La entrada En Zavalla, donde funciona la Facultad de Agronomía, una tasa municipal financia la transición de productores hacia la agroecología se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La medida contó con el apoyo de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama), la organización que lidera Eduardo Cerdá, el actual director nacional de Agroecología. La recaudación municipal por dicha tasa, que llegó a 2,4 millones de pesos el año pasado, será destinada a financiar los arrendamientos de campos, maquinarias específicas e insumos de aquellos que deseen cambiar su modelo productivo.
El proyecto viene desde 2009, cuando primero un grupo de vecinos de esa localidad cercana a Rosario creó una radio abierta para discutir los efectos de los agroquímicos en los cultivos y en la salud de los habitantes. En ese entonces, Zavalla contaba con una ordenanza municipal que adhería a la Ley Provincial 11.723, que regulaba el uso de agroquímicos.
En 2011 se generó un cambio en la normativa y se promulgó la Ordenanza 45/11 que instaló la prohibición para radicar depósitos de fitosanitarios en el área urbana y suburbana, así como el impedimento de que circulen vehículos cargados de agroquímicos. Además prohibió la aplicación terrestre a 800 metros del límite urbano y la aplicación aérea de fitosanitario a 3000 metros.
Fue en ese marco de crecientes vetos que comenzó a pensarse en alternativas productivas. “Si consideramos que existe una legislación de prohibición de plaguicidas, es urgente entregarle a los productores alternativas a partir de las cuales no se vea limitada su capacidad de producción. Fue a partir de allí que se empezaron a implementar una serie de propuestas y programas. Una de las bases del Renama es la investigación participativa”, explicó a Bichos de Campo Claudio Benítez, asesor agronómico del municipio de Zavalla y del Renama para Santa Fe, además de integrante de la Dirección de Agroecología Nacional.
Así, en septiembre de 2019 se aprobó una ordenanza que instaló esta nueva tasa municipal, y se creó un fondo de recursos destinado a subsidiar a productores del periurbano en proceso de transición.
Ese fondo se nutre del dinero de vecinos y productores. Los primeros abonan un monto de 600 pesos por año por casa, es decir 50 pesos por mes. Los productores, en cambio, deben abonar un canon variable en función de “qué externalidad ambiental generan con una aplicación”, según indicó Benítez.
¿Y cómo se mide esa externalidad? A través del “coeficiente de impacto ambiental” o EIQ, que tiene en cuenta el impacto de la actividad productiva sobre el ambiente, el trabajador rural y el consumidor. Para ello las autoridades hacen uno de una calculadora virtual de la reconocida Universidad de Cornell de los Estados Unidos.
El año pasado se llegaron a recaudar 2.400.000 pesos, que se destinaron no solo a estos subsidios sino a otros programas y proyectos relacionados al cuidado ambiental, como por ejemplo la separación en origen de residuos y el programa de recolección diferenciada.
“La tasa les da un cobijo, un respaldo, y la posibilidad de ingresar en un esquema de transición sin sentirse desamparados. Como está por ordenanza, independientemente de la gestión la tasa seguirá firme porque es un derecho ganado por parte de los productores”, afirmó el asesor. La iniciativa es acompañada también por el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la provincia.
El monto recibido por los productores en transición es proporcional a su superficie y a las condiciones que cumple su producción, a la que se le hace un seguimiento periódico por parte de las autoridades. También se tiene en cuenta a dónde se vuelca lo que se produce bajo el paraguas de la agroecología. Aquellos que se orienten al mercado interno, que deriven el procesamiento a cooperativas, que entreguen alimentos a escuelas o a poblaciones de riesgo, serán los que más aportes reciban.
¿Cómo se define el monto de la tasa a pagarse? Por el momento, la misma sigue el precio de la soja. “Nosotros estamos ubicados en una zona núcleo sojera y el precio del arrendamiento de la tierra está fijado en quintales de soja. Eso forma parte también del proceso de cambio de paradigma. Habría que usar otros parámetros y no un cultivo tan extractivo para el suelo y menos adaptable a la alimentación humana”, comentó Benítez.
Hasta el momento se han sumado a este programa 13 productores locales: 11 de ellos son de Zavalla y dos son las localidades vecinas de Soldini y Pérez. Según informó la agencia de noticias Tierra Viva, la Dirección Nacional de Agroecología, encabezada por Cerdá, está intentando llevar la experiencia a otras localidades como Mercedes, en Buenos Aires, y Gualeguaychú, en Entre Ríos.
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]]>La entrada El Senado convirtió en ley el proyecto que obliga a congelar por 30 años las actividades realizadas en campos afectados por incendios “provocados o intencionales” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El proyecto promovido por diputados del Frente de Todos, entre los cuales se incluyen Máximo Kirchner, determina que en casos de incendios “provocados o accidentales” de campos se prohibirá por un plazo de 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”, además de la modificación de uso del establecimiento “con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
Eso implica que en todas las zonas agropecuarias, ya sean praderas, pastizales o áreas agrícolas, luego de la extinción de un incendio –más allá de cual sea el origen– no se podrá, por el término de tres décadas, realizar en un campo afectado cualquier otra actividad agropecuaria que sea distinta al uso que la superficie tenía al momento previo del siniestro.
“Esto no resuelve el tema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Hay falta de conocimiento, están estigmatizando a los productores”, expresó durante el debate del proyecto el senador Alfredo de Angeli (Entre Ríos; Juntos por el Cambio).
En el mismo sentido, el senador correndtino Pedro Braillad Poccard (Juntos por el Cambio) indicó que no se entiende el sentido del proyecto “porque creo que el problema de los incendios tiene características y consecuencias distintas en cada región”.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio; Córdoba) dijo que al proyecto “lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los Tribunales porque el derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”.
https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1334947287508922378
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias alertó que la norma “pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Los representantes de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) rechazaron “por completo” la iniciativa al considerar que la misma “denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental”.
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]]>La entrada Dos reveses previsibles: el oficialismo consiguió media sanción para el impuesto a las grandes fortunas y para la ley de manejo del fuego se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, el proyecto redactado por el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y director del Banco Credicoop, cruzó la meta con no tan holgada diferencia.
El debate se resumió en dos ejes centrales. El oficialismo argumentó que este aporte solo afectaría al 0.02% de la población, que dado el grueso de su patrimonio no se vería casi afectado, y aseguró que sería por única vez, siendo una ayuda circunscripta al contexto de la pandemia.
Por el contrario, la oposición dijo que este aporte oculta un nuevo impuesto que llegó para quedarse, remarcando que en Argentina ningún tributo fue por única vez, y lo trató de confiscatorio e inconstitucional por gravar bienes que según la ley de Bienes Personales están exentos.
Recordemos que el aporte involucra a quienes hayan declarado un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos y supone una alícuota del 2%, que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor. El máximo sería de un 3,5%, que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más.
Según el proyecto, lo recaudado se repartirá de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% para comprar equipamientos de salud por la pandemia; un 20% para apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar y un 15% para urbanizar barrios populares.
“Se nos ha dicho que hay quienes deberán vender sus bienes para dar con este aporte. Eso es faltar a la verdad. Según la AFIP serán alcanzadas menos de diez mil personas. ¿Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas? Es una falacia decir que esto”, exclamó Heller en el inicio de la sesión.
Luego agregó: “Lo que les duele es el ejemplo y no el importe. Si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196 seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle estableciendo qué es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen.”
Mirá la entrevista que Bichos de Campo le realizó a Carlos Heller sobre este proyecto:
A pesar de las cifras dadas por el autor del proyecto, el sector agroexportador asegura que este aporte alcanzará a más personas de las que se dice y que no necesariamente serán grandes productores, sino que puede tratarse de trabajadores rurales medianos y pequeños.
Un análisis realizado por la Fundación Barbechando demostró que, por ejemplo, un productor agropecuario que invirtió en el desarrollo de una planta de biodiesel, con un aporte de capital en infraestructura de 80 millones, en un campo de 70 millones de valor fiscal, sumado al capital productivo, estaría en el orden de los 200 millones.
De la misma forma indicaron que un productor que invirtió en una granja de cerdos de 400 madres, o un productor de pollos parrilleros con seis galpones, pueden superar este patrimonio ante la inversión realizada.
“No tenemos ninguna duda de que es un impuesto al sector productivo, al sector que genera trabajo. Particularmente en el sector agropecuario esto le pega a las pymes medianas y chicas. Esto castiga muy fuerte a los argentinos que han apostado a los últimos tres años de esta Argentina tan convulsionada. Es muy injusto este impuesto y lo vamos a sufrir muchos productores”, comentó a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de la Fundación Barbechando.
En este sentido, el misionero Luis Pastori, legislador de la UCR, afirmó que este proyecto no distingue entre la inversión financiera y la productiva y que el objetivo debería ser ampliar la base impositiva, capturando a quienes no pagan, y no arremetiendo contra el sector productivo.
“Este impuesto grava capital de trabajo, mercadería, insumos, bienes de capital, maquinarias, herramientas inmuebles, automotores afectados a la producción, propiedades rurales y la vivienda familiar que no la exime como bienes personales. Para las pymes y el empleo este impuesto es una segunda pandemia. Le pega al campo sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgravar la vivienda de uso familiar”, dijo.
Durante las idas y venidas del debate, los ojos estuvieron puestos en los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, cuyos votos son siempre disputados por los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Para lamento de la oposición, esta vez la mayoría acompaño al oficialismo a diferencia de Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, que indicó que este aporte “presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, y siembra dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad.”
Un voto negativo sorpresivo fue el de Alma Sapag, integrante del unibloque Movimiento Popular Neuquino, que si bien suele ser aliada del Frente de Todos, indicó que este proyecto va en contra de las reglas claras que piden los inversores externos y que al buscar absorber parte de la renta del contribuyente es confiscatorio.
Hacia el cierre de bloques, el presidente de Juntos por el Cambio, Mario Negro, dijo: “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”. Responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica de la pandemia y argumentó que la cuarentena es para rearmar el sistema de salud y no para hacer un programa de gobierno.
Máximo Kirchner, quien debió retirarse a la mitad de la sesión luego de que le informaran que era un contacto estrecho de alguien contagiado de Covid-19, dio vuelta el argumento de Negri y culpó al ex presidente Mauricio Macri por permitir la fuga de capitales hacia el final de su mandato. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales”, dijo.
Terminada con esa orden del día se dio paso al tratamiento de la ley de manejo del fuego, que obtuvo 132 votos afirmativos y 96 negativos de legisladores de Juntos por el Cambio. El proyecto busca modificar el artículo 22 de la ley 26.815, imponiendo limitaciones de entre 30 y 60 años para actividades en superficies que hayan sufrido incendios.
Desde el oficialismo se argumentó que de esta forma se terminaría con la especulación inmobiliaria que causa la mayoría de los incendios intencionales. Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales dijo: “Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente”.
Por su parte, José Luis Ramón, presidente del Interbloque Federal aseguró que hay que dejar de priorizar planteos económicos y de propiedad privada. “No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas agraven la situación del medio ambiente”, afirmó.
Ambos proyectos serán girados a la Cámara de Senadores. Aún no se sabe si recibirán modificaciones y si llegarán a ser tratados antes del cierre de sesiones ordinarias en el Congreso, a fines de noviembre.
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]]>La entrada Atilio Carignano: “No nos asusta pagar impuestos, pero que sea por productividad” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Atilio Carignano, flamante vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), opinó al respecto: “Hablan de un aumento de hasta el 42%. No nos asusta pagar por productividad, pero queremos que nos rindan cuentas acerca de qué están haciendo con el dinero, ya que consideramos que hay mucha plata mal distribuida de años anteriores, y no vemos las obras necesarias”.
Escuchá el reportaje completo a Carignano:
El ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María añadió que “en muchas zonas notamos que vale más el impuesto a la larga, que lo que vale la tierra en sí. No queremos confrontar, sino que nos permitan llevar propuestas”.
En ese sentido, Carignano destacó que “los informes de FADA por ejemplo, muestran números catastróficos. En los departamentos mas productivos, caso Marcos Juárez o Unión, se vieron inundaciones en el año, y ahora están pasando por un proceso de sequía. Es compleja la situación”.
“Quieren imponer más impuestos a productores que quieren invertir en plantas de silo o una mini destilería como está ocurriendo en la provincia, que es gente que arriesga realmente, y que da fuentes de trabajo. Eso debe ser equiparado”, concluyó el ruralista.
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]]>La entrada La columna Bertello: “El Inmobiliario Rural llegaría a un nivel récord de presión impositiva” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En función de la estudios sobre la carga tributaria final para el productor, Fernando Bertello explicó en Bichos de Campo, que “con este aumento, el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 2.134 millones adicionales, lo que implica una participación del impuesto de un 5,3% del valor de la producción, un nivel récord de presión impositiva, al quedar por encima de las pautas inflacionarias”.
Mirá la columna completa de Bertello:
Bertello aclaró que “un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) calcula que el tributo implica el nivel más alto desde 2004, considerando las producciones de trigo, maíz, soja y girasol en la provincia”.
La propuesta oficial deja exentos de la suba a los campos de hasta 50 hectáreas, y también la segunda cuota de los que sufrieron inundaciones, como este año. También se planea una exención para los emprendimientos que facturen hasta $ 3 millones. Al respecto, Bertello dijo que “a pesar de que habrá una baja en el impuesto de Ingresos Brutos para esas empresas, esto no compensará el incremento proyectado para el Inmobiliario Rural”.
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