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]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>La entrada ¿Podemos exportar valor agregado? Para Nelson Illescas, “La Argentina está muy retrasada en cuanto a negociaciones y no es el mejor momento, con países que se cierran…” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ahora, el gran tema es si el mundo va a dejar que esto suceda, porque los de afuera también juegan y las señales históricamente son han sido tan buenas. Por el contrario, las grandes potencias siempre han jugado para ser ellas mismas las que agreguen valor a los granos que importan desde la Argentina y otros países en desarrollo. Estas políticas se han agravado en medio de la pandemia, con países que se cierran y abrazan el proteccionismo, sin problemas en subsidiar a su sector productivo para que le garantice los tan vitales alimentos.
Le preguntamos esto a Nélson Illescas que es un experto en este tema de comercio internacional y como tal dirige la Fundación INAI (Investigaciones para Las Negociaciones Agrícolas Internacionales).
“Hay que partir de la base que los importadores quieren el grano para transformarlo ellos, no quieren la carne o los bioplásticos. Para eso utilizan algo que se llama escalonamiento arancelario, en el que te ponen un arancel muy bajo o nulo para la materia prima y a medida que se avanza en la elaboración, el arancel crece y es cada vez más caro entrar en ese mercado”, explicó en Bichos de Campo.
Aquí la entrevista completa con el abogado Nélson Illescas:
“Esa es la primera medida a tener en cuenta. Luego te chocás con competidores que han hecho todos los deberes y han eliminado barreras. Nosotros tardamos 20 años con la negociación Mercosur-Unión Europea, y en ese tiempo Australia firmo una pila de tratados con China, India, Estados Unidos, etcétera”, agregó.
Luego, Illescas subestimó la capacidad actual de la OMC (Organización Mundial del Comercio) para avanzar hacia una liberalización mayor del comercio internacional en beneficio de la Argentina. “Mucho menos con Estados Unidos que amenaza con abandonarla todo el tiempo, y hay que tener en cuenta que la OMC será lo que los países quieran que sea, si bregan por el proteccionismo así tenderá”, explicó.
Además aclaró que el multilateralismo que ofrece la OMC no siempre es el camino más directo, porque allí la resolución de las disputas demoran años. “Lo importante de los acuerdos bilaterales, como el del Mercosur con la Unión Europea, no es solo el comercio en sí, sino los canales directos de negociación que esto abre”, explicó el abogado.
Illescas luego se refirió al informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que expuso a la Argentina como el país que más recursos toma de su sector productivo, a contramano del resto de la comunidad internacional, que syuele subsidiar a sus sectores productivos.
“Acá tenermos los derechos de exportación -retenciones-, y eso nos hace jugar con la cancha desnivelada y salir al mundo a competir con dos goles en contra”, fue la metáfora utilizada por Illescas.
El experto, por último, intentó ser un poco más positivo y planteó las fortalezas argentinas. “El abanico de posibilidades en el mundo existe. Hay países que reclaman alimentos saludables en sus góndolas. Y en ese sentido hacemos muchas veces las cosas bien”, mencionó.
“Ahora, lo que falta es que sector público y privado tiren para el mismo lado, sino no se logra nada. Si el Gobierno abre mercados pero no tenemos producción, o si el privado se pone a desarrollar productos sin mercados abiertos, caemos en la nada”, advirtió.
Y cerró: “Es muy importante ganarse el respeto en el plano internacional, no podés abastecer un año al mercado y al otro no tener o no querer; la relación debe ser duradera y confiable”.
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]]>La entrada EE.UU. subsidia a los farmers con más dinero de lo que vale la cosecha de soja argentina se publicó primero en Bichos de Campo.
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Para tener una idea de lo que significa ese monto, suponiendo una cosecha de soja en Argentina “normal” de 55 millones de toneladas y un valor promedio de 320 dólares, el valor de la producción local sería inferior a ese monto, ya que sumaría 18.000 millones dólares.
Rápido de reflejos, los funcionarios de Trump se cubrieron los posibles efectos negativos de las restricciones que están aplicando a las compras de productos chinos. Hay que tener en cuenta que el interior productivo manifestó el apoyo al discurso “nacionalista” del ahora presidente norteamericano.
Pero además hay que señalar que los sucesivos gobiernos de ese país, y sin importar el signo político, vienen aplicando una política de subsidios a los productores que con algunas variantes a lo largo del tiempo, buscan garantizar la rentabilidad.
Se podría decir que el mensaje es este: “Usted produzca, invierta, que no lo vamos a dejar solo”. Claramente dista mucho de las restricciones comerciales que impuso el kirchnerismo, y de la visión que se tiene por estos lados del agro como generador de divisas y fuentes de recursos para las arcas públicas.
Nelson Illescas, Director de la Fundación INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales), resumió los hechos recientes que derivaron en el incremento de las ayudas a los farmers: “En junio, EE.UU. efectivizó la aplicación de aranceles adicionales de 25% para 34.000 millones de dólares de productos importados desde China, monto que se extendería a 50.000 millones luego del proceso legal interno. La respuesta china no se hizo esperar y anunció la aplicación de aranceles adicionales a un listado de productos provenientes desde EE.UU. por un valor similar, entre los cuales se encontraba el poroto de soja”.
Esa decisión del mayor comprador mundial del poroto de soja podría afectar a los productores norteamericanos y, en definitiva, a toda la cadena de la oleaginosa. “Por eso a fines de julio se anunció que se proveería un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares a partir de septiembre, aunque todavía no está claro cómo se va a aplicar, si en seguros de renta o en pagos de forma directa; pero sí está claro que es ayuda adicional a la que se otorga”, explicó Illescas.
El director del INAI destacó que la Farm Bill, la ley de Seguridad Agrícola e inversión Rural, una verdadera política de Estado de largo plazo, tiene un presupuesto de 100.000 millones de dólares para el período, de los cuales el 80% se destina al pago de bonos de alimentación a los consumidores, el otro 20% es para el pago de seguros de renta o precios a los productores.
En síntesis, los farmers recibirían los 20.000 millones de la Farm Bill y los 12.000 extras se canalizarían a través de la Commodity Credit Corporation, que se dividirían en 3 programas: un pago directo a agricultores de soja, sorgo, maíz, trigo, algodón y cerdos; otro para cubrir compras de frutas, nueces, legumbres, carnes, y un tercero destinado a la promoción comercial para desarrollar nuevos mercados.
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]]>La entrada Contando los porotos: El INAI evalúa el impacto de la guerra comercial sobre la Argentina se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En este contexto incierto, pues no se sabe todavía a ciencia cierta hasta dónde puede escalar esta disputa comercial, el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) comenzó a medir el impacto posible de esta situación global sobre la estructura del comercio de la Argentina, pensando ya de cara a la próxima campaña.
Ver Informe del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI)
Aplicando diversos modelos, “obtuvimos resultados más a largo plazo, pero sí es interesante para ver qué efectos pueden tener estas medidas. En nuestro análisis, mientras el precio FOB de la soja en Estados Unidos caería 4%, el precio argentino de la soja se vería favorecido en 6,5 dólares la tonelada”, comentó Sofía Perini, economista de Fundación INAI y una de las autoras de dicho análisis.
Escuchá el reportaje completo a Sofía Perini:
“Es muy difícil pensar en que alguien pueda reemplazar la producción de soja de Estados Unidos y el nivel de importación que muestra China”, aclaró de entrada la economista. Aunque luego advirtió que podría haber cambios en la estructura del comercio, pues China aplicó aranceles elevados solamente sobre las importaciones del poroto de soja de Estados Unidos pero no sobre los subroductos, que son los que más exporta la Argentina.
Según evaluó Perini “la Argentina podría aprovechar estos mercados, vendiendo a China por ejemplo, poroto de soja, maíz, trigo, carne bovina y leche en polvo, entre otros”.
El estudio del INAI también analiza los mercados de Canadá y la Unión Europea (UE), que hicieron algo similar a China frente a las decisiones proteccionistas de Donald Trump y listaron una serie de productos norteamericanos a los cuales les impondrían un arancel adicional. “En ese caso, descubrimos que Argentina podría exportar a la UE maní, maíz, poroto de soja y arroz, mientras que a Canadá podría llegar con conservas de carne y confituras o mermeladas”, afirmó Perini.
En medio de una pulseada global, “Estados Unidos comunicó recientemente que impondrá nuevas medidas arancelarias por 200.000 millones de dolares a productos provenientes de China, por lo cual asusta no saber si será tan beneficiosa esta escalada proteccionista. La clave pasa por ver las oportunidades de Argentina en medio de esta guerra”, concluyó Perini.
El INAI funciona gracias al aporte de las bolsas de cereales de Buenos Aires y Córdoba, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y la Cámara Argentina de Biocombustibles.
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]]>La entrada El “revival” de un clásico de los ’90: la pelea contra los subsidios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El especialista recordó que, a la par de dejar de discutir sobre los subsidios, “durante muchos años el Mercosur no hizo acuerdos comerciales y así varios competidores nos ganaron mercados. Es el caso de Australia, que está empezando a vender carne a Japón sin aranceles, mientras que en Argentina debemos esperar 10 a 15 años para lograr avances como ese. El problema fue la falta de voluntad política de algunos miembros, que hace que el acuerdo Mercosur-Unión Europea siga en foja cero. Lo bueno es que para fin de año se espera un acuerdo”, expresó Illescas.
Mirá la entrevista:
El INAI es un instituto sin fines de lucro, creado en 1999 y financiado por varias entidades de la cadena agrícola, como la Bolsa de Cereales o la Cámara de la Industria Aceitera, que busca fortalecer la capacidad negociadora de Argentina en este tipo de mesas de poker. En su eje de análisis entran los acuerdos bilaterales, los de libre comercio y los subsidios agrícolas, a los cuales Illescas calificó como “distorsivos”.
En 2015, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se logró un avance en la eliminación de este tipo de ayudas a la exportación. Pero muchos países cuentan todavía con un arsenal de ayudas a la producción que generan desincentivos para el resto de países que no las utilizan, como es el caso de la Argentina”, explicó Illescas.
Y remarcó: “Estamos en un contexto en el cual aparecen nuevos actores; antes eran Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, Japón, y eventualmente Suiza. Ahora vemos cómo China, India, Brasil e Indonesia se convierten en dadores de ayuda por las normas de la OMC que se los permite. Hoy China es el principal subsidiador a nivel mundial”, alertó.
El tema debe debatirse en la cumbre de la OMC que se realizará a fin de año por primera vez en Buenos Aires. Al respecto, Illescas dijo que “pese a que la misma viene a paso lento, ya que son 164 miembros y que todos deben ponerse de acuerdo, hoy encontramos una ventana de oportunidad en esta conferencia ministerial para tratar los subsidios a la producción. De hecho, hay un consenso casi general en avanzar en poner un límite a las ayudas”.
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