Según el relevamiento, el año pasado el Congreso sesionó menos de la mitad de veces que el año 2020, lo que se replicó en cada Cámara en particular: Diputados realizó 5 sesiones contra 12 del 2020, y el Senado tuvo 11 contra las 21 que registró en el periodo anterior. En cuanto a las leyes sancionadas, en el 2021 se aprobaron 118 proyecto de ley contra los 175 del 2020, una merma del 33%.

Una de las explicaciones para estas caídas tiene que ver con la realización de las elecciones legislativas, suceso que siempre atenta contra la continuidad en las actividades del Congreso. En cuanto a la pandemia, a diferencia del 2020, en el 2021 se realizaron protocolos de control sanitario que no impidieron el normal funcionamiento como ocurrió en el periodo anterior.

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En materia de nuevos proyectos, el total de iniciativas presentadas fue de 2403, de las cuales sólo 237 estuvieron vinculado al sector, un 10% del total.

¿Qué temas estuvieron presentes en la agenda? La mayoría de los proyectos que rozan el agro tuvieron al Ambiente como temática principal: la ley de educación ambiental, el reciclado de neumáticos, la evaluación de impacto ambiental y otros los principios ambientales. Otros se abocaron a la cuestión impositiva, como aquellos para modificar bienes personales y el pago de ganancias para empresas.

También se discutieron las históricas leyes Ovina y de Biocombustibles, y se presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral por la Hidrovía, tema que todavía sigue en discusión.

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Con respecto a las autorías de los proyectos presentados, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están parejos con un 44% y 39%, respectivamente. Al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, 53% de las iniciativas corresponden a la UCR; 42% al PRO y 5% a la Coalición Cívica. Luego le siguen otros partidos de terceras vías, con el 8% y casi un 7% de los bloques federales o partidos provinciales. El Poder Ejecutivo tiene casi un 2% de las iniciativas impulsadas que aún no lograron ningún grado de tratamiento

En cuanto los proyectos que tuvieron algún grado de sanción, el 95% fueron impulsados por el oficialismo –entre el Ejecutivo nacional y los diputados y senadores del Frente de Todos- y el 5% por la oposición. Catorce fueron leyes -9 de ellos todavía esperan sanción definitiva- y 8 dictámenes de comisión que ya perdieron vigencia.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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