Fundada hace casi 50 años, AFAT reúne a siete empresas –distribuidas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- que representan el 77% de los patentamientos de tractores, el 94% en cosechadoras, el 100% de maquinaria forrajera y el 43% de pulverizadoras. Ellas son AGCO Argentina; Agrale Argentina; CLAAS Argentina; CNH Industrial Argentina; Industrias John Deere Argentina; Jacto Argentina y Stara Argentina.

Si bien han registrado números favorables en términos comerciales este año, en lo que respecta a lo productivo todavía hay varios tornillos a ajustar. Sobre esto hizo referencia Reynaldo Postacchini, representante de CLAAS y presidente de AFAT, quien indicó que “el problema del país es la falta de planificación”.

“A las empresas que vienen a la Argentina a invertir debemos darles previsibilidad. No es fácil discutir si cambiamos constantemente las reglas de juego. Creemos en el diálogo, sea del color político que sea, y es importante el trabajo en conjunto”, afirmó el empresario.

En este sentido, desde la asociación afirmaron la necesidad de aprovechar la capacidad instalada del país y de incrementar los mercados. Por tal motivo, anunciaron que se impulsará un “plan canje o de renovación” con el objetivo de acelerar la incorporación de tecnología y ayudar a pequeños productores y contratistas a actualizar su parque de maquinarias.

“El 73% de los tractores hay en argentina tienen más de 15 años, tres de cada cuatro. El 46% de las cosechadoras que hay hoy trabajando tiene más de 15 años. Pensemos en mecanismos de cambio bajo carga, sensores de pérdida de cosecha, control satelital y pilotos automáticos, que no existían hace 15 años. Activar la renovación de maquinaria es aportar tecnología a la producción agropecuaria”, dijo Ignacio Armendariz, representante de Agrale Argentina.

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Dicho plan no es nuevo, sino que la AFAT ya había enviado un primer boceto del mismo al Ministerio de Desarrollo Productivo en 2020, el cual, según indicaron, ya se encuentra pulido y listo para ser lanzado en forma oficial.

“Un plan renovación ayudaría mecanizar provincias cuya oferta de maquinaria es totalmente obsoleta, eliminaría costos permanentes de reparaciones en maquinarias viejas y mejoraría la sustentabilidad en la producción mediante unidades que prestan servicios más seguros”, señaló el Armendariz.

Frente a este anuncio, Bichos de Campo consultó a los directivos de AFAT respecto al proyecto que en paralelo es impulsado desde la  Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el sector de la industria más vinculado a la producción nacional, que pretende otorgar mayores incentivos a aquellos que enfoquen su producción en empresas locales y utilicen menos componentes importados.

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“No estamos en contra de una ley de fomento de maquinaria agrícola. Bienvenido sea en un país con la importancia que tiene la agroindustria y con la capacidad técnica de nuestros productores. La tecnología que se usa en Argentina es la misma que en Estados Unidos y Australia. Hagámosla con sentido común”, sostuvo Sergio Fernández, presidente de Industrias John Deere Argentina.

Por su parte, Armendariz dijo que “no existe una grieta entre la maquinaria agrícola nacional y la de las multinacionales como se pretende instalar en la opinión pública. Nosotros somos todos fabricantes de maquinaria agrícola en Argentina. La dicotomía es errónea. Creo que se intenta plantarlo para sacar algún tipo de beneficio”.

Y a continuación agregó: que “para hacer maquinaria agrícola world class necesitás cierta calidad en los componentes y en muchos casos no podemos acceder a ellos en el mercado local porque no hay proveedores que lo desarrollen. A pesar de que los apoyamos, incentivamos, compramos de forma anticipada, a veces no llegamos a ese componente. Si hay beneficios deberían ser para todas las maquinarias, así estén integradas en el 60%, en el 40% o en el 30% (de componentes nacionales)”.

Por último, Reynaldo Postacchini, remarcó que el espíritu de todas las empresas debería ser el trabajo mancomunado. “En lugar de dividirnos, tenemos que juntarnos para crecer juntos. Esa es nuestra visión, crear fuentes de trabajo genuino a largo plazo y dar sustentabilidad a la producción”.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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“El programa nace como un estímulo a aquel que trabaja de una manera distinta. Lo lanzamos en plena inundación, allá por el 2016, donde la preocupación mayor era cómo cuidar los recursos naturales. Sin agua y sin suelo es muy difícil producir”, dijo a Bichos de Campo Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

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Quienes deciden sumarse deben presentar proyecciones sobre lo que podría lograse en el campo y, mediante un sistema de puntos, pueden obtener un premio estímulo y una certificación que indique que su producción cumple las normas de BPA. A esos beneficios se le suma también un descuento del 5% en el impuesto Inmobiliario Rural.

Sólo en 2020 participaron alrededor de 3400 productores y 80 de ellos fueron premiados durante la última Fiesta Nacional del Trigo, realizada semanas atrás en Leones. El programa no hace distinciones por tipo de producción (puede ser ganadería o agricultura más o menos intensiva) ni entre productores chicos, medianos o grandes. Para este año ya tiene asignado un presupuesto de 250 millones de pesos.

“Al productor hay que reconocerlo, protegerlo y, si es posible, estimularlo. Él pone en su campo el cartel de BPA y hacia afuera está diciendo que ahí hay un productor que hace bien las cosas y que lo que hace tiene valor agregado, porque es una certificación que el mundo está requiriendo”, aseguró Busso.

Gustavo Barletta, un productor cordobés de la localidad de Marco Juárez que recibió un premio en la última edición, indicó a Bichos de Campo que el programa no se realiza por una mera cuestión económica, sino para lograr mejorar la sostenibilidad de la actividad.

“No es matemática. Todo va pasando y la naturaleza nos va enseñando. En mi caso hacemos rotación de cultivos, análisis de suelos, fertilización y tenemos ganadería. Eso me da puntos y con los ingenieros voy haciendo los análisis correspondientes. Vemos qué agregarle al suelo para que produzca más y se conserve en el tiempo”, comentó. El productor cordobés agregó que es necesario repensar a la agricultura no como una producción anual, sino como un proceso que se extiende durante décadas.

Por su parte, Walter Bonci, un productor de Leones, también premiado durante la última Fiesta Nacional del Trigo, afirmó a este medio que el estímulo económico sirve de incentivo para que todos quieran producir mejor año a año y aplicar progresivamente más BPA.

“Durante todo el invierno presentas lo que vas haciendo y lo que proyectás. En nuestro caso es un campo mixto donde hacemos agricultura, ganadería, cabañas, etcétera. Es satisfactoria y me gusta porque te incentiva a superarte año tres año”, dijo.

“El programa sigue creciendo. Es muy federal también, hay productores de todos los municipios de la provincia que han validado este programa”, concluyó el ministro Busso.

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