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]]>El nuevo Decreto 10.833 modificó otra normativa reglamentaria de la Ley 7.802, que fue sancionada en 1989. Los cambios eran obvios y necesarios, debido al avance de esa agroindustria y la creciente presión social sobre el uso correcto de los agroquímicos.
El sitio brasileño Agrolink informó que la nueva norma “cambia las reglas sobre producción, investigación, registro, uso, importación y exportación de plaguicidas en Brasil. Los principales objetivos son reformular el proceso de análisis de registros, facilitar la investigación sobre plaguicidas para posibilitar innovaciones tecnológicas e implementar acciones para proteger a los aplicadores de plaguicidas”.
Aquí, en la Argentina, e n el Congreso se llegó a debatir muchísimo sobre un proyecto de ley presentado en su momento por el ex ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero todo ese trabajo finalmente tropezó con las roscas entre oficialismo y oposición. Por lo tanto, pasan los años y la Argentina no ha actualizado su marco jurídico en materia de registro y formulación de este tipo de insumos. El proyecto perdió estado parlamentario a fines de 2017.
En Brasil, en cambio, uno de los principales avances establecidos por este nuevo decreto es la creación de registros de aplicadores, en los que las personas que se dediquen a esta actividad deberán tener formación obligatoria. “La medida será importante para concienciar sobre los riesgos, así como orientar la correcta aplicación encaminada a proteger el medio ambiente, la seguridad alimentaria y las mejores prácticas para la salud humana”, se consideró.
El decreto también permite la inclusión en la agricultura orgánica de ciertos productos ya registrados, siempre que sean aprobados y evaluados como aptos para tal fin. Además, los productos fitosanitarios aprobados para su uso en la agricultura orgánica también pueden producirse para su propio uso en la agricultura convencional sin necesidad de registro.
También se establecieron reglas para priorizar el registro de nuevos productos y mayores plazos para el análisis de cada tipo de registro, compatible con la complejidad específica de cada trámite, proporcionando agilidad en los casos de procesos prioritarios. El objetivo es incrementar la competencia en el mercado de plaguicidas, permitiendo el registro de productos más modernos y menos tóxicos, y también reduciendo costos para el productor.
El nuevo texto elimina la duplicación de análisis de documentos entre los organismos responsables del control y regulación de plaguicidas en el país (Anvisa, Ibama y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento), manteniendo el rigor técnico para la evaluación de estos productos. También prevé el permiso para utilizar diferentes marcas para el mismo número de registro, lo que reducirá el número de solicitudes de registro de productos con las mismas especificaciones por parte del mismo solicitante.
El plazo de análisis de los registros de productos, que actualmente está fijado en 120 días, se definirá en función de los criterios de complejidad técnica y las priorizaciones que establezcan los órganos técnicos de los Órganos, que puede variar de 12 meses a 36 meses. En algunos casos prioritarios, definidos por el Ministerio, el plazo puede ser de seis meses.
También se modificarán los criterios de registro de productos genéricos, reduciendo la necesidad de entregar estudios relacionados únicamente con la prueba de eficiencia agronómica cuando se trate de un producto que contiene un ingrediente activo que ya ha sido registrado. La exención no se aplica a estudios ambientales y toxicológicos.
Así se facilita las actividades de investigación y experimentación con principios activos ya registrados, realizadas por una empresa o entidad de docencia, extensión e investigación o por una entidad acreditada.
Se ha simplificado además el registro de plaguicidas destinados exclusivamente a la exportación y que, por tanto, no se venderán ni utilizarán en el país. Ahora, ya no será necesario que estos productos estén registrados para su uso en Brasil cuando su propósito es la producción exclusiva para mercados del exterior.
El texto también trae cambios en cuanto a la aplicación de multas. En el texto anterior del Decreto, la multa solo podía aplicarse si la empresa infractora había sido notificada previamente y si, en un segundo momento, se constataba que las irregularidades no habían sido subsanadas. El texto actual permite que la valoración se realice independientemente de previo aviso y no exime de la aplicación de multas si la empresa procede a subsanar las irregularidades.
“Esta medida garantiza la posibilidad de sanción y aplicación de sanciones a los infractores, aumentando consecuentemente el cumplimiento de las normas y lineamientos”, explica l anota de Agrolink.
El nuevo decreto incluye la definición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas (SGA), a los efectos de clasificación toxicológica y la comunicación de peligros para la salud en las etiquetas de cada agroquímico. El cambio traerá a los usuarios, especialmente a los productores rurales, un mayor conocimiento sobre los productos utilizados.
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]]>La entrada Bienes culturales: Bolsonaro creó una herramienta para que las empresas agropecuarias brasileñas puedan comenzar a vender bonos de carbono se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El objetivo del nuevo instrumento es que, tanto las porciones de ecosistemas naturales que deben mantener –según lo dispuesto por la legislación brasileña– obligatoriamente los establecimientos agropecuarios como los bosques cultivados, comiencen a ofrecer créditos de carbono avalados por el Estado a través de los CPR Verde.
“Se trata de un programa sumamente atrevido, que vino a hacerle justicia al productor agropecuario, que es el gran preservador del ambiente” destacó el ministro de Agricultura en funciones, Marcos Montes, durante un acto realizado en el Palacio de Planalto en Brasilia.
Al contar con un instrumento avalado por el Estado de Brasil, se espera así fomentar un mercado de créditos de carbono, de manera tal que las empresas agropecuarias puedan vender CPR Verde a aquellas organizaciones locales a externas que deban compensar emisiones de gases de efecto invernadero.
“Hablar de servicios ambientales parece muy abstracto y CPR Verde es un instrumento financiero que viene a bajar a tierra ese concepto”, explicó el secretario de Política Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Guilherme Bastos.
El CPR Verde deberá contar con la certificación de una auditoría externa y será una herramienta opcional y privada, cuyo valor deberá ser negociado entre las partes interesadas. El gobierno brasileño indicó que el mercado potencial que podría crear es de unos 30.000 millones de reales (casi 5600 millones de dólares) en un plazo de cuatro años.
“Quien posea una propiedad rural y la conserve, al mismo tiempo que produce, comenzará a recibir, por primera vez, pagos por servicios ambientales, lo que traerá miles de millones de reales para la preservación del medio ambiente y los bosques ”, afirmó el ministro de Economía, Paulo Guedes.
El Estado argentino se prepara para violar por treceavo año consecutivo la Ley de Bosques
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]]>La entrada Cumbre del Mercosur: Argentina dejó la presidencia, Bolsonaro se la pasó bostezando y Alberto le dijo a Lacalle Pou que “respetar la ley es una regla” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El Mercosur es una herramienta de reconocimiento con el mundo, una plataforma donde podemos mostrar la producción, generar valor agregado y trabajo para nuestras sociedades. Argentina como presidenta pro tempore, ha venido revisando los aranceles externos común y la política de relaciones externas del bloque”, señaló el mandatario argentino en un clima de tensión que se cortaba con cuchillo. Durante su exposición estuvo acompañado por el Canciller Felipe Solá y por el Ministro de Producción Matías Kulfas.
Si bien la reunión se realizó en forma virtual en la Casa Rosada, las caras de los funcionarios daban cuenta de los ánimos caldeados, tanto así que Jair Bolsonario, presidente de Brasil, se permitió bostezar en varias oportunidades. Ese malestar ya venía gestándose desde principio de año cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se reunió con sus pares de Brasil y Paraguay para tantear el terreno de la flexibilización del Mercosur.
Esto terminó de concretarse ayer, previo al inicio de la Cumbre, cuando el primer mandatario del país oriental anunció que comenzará a negociar Tratados de Libre Comercio (TLC) con naciones centrales. La decisión implica actuar en contra del Tratado de Asunción, al que adscribieron los países miembros del Mercosur, que define que las negociaciones deben realizarse de manera conjunta.
“Nuestro compromiso fue la búsqueda del consenso. Consenso es respetar la ley de nuestro bloque. Creemos que no podemos resignar esto, somos todos parte de estados de derecho y el respeto a la ley es una regla”, dijo Fernández aplicando lo mejor del clásico libreto de un político.
El presidente concluyó afirmando que “es importante honrar los contratos fundacionales que firmamos. Unidos podemos consolidar un Mercosur creativo, que avance de la mano de sus pueblos y no se corte solo, imponiendo visiones unilaterales.”
Increíblemente, cuando culminó el discurso de Fernández, el gobierno argentino cortó de manera imprevista la transmisión oficial del acto, de manera tal que los discursos de los restantes presidentes de las naciones que integran el Mercosur quedaron fuera del evento.
Los equipos de comunicación de los gobiernos de Brasil, Uruguay y Paraguay tuvieron que salir a las apuradas para realizar las transmisiones que debió realizar el gobierno argentino.
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]]>La entrada Brasil apura la aprobación de agroquímicos y Greenpeace denuncia una “inundación de veneno” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con una resolución publicada en el Boletín Oficial brasileño se llegó a un récord de 290 agroquímicos autorizados en lo que va del 2019. Esta cifra supera las 229 liberaciones en el mismo período de 2018, año en que Brasil, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, estableció un récord en la autorización de nuevos agrotóxicos, con 422 en total.
En 2017 se habían autorizado 405 nuevos fitosanitarios en Brasil, mientras que en 2016 fueron 277 y en 2015 al menos 139, según informó la agencia EFE.
El Ministerio de Agricultura atribuyó esta aceleración en la liberación de los agroquímicos a las medidas adoptadas para reducir la “burocracia” en los procesos de registro y regulación de ese tipo de insumos.
Según el Ministerio, el objetivo de la liberación de nuevos plaguicidas es ofrecer a los agricultores “alternativas de control más eficaces y con menor impacto al medio ambiente y a la salud humana”. La cartera argumentó, además, que pese al aumento del número de agroquímicos regulados, la venta de los productos cayó en los últimos años.
“El hecho de que existan más marcas disponibles en el mercado no significa que el uso de este tipo de productos en el campo vaya a aumentar. Lo que determina el consumo es la existencia o no de plagas, enfermedades o plantas dañinas. Los agricultores quieren usarlos menos en sus plantaciones pues los defensivos son caros y representan el 30% de los costos de producción”, alega el Ministerio.
Para Greenpeace, sin embargo, el elevado número de plaguicidas autorizados en el gobierno de Bolsonaro obedece a la decisión de entregar el control del Ministerio de Agricultura a representantes de los grandes productores.
“Podemos producir sin agrotóxicos, en equilibrio con el medio ambiente y respetando la salud de las personas. Pero las decisiones del gobierno sobre el asunto ignoran esto y ponen al pueblo brasileño en riesgo”, aseguró el director de la campaña de Greenpeace para la Alimentación y la Agricultura, Iran Magno.
Para Greenpeace, el gobierno de Bolsonaro se propone “inundar de veneno” a Brasil, ya que cerca de la mitad de los plaguicidas autorizados es considerado como “extremadamente tóxico” y una tercera parte está prohibido en la Unión Europea.
Entre los 51 nuevos productos liberados, figuran siete que tienen como principio activo el sulfoxaflor, sustancia que algunas investigaciones científicas consideran como responsable por la reducción de las poblaciones de abejas. Otros 44 son “equivalentes”, es decir genéricos que utilizan el mismo principio activo de plaguicidas originales ya autorizados en Brasil.
Las autoridades dijeron que solo 6 de los nuevos productos aprobados esta semana tendrán una serie de restricciones para su uso. Y recordó que en general el uso de insecticida en Brasil debe seguir las pautas establecidas para la mitigación del riesgo para los insectos polinizadores, como la restricción de la aplicación en los períodos de floración de los cultivos, el establecimiento de dosis máximas y las distancias mínimas de aplicación. “Estas restricciones se encuentran en las etiquetas de los productos y se establecen de acuerdo con cada ingrediente y cultura”, dijo el Mapa.
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