¿Y por qué se iban a mandar la parte? Porque Bichos de Campo publicó el texto completo de la Resolución 535/2021 el mismo día en que fue firmada por Serrano, es decir el 15 de octubre pasado. La explicación oficial en aquel momento fue que esa norma no debía publicarse en el Boletín Oficial porque involucraba a una sola empresa (Bioceres). Pero el 17 de noviembre, un fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 3 ordenó a INASE a hacer pública toda la información referida al trigo HB4, incluyendo los lugares donde está sembrado.

Frente a los temores de la cadena triguera, el gobierno obligará a Bioceres a “desactivar” hasta 80% de las semillas del trigo Hb4

Hace unos días, el INASE había informado a la cadena triguera (que está preocupada porque se produzca un caso de contaminación del trigo convencional con esa variante transgénica, que pueda afectar la colocación del cereal en los mercados) que el trigo HB4 ocupa exactamente poco más de 52 mil hectáreas (de las cuales ya se había cosechado un 15%) sobre un total de 370 lotes agrícolas. De todos modos, todavía no se conoce la ubicación exacta de cada uno de ellos.

Más allá de mandarnos la parte, la publicación ahora de la mencionada Resolución secreta confirma lo que se había informado entonces. En principio, que ante la presión de la cadena la Comisión Nacional de Semillas (Conase) había ordenado crear “la Comisión de Auditoría de Trigo HB4 en el ámbito de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Federal del INASE”. Ese es la oficina del Estado que debe ocuparse de evitar esa posible contaminación, asegurando que ni una espiga de ese trigo se escape de los campos sembrados por Bioceres bajo convenios especiales con unos 250 productores.

¿A cruzar los dedos? El gobierno informó dónde está sembrado el trigo HB4 y qué medidas tomará para evitar una contaminación

No es lo único establecido por aquella resolución. También se estableció que:

• La Comisión especial “estará integrada exclusivamente por agentes del referido Instituto Nacional”. Lo primero que hará es recibir información de parte de Bioceres, a la que se le otorgó un plazo de cinco días para informar sobre “el inventario actual de existencias en cada una de las plantas de procesamiento y/o lugares de almacenamiento con georreferencia de su ubicación. Deberá informar material clasificado, no clasificado, descartes y materiales de purga”.
• El INASE debía primero conocer dónde estaba almacenado el trigo HB4 cosechado en la campaña previa sobre unas 7.000 hectáreas. De ese grano, le permitiría a Biocerees “conservar hasta un 20% en calidad de semilla, debiendo identificar, en este caso, lugar de almacenamiento y condiciones del mismo, a fin de permitir su control y verificación”.
• La norma define con claridad que “todo material que no se encuentre incluido en el artículo que antecede (es decir en el 20% mencionado), deberá ser desactivado en su poder germinativo y/o procesado, debiendo informarse a la Comisión el lugar de procesamiento, cronograma de trabajo y destino del mismo, en un plazo que no exceda de los 10 días”.
• Respecto del nuevo material sembrado en la campaña 2021/22 (las mencionadas 52 mil hectáreas), Bioceres también debía informar en cinco días todos los lugares de siembra.
• La compañía también debería acreditar ante la nueva Comisión “un cronograma de cosecha que contendrá, como mínimo, el establecimiento a cosechar, superficie a cosechar, fecha de inicio de tareas, contratista que interviene, cosechadora o cosechadoras afectadas, y cualquier otro dato de interés” sobre este proceso.
• A la vez se exigía de la empresa con sede en Rosario, “un plan detallado de preservación de identidad y confinamiento, que contenga asimismo un plan de contingencia que prevenga y remedie las posibles fugas de material”.
• “Las plantas que se involucren en el procesamiento y almacenaje de Trigo HB4 deberán estar exclusivamente dedicadas al manejo de este material, no pudiendo procesar otro trigo convencional”, se estableció.
• En el caso de esta cosecha, Bioceres sería obligada a desactivar la mitad de la cosecha esperada y solo podrá utilizar como reserva de semilla el otro 50%.

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Sin embargo, la Federación Agraria Argentina (FAA), luego de una reunión de su Comisión de Semillas, salió a denunciar que las empresas semilleras están abusándose del productor, sobre todo a través del avance del sistema de “regalías extendidas”. Según el comunicado de la entidad, la ofensiva es tal que corre peligro el derecho al “uso propio”, que es aquel que tiene el productor de conservar una parte de sus cosecha para utilizarla como semilla al año siguiente.

Según este pronunciamiento, el derecho de “uso propio gratuito”, consagrado en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y en UPOV 1978 (un acuerdo internacional sobre la propiedad de las semillas), “está siendo vapuleado por la industria semillera y el INASE no actúa como debiera”.

“La flexibilización de derechos en favor de las grandes empresas, transnacionales en su mayoría, con una clara transferencia de recursos y propiciando su concentración, se refleja en el avance de condiciones de regalías extendidas en la mayoría de las variedades y la imposición de parte de la industria semillera (a través de contratos, facturas y de forma unilateral) de compromisos a los productores que se ven reflejados en una renuncia a su derecho de uso propio gratuito”, denunció el comunicado.

Los federados, que muchas veces se interpusieron a un acuerdo dentro de la cadena agrícola para lograr una actualización de la Ley de Semillas, agregaron que actualmente “los productores reciben innumerables cantidades de mails, llamados telefónicos, cartas documento, notas y facturas, con condiciones estipuladas en el abuso de posición de la empresa proveedora de tecnología “.

Allí cargaron contra el nuevo presidente del INASE, Joaquín Manuel Serrano, de quienes muchos dicen que llegó al cargo de la mano de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina.

La FAA, en su comunicado, señaló que existe una ausencia por parte del Estado para accionar en defensa del derecho consagrado al uso propio. “Parece ser que el sistema de ‘contralor’ no se enfoca en la compra de semilla fiscalizada únicamente, sino en ‘colaborar’ con el dueño de la semilla para cada vez hacer más angosto el camino del uso propio gratuito”, indicó la organización.

Para defender el derecho ancestral de los agricultores a usar sus propias semillas, la Federación reclamó “claridad en las facturas de compra, transparencia en los mecanismos de control, un Estado presente en la defensa de la ley y sus derechos consagrados; bregamos por el Orden Público en materia de semillas”.

El régimen de “regalías extendidas” se enmarca dentro de un acuerdo entre privados y, por lo tanto, el Estado no tiene injerencia en el mismo, dado que el INASE sólo tiene atribuciones para hacer cumplir la normativa vigente. (Ley N° 20.247), la cual garantiza la posibilidad de realizar “uso propio” de semilla de propia producción.

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