no se produjeron con “la intención de faltar el respeto a la autoridad de V.S ni de proferir agravios, sino que simplemente ha sido el cumplimiento del deber laboral como dependiente del banco pretenso acreedor”.

En virtud de tales argumentos, la representante legal de Banco Nación solicitó a Lorenzini que deje sin efecto la sanción disciplinaria o que eventualmente disponga una sanción menos gravosa.

Los abogados Campas y Spiller, por su parte, solicitaron a Lorenzini que deje sin efecto la sanción o bien que, en caso contrario, se tenga presente la apelación de la misma en subsidio.

“El escrito presentado, si bien tiene frases fuertes, ninguna de ellas es de carácter personal hacia la investidura del señor juez, ni tampoco lesivas de su imparcialidad”, aseguraron, para luego añadir que la finalidad del texto era alertar al juez “sobre el posible final horroroso que la empresa (por Vicentin) puede tener y que esperemos que no sea la quiebra, aunque vemos muy difícil que ante semejante pasivo y la poca actividad de la empresa, sumado al desprendimiento de activos, otro sea el final”.

La entrada Agraviaron al juez del concurso de Vicentin y fueron sancionados: Ahora piden clemencia se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero todo depende del juez Hernán Lorenzini, que debería definirse en las próximas horas.

La operación permitiría reducir el nivel de pérdidas acumulados por Vicentin desde que se inició el concurso de acreedores. Según el balance operativo presentado por la sociedad, “la diferencia resultante en el periodo marzo-octubre 2020 entre el total de ingresos y egresos de la empresa es de -9.197.331 dólares”. Parece poco dinero frente al multimillonario pasivo que Vicentin declaró poseer cuando se ingresó en default, un año atrás, y que asciende a unos 1.300 millones de dólares.

Descarga aquí el Informe de Vicentin (Feb2020 a Oct2020)

Al contar las novedades de este año complicado, Vincetín recordó que “solicitó al juez del Concurso Preventivo la aprobación para la venta del 25% del paquete accionario de Emulgrain SA. El comprador del 50% del paquete accionario de Emulgrain sería Lekigos SA”.

Para entender, Vicentin SAIC vendería la cuarta parte de la planta de lecitina que nació en 2006 como fruto de una cuerdo con el fabricante de emulsionantes Lasenor, originario de España. Vicentin proveía materias primas para ese emprendimiento, las lecitinas de soja y girasol.

La participación del grupo Vicentin en Emulgrain es del 50%, pero esa mitad se integra de un 25% de la firma concursada y otro 25% que están en manos de la empresa Sir Cotton SA, que forma parte del holding Vicentin Family Group, radicado en Uruguay.

En su informe, la aceitera originaria de Reconquista añadió que “el precio de compra se fijó en la suma total de 1.000.000 dólares, correspondiendo a la sociedad el cobro de la suma de 500 mil por su participación del 25% del total del paquete accionario de Emulgrain”. Y agregó que “de no aprobarse la operación la Sociedad se liquidaría”.

Será una decisión difícil para Lorenzini. El juez está investigando si el desprendimiento de otras sociedades vinculadas originalmente con el grupo Vincetin, como el frigorífico Friar de Reconquista, no forman parte de una estrategia de vaciamiento de la empresa concursada, de modo de reducir el volumen de los activos expuestos a una posible quiebra.

De esto escribió bastante el periodista Raul Dellatorre este domingo en Página/12. “Los representantes legales del Banco Nación y de los trabajadores de Vicentin SAIC intentaron una vez más, en vano, que el juez del concurso involucre al conjunto de las empresas del grupo empresario en las obligaciones que tiene la cerealera exportadora ante sus acreedores, y actúe de modo tal de evitar que continúe el vaciamiento del capital con el que deberá responder la concursada”, contó el artículo.

Esta visión, alimentada sobre todo por la venta de Friar al grupo ARSA, contrasta con la que tiene la propia Vicentin, que desde el vamos trató de establecer que se trata de sociedades diferentes que no tienen vínculos entre sí. “Desde la apertura del concurso, no ha habido desprendimiento o cambios en la tenencia accionaria en relación con sociedades controladas o vinculadas”, insistió en el escrito enviado a sus acreedores.

Lorenzini tiene poco tiempo para expedirse sobre el caso de Emulgrain. “La oferta se encuentra sujeta al cumplimiento de que la sociedad obtenga la conformidad del juez concursal antes del 15 de diciembre de 2020 y  que se obtenga la correspondiente autorización judicial a efectos de levantar la medida cautelar de prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición de la misma”, explicó la compañía.

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