Así surgió una docena de proyectos de ley que ya están en el Congreso, los cuales en su mayoría van a tono con lo que piden los ambientalistas, que es que se establezcan políticas más restrictivas a las actividades humanas que se puedan hacer en esos territorios. Así, según cuál sea el criterio que se considere para la legislación, podría quedar improductivo el 70% de la superficie de una provincia como Corrientes, pudiendo afectar hasta 62 millones de hectáreas en todo el país.

Jorge Vara, diputado nacional radical, es oriundo de Corrientes y autor de uno de los 12 proyectos de ley de Humedales en danza. Pero esa iniciativa tiene la particularidad de ser el que más apoyo tuvo de los sectores productivos. “El único proyecto que salió de la comisión de Agricultura es el mío, que en realidad es un proyecto compartido porque lo trabajamos en conjunto con Alicia Fregonese, del PRO, y sus asesores”, dijo Vara a Bichos de Campo.

El pedido inicial de Vara es el no dejar afuera del debate a la comunidad agropecuaria, porque teme que eso puede derivar meramente de una imposición ambiental. “Es un proyecto de ley que puede afectar a unas 62 millones de hectáreas, de las cuales, el 50% están en el Litoral o región pampeana”, aclaró.

Ironizó con que, si eso sucediera, “hágannos un lugar en el conurbano para colocar 800 mil correntinos”, porque será imposible producir en su provincia.

Mirá la entrevista a Jorge Vara:

Vara, que es ingeniero agrónomo y fue ministro de la Producción de su provincia, comentó que todos los demás proyectos entraron por otras comisiones tales como Ambiente, Recursos Naturales, y desde la parte tributaria o penal, pero la comisión de Agricultura tanto de Diputados como de Senadores no fue partícipe. “Es más, se presentaron proyectos que no fueron consultados ni con los legisladores de provincias afectadas como Corrientes y Entre Ríos, ni con la comisión de Agricultura”, remarcó.

El dilema principal pasa por entender qué se considera por humedal, y dependiendo de su definición, el área protegida puede ser del 13% o del 25% del territorio nacional. El Delta, por ejemplo, es un humedal porque está permanentemente surcado por agua, y sería lógico que recaiga sobre este una protección especial.

Pero zonas como la Cuenca del Salado, que incluye distritos como Ayacucho, Bragado, Brandsen, entre otros, ingresan en una zona gris que es preciso aclarar, dado que se inundan de vez en cuando. Según los ambientalistas, deberían ser considerados humedales, mientras que los productores sienten que si esto fuera así, se verían obligados a retirar parte del stock de vacas del país. Allí está el 25% de las existencias.

En esta discusión fina sobre qué debería ser considerado un humedal, Vara aseguró que si prosperan las demás iniciativas legislativas avaladas por los ambientalistas, el 70% de Corrientes pasaría a ser considerado un humedal, Allí, además de los Esteros del Iberá, casi todo se hace entre ríos y bajos que claramente conforman un gran humedal donde hay millones de vacas y producciones claves como el arroz. Por esa razón deberá prestarse mucha atención a qué tipo de definición de humedal se dará.

Ver: Corrientes reacciona ante una posible Ley de Humedales: “Va a generar nuevos problemas”, advirtió el arrocero Cristian Jetter

¿Qué significa esto para el sector agropecuario? ¿Es una nueva amenaza o una oportunidad de comenzar a ordenar el territorio y evitar nuevas acusaciones del ambientalismo? Para el diputado correntino, “la mayoría de los productores ganaderos de acá tienen menos de 100 cabezas. Son productores chicos, y son cerca de 23 mil, pero no viven de 100 cabezas, sino que es gente que vive de otra cosa y tienen un complemento con la actividad ganadera”.

El diputado agregó que “los ambientalistas sostienen que los principales enemigos del ambiente en la zona nordeste son la forestación, la ganadería y el arroz, todas actividades que, en Corrientes, representan el 85% del producto bruto productivo”.

En referencia a la acusación de los ambientalistas, de que ciertas actividades productivas en provincias como Corrientes atentan contra el cuidado de los humedales, Vara manifestó que “somos la provincia con mayor porcentaje de bosques cultivados, respetamos las 700 mil hectáreas de bosques nativos que tenemos, y sólo 7 mil hectáreas fueron tocadas en los diez años de ley Bonasso o ley de Bosque Nativo, y no lo decimos nosotros, sino Greenpeace en sus evaluaciones, ¿Y saben cuál era la lapicera que firmaba esas autorizaciones? La mía”.

Según el diputado y agrónomo, “todas las provincias de la región norte, salvo Misiones que autorizó tocar sólo 32 mil hectáreas, tocaron de 200 mil hectáreas para arriba. Lo que nos permitió en Corrientes el no tener que tocar ninguna de las 700 mil hectáreas de la provincia, es que plantamos 526 mil hectáreas; el 80% de los establecimientos industriales de nuestra provincia son de la madera. Y luego nos dicen que la forestación es la principal amenaza de los humedales”, se quejó.

Mientras tanto, los proyectos de ley de Humedales siguen desfilando en el Congreso, y de fondo se discute el destino de millones de hectáreas. Una cosa queda clara: la definición de humedal que le den los legisladores puede implicar ciertas restricciones a las actividades productivas, o bien al 85% del producto bruto productivo de una provincia. Este debate recién empezó, y levanta cada vez más temperatura.

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La iniciativa de Vara, que ya tiene estado parlamentario pero deberá esperar a que el Congreso se digne comenzar a sesionar, apunta a permitir en ese lapso de 180 días que se puedan desagotar la acumulación de cueros bovinos que se registra actualmente en la industria faenadora.

Los cueros comenzaron a sobrar por todos lados en los frigoríficos desde que, al inicio de la cuarentena obligatoria, las más importantes curtiembres dejaron de ir a retirarlos como era costumbre. Pare evitar este congestionamiento, el gobierno declaró de inmediato a la industria del curtido como una “actividad esencial”, pero no obtuvo resultado. Las empresas de ese sector se amparan en en el argumento de que nadie quiere más cuero en el mercado internacional, y que por lo tanto no tiene sentido seguir operando.

En este escenario, muchos frigoríficos comenzaron a deshacerse de los cueros crudos por otras vías, como enterrarlos en el campo o en el predio del Ceamse, que habilitó la recepción de ese subproducto. Pero esta operatoria también es costosa y muy complicada. En otras plantas comenzaron a salarlos, como un modo de evitar que se pudran y así poder conservarlos.

Los diputados de Juntos por el Cambio apuntalaron el proyecto de Vara, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que “se suspenda por el plazo de 180 días el derecho de exportación adicional que pesa sobre los cueros crudos, salados y Wet blue, previsto en el Art. 4° de la Resolución 537/92 del entonces  Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”.

Hay que fijarse el año de aquella resolución, 1992, para notar que desde hace casi treinta años la Argentina aplica una retención a las exportaciones de cueros sin procesar. El argumento de esta norma, que ha sido prorrogada varias veces por todos los gobiernos, es que la materia prima sea procesada dentro del país. Pero la verdad es que todo ha terminado amañando una cartelización de la industria curtidora, que se hace de los cueros a precios muy por debajo de los del mercado internacional. Incluso, en los últimos meses, los frigoríficos pagaban a los curtidores para que se lleven la mercadería. Pero ahora ni eso funciona.

La apertura del candado impositivo que impide a los frigoríficos exportar por ellos mismos y no tener que depender del humor de las curtidoras fue una alternativa que se barajó varias veces como recurso para desagotar el mercado local de los cueros excedentes. Incluso, al final del gobierno de Mauricio Macri se habilitó una cuota libre de estas retenciones, pero que nunca fue reglamentada e incluso fue derogada por la nueva gestión. En las próximas horas, Vara iba a mantener conversaciones con el ministro Luis Basterra para convencerlo de revisar esta posición a favor de unas pocas curtiembres.

“El avance de la Pandemia CoVid19 ha profundizado y agravado distorsiones e ineficiencias generadas en el mercado de los cueros que afectan de manera directa a la industria frigorífica. En esta coyuntura, se evidencia en todos los frigorificos una acumulación de cuero vacuno fresco o salado sin procesar, que genera problemas de almacenamiento, pone en riesgo al medio ambiente y erosiona el resultado económico de las plantas de faena y, en consecuencia, la provisión de carne en nuestro país en cuanto a volúmenes y precio”, explicó el diputado correntino en su proyecto de resolución, que cobró estado parlamentario el 13 de abril bajo el expediente 1293-D-2020.

Ver El cuero tiene olor a podrido: Las curtiembres ya ni los retiran y nadie sabe qué hacer con ese subproducto

Concretamente, como remedio a esta situación, los diputados opositores reclamaron que se suspenda la vieja resoluciónd e 1992 que “dispuso un derecho de exportación adicional a los cueros antes señalados, a partir de un arancel del 15 %, que además se estima sobre una base imponible que se calcula sobre el precio del cuero salado de novillo marcado (Butt Branded Steer) en el mercado de Chicago (tres veces más que el valor FOB de un cuero argentino). Y en el caso del Wet blue con un adicional de U$s 16 sobre dicha base”.

En los hechos, esta fórmula traída de los pelos instaura una barrera arancelaria a la exportación directa desde los frigoríficos, que llega al 40/50%.

“El gravamen adicional hace inviable la exportación de esta mercadería, y su suspensión en la coyuntura expuesta, sería un alivio a esta compleja situación”, señaló Vara.

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