Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad provincial en el que conste que sus predios se encuentran comprendidos en la emergencia, para que luego el gobierno de Misiones remita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el listado de los mismos.

Las autoridades de Misiones habían declarado la emergencia, por medio de la resolución 160/2020, el 10 de diciembre pasado, situación que posteriormente fue validada por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.

Entre los beneficios comprendidos en la Ley de Emergencia Agropecuaria (N° 26.509) se incluye la posibilidad de deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina generadas por la situación de emergencia. Esa deducción deberá computarse en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar.

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También tiene entre sus planes “desarrollar acciones para conservar la biodiversidad y promover la conectividad ambiental” y “acompañar a productores rurales y pobladores isleños en la transición de las actividades hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social”.

El programa funcionará como un sistema compuesto de múltiples nodos (“Faros de Conservación”) interconectados en el marco de acuerdos con jurisdicciones provinciales, municipales y organizaciones no gubernamentales con objetivos acordes.

“Cada Faro de Conservación consistirá en un área localizada estratégicamente, la cual será equipada con instalaciones adecuadas para contar con personal permanente en el sitio; vehículos adecuados para el desplazamiento de este personal en el territorio; dispositivos de monitoreo ambiental; elementos de comunicación y dispositivos de video vigilancia que permitan identificar tempranamente diferentes amenazas para la conservación del entrono”, señala la resolución 432/20 publicada hoy en el Boletín Oficial.

“El programa deberá articularse con el Sistema Federal del Manejo del Fuego a fin de implementar un plan de prevención efectivo en el Delta, que será anualmente revisado y actualizado de acuerdo a las circunstancias ambientales y sociales”, añade.

En los fundamentos de la iniciativa se indica que el presente año 2020 se inició caracterizado por una coyuntura particular dada por la ocurrencia progresiva y continua de incendios en el Delta medio y en menor medida en el Delta superior e inferior.

“En el origen de esta emergencia cabe señalar la combinación de dos circunstancias extraordinarias, como son la bajante del río Paraná y la sequía regional. Estos fenómenos generaron condiciones altamente favorables para la ocurrencia de incendios. Sin embargo, se asume que el inicio de los fuegos tiene origen en actividades humanas vinculadas a la producción primaria (ganadería vacuna), la caza furtiva y la recreación, entre otras, mediando la desaprensión, el desconocimiento, el descuido y también el vandalismo y la especulación con el cambio de usos del suelo post incendios”, señala la resolución.

“El fuego –asegura– ha constituido una herramienta de manejo tradicional de pasturas naturales (quema para rebrote) para forraje del ganado vacuno en las islas. Sin embargo, desde la década del 2000, con el desplazamiento de la ganadería de las tierras agrícolas altas a las tierras bajas inundables (no agrícolas) del Delta, el problema de los incendios se agravó y se volvió masivo y recurrente”.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la región semiárida argentina, donde los planes de manejo sistematizados de quemas prescriptas permiten mejorar el pastizal natural a la vez que evitar la destrucción provocada por grandes incendios estivales, en la región del Delta del Paraná no existe beneficio productivo alguno generado por las quemas.

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