“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.

Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.

Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.

En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.

En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.

En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.

Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

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Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.

Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.

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En el presente mes de junio la fundación FADA estima que, en promedio, un 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno. Es decir: por cada 100 pesos generados por un productor de soja, maíz, trigo y girasol, el Estado nacional, provincial y municipal se queda con casi 62 pesos.

Si miramos lo que sucedía un año atrás, esa cifra superaba el 68%. Pero, ¿cómo? ¿Acaso hubo un aporte de la política agropecuaria del gobierno de Alberto Fernández? Para nada.

Sucede que la renta agrícola es el resultado de restarle al valor de la producción, los costos de producir, comercializar y transportar la producción. Por lo tanto, si suben los costos y/o los precios de los granos bajan, la renta se reduce y el indicador sube en términos relativos. Y si, como es el caso actual, suben los precios por encima de los costos, aumenta el valor de la producción, se incrementa la renta y, por lo tanto, aumenta el índice FADA.

En otra palabras: la importante alza internacional de los granos registrada en el último año hace que la mayor extracción estatal “se sienta” menos, haciendo que el dolor ser más soportable, algo que, en definitiva, puede resultar contraproducente.

El dato crucial es qué, detrás del promedio del 61,8%, habitan dos situaciones bastante contrastantes. Mientras que el “peso” del Estado dentro de la renta de la soja es del 67,7% y del 59,9% en el caso del trigo, en el caso del maíz es del 50,6%. El girasol, en tanto, tiene un 47,1%, aunque no es comparable porque su producción –más acotada– se realiza solamente en determinadas regiones.

Es decir: el maíz está mucho menos intervenido –por ahora– que la soja y el trigo y, por lo tanto, es mucho más “competitivo” en términos relativos.

Vale aclarar que tal comparación es –insistimos– en términos de relación de unos cultivos con otros, porque al observar la extracción de recursos en términos nominales, ya sea considerando los derechos de exportación, las “retenciones cambiarias” y los precios “administrados”, la transferencia de recursos es monumental.

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“De cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, 62,6 pesos es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales”, sintetiza este informe. No hay grandes novedades, salvo un movimiento que incrementó la presión fiscal, en 3,4 puntos porcentuales, respecto de diciembre pasado.

“Esto se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”, explica David Miazzo, el economista jefe de FADA.

Pero la Fundación con sede en Río Cuarto, Córdoba, sí aporta un análisis novedoso en términos del impacto que tiene el tipo de cambio sobre la actividad y, en consecuencia, cómo se ve afectada por la brecha cambiaria, que surge de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar accesible para el grueso de los compradores.

Según este análisis, en los últimos 12 meses el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 43%, pasando de 63,77 pesos por dólar a 91,13 pesos. En los últimos 3 meses, se incrementó un 12%, o sea que cedió. Pero en términos de tipo de cambio real multilateral, desde marzo de 2020 este indicador mejoró 7,8%.

“Medido a precios de marzo de 2021, el tipo de cambio de marzo de 2020 era el equivalente actual de 84,55 pesos, mientras que, con el mismo cálculo, en marzo de 2019 fue de 89,42 pesos”, precisó la Fundación.

Para FADA, este dato es clave para ver la marcha del negocio, ya que una buena porción de los costos de producir granos están directamente dolarizados. No es tan cierto aquello de que los productores cobran en dólares algo que producen en pesos, como se suele escuchar.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos, afirma FADA, se puede identificar que un 51% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 49% están pesificados. Esto por la nominación en cada factura. Pero si además se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 64%.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 57% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 43%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 65%.

De allí que para los productores la evolución del dólar resulte no solo clave para definir sus ingresos sino también sus costos. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras porque proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden algo de vigencia”, aclaró FADA.

El estudio aclaró que el componente en pesos de producir una hectárea con estos cultivos “también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios que hay en una economía inflacionaria como la argentina; y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible y este está ligado directamente al precio del petróleo y del dólar. Lo mismo con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio”

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¿Qué mide ese porcentaje? Cuánto de la rentabilidad generada por una hectárea agrícola (cuatro cultivos) en la región pampeana (cinco provincias) va a parar a manos del Estado (tres niveles). Quiere decir que en septiembre de 2020 a Nación, Provincias y Municipios iban a parar 62 de cada 100 pesos generados por una hectárea sembrada con granos.

¿Es mucho? ¿Es poco? Desde ya que la presión fiscal sobre el sector es exagerada. Pero en el caso de este dato puntual hay que decir que esa presión se redujo bastante desde la ultima medición hecha por FADA. En junio de 2020, hace tres meses, el mismo índice había arrojado 68,3%, lo que es decir que la tajada del Estado se achicó en más de cuatro puntos. El motivos puede ser que la rentabilidad mejoró debido a la mejoría de los precios internacionales de los granos, mientras que los impuestos por ahora quedaron congelados.

Pero diferente es la comparación contra el mismo Índice FADA de septiembre del año pasado. En aquel caso, con las retenciones a los granos en niveles mucho menores a los actuales, la presión fiscal sobre la renta agrícola se ubicaba en 56,4%, es decir casi cinco puntos por debajo de la actual.

FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) explicó que en la actualidad el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62%. Pero aclaró que la participación del Estado en la renta de la soja llega al 66,6%, ya que allí las retenciones subieron al 33%. Luego, en maíz baja a 52,9%, en trigo a 57,2% y en girasol a 56,3%.

La participación del Estado se da a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no. Los impuestos nacionales no coparticipables son el 62,6% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Este tipo de impuestos son fundamentalmente los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales suman el 31,6%. Acá está principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA. Las provincias reciben parte de este 31,6% como coparticipación, y también recaudan otros. Los impuestos provinciales significan el 5,1% de los impuestos totales. Por último, los impuestos municipales suman el 0,6% de los impuestos. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Explicó FADA que con respecto a septiembre de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó. “Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación, que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”.

En cambio, en el último trimestre las retenciones se mantuvieron sin cambios y entonces la participación de los impuestos nacionales coparticipables se incrementó debido a la mejora de precios, que lleva a mejora en los márgenes y a un mayor aporte del impuesto a las ganancias.

“Un tema recurrente con este trabajo es el tema del federalismo. Tenemos un esquema fiscal en el que casi dos tercios de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”, explicó David Miazzo, economista de FADA.

“La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, completó el economista.

Mientras el índice FADA nacional es de 62%, Córdoba registra un 61,2%, Buenos Aires 63%, Santa Fe 62,3, La Pampa 62,3%, Entre Ríos 66% y San Luis 59,6%.

Hubo una mejora de los precios internacionales de los granos. Respecto a septiembre de 2019 el precio FOB de la soja ha mejorado un 17%, el del maíz 22%, el trigo 7% y el girasol 9%.  Las mejoras de precios son derivadas de cuestiones coyunturales, como mayores compras de China, y cuestiones estructurales, como una mayor liquidez a nivel mundial por la política monetaria expansiva de los principales bancos centrales del mundo.

A nivel local, en los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 32%, pasando de 57 pesos por dólar a 75 pesos. En los últimos 3 meses, se incrementó un 7,7%. En términos de tipo de cambio real multilateral, en los últimos 12 meses cayó un 7%.

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