La ley, que había sido aprobada por el Senado el 2 de junio pasado, dispone que por ganancias de hasta 5,0 millones de pesos las empresas pagarán una alícuota del 25%, mientras que sobre utilidades de entre 5,0 a 50 millones pagarán el 30% y sobre ganancias superiores a 50 millones pagarán el 35%.El criterio será escalonado y progresivo, ya que si una empresa supera los 50 millones, pagará por los primeros 5,0 millones el 25%, luego el 30% y por el resto de lo que supere la cifra de 50 millones abonará el 35%.

El hecho de que una empresa con 50 millones de pesos de ganancia, cifra equivalente a menos de 500.000 dólares con el tipo de cambio oficial y unos 315.000 dólares con el dólar MEP, sea considera una “gran empresa” por el Estado nacional, es una señal inconfundible de la pauperización presente en la economía argentina.

Con el impacto de la inflación, el monto establecido en pesos, por otra parte, incluirá a una mayor proporción de empresas en los sucesivos meses.

La nueva normativa establece que los montos previstos se ajustarán anualmente, a partir del 1 de enero de 2022, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.

Los montos determinados por aplicación de dicho mecanismo resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización.

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En febrero de 2021 la recaudación por derechos de exportación –generada en su mayor parte por colocaciones de productos agroindustriales– fue de 64.434 millones de pesos, una cifra 205% superior, en términos nominales, a la registrada en el mismo mes de 2020, cuando la inflación oficial en el último año fue de 38,5%.

Se trató de la tercera fuente de recaudación en importancia detrás del IVA (212.043 millones de pesos) y el impuesto a las Ganancias (146.917 millones).

El crecimiento de la recaudación por retenciones obedece a dos factores. El primero y más obvio, es el aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas impulsado por un volumen de compras inéditas realizadas por China.

Y el segundo factor –bastante menos conocido– es el “efecto susto” generado por la intervención del mercado de maíz disponible realizada a fines del año pasado, junto con las amenazas intervencionistas realizadas de reiteradas oportunidades por parte de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

Eso provocó una avalancha de registraciones de embarques de cereales que generó una recaudación exprés por derechos de exportación, dado que a, partir de lo determinado por la resolución 78/2019 del Ministerio de Agricultura, los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.

Si bien técnicamente no se trata de un aumento recaudatorio sino de una percepción anticipada de impuestos, para los que llevan las cuentas públicas representa en lo inmediato “más dinero en la caja”, aunque eso –si no se incrementa la presión tributaria sobre el sector agropecuario– se produce a costa de recaudación futura.

A la fecha las DJVE de trigo 2020/21 suman 9,36 millones de toneladas sobre un saldo exportable total teórico de 10 millones, mientras que la DJVE de maíz 2020/21 alcanzan las 19,4 millones de toneladas.

En el primer bimestre de 2021 la recaudación por derechos de exportación fue de 143.857 millones de pesos, una cifra nominal  219% mayor que la registrada en el mismo período de 2020.

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“Hacer un novillo requiere otros costos, que van desde lo que significa la matriz productiva de los campos que por lo general están armados para un consumo liviano, a excepción de muy pocas zonas que preparan el animal pesado. El desafío es mirar el tema desde distintas aristas”, explicó el funcionario.

Consultado por la apertura a la carne argentina del mercado de los Estados Unidos, Troncoso dijo: “Estamos negociando continuamente pese a que no podemos hablar de una fecha puntual. Tenemos reuniones constantes con la Embajada y creemos que está todo cumplimentado desde nuestra parte”.

Troncoso también se refirió a las propuestas que recibió del sector porcino durante Rural de Palermo. “Identificamos problemáticas. Sabemos que el consumo es muy conocido en Argentina por dos o tres cortes puntuales, lo que vuelve frágil al sistema. Si pasa algo con esos cortes, se cae muy fácil el negocio de esa carne a nivel interno. Por eso estamos buscando apertura de mercados y una campaña a nivel interno con fondos públicos y privados para difundir el resto de los cortes entre los consumidores”, explicó el funcionario.

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