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]]>La “retención cambiaria” se inició con el “cepo cambiario” instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri a comienzos de septiembre de 2019 por medio de la comunicación “A” 6770 del BCRA, política que fue reforzada por la gestión de Alberto Fernández.
La economista Iris Speroni definió cuáles son las características de este impuesto indirecto o “encubierto”, el cual, a diferencia de los derechos de exportación, es desconocido por la mayor parte de la población a pesar de resultar mucho más dañino.
Speroni, en un artículo publicado en el sitio Restaurar, explicó que las divisas “son de quien exporta, no del Estado” y que la retención cambiaria es, por lo tanto, “una confiscación sin ley previa del Congreso”.
Al confiscar las divisas, el Estado “paga un dólar arbitrario y bajo”, cuando “la Constitución determina que toda confiscación será a precio justo o de mercado”.
La economista además remarca que el dinero que quita el Estado a través del Banco Central (BCRA) es un “impuesto que no ha sido sancionado por el Congreso” y que “no sabemos a dónde va ese dinero y con qué criterio el BCRA se lo entrega a unos y a otros. Las erogaciones no han sido aprobadas por el Congreso de la Nación”.
La retención cambiaria representa entonces “un abuso de autoridad por parte de las autoridades monetarias al cobrar un impuesto sin tener potestad”, lo que implica que existe “inclumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte de los diputados y senadores nacionales, únicos responsables de las políticas monetarias y cambiarias al delegar lo indelegable”.
“Cuando el Congreso entrega supremacías al Poder Ejecutivo, que dejan la fortuna de los argentinos a merced de terceros, los legisladores violan el artículo 29 de la Constitución”, apunta Speroni, quien aclara que el término “fortuna” corresponde al patrimonio de cada persona y no a la riqueza de los millonarios.
¿Qué dice el artículo 29? Que el “Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
“El dinero debe ir a quién lo produce. A los trabajadores, proveedores, transportistas, comerciantes del pueblo, finanzas municipales y provinciales, cadena de comercialización, etcétera, y, obviamente, a los dueños de la cosa”, explica la economista.
Speroni solicitó “peticionar a los gobernadores y senadores que exijan este dinero para quienes producen los bienes exportables. Esto es, para las provincias que ellos gobiernan o representan”, además de “difundir entre los comprovincianos para que se sepa la dimensión de la estafa y quiénes son los perjudicados”.
Vaselina para los sectores exportadores: La “retención cambiaria” llegó al 40%
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El dinero que el gobierno federal le arranca a los ciudadanos es un botín. En realidad, uno de varios. Éste en particular corresponde a la compra de dólares a mitad de precio ($/u$s 89 en lugar de $/u$s 150) a los productores de bienes y servicios exportables. La estafa ascendió en el año 2020 a 28.100 millones de dólares para todo el país.
Hoy me voy a dedicar a calcular cuánto de ese dinero (y otros más) proviene de la región pampeana. Me basaré en el último informe disponible del Indec correspondiente a las exportaciones del primer semestre del 2020 desagregadas por provincia y por rubro de exportación.
Las exportaciones de todo el año 2020 – números provisorios – ascendieron a 56.198 millones de dólares. Los números del primer semestre (no tan provisorios) a 27.336 millones de dólares
El Indec provee un mapa que permite saber qué cosa se exportó a qué país y cuál es la provincia de origen. Es interesante para jugar un rato, al que guste de estas cosas. Tiene números de 2019, pero igual sirve.
En la página 3 del informe “Origen provincial de las exportaciones”, un mapa muestra que el 75,5% de las exportaciones argentinas tienen por origen la región Pampeana por valor de 20.626 millones de dólares correspondientes a los primeros seis meses del 2020. El 35,3% de las exportaciones argentinas provienen de la provincia de Buenos Aires, el 20,1% de Santa Fe y el 15,9% de Córdoba.
Existen –como sabemos– numerosos mecanismos por los cuales los gobiernos le quitan el dinero a quienes trabajan. Hoy me focalizaré en sólo dos de ellos asociados a las exportaciones. Queda claro que hay muchos más: el impuesto al combustible que encarece los fletes, las patentes de los camiones, IVA e Ingresos Brutos a los insumos de los productos exportables, las cargas sociales a los trabajadores, el impuesto a las ganancias a los sueldos; en fin, la lista es infinita.
Me ceñiré a dos impuestos: compra de divisas a precio vil por el BCRA (lo que constituye un delito) y derechos de exportación.
La región Pampeana está constituida por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y la Capital Federal
La provincia de Buenos Aires exportó en seis meses 9650 millones de dólares. Suponemos el doble para todo el año (ya sabemos que es un poco más, pero tomemos el menor de ambos números).De ese dinero calculemos con cuánto se quedó el gobierno federal a través del timo que efectúa el BCRA con su compra forzada de dólares y cuánto a través de la Aduana y sus Derechos de Exportación (DEX).
Al 30/06/2020 el Dólar Banco Nación comprador valía $ 68,50. El dólar libre (el que puedo comprar si pongo el dinero) era $ 129 para la venta. El estado le robó a los productores la diferencia entre $ 129 y $ 68,50 = $ 60,50 por cada dólar exportado. Como los bonaerenses exportaron 9650 millones de dólares de enero a junio, el Estado nacional, sólo por tipo de cambio, les estafó a todos los ciudadanos y empresas de la provincia la bonita suma de $ 60,50 x u$s 9650 millones = 583.825 millones de pesos, cifra que corresponde sólo a Buenos Aires, sólo al primer semestre y sólo por diferencia de cambio.
Una aproximación para el segundo semestre sería la diferencia entre tipos de cambio a diciembre 2020 ($169 y $ 83,7) por la misma cantidad de exportaciones (que sabemos que es un poco superior). Hablamos de $ 822.469 millones. Total anual timo BCRA a provincia de Buenos Aires: $ 583.825 millones + $ 822.469 millones = $ 1.406.294 millones.
Ahora el cálculo por Derechos de Exportación Provincia de Buenas Aires: En la página 10 del informe del Indec se detallan los diferentes rubros de exportaciones que van desde soja y sus derivados, maíz, trigo, combustibles, automotores y componentes. plásticos, carburantes, pescado. De todo un poco. Cada uno de estos productos sufre alícuotas de exportación diferentes. Desde un poco más de 30% en el caso de la soja para ir bajando hasta 5% en el caso de servicios. Los derechos de exportación se calculan sobre el valor de las exportaciones según el tipo de cambio oficial. La alícuota promedio ponderada aplicada la conoce la AFIP.
Haré una aproximación. Los derechos de exportación abonados durante el 2020 fueron $ 387.642.746.000 (según la AFIP). El 35,3% proviene de la Provincia de Buenos Aires. Entonces un número aproximado por todo el año es de $ 136.837 millones de derechos de exportación abonados por familias y empresas bonaerenses. Regla de tres simple.
Total quita del gobierno nacional a los ciudadanos y empresas de Provincia de Buenos Aires: por compra de dólares a precio vil = $ 1.406.294 millones. Por derechos de exportación = $ 136.838 millones. Total $ 1.543.132 millones.
Ese dinero estaría en los bolsillos de empresas y personas si no se lo hubiera llevado el gobierno federal. Todo lo que quitan es ganancia bruta porque todos los costos ya están descontados. De recibir ese dinero los productores y empresarios, sólo quedaría retraer el impuesto a las Ganancias.
Así que el gobierno nacional le sacó a los bonaerenses la suma de $ 1.543.132 millones en un año en sólo dos maniobras. La recaudación total de la provincia en 2020 fue un cuarto de la suma que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses. Esto explica por qué la provincia de Buenos Aires ha estado intervenida durante todo el presente siglo desde el poder central. Por eso pusieron porteños que oficiaron de gobernadores como Ruckauf, Scioli, Vidal y ahora Kiciloff.
Ahora repetiré el mismo procedimiento con todas las otras provincias de la región Pampeana.
Santa Fe. Exportaciones Anuales (aproximadamente) 5486 millones de dólares x 2 = u$s 10.972 millones. Pérdida por compra dólares BCRA a precio vil: 799.475 millones de pesos. DEX: 77.916 millones de pesos. Total: 877.391 millones de pesos
Córdoba. Exportaciones Anuales (aproximadamente) u$s 4339 millones x 2 = u$s 8.678 millones. Pérdida por compra dólares BCRA a precio vil: 632.322 millones de pesos. DEX: 61.635 millones de pesos. Total: 693.957 millones de pesos
Entre Ríos. Exportaciones Anuales (aproximadamente) u$s 681 millones x 2 = u$s 1362 millones. Pérdida por compra dólares BCRA a precio vil: 99.242 millones de pesos. DEX: 9.691 millones de pesos. Total: 108.933 millones de pesos
La Pampa. Exportaciones Anuales (aproximadamente) u$s 308 millones x 2 = u$s 716 millones. Pérdida por compra dólares BCRA a precio vil: 44.885 millones de pesos. DEX: 4.264 millones de pesos. Total: 49.149 millones de pesos
Algunas Conclusiones. Primero: el gobierno federal quita más dinero a los ciudadanos y empresas del país mediante la manipulación del tipo de cambio que por los derechos de exportación. Para la región pampeana el daño por DEX es un 10% del daño por tipo de cambio. Esto es porque el gobierno se queda con la mitad del monto de las exportaciones por cualquier bien, no sólo por la soja. Y porque los DEX se cobran sobre el 50% que le queda al productor luego de que lo estafaran por el tipo de cambio. Creo que en este punto es donde debemos concentrar la atención.
Segundo: el dinero que el BCRA le quita a los productores agropecuarios, desarrolladores de software y acerías por la manipulación del tipo de cambio, no queda en el Estado, sino que los políticos se lo entregan a otros particulares (los amigos del poder). Los DEX, en cambio, entran al tesoro nacional para cubrir gastos corrientes.
Tercero: la política de tipo de cambio, toda la actuación del BCRA es responsabilidad del Congreso Nacional, no del Presidente o del Jefe de Gabinete (art. 75 de la Constitución Nacional). Para que el Congreso condone esta extracción de riqueza a las provincias, necesita que diputados y senadores respondan al poder central y no a sus coprovincianos (diputados) o al gobierno provincial (senadores). Por eso ponen porteños en las listas de diputados o senadores de provincia de Buenos Aires (es el caso de los tres senadores) y de la mayoría de los diputados.
Cuarto: la compra de dólares por el BCRA a mitad de precio forzando compulsivamente a los vendedores es un delito. Es abuso de autoridad, coacción, coerción y estafa. Bah, medio Código Penal. Es hora de que los damnificados, desde los industriales a los productores agropecuarios, a los que brindan servicios consulten con sus abogados de confianza, pongan unos pesos y vayan a la Justicia. Les están robando 28.100 millones de dólares anuales. Si recuperaran para sí ese dinero podrían pagar sueldos mejores que 300 dólares mensuales.
Espero haber sido convincente para explicar por qué es vital para el gobierno central tener intervenida la provincia de Buenos Aires. Y por qué es vital para nosotros que el BCRA esté en manos de las provincias, como indica la Constitución Nacional.
Esta intervención sobre el BCRA y sobre la provincia sucede sin distinción de partidos políticos (no hubo diferencia en la transición Scioli-Vidal-Kiciloff ni cambios de política relevantes). No existe diferencia en las conductas de diputados y senadores, cualquiera sea el partido político al que (ocasionalmente) pertenezcan. Porque todos sabemos, son volátiles, cial piuma al vento. Pero en llevarnos a todos a la pobreza, son consistentes, disciplinados y dedicados.
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]]>Sin duda que uno de los temas más polémicos de la política agropecuaria en la Argentina son sin duda las retenciones, un impuesto arraigado desde hace más de medio siglo. Speroni es una especialista para analizar el impacto de los derechos de exportación -como se llaman técnicamente, y ella nunca menciona la palabra retenciones- en el agro y toda la economía. Al fin y al cabo considera que se trata de un problema “político”, pues detrás se esconde la transferencia de riqueza desde las provincias a la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos.
Vale la pena mirar esta entrevista completa con Iris Speroni para entender su posición:
Speroni basa su argumentación sobre cómo “deforman” la economía estos tributos aduaneros en que los impuestos, con el paso del tiempo “cambian los precios relativos de las cosas”.
“Al igual que el IVA y todos los impuestos acumulados, más los costos del flete, del local, (las retenciones) terminan sumando en el valor de los productos más del 50% de impuestos. Por eso una manzana del Alto Valle termina siendo más cara en Buenos Aires que en Londres”, ejemplificó.
Los derechos de exportación, para Speroni, alteran además el llamado “costo de oportunidad” de hacer una actividad por sobre la otra, afectando con esto a las actividades que producen tierra adentro. Según ella, las agropecuarias podrían ser la “locomotora del país” pero las retenciones la frenan y por eso el país no avanza. “Los derechos de exportación le sacan combustible a la locomotora del país, poniéndole un lastre”, dijo refiriendo a los principales cultivos de grano del país, la carne y economías regionales.
Speroni insiste que los derechos de exportación le quitan riqueza a los sectores que más pueden traccionar para el crecimiento de la economía del país. “Y hacen más pobres a las provincias, porque el dinero que sale del interior entra derecho al Tesoro Nacional, en donde se usa para pagar gastos corrientes. Y la gente termina yéndose del interior a la capital, aunque sea para limpiar baños en un ministerio, o hasta para ser trapito, porque eso les permite vivir”, se lamentó. “Yo creo que nadie bien nacido puede estar a favor de este impuesto”, subrayó.
“Hablamos del sector más dinámico de la Argentina que podría estar dando de 5 a 10 veces más de empleo que lo que da hoy”, dijo Speroni, en referencia al agro. “Pero se le saca rentabilidad para dársela a una masa de empleados públicos”, agregó.
“Hace un tiempo escribí una nota, cuando los chinos compraron Nidera en 10 mil millones de dólares, que es lo que el campo le da al Estado por derechos de exportación en un año. Se podría comprar una Nidera por año, eso es el costo de oportunidad que se afecta”, volvió a comparar.
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]]>Según la economista, “el objetivo (de las nuevas autoridades) es pegarle a quien no se puede defender”. Explicó que la suba de la presión fiscal tanto a nivel nacional como provincial “afecta a todo aquel que no esté bien protegido por algún lobby. Este gobierno favorece a las petroleras, a las mineras, a los empresarios bien conectados de siempre, y afecta a todo aquel que, o no tiene quien lo defienda, o bien quien lo defiende no lo hace de modo eficiente”.
Escuchá el reportaje completo a Iris Speroni:
“Queda claro que el primer grupo figuran los jubilados y los trabajadores que hace años que pagan impuestos a las Ganancias, lo cual es un absurdo, mientras que, quienes cobran jubilaciones de privilegio están exentos del pago de Ganancias por la Corte Suprema”, remarcó Speroni.
La contracara de este impuestazo es la falta de crecimiento económico, según la economista, por la ausencia de inversión. “En Argentina no hay inversión porque todo el excedente de las actividades que dan dinero se los llevan, en primer lugar, el Estado, y éste a su vez se lo da a las petroleras, a los proveedores del Estado, a los proveedores de la obra pública, y una gran parte se la roban los funcionarios públicos”, describió.
“Cuando la clase política manejaba el 25% del PBI teníamos una Argentina educada, con seguridad, defensa y justicia. Hoy esa clase maneja el doble del PBI y es incapaz de brindar el mínimo servicio. La diferencia es todo el dinero, el cual se lo roban”, enfatizó.
Con respecto al aporte del campo, Speroni analizó que “en lo que va del Siglo XXI, el campo total, no sólo el campo de la soja, le dio a la política argentina 100 mil millones de dólares, y no hay buena infraestructura en trenes, barcos u obras civiles para parar las inundaciones”.
Para tener una dimensión del reparto de la riqueza en el país, Speroni destacó que “en el presupuesto 2019, la totalidad de sueldos de la administración nacional, que es todo el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, era de 357 mil millones de pesos. Todo dinero que se recauda vía impuestos y que se gasta en la Capital Federal en un 90%; pero se presupuestaron 740 mil millones de pesos en intereses para pagar sueldos, y eso es lo que se paga a los bancos de la Capital Federal. Esto es para que se figuren el nivel de transferencia de riquezas de cada provincia a la Capital Federal. Si no tuviéramos un servicio tan unitario, esas provincias serían más ricas”.
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