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]]>Hoy esas desprolijidades se notan aún más porque en menos de 20 días vence la concesión del dragado del tramo final de la Hidrovía Paraná- Paraguay, y el gobierno trabaja contra reloj. Se trata de una de las autopistas fluviales más importantes del mundo, por la que Argentina saca el 80% de sus exportaciones. Lo que se debate por estas semanas dentro de la coalición de gobierno, es una posible nacionalización de esa vía.
“La hidrovía es la arteria aorta por la que circula el grueso del comercio exterior argentino, y las ineficiencias de ese sistema las padecen los dadores de carga, es decir los productores, o los importadores e industriales que las reciben”, explicó a Bichos de Campo Ignacio Mántaras, abogado, productor agropecuario y representante de CRA en el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH).
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El principal problema que Mántaras reconoce es que desde que se firmó el primer contrato en 1995, Argentina duplicó su superficie sembrada –y por ende su producción-, y eso no es tenido en cuenta.
“Hay que llevar a escala nacional lo que nos pasa en la escala lote. Aunque tengas un gran rendimiento, no tenemos caminos para sacar la cosecha. El 85% del transporte argentino es por camión”, aseguró.
Lo que ocurre es que en muchos tramos de la hidrovía no están dadas las condiciones para recibir la producción y sacarla por puertos alternativos, y muchos contenedores deben salir directamente desde Buenos Aires. Desde CRA consideran que este debería ser uno de los temas a debatir pero señalan que desde la convocatoria del año pasado, no se han intercambiado documentos en el Consejo.
Mántaras es pesimista y sostiene que por la manera en que se han dado las negociaciones e intercambios, “todo parece muy vertiginoso y ese debate no tendrá tiempo de ser dado”.
-¿Qué le gustaría a CRA que suceda cuando, en algún momento, se pueda discutir toda la vía del Río y su navegabilidad?
-No es sólo discutir vías y políticas portuarias. Hay que replantear toda una logística de acceso a los puertos y discutir los corredores biocéanicos. Córdoba está saliendo por Buenos Aires. Es más caro el flete de Rafaela a Buenos Aires que el de Buenos Aires a Dubai. Hay algo ahí que no está funcionando. El problema de Argentina son los consensos.
Sin embargo hoy la discusión está copada por argumentos en su mayoría ideológicos, principalmente sobre si el Estado debe o no hacerse cargo del dragado de la hidrovía. Frente a esto, Mántaras afirmó que el país y su sector público no están en condiciones de brindar ese servicio.
“El problema no es quién hace las cosas, si el Estado o un privado, sino un tema de controles. Hay que hablar de gobernanza de la hidrovía. Ese es un capítulo pendiente y el Consejo Federal podría consolidar un espacio de control”, agregó.
Recordemos que la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra manejada por la empresa Hidrovía SA, conformada por la empresa nacional Emepa S.A. y la belga Jan de Nul. Ellas se ocupan del dragado del primer tramo del río para asegurar la profundidad necesaria para que la transiten buques de gran calado y del balizamiento de la vía navegable.
-¿Se sintió a nivel del productor los beneficios de la hidrovía?
-Me atrevo a decir que nunca se hubiera podido desarrollar la agricultura en el NOA si no se existiera la hidrovía. Todo el volumen de molienda y procesamiento en el Gran Rosario es emblemático a nivel mundial. Esa es la discusión que tendría que estar dándose hoy.
Foto: Canal Veo
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]]>La entrada En Santa Fe “no hay productor que no haya sufrido algún hecho de inseguridad”, afirma Ignacio Mántaras se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Habitualmente, las entidades del agro y productores, ante una ola de inseguridad, se reúnen, convocan autoridades políticas y policiales, se hace un poco de ruido y el delito se tranquiliza en la zona. Pero en Carsfe, hace tres años quisimos encararlo como una cadena de valor, porque el delito tiene todo un hito recorrido, que va desde el propio ilícito, pasa por la denuncia y empieza a activar sensores del Estado. Ahí vienen los eslabones de esta cadena”, explicó el secretario de Carsfe. La entidad cuenta incluso con una Comisión de Seguridad, a cargo de Gerardo Vicentini.
“Un eslabón son los fiscales, otro el poder judicial, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Producción y otro las patrullas rurales. Empezamos a ver que estos estamentos tenían poca comunicación entre si o que tenían fallas. Por eso empezamos a reunirnos con cada uno de ellos, para detectarlas. Nos queda pendiente el poder Judicial, con el que no hemos podido interactuar mucho aún”, agregó Mántaras.
Mirá la entrevista completa realizada a Ignacio Mántaras:
El secretario de Carsfe relató que comenzaron a tener diferentes reuniones ministeriales con distintas agencias. “Teniendo el diagnóstico de que había falencias en cada eslabón, como confederación provincial, podemos aportar casos locales y una mirada más elevada sobre cómo abordar este tema de la inseguridad rural, el cual es serio y difícil de comparar con el de la inseguridad urbana”.
Según Mántaras, “el delito rural tiene diferentes formatos, y puede ser esporádico o algo más organizado. Por ejemplo, hace poco en San Agustín se desbarató una banda que hacía entraderas por la noche a establecimientos rurales con un policía como informante. Entraban armados y se llevaban todo”.
Ver: CNA 2018: Una de cada cinco explotaciones rurales padeció algún hecho de inseguridad
“Hay productores que sufren un robo sistemático. El tradicional es abigeato. El productor de islas termina asumiéndolo como un costo de su empresa. De hecho los alquileres de predios cercanos a zonas de islas tienen un costo más bajo porque se prevé que habrá pérdidas por robos. Y luego es común el robo de transformadores en tambos y arroceras, lo que frena la producción directamente porque son actividades que no pueden parar y acarrean un costo de inversión muy grande”, remarcó Mántaras.
El gran problema, según el ruralista, es que detectaron que muchos productores no hacen la denuncia. “Este es el primer punto que abordamos, porque si no se hace la denuncia el sistema no se activa. Y cuando te sentás con las autoridades, te dicen que las estadísticas indican que no hay gran cantidad de casos de inseguridad. Por eso fomentamos que hagan las denuncias, las cuales se pueden hacer en distintas bocas en Santa Fe, ya sea en la policía, en los centros territoriales de denuncias o ante los fiscales”, describió.
“Cuando esos sistemas de denuncia se activan, generan información y alimentan El Ojo, que es un sistema integrado para trazar un mapa de delito”, dijo Mántaras en referencia al sistema implementado por el gobierno provincial, basado en un sistema americano, que se empezó a utilizar para grandes ciudades de la provincia, tomando datos de diversas fuentes. A fines de 2018, Carsfe logró un convenio para implementarlo también en el ámbito rural.
El secretario de Carsfe enfatizó en que poder hacer la denuncia en cualquier lado de Santa Fe les permitió incorporar al ministerio de la Producción. “Santa Fe tenía un registro para Bromatología y otro para el Censo Agropecuario. A su vez, el productor debía hacer varias declaraciones juradas, más allá de las que le exigen a nivel nacional. Por eso unificamos todo eso en el Registro Único de Productores Primarios (Rupp), que es un sistema de información que tiene finalidad productiva, de estadísticas y que además te permite volcar información sobre los ilícitos y geo-referenciar el establecimiento para que la policía sepa cómo llegar. Esto genera una base de información que permite cuantificar el delito, nutrir al Ojo y hacer estadísticas”, manifestó.
“El Ojo quizás no sea la solución al delito rural, porque es más complejo el tema, pero sí es una herramienta. El Ojo se hizo, a priori con fines urbanos, donde los patrullajes se determinan en función de la dinámica del delito, los horarios y las zonas más calientes. Esto mismo intentamos replicar en el ámbito rural. Es interesante ver el mapa del delito en tiempo real, cuáles son las denuncias, y además brinda información acerca de cómo avanzan las causas y expedientes, lo que permite elaborar políticas públicas”, declaró Mántaras.
Por decreto, en 2018 se armó en Santa Fe la Mesa de Abordaje del Delito Rural, la cual fue conformada por el ministerio de Seguridad, el de Producción, el de Justicia y el de Salud, junto con Carsfe, para coordinar acciones conjuntas, como la conformación de un mapa de ilícitos en zonas rurales. El objetivo es también poder desarrollar capacitaciones, monitoreos y evaluación de las acciones desarrolladas.
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