La iniciativa, que venía del Senado, deberá regresar ahora  al Cámara baja para su aprobación final, lo que sucederá probablemente el 29 de diciembre, dado que se requiere su aprobación definitiva antes de fin de año para que tenga vigencia en el ejercicio fiscal de 2022.

Los cambios que se introdujeron al esquema vigente son que el mínimo no imponible pasa de 2,0 millones actuales a 6,0 millones de pesos y de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, montos que se ajustarán anualmente por inflación. Pero se incrementa la alícuota máxima para bienes en el país de 1,25% a 1,50% para el caso de patrimonios mayores a los 100 millones de pesos y hasta 1,75% para patrimonios de superiores a 300 millones. A su vez, la alícuota de bienes en el exterior se mantiene en 2,25%.

Invecq Consulting elaboró un informe en el cual se muestra que en apenas 5 de los 35 países que integran OCDE se aplican impuestos que gravan el patrimonio personal, mientras que en América latina, además de la Argentina, tales tributos se instrumentan solamente en Uruguay, Colombia y Guyana.

“Los problemas que encuentra la Argentina respecto a este tributo son varios. El primero tiene que ver con que su tasa máxima se encuentra entre las más altas del mundo: 2,25%, cuando en el resto se encuentra siempre en un máximo de 1,50%, exceptuando el caso de España, que se rige por regiones y alcanza hasta 3,50% en algunas y 0% en otras. A su vez, el mínimo no imponible de nuestro país, con la actualización, ha quedado entre los más bajos del mundo, generando una imposición a una mayor cantidad de personas”, apunta el informe de Invecq.

Otro problema es el efecto de la doble tributación, dado que las provincias tienen la potestad de cobrar impuestos inmobiliarios que cargan doblemente a la tenencia de inmuebles. “Esto ahora se agravaría dado que en las últimas horas se conoció el borrador de un nuevo ‘consenso fiscal’ que firmaría el presidente con los gobernadores la semana que viene. En el mismo se fija una alícuota mínima del 2% para el impuesto automotor y un rango de entre 0,5% y 3% para el impuesto inmobiliario, cuando el Consenso originalmente lo fijaba entre 0,5% y 2%”, advirtió el informe.

Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.

Si bien la mayor parte de los países del mundo sostienen la recaudación tributaria en base a impuestos cobrados sobre la renta y el consumo, el gobierno de Alberto Fernández está promoviendo posicionar al país como líder mundial en impuestos sobre el patrimonio, al tiempo que la supuesta oposición (Juntos por el Cambio) se muestra favorable a tal decisión.

No estoy de acuerdo con este absoluto. Sin dudas es así con el Estado argentino como administrador. Pero yo estoy a favor de un régimen progresivo de impuestos y tx a la herencia entra ahí. Pero que estén resueltas cosas que acá no: salud, educación, comunicaciones etc etc etc.

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 26, 2021

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“Cada vez que salís de compras, en realidad estás yendo a la AFIP”, es lo único que se limitó a expresar Domecq, dado que los números son más que elocuentes: salvo algunas pocas excepciones, como la leche en sachet, en la mayor parte de los casos la mayor parte del dinero que paga el consumidor no va para los bolsillos de los productores, fabricantes o comercializadores de los productos, sino para el Estado, quien, a cambio, ofrece nulos o deficientes servicios a los contribuyentes.

Al sumar el IVA, cargas sociales, Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias, Impuestos Internos, Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y tasas municipales, entre otros, la carga tributaria en aceites y fideos es del 42% (¡dos alimentos esenciales!), en yerba un 39%, en naranja un 38% y en carne un 29%.

Si la idea es comprarse un auto para salir de vacaciones, parar en un hotel y comer en un restaurante, nuevamente los “esclavos tributarios” estarán siempre acompañados por la omnipresente Administración Federal de Ingresos Públicos.

La otra parte de la “película” (de terror) es el impuesto indirecto de la inflación, que, a pesar de los crecientes controles directos y distorsiones cambiarias, se encuentra –según el IPC oficial– en un 51,8%.

La mala noticia es que la aceleración inflacionaria, si bien destroza empresas y presupuestos familiares, termina siendo, al final del día, en el “mejor amigo” del Estado, porque a mayor inflación, mayor recaudación impositiva y así va creciendo la “bola de nieve” que reduce, año tras año, la iniciativa privada.

% de impuestos en los precios:

Aceite 42%
Yerba 39,3%
Naranja 38,3%
Carne 29,2%
Fideos 42%
Leche 26,8%
Gaseosas 48,2%
Pan 25,1%
Restaurantes 37,4%
Hoteles 36,9%
Autos 54,8%
Transporte 40,5%
Indumentaria 55%

Cada vez que salís de compras, en realidad estás yendo a la AFIP… pic.twitter.com/1aFQ3vMf5b

— Esteban Domecq (@EODomecq) September 3, 2021

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“Hoy el campo argentino se encuentra en una situación similar al de la ‘Nueva Política Económica’ del comunismo de Lenin (1921). Parece increíble”, comentó Solanet.

Hoy el campo argentino se encuentra en una situacion similar al "New Economic Policy" del comunismo de Lenin. Increible estar en niveles de confiscacion del Comunismo Sovietico de 1920.

"Curiosamente" esa política era + liberal q la anterior y llevó a mayor crecimiento. pic.twitter.com/f3cwn7Ikjr

— Santiago Solanet (@SantiagoSolanet) July 6, 2021

Todo los empresarios agropecuarios argentinos saben en carne propia que sufren una presión impositiva altísima, en la cual, por cada cien pesos que generan, el Estado se queda con más de sesenta de manera directa, para luego aplicar una segunda extracción por medio de las “retenciones cambiarias”.

“Con los elevados precios de los granos, los empresarios agrícolas en las zonas más productivas pueden sobrevivir si logran rendimientos altos, pero eso no quita que la extracción sea muy elevada”, apuntó el economista a Bichos de Campo.

Lo interesante es que el libro muestra que, cuando el gobierno comunista presidido por Vladimir Lenin comprendió que la excesiva extracción realizada por los bolcheviques durante la guerra civil llevaba a la ruina económica, procedieron a reducirla para evitar que la producción desapareciera.

De todas maneras, el comunismo jamás logró brindar los incentivos suficientes para promover la producción agropecuaria en Rusia, por lo que debió importar grandes cantidades de alimentos. Recién en las últimas tres décadas, con la instauración del capitalismo, Rusia logró transformarse en el primer exportador mundial de trigo, cereal que en la última etapa del comunismo traía de diferentes orígenes, incluyendo a la Argentina.

La situación presente en la Argentina es única en el mundo, porque en la mayor parte de los países del mundo –incluyendo a los latinoamericanos– el Estado subsidia al sector agropecuario en lugar de desincentivarlo por medio de elevadas presiones impositivas y distorsiones cambiarias, dado que se da por descontado que las materias primas generadas en el campo son la base de la creación de diferentes industrias y servicios orientados a darle valor para generar riqueza y empleo en la extensión de todo el territorio.

Argentina Unitaria: ¿Quién gana y quién pierde con las retenciones cambiarias?

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En marzo de 2021 la recaudación por derechos de exportación –generada en su mayor parte por colocaciones de productos agroindustriales– fue de 71.243 millones de pesos, una cifra 145% superior a la registrada en el mismo mes de 2020 cuando la inflación oficial en el período fue de 40,7%.

La suba se explica tanto por el aumento de los precios internacionales de los productos agroindustriales exportados por la Argentina como por el comienzo de la campaña comercial 2020/21 de productos del complejo sojero.

Vale recordar que a partir de lo determinado por la resolución 78 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, vigente desde octubre de 2019, los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.

De las 5,01 millones de toneladas de productos agroindustriales registrados en marzo pasado, el 65% corresponde a embarques de poroto, aceite y harina de soja, seguidos luego por maíz y trigo.

Por otra parte, el IVA aplicado sobre los productos importados sumó el mes pasado 100.209 millones de pesos para registrar un crecimiento interanual del 127%, al tiempo que por derechos de importación y tasa de estadística se generaron otros 29.189 millones de pesos (+114% que en marzo de 2020).

Es decir que, ya sea por el impuesto que desincentiva las exportaciones como por los tributos que encarecen las importaciones –entre las cuales se incluyen muchos equipos e insumos necesarios para producir bienes y servicios exportables–, el funcionamiento de la “maquinaria estatal” se sustenta de manera creciente sobre los sectores generadores de divisas, que son, precisamente, el único vínculo que la Argentina tiene actualmente con el mundo, dado que la nación se encuentra en cesación de pagos y ni siquiera está en condiciones de pagar una deuda asumida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri.

El impuesto de mayor recaudación, el IVA aplicado a productos comercializados en el mercado interno, sumó el mes pasado 150.381 millones de pesos, una cifra 51,6% superior a la registrada en marzo de 2020 y en línea con el nivel de inflación minorista real, dado que el IPC oficial (40,7%) se encuentra “contenido” por el programa de precios máximos implementado de manera forzosa por el gobierno nacional (denominado “Precios Cuidados”).

En tanto, el impuesto a las Ganancias sobre ventas internas (DGI) recaudó el mes pasado 126.543 millones de pesos, una cifra 72% mayor que la presente en marzo de 2020 y que probablemente refleje al costo inflacionario real que debieron asumir las empresas en el último año.

El impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corrientes sumó el mes pasado 49.549 millones de pesos (+53%), al tiempo que los tributos sobre combustibles generaron 23.871 millones de pesos, una cifra 100% superior a la del mismo mes de 2020, gracias al ajuste de precios de los combustibles promovido en las últimas semanas por YPF, compañía energética controlada por el Estado argentino.

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