La caída del tonelaje no sólo propició una relocalización de los embarques entre los puestos, acosta de los mayores egresos que eso genera, sino que también repercutió en el precio de exportación de los productos que más se despachan en la zona, como son el aceite y la harina de soja.

Desde la Bolsa afirmaron que comenzaron a ampliarse las brechas entre los precios FOB de exportación de harina de soja que se pagan en puertos de Brasil respecto de los que alcanzan en Argentina. Y en lo que va del 2022, esa diferencia de precio entre la harina de soja embarcada en Argentina con la embarcada en Paranaguá, Brasil, supera ya los diez dólares por tonelada.

Y si bien se trata del desempeño más bajo desde la sequía de 2018, a diferencia de lo que ocurrió en ese momento la bajante actual se encuentra geográficamente delimitada, por lo que la caída de los embarques desde el Gran Rosario coincide con un incremento en las toneladas totales de granos, aceites y subproductos despachadas desde Argentina hacia el exterior, que alcanzaron alrededor de 93,9 millones de toneladas, un 5% por encima del 2020.

Esto se vió reflejado en un aumento de los embarques en Bahía Blanca, que alcanzó un récord récord histórico de 14%, 3 puntos porcentuales por encima del año anterior. Desde el nodo del sur bonaerense se embarcaron más de 13 millones de toneladas de granos y subproductos en el 2021, el mayor tonelaje en su historia.

La BCR también destacó el incremento interanual de los embarques de las terminales ubicadas sobre el Río Paraná, pero más cercanas a la desembocadura del Río de la Plata. Así, Zárate-Guazú aumentó un 47% respecto al 2020, con 1,7 millones de toneladas, y Ramallo un 77% en relación al año anterior, con despachos por 1,2 millones de toneladas.

En cuanto al panorama para el 2022, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua no son alentadoras. Los primeros días del año encontraron al Paraná con una altura negativa, que se espera que siga siendo desfavorable para el resto de enero y febrero.

“De no quebrar esta tendencia, el tonelaje cargado en los buques podría continuar resintiéndose, impactando en pérdidas millonarias para la exportación de productos agroindustriales argentinos”, afirmaron desde la Bolsa.

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“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.

Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.

Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.

En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.

En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.

En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.

Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

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Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.

Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.

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Sequía, heladas y una pandemia que redujo sustancialmente la disponibilidad de trabajadores para la realización de labores culturales, son algunos de los fenómenos que explican la reducción sustancial de los rindes previstos. A eso hay que sumarle un incremento en los costos de la producción. En este sentido, un 34% de las empresas encuestadas no espera buenos resultados el próximo año.

Dentro de los rubros particulares, el 44% de las empresas olivícolas indicó que proyecta una recomposición de los precios de las aceitunas por un aumento de demanda ante las afecciones del clima. “La mayor parte de los daños por heladas y calores intensos al momento de la floración se registró en aceituna de mesa (consumo directo), que en algunas empresas llegó a afectar hasta el 80% de la producción prevista; creemos que va a estar muy peleada la demanda de ese producto”, dijo Francisco Copello del CREA Arauco.

Los productores de vid dudan de que la recomposición de los precios de venta, producto del aumento de la demanda de vino en el mercado interno y externo, sea suficiente para llegar a márgenes de negocio favorables.

“Si bien las evaluaciones iniciales de daños por heladas cubrían el 21% de la superficie, no se descarta que, en función de lo que estamos viendo en estos días, es posible que haya daños ocultos que podrían repercutir en la productividad de las vides”, advirtió Alan Fillmore, integrante de los grupos CREA Huarpe, Arauco y Olivícola San Juan.

El 60% de las empresas consultadas que producen vino blanco varietal a granel y el 38% que producen vino tinto varietal a granel poseen menos del 20% de la producción de la última cosecha sin vender (excluidos los vinos de guarda).

Esto implica una reducción de los stocks que se ve reflejado en los datos del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura): a noviembre pasado, las existencias se contrajeron 21,5% y 12,9% en los vinos blancos y tintos varietales, respectivamente, de forma interanual. La razón principal sería la tracción de la demanda.

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“Como está la situación, los números cierran ajustados”, dijo a Bichos de Campo Federico Bert, responsable del área de Investigación y Desarrollo de CREA, y agregó que antes de la suba de las retenciones “teníamos una diferencia de 10% entre el rinde esperado y el de indiferencia, el cual luego bajó a 6% a nivel general; pero cuando se pone la lupa en zonas alejadas de los centros de demanda, los rindes esperados ni siquiera alcanzan a los de indiferencia”.

Según Bert calculan que “de 250 partidos que hay con soja, unos 203 quedan cerca o por debajo de la línea de flotación, y si bien en la macro esta cosecha podría dar un número bueno, si miramos la micro, la situación no lo es”.

Escuchá la entrevista completa realizada a Federico Bert:

A partir del informe se deja en evidencia que hay un desincentivo ambiental para plantear rotaciones equilibradas y sostenibles, pero por sobre todo, que en el negocio agrícola hoy los números están finos por dos factores: “por los precios de los granos que están históricamente bajos para soja, maíz y trigo, a pesar de que pasó un veranito, y porque aumentaron los costos, principalmente en soja. Esto tiene que ver con lo que pasó en los últimos años con las malezas tolerantes”, agregó el referente de CREA.

El agravante es que los sistemas de control de malezas con variedad de fitosanitarios son cada vez más costosos, por eso en los últimos años se apuntó a encontrar respuesta al problema en el manejo, mediante la incorporación de alternativas productivas tales como los cultivos de cobertura.

En ese sentido Bert explicó: “Hay una búsqueda continua de buenas prácticas y alternativas al uso de fitosanitarios, no solamente porque las que veníamos usando ya no tienen el efecto que tenían, sino porque tomamos nota de la necesidad de amortiguar el impacto de los modelos que hasta acá nos dieron buenos resultado productivos”.

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