La entrada Al final no había tantos “ricachones insolidarios”: Solo 1 de cada 5 contribuyentes no pagó el aporte solidario por el Covid se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la ley”, indicó la AFIP en un informe publicado este lunes.
A contramano de lo que se afirmaba desde sectores oficialistas que intentaron mostrar un elevado nivel de rechazo de los ricos a esta aporte solidario y una supuesta judicialización del mismo, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, reconoció que al día de la fecha “la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación”.
“Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la funcionaria. La distribución prevista por ahora será la siguiente:
Desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar:
- Alrededor de $45 mil millones, equivalente a un 20% del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
- Una suma similar, otro 20% de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
- A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
- Más de $33 mil millones, o un 15% de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
- Cerca de 55 mil millones, el 25% de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.
“Los contribuyentes que presentaron su declaración jurada y pagaron el Aporte solidario y extraordinario representan el 80% del universo potencial estimado por la administración tributaria durante el debate parlamentario”, destacó el comunicado oficial. En pocas otras ocasiones se vieron niveles de cumplimiento tan elevados.
Para cobrar lo que resta, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”.
“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, se amplió.
Estas estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas. “Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”, indicó el organismo.
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]]>La entrada Reglamentaron el aporte solidario impulsado por Heller y Máximo Kirchner: Esperan recaudar unos 300 mil millones de pesos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Gobierno reglamentó esta ley, impulsada por el diputado y banquero Carlos Heller con un fuerte respaldo del Máximo Kirchner, mediante el decreto 42/201, que fue publicado en el Boletín Oficial. De este modo, se pone en marcha un operativo en el que se espera recaudar unos 300.000 millones de pesos para fines sanitarios, económicos y sociales. Esta ley fue muy resistida por las entidades del sector agropecuario, que criticaron especialmente que muchos productores deberían hacer este “aporte” porque la legislación no discrimina entre riqueza propiamente dicha y capital productivo.
Sin chance ya de reclamo, ahora la AFIP promete controlar a fondo el listado de milloanrios argentinos. La reglamentación la habilitó a recurrir a herramientas de información para verificar y fiscalizar las situaciones en que se verifiquen “variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte” durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que “hicieren presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o que esté destinada a eludir su pago”.
Según análisis de consultoras locales consultadas por la agencia Télam, quedan por precisar aspectos como la fecha y sistema de pago, la forma de llevar adelante las presentaciones, y si existirá algún anticipo a cuenta del impuesto, lo cual sería aclarado por la AFIP en los próximos días.
La reglamentación permite a los contribuyentes con participación accionaria en sociedades argentinas seleccionar la forma de valuación entre el patrimonio neto, según la fecha de último balance cerrado, o bien, el 18 de diciembre pasado (publicación de la ley), valuado con un balance especial preparado a tal efecto.
Se prevé además que la repatriación del 30% de los activos financieros del exterior, contemplada en la ley (parcial o total) implica la reducción de la alícuota sobre los bienes del exterior a la de los bienes locales; es decir, cambia la escala de tasas del 3% al 5,25% por la del 2% al 3,5%.
Esta repatriación del 30% de los activos financieros del exterior puede ser parcial o total. Se permite traer fondos a la Argentina para aportarlos a sociedades locales; y excluye de la base imponible a los bienes del hogar que representan aproximadamente el 5% de la suma de bienes locales más inmuebles del exterior.
El decreto precisa los plazos (se deben repatriar los fondos dentro de 60 días), los lineamientos (traer el dinero a una entidad bancaria local) y las posibles inversiones para gozar de los beneficios de la repatriación.
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]]>La entrada Se aprobó el “aporte solidario y extraordinario”: cómo afectará al sector agropecuario argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En un debate que se extendió durante cuatro horas, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, para crear así un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos; Córdoba), dijo que “es un aporte direccionado a las personas más ricas” y aseguró que el propósito del mismo es colaborar “para que el país mejore, siendo solidarios”.
Además Caserio –según in informe publicado por Fundación Barbechando– se refirió al sector agropecuario y dijo que, de los productores rurales del país, que estimo en alrededor de 500.000, según cálculos de la AFIP, los alcanzados van a ser “un porcentaje mínimo”.
A su turno, Martín Lousteau (UCR; CABA) se opuso a la iniciativa alegando que el aporte se puede conseguir por otros medios: derogación de jubilaciones de privilegio o regímenes especiales o recabando tres mandatos de ganancias de mutuales o un mandato de déficit de empresas públicas. Asimismo, apuntó a que el proyecto implica una doble imposición, ataca pasivos, no grava el dinero en negro (informal) y le quita fondos a las provincias.
Julio Cobos (UCR; Mendoza) se refirió a la carga impositiva y propuso simplificar el sistema tributario. “Tenemos muchas herramientas válidas para mejorar las condiciones tributarias y también para simplificarle la vida a los empresarios para que puedan invertir y sacar el país adelante”, concluyó.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana (FDT; Buenos Aires) se refirió a que la comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad y dijo que el aporte no apunta a las empresas: “Son personas humanas que tienen una gran acumulación de capital y lo que se les está pidiendo es un aporte extraordinario para contribuir a paliar esta difícil situación”.
El ex gobernador puntano, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) se mostró preocupado por “todos los otros que entran en el impuesto, que no son ricos, y que tienen afectados todos sus bienes productivos a la producción”, que son motores económicos de ciudades y pueblos del interior, sin liquidez y que deberán vender parte de su equipamiento para pagar el impuesto. “Es absurdo las consecuencias negativas que va a tener para ese sector productivo este impuesto”, aseguró.
Humberto Schiavoni (PRO; Misiones) se lamentó porque se castiga a quien puede ayudar al país: “La única manera de crecer en la economía es a través de la inversión”, dijo y se refirió a las inconsistencias legales y constitucionales, dado es confiscatorio, viola el principio de igualdad y es retroactivo.
En la misma línea, Silvia Elías de Pérez (UCR; Tucumán) dijo que el gobierno “ha sido el abanderados de crear impuestos” y detalló los más de quince impuestos creados o aumentados en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. “Esto aumenta la incertidumbre y no permite la inversión ni la producción”, concluyó.
Mariano Recalde (FDT; CABA) dijo que no era real que algunas personas tuvieran que vender bienes: “Tienen liquidez para enfrentar lo que tiene que pagar. Solo se vería afectado un 25% de su capital”, dijo (sic).
A su turno, Juan Carlos Marino (UCR; La Pampa) afirmó que la nueva contribución “no ayudará a morigerar nada”, sino por el contrario, “seguirá espantando inversiones” y desalentando la desinversión. “Se crea un impuesto que le pega en la línea de flotación a las empresas agroindustriales, industriales y de servicios”, apuntó.
También se refirió al impacto del nuevo impuesto sobre el sector agropecuario: “le pega al campo” al gravar los inmuebles rurales sin siquiera establecer un mínimo no imponible que no queda exento.
Como portavoz oficial, Oscar Parrilli (FDT; Neuquén) apuntó contra el sector agropecuario al recordar que en 1860 se beneficiaron de las políticas del Estado al enriquecerse con la entrega de tierras en cuotas fijas y a bajo costo. “Hicieron fortuna gracias a la acción del Estado”, dijo y argumentó que el proyecto es “ético” porque apunta a que aporten los que más beneficios han recibido.
A modo de cierre, recordó que el nuevo impuesto apunta a devolver las 40 millones de hectáreas que fueron apropiadas por 1840 familias históricas del país familias. “Lo único que se les pide es que hagan un pequeño aporte para el pueblo argentino”, concluyó.
El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Petcoff Naidenoff (UCR; Formosa) dijo que “el que genera expectativas es el sector privado” y se lamentó porque “en lugar de atraer, la Argentina expulsa”.
Asimismo le respondió al senador Parrilli al referirse al sector agropecuario: “No hay que desalentar la inversión. Este error ya lo cometieron con la 125 (en 2008)”, dijo y apuntó contra “un prejuicio ideológico”, contra la propiedad y la ruralidad. “Acá hay relato y mala praxis”, fustigó.
Para el cierre por parte del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti (FDT; Mendoza) aseguró que 9300 personas “que tienen grandes fortunas” serán solamente los que van a pagar. La mendocina también se refirió directamente al sector agropecuario, “que se victimiza” y aseguró que “ninguno va a tener que vender nada (para abonar la contribución)”. “
“Esas fabulas de vender maquinas, campos y propiedad es una zoncera que repiten por no poder decir por qué no acompañan esta medida”, apuntó Fernández Sagasti.
La nueva contribución impactará directamente en los bienes productivos, los bienes de cambio (sementera, existencias de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos, tomando como base imponible inclusive aquellos exentos en la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales.
Afecta directamente Pymes, ya que el dueño final de su capital accionario es una persona humana. Alcanza todos los activos que posea una persona humana o una sucesión indivisa, incluyendo la participación que tenga en una sociedad productiva. No contempla la rentabilidad ni la liquidez disponible
Además constituye un impuesto confiscatorio: los gravámenes al patrimonio –Bienes Personales junto con el “impuesto a la riqueza”– en su máxima escala alcanzan al 7,5%, es decir, para hacerle frente al aporte, el sujeto alcanzado debe vender parte de su patrimonio.
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]]>La entrada Dos reveses previsibles: el oficialismo consiguió media sanción para el impuesto a las grandes fortunas y para la ley de manejo del fuego se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, el proyecto redactado por el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y director del Banco Credicoop, cruzó la meta con no tan holgada diferencia.
El debate se resumió en dos ejes centrales. El oficialismo argumentó que este aporte solo afectaría al 0.02% de la población, que dado el grueso de su patrimonio no se vería casi afectado, y aseguró que sería por única vez, siendo una ayuda circunscripta al contexto de la pandemia.
Por el contrario, la oposición dijo que este aporte oculta un nuevo impuesto que llegó para quedarse, remarcando que en Argentina ningún tributo fue por única vez, y lo trató de confiscatorio e inconstitucional por gravar bienes que según la ley de Bienes Personales están exentos.
Recordemos que el aporte involucra a quienes hayan declarado un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos y supone una alícuota del 2%, que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor. El máximo sería de un 3,5%, que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más.
Según el proyecto, lo recaudado se repartirá de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% para comprar equipamientos de salud por la pandemia; un 20% para apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar y un 15% para urbanizar barrios populares.
“Se nos ha dicho que hay quienes deberán vender sus bienes para dar con este aporte. Eso es faltar a la verdad. Según la AFIP serán alcanzadas menos de diez mil personas. ¿Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas? Es una falacia decir que esto”, exclamó Heller en el inicio de la sesión.
Luego agregó: “Lo que les duele es el ejemplo y no el importe. Si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196 seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle estableciendo qué es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen.”
Mirá la entrevista que Bichos de Campo le realizó a Carlos Heller sobre este proyecto:
A pesar de las cifras dadas por el autor del proyecto, el sector agroexportador asegura que este aporte alcanzará a más personas de las que se dice y que no necesariamente serán grandes productores, sino que puede tratarse de trabajadores rurales medianos y pequeños.
Un análisis realizado por la Fundación Barbechando demostró que, por ejemplo, un productor agropecuario que invirtió en el desarrollo de una planta de biodiesel, con un aporte de capital en infraestructura de 80 millones, en un campo de 70 millones de valor fiscal, sumado al capital productivo, estaría en el orden de los 200 millones.
De la misma forma indicaron que un productor que invirtió en una granja de cerdos de 400 madres, o un productor de pollos parrilleros con seis galpones, pueden superar este patrimonio ante la inversión realizada.
“No tenemos ninguna duda de que es un impuesto al sector productivo, al sector que genera trabajo. Particularmente en el sector agropecuario esto le pega a las pymes medianas y chicas. Esto castiga muy fuerte a los argentinos que han apostado a los últimos tres años de esta Argentina tan convulsionada. Es muy injusto este impuesto y lo vamos a sufrir muchos productores”, comentó a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de la Fundación Barbechando.
En este sentido, el misionero Luis Pastori, legislador de la UCR, afirmó que este proyecto no distingue entre la inversión financiera y la productiva y que el objetivo debería ser ampliar la base impositiva, capturando a quienes no pagan, y no arremetiendo contra el sector productivo.
“Este impuesto grava capital de trabajo, mercadería, insumos, bienes de capital, maquinarias, herramientas inmuebles, automotores afectados a la producción, propiedades rurales y la vivienda familiar que no la exime como bienes personales. Para las pymes y el empleo este impuesto es una segunda pandemia. Le pega al campo sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgravar la vivienda de uso familiar”, dijo.
Durante las idas y venidas del debate, los ojos estuvieron puestos en los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, cuyos votos son siempre disputados por los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Para lamento de la oposición, esta vez la mayoría acompaño al oficialismo a diferencia de Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, que indicó que este aporte “presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, y siembra dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad.”
Un voto negativo sorpresivo fue el de Alma Sapag, integrante del unibloque Movimiento Popular Neuquino, que si bien suele ser aliada del Frente de Todos, indicó que este proyecto va en contra de las reglas claras que piden los inversores externos y que al buscar absorber parte de la renta del contribuyente es confiscatorio.
Hacia el cierre de bloques, el presidente de Juntos por el Cambio, Mario Negro, dijo: “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”. Responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica de la pandemia y argumentó que la cuarentena es para rearmar el sistema de salud y no para hacer un programa de gobierno.
Máximo Kirchner, quien debió retirarse a la mitad de la sesión luego de que le informaran que era un contacto estrecho de alguien contagiado de Covid-19, dio vuelta el argumento de Negri y culpó al ex presidente Mauricio Macri por permitir la fuga de capitales hacia el final de su mandato. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales”, dijo.
Terminada con esa orden del día se dio paso al tratamiento de la ley de manejo del fuego, que obtuvo 132 votos afirmativos y 96 negativos de legisladores de Juntos por el Cambio. El proyecto busca modificar el artículo 22 de la ley 26.815, imponiendo limitaciones de entre 30 y 60 años para actividades en superficies que hayan sufrido incendios.
Desde el oficialismo se argumentó que de esta forma se terminaría con la especulación inmobiliaria que causa la mayoría de los incendios intencionales. Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales dijo: “Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente”.
Por su parte, José Luis Ramón, presidente del Interbloque Federal aseguró que hay que dejar de priorizar planteos económicos y de propiedad privada. “No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas agraven la situación del medio ambiente”, afirmó.
Ambos proyectos serán girados a la Cámara de Senadores. Aún no se sabe si recibirán modificaciones y si llegarán a ser tratados antes del cierre de sesiones ordinarias en el Congreso, a fines de noviembre.
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