En el ámbito de la CNTA las decisiones se determinan en función de dos votos de delegados del gremio que representa a los trabajadores (Uatre) y dos votos de representantes de las empresas agropecuarias, los cuales, de manera rotativa, son cargos ocupados por dirigentes de CRA, Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y CAME.

En caso de empate, la decisión final queda en manos del Estado Nacional, que en este caso es representado por funcionarios de los ministerios de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura de la Nación.

En la votación realizada hoy los delegados de las entidades del agro –entre las cuales no estuvo el de CRA, dado que había avisado con anticipación que no estaría presente en la reunión– propusieron actualizar por inflación el “bono” de fin de año pagado en 2021, que fue de 10.000 pesos. Como la inflación oficial es del 51,2%, el monto ofrecido era entonces poco más de 15.000 pesos.

Sin embargo, José Voytenco, secretario general de Uatre, se negó a aceptar la oferta al considerar que el bono debía ser de 60.000 pesos, lo que motivó un intenso debate entre los participantes de la reunión, tanto que no pudieron ponerse de acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio.

Por la tarde, una vez retomada la reunión, los representantes del Estado nacional propusieron acercar ambas propuestas en un “bono” de 20.000 pesos, lo que fue aceptado por el representante de Federación Agraria. Se abonará en dos cuotas iguales en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.

Como la propuesta ya contaba con los votos favorables de los representantes del Estado más un voto adicional en representación de los productores, se procedió a darla por válida. Ésta es el acta de la reunión:

Si bien inicialmente Voytenco había solicitado un “bono” de 60.000 pesos, los funcionarios nacionales que integran la CNTA redujeron notablemente esa pretensión al tener en cuenta que las realidades presentes en las diferentes regiones productivas y actividades agropecuarias es por demás diversa y, como tal, la situación económica y financiera de las empresas del sector difiere sustancialmente entre un caso y otro.

La medida comenzará a estar formalmente vigente cuando sea publicada en el Boletín Oficial, lo que debería ocurrir en los próximos días.

Junto a Sergio Massa participamos de la inauguración de la seccional N°185 de la UATRE-OSPRERA, en la localidad bonaerense de Colón. Quiero reconocer, una vez más, a las y los trabajadores rurales que, en plena pandemia, posibilitaron que el país siga produciendo
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— Julián Domínguez (@DominguezJul) December 27, 2021

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La inflación sigue carcomiendo los ingresos de todos los trabajadores, y mucho más los de más bajos ingresos. Los trabajadores rurales lo son: aunque tienen otros beneficios (como la vivienda) sus sueldos están siempre en las posiciones más bajas entre las distintas escalas salariales.

La inflación de 2021 se estima en torno al 50%, pero Voytenco ya anticipó en el ámbito del Ministerio de Trabajo que para este año pretende nuevamente un bono de fin de año para los trabajadores del agro, pero esta vez de 50.000 pesos, dos veces y media de lo que había reclamado el año pasado o cinco veces de lo que finalmente logró sacarle a las patronales agropecuarias.

Este es el pedido de la UATRE:

Sabido es que a la hora de negociar hay que empezar pidiendo demasiado para luego desandar el camino de esa demanda. Es lo que parece estar haciendo la UATRE con este pedido de un bono no remunerativo de 50 mil pesos, que además pretende sea pagado en una única vez dentro de los primeros quince días de diciembre.

El pedido ya está formulado ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que es la que define los salarios del sector y que debe convocar ahora a los sindicalistas y los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más la CAME.

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Ahora Alberto debe estar pellizcándose porque no lo debe poder creer: la m3edida no fue criticada por nadie y por el contrario fue felicitado por tomarla de los dos costados, por trabajadores y empleadores. Es una gran prueba de que una decisión así se necesitaba, en serio.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Por un lado, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, expresó la “profunda satisfacción” del gremio por los anuncios. “Hace años que venimos planteando la dificultad o el dilema que enfrentaban los compañeros y compañeras, titulares de planes sociales, de incorporarse a la actividad laboral temporaria y perder ese beneficio si el empleador los registraba”, explicó el gremialista.

Que, luego, exageró un poco al definir la medida como “un claro hecho de justicia social que implementa nuestro presidente y que respaldamos con toda nuestra fuerza”. Justicia social sería que no hubiera necesidad de planes sociales, y que los trabajos rurales sean pagados con salarios dignos.

Por otro lado, la entidad que más impulsó la posibilidad de que se acumulen los planes sociales con los ingresos de las cosechas, fue la CAME. “El reclamo por la falta de disponibilidad de mano de obra para la realización de tareas temporales por temor a perder los beneficios sociales, fue visibilizado en reiteradas oportunidades por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y sus entidades adheridas”, recordó esa entidad, al saludar la definición presidencial.

“El anuncio se anticipa al inicio de la temporada de cosecha 2021/22 de varios cultivos y se transforma en un guiño positivo no sólo hacia los productores agropecuarios pymes, quienes sentirán alivio frente a una problemática que ya se tradujo en la pérdida de entre un 25% y un 50% de la producción total, sino también hacia los sectores más vulnerables, que tendrán mayor protección social, más oportunidades de poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y, a su vez, podrán percibir mayores ingresos”, evaluó la CAME.

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La puja llegó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que convocó a una reunión entre las partes. Según el gremio, las autoridades laborales le dieron la razón, al iniciar un sumario de infracción contra Cargill por no cumplir con lo establecido en La Ley 26.727, que definió un nuevo régimen de trabajo agrario y establecería que las empresas deben recurrir a las bolsas de trabajo sindicales para contratar personal.

“Quedó bien claro que la empresa no está cumpliendo con la Ley 26.727, tal como lo denunciamos recientemente, motivo por el cual se inició la medida de fuerza en la localidad de 30 de Agosto”, indicó José Voytenco, el chaqueño que ahora conduce la Uatre a nivel nacional. “No estamos haciendo nada más que defender los derechos de nuestros trabajadores de la bolsa de trabajo”, añadió.

En la audiencia, según el acta difundida por el gremio, “la representación empleadora sostiene la posición expresada en todo este expediente; considera que no tiene obligación de dar tareas de manipulación de cereales a los trabajadores de la bolsa de trabajo de UATRE 30 de agosto, en función de que tales tareas son desarrolladas por trabajadores contratados en forma permanente por la empresa”.

Por eso Cargill solicitó a la cartera laboral bonaerense que “la entidad gremial proceda al levantamiento del bloqueo de la planta, que persiste desde hace cinco días” y que se produce en plena cosecha gruesa.

El funcionario que debía llevar a cabo la conciliación preguntó, en un tramo de la reunión, por la situación de una serie de trabajadores que antes pertenecían a esa bolsa de trabajo y luego fueron contratados por la compañía, un derecho que con claridad ahora reclaman otros integrantes de la UATRE que quedaron afuera.

“El empleador manifiesta que las tareas que realizan son operativas de manipulación de cereales, carga y descarga de camiones; y carga de trenes. Asimismo esas tareas de manipulación también son realizadas por otros trabajadores de la empresa”, fue la respuesta de Cargill, que defiende en este caso su derecho a la libre contratación de personal.

La planta de Silos de La Porteña tiene actualmente una dotación de 22 personas y adicionalmente hay otra planta en la regional, en Duhau , donde hay otros 6 trabajadores en iguales condiciones.

Para el funcionario que intervino, de todos modos, correspondió el labrado de un “acta circunstanciada de infracción” a la ley y se dejó “constancia en el expediente, formándose actuaciones por separado, a fin de dar inicio al correspondiente procedimiento sumarial previsto en los art. 55 y siguientes de la Ley 10149 y su Decreto Reglamentario”.

“Si nuestro planteo no tuviera sustento el Ministerio de Trabajo hubiera dictado la conciliación obligatoria. En cambio dejó sentado en actas que realizará el correspondiente sumario de infracción contra la firma”, festejó Voytenco, dando por establecido que el  gobierno les dio la razón.

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Según la visión del gremio, Cargill “no está cumpliendo con la Ley 26.727 que en su artículo 69 establece la obligatoriedad de tomar personal de las bolsas de trabajo de la UATRE en donde estas existan”.  Se trata del Régimen de Trabajo Agrario sancionado en 2011, en tiempos de Cristina Kirchner. En el artículo de marras se establece que “las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial proveerán a los empleadores del personal necesario para la realización de las tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”.

Cargill, que es la segunda mayor exportadora agrícola detrás de Cofco, según el ránking de 2020, tiene a su vez una red de acopios para almacenar la mercadería hasta el momento de su ingreso al circuito industrial o comercial. Allí se usan silobolsas, como en muchos otros lugares. Al parecer, según la denuncia gremial, se confeccionan con personal que no pertenece a la UATRE ni está en sus listas de espera para obtener un empleo.

Por eso , el secretario de Organización de la UATRE, Carlos Figueroa, informó que “se están declarando en estado de alerta y movilización todas las seccionales del país con bolsas de trabajo en donde funciona la firma Cargill”. Reclaman que se respete la ley y que se contrate perosnal de sus bolsas de trabajo.

“Las medidas de fuerza ya se iniciaron en la localidad de 30 de Agosto, en la provincia de Buenos Aires. Allí se desarrolla una asamblea permanente en la puerta del establecimiento de Cargill”, según informó el gremio. El caso sería bastante singular pues la propia UATRE describe que quienes llevana delante el reclamo son “trabajadores de la bolsa de trabajo de la seccional local que durante 8 años trabajaron para esa firma y de un día para el otro, amparándose supuestamente en la pandemia, los dejaron sin trabajo desde hace meses”.

Son ellos los que reclaman volver a realizar esa fajina.

El secretario general de la seccional 083 de la UATRE, en Treinta de Agosto, Kevin Rossi, dijo que “son 25 familias trabajadoras que se quedaron sin un sustento, por lo cual hace ya mucho tiempo que venimos intentando hacer entender a los responsables del establecimiento que deben cumplir con la Ley. Pero después de tantos meses la paciencia se agotó y por eso estamos acá para hacer oír nuestro reclamo”.

En el lugar se encuentra el prosecretario de Finanzas del gremio, Pedro Pablo Peger, así como Myruam Forti, subdelegada regional de la UATRE en Trenque Lauquen. Treinta de Agosto es una localidad de ese partido, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes y cuya economía está basada en la actividad agropecuaria.

La UATRE recordó que tiene más de 500 seccionales en todo el país y cuenta con alrededor de 200 bolsas de trabajo, la mayoría de ellas con personal especializado en la manipulación de granos. La amenaza de nuevos conflictos por ver quién confecciona los silobolsas necesarios para la nueva cosecha de granos gruesos, que ya se está iniciando, corre para todo el país y todas las empresas.

El conflicto estaba latente desde 2017, cuando gobernaba Cambiemos. En ese momento, el gremio ejerció una fuerte presión para que se respetaran en primer término al personal de sus bolsas de trabajo y llegó a firmar un acuerdo en tal sentido con las entidades de productores. De todos modos, ya en aquel momento tres entidades rurales (CRA, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) suscribieron un comunicado defendiendo la “libre contratación” de los empleados rurales.

En el acta firmada para dirimir aquel conflicto, se accedió a una fórmula intermedia, en la que los productores deberán recurrir a las bolsas de trabajo del sindicato en aquellos casos en que éstas estén en funcionamiento o cuando no dispongan de personal propio (registrado ante el Renatre) al que pueden asignarle dicha tarea.

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La denuncia describe una maniobra con la que “se habrían quedado con algo más de 10,5 millones de pesos de la obra social del gremio en dos años”, en referencia al período 2018/19 en el cual el Consejo Directivo de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) estuvo integrado por Pablo Ansaloni, MarceloAcevedo, Walter Cáceres y Carlos Caballero.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, Secretaría 23, a cargo de Sebastian Casanello. “El trabajo, que ya está en el juzgado, pudo constatar un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se autoautorizaron los miembros del Consejo Directivo de Osprera”, indicó Voytenco por medio de un comunicado.

El escrito señala que, a pesar de las restricciones normativas vigentes, los miembros del Consejo Directivo aprobaban sus propias rendiciones. “Esas presentaciones superan en cientos de miles de pesos mensuales al límite máximo permitido y las órdenes de pago eran emitidas por ellos mismos. Era el lobo en el gallinero”, argumentó Voytenco.

“Hicimos un recuento de cómo acordaron, de manera previa y organizada, afectar el patrimonio de la OSPRERA en beneficio propio, abusando de sus respectivos cargos. Todo está certificado por una auditoría privada y es una vergüenza por donde se lo mire”, declaró.

A pesar de que una resolución interna de la institución sólo autoriza la rendición de viáticos de comisiones de servicios para los conceptos de alojamiento y alimentación, la auditoría descubrió en las presentaciones del actual diputado Ansaloni conceptos tan insólitos como ropa de bebe y niños, artículos de perfumería femeninos, muebles, indumentaria y calzados, juguetes y joyas. Incluso presentó facturas con gastos a nombre de su esposa.

En el material respaldatorio, que pidió ser incorporado en la causa que ya se instruye bajo las órdenes del fiscal Guillermo Marijuan, figuran presentaciones en las que Ansaloni declaraba que se encontraba prestando comisión de servicios durante treinta días al mes, inclusive los sábados, los domingos y los feriados.

La denuncia llega luego que la sala II de la Cámara Criminal y Correccional rechazara la cautelar de reinstalación que había conseguido Ansaloni en la obra social.

Ansaloni, si bien fue elegido diputado nacional en 2019 al integrar una lista de Juntos por el Cambio, abandonó ese espacio político ni bien asumió para integrar un minibloque (Unidad y Equidad Federal) junto al mendocino José Luis Ramón.

Fin de una época: La nueva conducción de la UATRE salió a criticar el paro del campo

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Lo planteó con todas las letras el nuevo secretario general de la Uatre, José Voytenco, a quien le toca ejercer este año además la presidencia rotativa del Renatre. “Para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias”, escribió el sindicalista.

Esto, en los hechos, significaría revisar la actual estructura del Renatre, un ente mixto que se puso en marcha en 2002, con la sanción de la Ley 25.191, que estableció la obligatoriedad de la Libreta del Trabajador Rural. En esa ley, impulsada por el histórico líder del gremio rural, Gerónimo Momo Venegas, se dispuso crear un registro de administración compartida entre el sindicato y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Hay cuatro directores por lado.

Voytenco, que está tomando una visible distancia de sus antecesores en el cargo, planteó la necesidad de revisar esta convivencia con argumentos de mucho peso: Afirmó que veinte años después el Renatre no cumplió con sus objetivos de registrar a la masa de trabajadores rurales porque justamente “el zorro está cuidando el gallinero”. Es decir, culpó a la parte empresaria de retrasar esta tarea.

“Existen en la actualidad alrededor de 350 mil trabajadores y trabajadoras rurales registrados, pero no menos de 500 mil todavía trabajan sin estar registrados, sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud ni aportes al sistema previsional, muchos de ellos padeciendo situaciones de explotación laboral o trata de personas, a los que hay que sumar un número aún indeterminado de niños y niñas que trabajan en el campo cuando tendrían que estar jugando y educándose”, enfatizó el dirigente chaqueño.

Lee desde aquí el documento CONFLICTO DE INTERESES POR JOSE VOYTENCO

Luego Voytenco evaluó que los resultados de la aplicación de la Ley 25.191 “no se compadecen con los altos objetivos que le dieron origen a esta institución (en referencia al Renatre)”.

“Todos estos años se produjeron muchos e innegables logros, pero, sin embargo, el problema de fondo no fue solucionado. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Para nosotros, hay un motivo principal y es el natural conflicto de intereses entre el sector patronal y el sector obrero”, se explayó.

Luego de atribuir a la Uatre ser la única autora intelectual de este modelo mixto de gestión del registro de trabajadores rurales, el nuevo secretario general del gremio explicó: “Lo hicimos porque entendemos que los trabajadores rurales necesitamos más y mejores emprendimientos, más y mejores puestos de trabajo, y para eso tenemos que trabajar mancomunadamente con el sector patronal”. Recordó que así nació la consigna “Somos el Campo”, que es característica del Renatre compartido con las patronales del agro.

Pero luego aclaró que “cuando pasamos a la gran tarea de la registración laboral o, dicho claramente, a la lucha contra el trabajo no registrado y la explotación laboral, ahí ha aparecido siempre el conflicto de interés”.

“A los explotadores y negreros les tiene que caer todo el peso de la ley”, dijo el titular de UATRE luego de un operativo por trata de personas en Chaco

“Es casi una obviedad recordar la fábula del zorro en el gallinero, pero lo cierto es que los patrones no son zorros y los trabajadores no somos gallinas, lo que sí es cierto y concreto es que la vocación por terminar definitivamente con la situación de indignidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras rurales está en el pensamiento y en la acción de la UATRE, entidad gremial que los representa, y no en las entidades que representan a los patrones”, remarcó.

Entrando en el territorio de las propuestas, Voytenco señaló que “para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias”.

Y reclamó, abriendo un nuevo frente de conflicto para la Mesa de Enlace: “Es
imprescindible la actuación de los legisladores nacionales para modificar la Ley y hacer del RENATRE una institución fuerte y con las herramientas necesarias para concretar la misión para la cual fue creado”.

Bichos de Campo entrevistó hace pocas semanas al nuevo secretariod e la Uatre:

Desde su asunción en la Uatre, el dirigente chaqueño tomó distancia no solo de Venegas sino de Ramón Ayala, el ex secretario general que murió de covid a fines de 2020. Esos dos dirigentes habían mantenido siempre una relación amistosa con las entidades agropecuarias tradicionales. Venegas, incluso, salió de la CGT y del partido justicialista (fundó su propio partido FE) en momentos en que el gobierno de Cristina Kichner mantenía un duro conflicto con la Mesa de Enlace por las retenciones móviles.

Esto le costó al gremio Uatre y a la Mesa de Enlace la estatización del Renatre en 2011. Por unos años se convirtió en el Renatea y fue dirigido por el Estado, sin consulta ni al gremio ni a los empleadores. Este proceso duró hasta que en 2016 la Corte Suprema ordenó reestablecer el Renatre para dar cumplimiento a la ley de 2002.En ese lapso en manos del estado, hay que decirlo, los números de empleados registrados tampoco mejoraron.

Voytenco, quien viene acercándose al oficialismo y hasta ha manifestado querer participar de la nueva conducción de una CGT unificada, empezó a colisionar duro con las entidades agropecuarias cuando reclamó a fin de año un bono especial de 15 mil pesos para los trabajadores rurales. Como las patronales se negaron,m finalmente se impuso un adicional especial de 10 mil pesos, con apoyo de los representantes del Estado en la comisión paritaria.

Para la Uatre, en ese episodio quedó en evidencia “la existencia de una posición profundamente anti obrera de buena parte de la corporación empresarial”.

“Seguimos creyendo en la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector obrero, el empresariado y el estado para generar políticas públicas que permitan un auténtico desarrollo de este sector estratégico de nuestra economía y que tiene un enorme potencial. Pero en la gran tarea de poner fin a la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil en el sector agropecuario, tenemos que ser los trabajadores, en conjunto con los organismos pertinentes del Estado, los que aseguremos llegar al fondo de esta cuestión, para concretar como realidad efectiva que todo el peso de la ley caiga sobre los delincuentes explotadores y negreros, cuya existencia es una vergüenza nacional que no merece nuestro sector y que no podemos ni debemos seguir soportando”, finalizó el dirigente sindical.

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“A los explotadores y negreros les tiene que caer todo el peso de la ley”, dijo Voytenco (foto), que desde diciembre es además el nuevo presidente del Renatre, el registro compartido entre las cuatro entidades agropecuarias y el gremio para justamente intentar registrar a los trabajadores del medio agropecuario.

El sindicalista reaccionó así a las noticias que llegaron desde su propia provincia, donde efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sáenz Peña, perteneciente a la Gendarmería, participaron de dos allanamientos a establecimientos rurales ante un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los establecimientos quedaban a 35 kilómetros de la localidad chaqueña de Los Frentones, entre Pampa del Infierno y Pampa de los guanacos.

Del operativo intervinieron funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. En un primer campo  observaron a 72 ciudadanos que “estaban en medio de la espesura del monte en pésimas condiciones de higiene, sanitaria y habitabilidad”. En el segundo campo, “encontraron a otras cuatro personas sufriendo la misma situación (entre ellas dos menores)”, según se informó.

En los operativos, los gendarmes decomisaron una escopeta calibre 16, tres camionetas, 10.800 pesos, documentación de interés para la causa y tres teléfonos. El Juzgado Federal de Sáenz Peña dispuso que las personas investigadas queden imputadas en la causa.

“Estas personas sin escrúpulos ni responsabilidad social alguna no son empresarios rurales, son delincuentes, y así se los tiene que considerar”, estableció Voitenco, que destacó que del operativo coordinado por el Comité de Tratas también participó el Renatre y la propia organización gremial.

“Estos operativos los vamos a seguir realizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque no vamos a parar hasta cumplir con nuestro objetivo que es poner fin a estas situaciones denigrantes de explotación, trabajo en negro, trabajo infantil y trata de personas”, prometió el gremialista.

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Sucede que en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) las decisiones se determinan en función de dos votos de delegados de UATRE y dos votos de representantes de las empresas agropecuarias, los cuales, de manera rotativa, son cargos ocupados por dirigentes de CRA, Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y CAME.

En caso de empate, la decisión final queda en manos del Estado Nacional, que en este caso es representado por funcionarios de los ministerios de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura de la Nación.

La primera muestra de este nuevo escenario de negociación ocurrió la semana pasada, cuando el UATRE de Voytenco decidió reclamar un bono de fin de año de 15.000 pesos para todos los trabajadores agropecuarios del país. Los representantes del sector empresario, que en este caso eran de CRA y Coninagro, se negaron a tal pedido en función de un mandato negociado en el ámbito de la Comisión de Enlace Agropecuaria. El Estado entonces decidió instrumentar una asignación extraordinaria de 10.000 pesos pagadera en tres cuotas iguales durante los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021.

Esa resolución de la CNTA ya fue firmada, peor todavía debe ser publicada en el Boletín Oficial:

Se determinó allí que el bono deberá pagarse tanto a trabajadores rurales permanentes como a personal de granjas avícolas, porcinas, tractoristas que se desempeñen en tareas de cosecha de granos y aplicadores de fitosanitarios.

La cuestión es que en enero próximo deberán volver a reunirse de manera virtual los integrantes de la CNTA para revisar una eventual actualización de la última paritaria negociada en octubre pasado, a partir de la cual se estableció un salario mínimo para el peón general de 38.770 pesos, entre otras categorías.

No puede descartarse que en ese ámbito vuelva a presentarse la situación ocurrida la semana pasada, en la cual UATRE realice una solicitud que termine siendo parcialmente validada por el Estado más allá de cuál sea la opinión del sector empresario.

En un extenso reportaje a Bichos de Campo, Voytenco ya avisó que esa negociación salarial será muy dura, pues el gremio cree que los trabajadores rurales han sido convidados de piedra frente a la suba de precios de los granos y el ganado que se han registrado a favor de los productores. Peor todavía, el sindicalista avisó que no aceptará salarios como los actuales, que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza.

Mirá aquella entrevista:

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La imagen de un gremio de trabajadores rurales jugando políticamente para la oposición, e incluso sumando votos al macrismo como ha sucedido en 2015, parece haber quedado sepultada en el pasado.

En diálogo con Bichos de Campo, Voytenco blanqueó todos estos movimientos:

“Cuando Gerónimo Venegas creó el Partido FE lo hizo basado en al doctrina justicialista. En ese momento había un enfrentamiento político (con el gobierno de Cristina Kirchner y el resto del sindicalismo), y los compañeros no tenían un espacio para expresar sus ideas y para tener protagonismo político. Entonces Venegas genera este partido desde la UATRE para atraer a peronistas disidentes. Pero nosotros siempre fuimos peronistas y vamos a seguir siendo peronistas”, explicó el gremialista del sector rural.

En este regreso a las fuentes, Voytenco mantuvo en las últimas horas una llamada con el titular del Partido Justicialista, el sanjuanino José Luis Gioia, y ya se había entrevistado con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Donde exista el Partido FE y se pueda hacer un frente con el justicialismo de cara a las próximas elecciones, lo vamos a hacer. Y donde no existe el Partido FE vamos a trabajar directamente con el PJ”, fue el mensaje claro que les dejó a ambos.

No fue la única definición política que nos brindó Voytenco. El titular de la UATRE avisó que “gremialmente nosotros vamos a volver a nuestra central obrera que es la CGT”.

El dirigente chaqueño contó que ya mantuvo conversaciones con varios de los sindicalistas más tradicionales de ese espacio, como Héctor Daer, José Luis Lingeri o Gerardo Martínez. Pero que también ha tenido reuniones con el dirigente camionero Hugo Moyano. “He tenido una muy buena recepción y creo que están dadas las cosas como para que nosotros podamos desembarcar en el armado de la próxima conducción de la CGT”, declaró el sindicalista.

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