Este año pinta más normal en términos climáticos. En diálogo con Bichos de Campo, Rossi sostuvo que es un momento adecuado para pensar en diseñar herramientas más complejas para hacer frente a este tipo de contingencias y ayudar a los productores. En la última reunión de la Mesa de Riesgo Agropecuario, en diciembre de 2018, presentó el Proyecto de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (Girsar).

“Con el Girsar, esperamos poner al día la infraestructura de datos agrometeorológicos, que en Argentina es muy obsoleta”, destacó.

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Rossi comentó que “el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene poco más de 100 estaciones agro meteorológicas, y hay unas 400 si contemplamos también a las redes privadas de las bolsas”. Y comparó: “Francia tiene 4.000 en una superficie mucho menor. Esto da cuenta de que la densidad y calidad de datos que tenemos es todavía muy pobre”.

El proyecto Girsar se ejecutará con un préstamo del Banco Mundial de 149,5 millones de dólares, que se repagaría en un plazo de 32 años. Se trata de un programa de seis años de ejecución.

“Ya firmamos el proyecto con el Banco Mundial, y de hecho ya lo estamos ejecutando, comprando software y hardware, precisamente en Francia, para empezar a poner al día de una vez esa infraestructura de datos agrometeorológicos. El primer paso es hacer que esas estaciones hablen entre sí, y para estandarizarlas, debemos consolidar una misma base de datos”.

Ver: Seguro multirriesgo: si te he visto, no me acuerdo

Mientras se trabaja en estos aspectos, Rossi descartó que vayan a producirse por el momento avances en la tan prometida implementación de un seguro multirriesgo, porque “presupone un presupuesto para acompañar a la prima del seguro multirriesgo, como ocurre en algunos países del mundo, no en todos”. Se trata, en definitiva, de plata. La Argentina no la tiene.

“La realidad es que hoy no tenemos la posibilidad presupuestaria de hacerlo, aunque sí está claro que es el futuro y está claro que, en concepto de transferencia de riesgos, para algunos productos el Estado debe subsidiar la prima”, destacó el subsecretario.

Para Rossi, de todos modos, poner al día la información de las estaciones agrometeorológicas “es el primer paso antes de emitir una ley de Seguro Multirriesgo”. Explicó: “Si no tenemos al día esto, y no tenemos el dinero para subsidiar la prima, no podremos extender un seguro a un sistema escalable. Mientras tanto, trabajamos en otras tantas obras de infraestructura que también bajan el riesgo agropecuario”.

“Una vez que Argentina esté saneada desde el punto de vista fiscal, empezaremos a intervenir. De hecho el año próximo están previstos algunos fondos para que el Girsar haga los primeros pilotos de seguro multirriesgo”, prometió el funcionario.

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Hace unos pocos meses, y cuando todo eran rosas entre las entidades de productores y el Gobierno, los funcionarios del Ministerio de Agroindustria anunciaron que se pondría en marcha un seguro multirresgo. El objetivo era lograr una herramienta que ayudar al productor a tener algunas cobertura ante situaciones de emergencia, como las inundaciones de hace pocos meses o la actual sequía.

Se dijo, en un principio, que se iban a realizar pruebas piloto que servirían para estudiar la metodología, que la idea era implementar una cobertura que funcionaría en bases a índices elaborados con la información histórica que maneja la cartera agropecuaria, y en base a la cual se determinaría si tal o cual productor estaba inundado o en seca como para disparar la cobertura.

El subsecretario Hugo Rossi, encargado del tema en Agroindustria, explicó la iniciativa en el programa Bichos de Campo que se emite por Radio Rivadavia hace unos siete meses. Pero desde entonces no se supo mucho más del tema, ni sobre las pruebas piloto ni sobre la implementación del seguro.

Ver “¿Cómo funcionará el seguro agrícola multirriesgo que preparan en Agroindustria?”

El seguro multirriesgo es una herramienta que el sector reclama desde hace años pero que las compañías aseguradoras no se animan a ofrecer porque se fundirían casi inmediatamente, debido a que no podrían hacer frente a los siniestros o la póliza para hacerlo sería muy cara. Por eso es necesaria la participación del Estado, la famosa PPP, participación público-privada.

En tal sentido, Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando, señaló que el del seguro “es un tema que no resolvió, aunque el sector necesita de ese tipo de políticas para contrarrestar problemas como el cambio climático”.

Oliverio dijo que mientras se suceden las sequías e inundaciones, el que más sufre estas situaciones “es el productor más chico, que va quedando afuera, y se acelera la concentración. En otros países, como es el caso de los Estados Unidos el sistema funciona bien y le da al productor la posibilidad de cobrar gran parte de su rinde promedio”, contrastó el presidente de Producir Conservando.

La cuestión es que, mientras tanto el proyecto oficial no muestra resultados, en menos de un año se pasó de una inundación que dejó a muchas zonas muchos meses bajo agua a la sequía más impactante en décadas.

Según el economista de CRA, Matías Lestani, hasta el momento la seca causó pérdidas por 87.000 millones de pesos o si se lo quiere medir en la moneda norteamericana, unos 4.350 millones de dólares.

Las pérdidas podrían ser todavía mayores si en breve no cambia el clima, lo que no está previsto, y eso obligará a las bolsas de cereales y al propio Ministerio de Agroindustria a hacer nuevos recortes en sus estimaciones de producción.

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No será un seguro multirriesgo como aquel que prometió alguna vez Cristina Fernández de Kirchner. La alternativa de contratar para el campo un seguro como el de los autos resulta prohibitiva por lo cara. En los despachos del Ministerio de Agroindustria se calculó que tener un seguro agropecuario que incluya a la sequía y la inundación tendría un costo de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos soplo de prima. En tiempos de emergencia fiscal, imposible destinar tanto dinero.

Cuando en 2012 Cristina advirtió que su anuncio sobre el seguro obligatorio iba a salirle tanta plata sencillamente reculó y no habló más del asunto: violín en bolsa y a otra cosa. Pero la realidad se empeña en mostrar que la Argentina no puede seguir atendiendo las emergencias agroclimáticas sin contar con mecanismos más efectivos y modernos que la Ley de Emergencia Agropecuaria, que solo ofrece paliativos.

Desde hace mucho se analiza la posibilidad de implementar un seguro multirriesgo, pero siempre la pared a chocar fue la misma: por el alto grado de siniestralidad, la prima iba a salir carísima y las empresas aseguradoras no venderían ni una póliza salvo que hubiera un significativo subsidio estatal que bajara los costos. Esa excusa se repetía como latiguillo. Durante años, décadas, no hubo avances.

En Agroindustria hay dos funcionarios empecinados en torcer esta historia, o al menos intentarlo. Son el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, quien tiene a su cargo la administración de la Emergencia Agropecuaria. Dice uno de ellos: “Después de tantos fracasos repetir la misma fórmula sería de necios, por eso estamos pensando en otra cosa”.

¿En qué piensan? Para empezar a definirlo habría que dejar de hablar de un seguro y empezar a llamar las cosas por su nuevo nombre: el Estado Nacional trabaja en una “cobertura” que incluiría los daños provocados a los cultivos y las pasturas por los excesos hídricos y su feroz contracara, la sequía. ¿Para cuándo? En esta misma campaña 2017/18 habrá un ensayo a gran escala para cubrir a los productores más chicos de maíz en 30 distritos cuidadosamente seleccionados de varias provincias que producen ese cultivo. La idea es probar el sistema y hacerle todas las correcciones que hagan falta. Dar los primeros pasos y comenzar a generar un mercado.

Lo de la denominación, seguro o cobertura, parece una tontería pero no lo es. Si uno dice “seguro” marcha preso, porque cae inevitablemente en los términos de la actual legislación en la materia. Esa normativa instala de inmediato una serie de ítems (como el IVA, los impuestos internos, las comisiones de las aseguradoras, una tasa para la Superintendencia del Seguro, etcétera) que de inmediato colocarían el proyecto de nuevo por delante de este plan piloto a la muralla de los costos prohibitivos. Un seguro multirriesgo tradicional tiene un 10 o 12% de costos más los impuestos, explican.

La figura de cobertura por índices, en cambio, le permitirá a Agroindustria destinar el presupuesto acotado que tiene, de unos 50 millones de pesos, para este plan piloto, evitando que la prima sea excesivamente onerosa. La fórmula será firmar un acuerdo con el Banco Mundial, para que con ese dinero sea ese organismo el que licite una cobertura entre las reaseguradoras internacionales. Así la plata rendirá muchísimo más en caso de que la sequía o la inundación vuelva a ensañarse con los productores de maíz. Para empezar, no será necesario en este esquema que un inspector de la aseguradora vaya a inspeccionar los daños a cada campo. Nada más lejos que eso.

El sistema funcionaría de la siguiente manera: en base a información climática y de rendimientos disponible desde 2000, se fijará un índice de siniestralidad para cada partido que será de público conocimiento. Previamente a la próxima cosecha de maíz, en febrero de 2018, en ciertas fechas se tomarán imágenes satélites para medir el índice verde (y diagnosticar sequía) o los espejos de agua (y diagnosticar inundación) en cada uno de los 30 partidos testigo.

Si el umbral de daño detectado por los satélites supera al del índice promedio determinado para ese distrito, entonces se “disparará” la cobertura y se harán efectivos los desembolsos a los productores afectados. Pero si esos fenómenos climáticos no sucedieron y los cultivos no sufrieron daño, simplemente sucederá que el Estado habrá perdido el dinero invertido en la cobertura. Como sucede con un automóvil que no sufre robos ni accidentes.

¿Todos los productores serán beneficiados? En principio no, sería imposible. La idea es cubrir parte (cerca de la mitad) de los costos de implantación de una hectárea de maíz, poniendo el acento las primeras 50 hectáreas por pequeño productor y luego decreciendo en los porcentajes cubiertos hasta las 150 o 200 hectáreas implantadas. “Con esto se alcanza cerca del 80% de los productores, los más pequeños. Porque la idea es favorecer el arraigo”, dicen los funcionarios a cargo.

Como no se trata de un seguro individual, los productores de cada partido serán incluidos en el sistema sin poner un peso, salvo que quieran asegurar la totalidad de sus sembradíos y no solo la fracción contemplada. En ese caso deberán pagar por su cuenta la cobertura adicional. La idea en Agroindustria es “crear un mercado” que eche raíces sólidas. En ese sentido, se aclaró que las aseguradoras locales podrán sumarse al operativo luego de esta experiencia inicial, o complementándola. En una segunda etapa se incluirá además al cultivo de la soja y también a las pasturas, de modo de incorporar a los ganaderos.

Un esquema definitivo debería quedar plasmado en el proyecto de ley sobre Seguros Agropecuarios que prepara el Ejecutivo y que el Congreso debería tratar en sus sesiones de 2018 (al menos esa es la aspiración oficial), para poder contar con una nueva tanda de recursos en el Presupuesto 2019. La aspiración es que, por ejemplo, se rebaje el IVA y otros costos de este tipo de coberturas, para hacerlo más accesible.

La norma, además, crearía una comisión mixta semejante a la que hoy funciona para la Emergencia Agropecuaria, que sería la encargada de definir un plan plurianual de seguros y administrar un fideicomiso específico. Según el plan oficial, esto no significaría la eliminación del actual régimen de Emergencia y Desastre Agropecuario, pero los recursos que allí se administran se orientarían sobre todo a atender las necesidades de los productores familiares en caso de contingencias climáticas, ya que los de extensiones más grandes tendrían acceso a esta cobertura de mínima.

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El Ministerio de Agroindustria busca implementar un seguro multirriesgo para cultivos extensivos. Este año se harían las primeras pruebas piloto para maíz y la intención es que el año que viene se avance con su implementación para la soja y las pasturas.

Según los anticipos, el Estado se haría cargo del subsidio de gran parte de la prima y así se reduciría el costo de los seguros para el productor. De este modo se expandiría la ayuda en caso de que hubiera sequía o inundaciones.

En los últimos años hubo quejas del sector privado porque no nunca se amplió el monto de $500 millones de que dispone Agroindustria para hacer frente a las situaciones de emergencia agropecuaria en todo el país.

La nueva cobertura funcionaría en base a índices elaborados con información disponible desde el año 2000 sobre la ocurrencia de sequías o excesos hídricos. Con esos datos se generan valores promedio que serán contrastados con la realidad en base a imágenes satelitales. Si la información relevada indica que hay una seca o inundación mayor a la que indica el índice se dispararía la cobertura.

Entrevistado por el programa Bichos de Campos (AM 630 radio Rivadavia), el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, explicó que ya cuentan con la información técnica para realizar la pruebas pilotos en maíz. “En el caso de las inundaciones se van a tomar dos momentos, primavera y otoño (cosecha). Con el uso de las imágenes satelitales nos ahorramos el costo de la tasación del daño, que es una de las variables que encarecen este tipo de seguros”, explicó.

Rossi agregó que el Estado tomará a su cargo la cobertura ante aseguradoras internacionales y que se hará cargo del pago de gran parte de la prima. El funcionario explicó que “en el caso del maíz, y suponiendo un costo de producción por hectárea de u$s 450/500, lo que vamos a hacer es definir qué porcentaje de ese momento se va a cubrir. Podrían ser cerca de u$S 300, que es más del 50% del costo”.

Así, “dependiendo de cuánto sea el índice para la zona y el daño relevado por las imágenes, se define cuánto se paga. Si el resultado es bajo porque la seca es menor no se van a pagar los dólares sino un porcentaje. Y si es catástrofe se va a acercar a los u$S 300”, aclaró el funcionario.

La penetración del seguro multirriesgo es baja en la Argentina. También para el programa Bichos de Campo, Miguel Angel Fusco, del área investigación y desarrollo de Aacrea y especialista en el tema, dijo que “según un censo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuya última información disponible es de 2015, de toda la masa (de productores) asegurada un 77,2% fue contra granizo, el 22,3% granizo con adicionales y sólo 0,85 % fue seguros multirriesgo, que es contra seca o inundaciones”.

Fusco destacó que el seguro multirriesgo no es una cobertura difundida porque su costo es alto para el productor y muy riesgoso para la aseguradora, debido a que debe cubrir superficies muy amplias. Por eso, destacó, en Estados Unidos el Estado tiene una participación importante en la cuestión cubriendo gran parte de la prima. Los subsidios pagados por esta cuestión el año pasado sumaron “u$S 4.200 millones. De cada dólar que el estado subsidió, 86 centavos fueron a los productores y 14 centavos a empresas”, agregó.

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