La iniciativa, que venía del Senado, deberá regresar ahora  al Cámara baja para su aprobación final, lo que sucederá probablemente el 29 de diciembre, dado que se requiere su aprobación definitiva antes de fin de año para que tenga vigencia en el ejercicio fiscal de 2022.

Los cambios que se introdujeron al esquema vigente son que el mínimo no imponible pasa de 2,0 millones actuales a 6,0 millones de pesos y de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, montos que se ajustarán anualmente por inflación. Pero se incrementa la alícuota máxima para bienes en el país de 1,25% a 1,50% para el caso de patrimonios mayores a los 100 millones de pesos y hasta 1,75% para patrimonios de superiores a 300 millones. A su vez, la alícuota de bienes en el exterior se mantiene en 2,25%.

Invecq Consulting elaboró un informe en el cual se muestra que en apenas 5 de los 35 países que integran OCDE se aplican impuestos que gravan el patrimonio personal, mientras que en América latina, además de la Argentina, tales tributos se instrumentan solamente en Uruguay, Colombia y Guyana.

“Los problemas que encuentra la Argentina respecto a este tributo son varios. El primero tiene que ver con que su tasa máxima se encuentra entre las más altas del mundo: 2,25%, cuando en el resto se encuentra siempre en un máximo de 1,50%, exceptuando el caso de España, que se rige por regiones y alcanza hasta 3,50% en algunas y 0% en otras. A su vez, el mínimo no imponible de nuestro país, con la actualización, ha quedado entre los más bajos del mundo, generando una imposición a una mayor cantidad de personas”, apunta el informe de Invecq.

Otro problema es el efecto de la doble tributación, dado que las provincias tienen la potestad de cobrar impuestos inmobiliarios que cargan doblemente a la tenencia de inmuebles. “Esto ahora se agravaría dado que en las últimas horas se conoció el borrador de un nuevo ‘consenso fiscal’ que firmaría el presidente con los gobernadores la semana que viene. En el mismo se fija una alícuota mínima del 2% para el impuesto automotor y un rango de entre 0,5% y 3% para el impuesto inmobiliario, cuando el Consenso originalmente lo fijaba entre 0,5% y 2%”, advirtió el informe.

Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.

Si bien la mayor parte de los países del mundo sostienen la recaudación tributaria en base a impuestos cobrados sobre la renta y el consumo, el gobierno de Alberto Fernández está promoviendo posicionar al país como líder mundial en impuestos sobre el patrimonio, al tiempo que la supuesta oposición (Juntos por el Cambio) se muestra favorable a tal decisión.

No estoy de acuerdo con este absoluto. Sin dudas es así con el Estado argentino como administrador. Pero yo estoy a favor de un régimen progresivo de impuestos y tx a la herencia entra ahí. Pero que estén resueltas cosas que acá no: salud, educación, comunicaciones etc etc etc.

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 26, 2021

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Estaba cantado que iba a provocar polémica el nuevo índice diseñado por el Instituto de Clima y Agua del INTA, a pedido del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como insumo técnico para  estimar (sin sobrestimar ni subestimar) los daños provocados por la sequía sobre los cultivos. Las entidades rurales lo critican porque deja afuera a algunos partidos. En el gobierno provincial aclaran que eso no implica que se trabaje individualmente cada uno de esos casos.

Las cuatro entidades de productores que conforman la Mesa Agropecuaria Provincial salieron con fuerza en las últimas horas a cuestionar que ése sea el único método que se aplique en la mayor provincia del país para estimar qué zonas deberán ser incluidas en la Declaración de Emergencia Agropecuaria. La plata que está en juego es mucha, pues de esa declaración depende la posición de cada uno de los productores frente al Impuesto Inmobiliario Rural.

Con este pronunciamiento se reabrieron las grietas entre las entidades rurales de la provincia y el Gobierno de María Eugenia Vidal, que en marzo pasado en Ramallo anunció una serie de medidas de apoyo al sector que fueron muy bien recibidas por los dirigentes del campo. El romance duró muy poco y las diferencias pasan porque si se aplica solamente el índice del INTA como pretende el gobierno, serán muchos los productores que no alcanzarán a ver ninguno de esos beneficios.

Ver: Con anuncios, la gobernadora Vidal intenta recomponer con el agro bonaerense

En su comunicado, la Mesa de Enlace provicnial se queja particularmente de la situación de General Paz, General Villegas, Coronel Rosales, Patagones, Villarino, y Salliqueló, que si se aplica el índice INTA quedan afuera de la emergencia. Pero desde el Gobierno provincial aclararon: “Vamos a trabajar con los intendentes de estos seis municipios en forma directa, evaluando a los productores afectados. Como municipios no tenían el indice de afectación para entrar en la Emegencia, pero igual se va a reconocer y apoyar a los productores en forma individual”.

Hace unas semanas, Carlos Di Bella, titular del Instituto de Clima y Agua, recibió a Bichos de Campo en el INTA Castelar y explicó cómo se elabora el índice que toma la evapotranspiración como indicador del nivel de daño que pudieron haber sufrido los cultivos ante la situación de stress hídrico de estos últimos meses. Di Bella no lo mostró como la panacéa sino como una herramienta más para ayudar a las autoridades a tomar las mejores decisiones. Mirá aquella entrevista:

La Mesa Agropecuaria bonaerenses, luego de nuevas diferencias con el gobierno de Vidal por el alcance de la emergencia agropecuaria, salió a criticar directamente ese método con un comunicado.

Los datos objetivos marcan que hasta ahora la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria (Cedaba) declaró la Emergencia por sequía en 51 partidos de los 128 que en la provincia tienen actividad agropecuaria, y que en consecuencia pueden haber sido afectados por la sequía. Para los ruralistas, claro, es poco. Para los funcionarios es parte de un proceso que no se detiene.

“La gobernadora se comprometió en Bragado a acompañar a los productores frente a la sequía. Se declararon 51 partidos en emergencia y ya se firmó el primer decreto (correspondiente a la primera reunión de la Cedaba)”, dijeron fuentes del gobierno bonaerense a Bichos de Campo, tratando de eludir una polémica con las entidades rurales.

Oficialmente se reconoce que si se aplica el índice de evapotranspiración hay algunos partidos que no llegan al nivel de afectación definido para declarar la emergencia agropecuaria. Pero se aclara en todo momento que eso no significa que las negociaciones estén cerradas. “Siguen las conversaciones con los intendentes de los partidos que quedaron afuera para asistirlos de alguna otra manera”, indicaron los voceros.

En el comunicado, Carbap, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina “refutaron técnicamente el índice presentado como único indicador de la sequía”, y avisaron que “no convalidaron la propuesta (de aplicar el método del INTA para evaluar los daños) porque no se contempla la verdadera situación que viven los productores afectados”.

El índice que calcula los daños de la falta de lluvias sobre los cultivos se nutre de información satelital que permite estimar la evapotranspiración real de los cultivos. “Si a este dato lo acumulamos a lo largo de la campaña, se puede cuantificar el estado hídrico que, comparado con los valores históricos, nos permite confirmar o desestimar la existencia de estrés hídrico en los cultivos”, explicó Di Bella en un comunicado del INTA que presentó este avance.

Ver: Elaboran un índice para cuantificar el impacto de la sequía en los cultivos

“El campo bonaerense necesita plena comprensión y atención ante la dura realidad que dejará la sequía, especialmente en un año en que el Impuesto Inmobiliario Rural ha subido más del 50% luego de un revalúo de oficio por parte de ARBA a miles de parcelas rurales”, criticaron los dirigentes rurales, colocando el foco de atención sobre lo que realmente está en discusión: la recaudación provincial de dicho impuesto.

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Un diputado radical de Santa Fe llamado Fabián “Palo” Oliver quiere duplicar el Impuesto Inmobiliario Rural a aquellos productores agrícolas que utilicen agroquímicos. No a los que contaminen, ni a los que los utilicen mal, y ni siquiera a aquello que utilicen esos insumos de modo desaprensivo. A todos.

Disculpen que no me ahorre los calificativos en esta crónica periodística que debería ser aséptica. No puedo. El diputado en cuestión es o bien un ignorante o algo que resultaría peor, simplemente un hipócrita y un oportunista.

Como bien comparó alguien que difundió la información, este proyecto sería algo así como establecer una penalidad tributaria a los camioneros que utilizan gasoil, un combustible por cierto contaminante. Yo agrego otro ejemplo más contundente: resulta como querer cobrarle el doble de impuestos a los bomberos que apagan un incendio utilizando agua.

Porque aunque son tóxicos, y en consecuencia peligrosos cuando son mal utilizados, finalmente los agroquímicos son simplemente eso: un recurso que desde el origen de la agricultura tienen a mano los agricultores para hacer frente a los incendios propios de su actividad, que son las plagas de insectos, la competencia de malezas y las enfermedades vegetales.

Podemos discutir su uso exacerbado, la mala praxis o la redondez del cubo, pero nunca desconocer que los agroquímicos son los remedios de la agricultura. ¿Le pondremos el doble de impuestos a los médicos que recetan un antibiótico o te prescriben una determinada vacuna?

Pero allí está el bueno del diputado provincial Fabián Oliver.  En el proyecto que presentó la semana pasada a la Legislatura provincial propone modificar ciertos artículos del Código Fiscal de la provincia más agrícola de la Argentina, para así disponer que “los inmuebles situados en zonas rurales en las que se utilicen productos fitosanitarios para las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, estarán sujetos a un recargo del 100% sobre el Impuesto Inmobiliario”.

La iniciativa de este legislador provincial supera con creces otro proyecto disparatado surgido de la misma cantera, una política santafesina que alguna vez aportó al país políticos de fuste como Don Lisandro de la Torre. Hace unos meses, algún otro política “avispado” y comprometido con el medio ambiente redactó una ordenanza para prohibir en toda la ciudad de Rosario y alrededores al herbicida glifosato.

Ver: Rosario, la “capital de la soja transgénica”, prohíbe el glifosato

Sí señora, en la “capital mundial de la soja transgénica” los concejales locales estuvieron a punto de prohibir uno de los tres vértices del triángulo que generó -para bien o para mal- una enorme inyección de riqueza a la economía en los últimos veinte años: la soja RR modificada, la Siembra Directa y el herbicida glifosato. Luego del revuelo que se armó ante esta propuesta la ordenanza se moderó hacia una que simplemente promovía controles más adecuados.

Palo Oliver, que forma parte de la UCR y el Frente Cívico y Social que gobierna la provincia, fue intendente de Santo Tomé. Ya había presentado proyectos que “apuntan a promover la implementación de sistemas de producción agroecológicas en todo el territorio santafesino y desalentar el uso de productos fitosanitarios”. En una de esas iniciativas pidió por ejemplo que se reduzca “hasta el 50%, el valor anual a abonar en concepto de impuesto inmobiliario” a aquellos productores que incursionasen en el sistema de producción orgánica.

“La presente propuesta transita en la misma dirección, pretendiendo desalentar el uso de los productos fitosanitarios y su consecuente efecto negativo sobre la salud de la población, generando un recargo sobre el mismo tributo”, explicó el político.

Si es eso lo que quiere (cambiar el modelo productivo), está muy bien que el legislador impulse políticas de estímulo a otras formas de producir alimentos, como el uso de bioinsumos (en reemplazo de insumos químicos). Pero no será con estos gestos extremos y que rozan lo ridículo como Oliver ayudará a resolver la tensión social creciente entre la comunidades urbanas y las rurales. Todo lo contrario, el tipo exacerba ese conflicto.

Lo que necesita este debate es recuperar el equilibrio. Y se supone que debe ser la política la responsable de generar moderación en los debates. También de aportar propuestas razonables y superadoras, que sumen en vez de restar y dividir.

Pero le siguen errando, e incluso apelan a proyectos inconducentes como el que te presentamos en esta noticia. ¿Es razonable cobrar el doble de impuestos a un tipo que produce utilizando los insumos que tiene a disposición desde hace décadas y que han sido aprobados por el mismo Estado que ahora propicia castigarlos impositivamente? ¿No sería mejor proponer sanciones más severas solamente para quienes utilizan de mal modo esos remedios? En todo caso, ¿no sería más útil premiar a quienes exploran otras opciones productivas más “sustentables” a los ojos de la política?

Oliver, querido. el pueblo está contigo. Yo solo puedo sugerirte aprovechar esta coyuntura hasta que llegue el día que a alguien como vos se le ocurra duplicar los impuestos a los políticos que promuevan pelotudeces.

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