Este año, con el régimen en marcha, hubo un incremento notable de las importaciones de la oleaginosa.

Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “en el mes de septiembre, se importaron cerca de 563.000 toneladas de soja, principalmente del Paraguay, tres veces por encima del mismo mes del año previo, al mismo tiempo que se estiman importaciones por entre 400.000 y 500.000 toneladas para el mes de octubre. En total, la estimación de importaciones para los primeros 10 meses del año arroja 5 millones de toneladas de soja”.

La situación puntual del último bimestre (septiembre/octubre) puede obedecer a la necesidad de las fábricas de mantenerse activas en un contexto en el que los productores argentinos realizaron pocas ventas de su soja. Pero sumando el acumulado anual, el ingreso de soja importada es 16% superior a todo lo importado en 2019.

A su vez, de continuar la tendencia en noviembre y diciembre, se llegaría a un flujo de unas 6 millones de toneladas, lo que implicaría un salto interanual de casi 40%. En 2018 se importó mayor cantidad de soja, pero en aquel momento la sequía había hecho estragos en la producción local, y la industria aceitera llegó a traer el poroto incluso desde los Estados Unidos.

El volumen importado este año se acerca mucho a los embarques del poroto sin procesar desde la Argentina, que según lo que informa el Ministerio de Agricultura llegan a 6,5 millones de toneladas en el período enero-octubre.

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Desde la industria aceitera suelen argumentar que este esquema de importaciones temporarias le agrega materia prima a un sistema que tiene alta capacidad ociosa, por las inversiones realizadas por las empresas aceiteras que no fueron acompañadas por el crecimiento de la producción. En rigor, se estima que la Argentina tiene capacidad para moler unas 70 millones de toneladas anuales de soja. Pero, castigada por los sucesivos gobiernos con derechos de exportación que desincentivan la siembra, la oferta local se estancó en 50 millones de toneladas.

Con respecto a esta cuestión, el analista de mercados Carlos Etchepare dijo que no resulta comprensible el argumento de los privados ni el aval que se hace desde el Estado. “Cuando se importa 1 tonelada de soja y se fabrica la harina y el aceite con ella se genera el mismo ingreso para la empresa que cuando se procesa soja nacional, pero al Estado le ingresa el 29,5% por derechos de exportación sobre el agregado de valor, es decir, por la diferencia entre el valor del poroto y el de la harina y el aceite”.

Etchepare calculó que por 1 tonelada de soja importada, la industria ubicada en Argentina le paga al productor paraguayo 498 dólares y cuando se vende la harina y el aceite entran al país 542 dólares. Pero como se pagan retenciones de 29,5% solo por el agregado de valor, cuya diferencia es de 48 dólares, el Estado percibe 13 dólares por tonelada por dicho tributo.

En cambio, al Fisco le ingresan 160 dólares por el poroto que se produce y se exporta sin procesar en la Argentina.

Así, según el analista, la diferencia por el agregado de valor que se logra en el procesamiento es menor medida en dólares y no justifica la vigencia de un sistema que le resta ingresos al Estado y le genera una competencia desleal a los productores argentinos, porque se genera más oferta en el mercado.

A los productores locales, además, se les descuentan las retenciones, que volverán a ubicarse en poco tiempo más en 33%. La soja argentina, después de retenciones, ronda los 340 dólares que además se liquidan al tipo de cambio oficial. El dólar oficial menos retenciones a la soja resulta de solo 55 pesos.

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En efecto, la resolución 109/09 firmada por el ex funcionario kirchnerista había excluido a la soja del régimen de importación temporaria que permitía a cualquier industria traer una materia prima al país, industrializarla aquí y luego reexportarla con valor agregado y trabajo argentino. Es lo que hacía la industria aceitera: compraba soja de países vecinos, la molía aquí y la reexportaba como aceite o harina.

En aquel momento de chicanas y vendettas, Echegaray argumentó que la prohibición se adoptaba para “proteger los ingresos de los productores al privilegiar la utilización de materia prima nacional”. Puede recordar esos tristes días en este link.

En 2008, el año del conflicto, se habían importado desde Paraguay 2.900.000 toneladas de soja, más otras 29 mil toneladas de Uruguay y 33 mil desde Bolivia. Es decir casi 3 millones de toneladas. Aunque hubo luego algunas correcciones y revisiones de la normativa, ese volumen de importaciones temporarias jamás se recuperó.

Hasta ahora y ahí llega la noticia: según datos de INDEC y Aduana, al 20 de septiembre pasado las importaciones temporarias de soja alcanzaban a 1,4 Mt para para todo el año 2017. Es decir, el régimen viene remontando. Un informe de la Bolsa de Rosario destaca que el volumen de importaciones de soja actual “más que duplica lo importado a igual fecha del año 2016”.

A principios de ese año y de su gestión, el Gobierno de Mauricio Macri había acomodado las cosas para favorecer la reanudación del negocio de agregar valor a la soja de los países vecinos, eliminando las restricciones que había impuesto Echegaray años antes.

Incluso sucedió algo impensado: A los proveedores tradicionales de soja (Paraguay, Bolivia y Uruguay) se sumó este año Brasil, desde donde se han importado 136.000 toneladas de soja para su procesamiento en los puertos rosarinos.

Los ingresos actuales ya superan incluso los registros de aquel fatídico 2009, cuando se importaron solo 500 mil toneladas. Los dos años previos,  2007 y 2008, habían sido de operaciones excepcionales, porque habían llegado a importarse 2,2 y 2,9 millones de toneladas de soja, respectivamente. La sequía de aquel momento tuvo mucho que ver.

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