La cartera ministerial determinó mediante la Disposición 87/2018 que el precio de adquisición del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar sea ahora de $ 17,737 por litro, equivalente a un 9% de incremento respecto de los $16,161 que se fijaron provisoriamente a fines de marzo último.

Ver Néstor Roulet: “No se tomaron las decisiones correctas con el tema del bioetanol”

En el caso del biocombustible elaborado por las grandes plantas que muelen maíz, ubicadas en especial en Córdoba, el nuevo valor fijado será de $14,098 por litro: un aumento de 6,5% respecto de los $13,164 fijados para abril.

La normativa aprobó además los procedimientos para la determinación de los Precios de Adquisición de ambos tipos de bioetanol, que sustituyen a otros que habían sido determinados por la Resolución 415 de noviembre de 2017.

Esa resolución, que determinaba bajas de hasta 29% en los precios de los biocombustibles, provocó una fuerte reacción de las empresas productoras y de los gobiernos provinciales involucrados, en especial el de Tucumán, donde se concentra la mayor cantidad de ingenios azucareros.

Ver Catalina Rocchia Ferro: “Tucumán es una pequeña Vaca Muerta”

La reacción hizo que se diera marcha atrás con una parte de esa rebaja y se convocó entonces a un proceso de revisión de los mecanismos para determinar los nuevos valores del bioetanol en base a la estructura de costos presentada por cada sector.

El resultado de ese trabajo es el que se conoce ahora. Y concluyó en que aquel fuerte descenso de los precios establecido por el ministro Aranguren era por lo menos exagerado, ya que hasta octubre de 2017 (momento de dicha intervención), los valores del bioetanol eran de $ 16,873 para el sector cañero y de $ 13,623 para las plantas maiceras. Es decir, estaban algo por debajo de los actuales.

Eso sí, ha transcurrido desde entonces todo un semestre de debates, en un país con una inflación todavía descontrolada.

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“Desde finales de 2017 advertimos una baja del precio del bioetanol. Hoy el valor debería estar en $19,20 y la realidad es que está en $15,60, lo que complica al sector. O sea que el sector está transfiriendo casi $4 por cada litro que entrega a las petroleras, lo que implica una pérdida de 2.000 millones de pesos para el norte argentino, yendo ese dinero al sector petrolero donde liberaron los precios”, denunció en Bichos de Campo, José María Jure, presidente de la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta.

Jure explicó que, como expresión de la crisis que vive el sector azucarero, el ingenio San Isidro, ubicado en Salta y manejado por el Grupo Gloria, de origen peruano, decidió cerrar sus operaciones en enero pasado, y más allá de que podría ser vendido a capitales nacionales, por el momento ha decidido no moler más caña.

“Allí los productores independientes molían cerca de 500.000 toneladas de caña. Esto trae muchos problemas en la zona, por lo que desde la entidad que presido estamos evaluando con el resto de los ingenios la posibilidad de que ese volumen de caña pueda ser absorbido. Otra complicación tiene que ver con la logística, debido a que la ruta 34 a través de la cual transportamos la mercadería, hoy está colapsada porque prometieron una obra de ampliación de las vías que aún no se concretó”, explicó Jure.

Según el dirigentes, atrás quedó la mejoría que les había traído a los cañeros el aumento en el corte del bioetanol que debían contener las naftas,y que en 2016 pasó del 10% al 12%. “El reclamo lo están llevando adelante los industriales, a quienes les hicieron un pedido de plus de costos. Pero según la última información el precio debería estar $ 4 arriba, con el agravante de que el productor cañero recibe un precio aún menor, debido a que las empresas de bioetanol cobran por el destilado, de modo que lo que había traído una solución a la actividad, hoy la complica”, describió Jure.

Escuchá el reportaje completo a José María Jure:

Mientras que en Tucumán hay cerca de 6.000 productores cañeros, en Salta y Jujuy no exceden los 180 productores, y el grueso de la caña- cerca del 70%- está en manos de los ingenios, mientras que el 30% restante está en poder de los productores.

En Tucumán se da la situación inversa: casi el 90%de la materia prima  es propiedad de los productores y el otro 10% está en manos de la industria. “En el reclamo estamos todos juntos porque entendemos que el bioetanol llegó para transparentar la actividad y reemplaza todas las exportaciones que se hacían a quebranto. Cuando Mauricio Macri acordó el aumento en el corte de bioetanol en las naftas, permitió que el azúcar se destinara a una energía renovable”, expresó Jure.

Respecto de la posibilidad de que se incremente la demanda interna de ese biocmbustible, el dirigente explicó que “el Gobierno está estudiando la posibilidad de aumentar ese corte hasta en un 24%, pero usando los motores flex de Brasil”.

“La clave de esto es que funcione la Mesa Sucroalcoholera que es la que define cuánta caña debe ir destinada a azúcar, qué cantidad a bioetanol, cuánto se exportaría y cómo se distribuían los cupos, además de que iba a implementar un control de comercialización informal y en negro. Pero lamentablemente, desde agosto de 2017 esta mesa que traía soluciones y transparencia, y que presidía Néstor Roulet, hoy está inactiva. Le planteamos a (Luis MIguel) Etchevehere que vuelva la mesa para organizar mejor al sector azucarero”, concluyó Jure.

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“La energía es el segundo componente más fuerte en los costos de producción en las economías regionales en general, sobre todo en las “electrodependientes”, lo que genera, a través del incremento de las tarifas que muchas economías -como la del arroz, la de las frutas y la olivícola-, queden fuera de competencia”. advirtió Raúl Robín, presidente del Sector de Economías Regionales de la CAME.

Y agregó: “Si no revemos ciertos casos, la situación energética va a generar desempleo en muchas producciones regionales”,

Escuchá el reportaje completo a Raúl Robin:

En la reunión con el ministro de Energía, que duró poco más de una hora, Robín, que también es productor azucarero en Tucumán, explicó que “pudimos plantear con las tremendas dificultades que encontramos, algo que consensuamos con muchos gobiernos provinciales”.

“Aranguren nos dijo que estaban recomponiendo las distorsiones causadas por estos aumentos de tarifas, y acordamos que su equipo integre todas las mesas de competitividad que se formen en el Ministerio de Agroindustria. Pudimos sensibilizarlo al explicarle que las tarifas de estos cultivos tienen un fuerte impacto social, lo que contribuye al desarraigo en Argentina. Pero nos conforma saber que hay un compromiso de evaluar cada trabajo presentado de cada una de las actividades y de continuar el diálogo”, añadió el dirigente.

Ante la paradoja de que suban las tarifas desde Energía, y luego se sumen a las mesas de competitividad, Robín desarrolló que “ocurre que las políticas aplicadas son generales y muchas veces tocan a sectores puntuales que son los que precisamente representamos en la CAME. Las economías regionales son las primeras tomadoras de mano de obra privada en todo el interior del país, y por eso creemos que esta situación energética traerá aparejada una crisis de abandono de campos y de la actividad”, evaluó.

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Los referentes del área de Economías Regionales de la CAME, encabezada por su presidente, Fabián Tarrío, estuvo casi una hora con el ministro que casi nunca ríe.  “Esperamos definiciones de las Mesas de Competitividad y que la política orientada a recomponer la matriz energética impulse a los sectores productivos”, señaló Tarrío luego del encuentro, donde se abordaron casos concretos de producciones “electrodependientes” (en especial porque los equipos de bombeo funcionan a electricidad) , como fruticultura, olivicultura y arroz.

“Desde CAME se planteó que para mejorar la rentabilidad y competitividad del sector primario se deben tener en cuenta -principalmente- dos variables: mano de obra y energía, utilizada tranqueras adentro y afuera. Es por ello que se esperan definiciones de las Mesas de Competitividad multiministeriales donde participan todos los sectores de la cadena”, remarco la entidad en un comunicado.

La entidad recordó que en el período comprendido entre enero de 2016 y el mismo mes de 2018, las boletas de electricidad subieron considerablemente. “Ningún otro indicador mostró un comportamiento similar durante la etapa de análisis”, indicó Raúl Robín, el coordinador de Economías Regionales de CAME. Como alternativa de largo plazo, contó que le propusieron a Aranguren “reemplazar el suministro de electricidad por el de gas en determinados sectores”.

CAME también planteó que con las tarifas actuales, la rentabilidad y competitividad es dificultosa para todas aquellas producciones primarias de cultivos intensivos. Y le recordó a Aranguren que “se requieren políticas energéticas que acompañen al sector productivo, más aun a todas aquellas actividades electrodependientes que busquen ser económicamente sustentables”.

En este sentido, el ministro respondió que “el esfuerzo está puesto en recomponer la matriz energética” y no mucho más. Ahora a esperar las mesas de competitividad donde poder plantear la urgencia de tan altas tarifas. O a llorar a la parroquía.

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Luces de alerta, de amarillo a rojo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, pasó por arriba de todas las promesas de progreso y estabilidad que los funcionarios del Ministerio de Agroindustria hicieron a los productores de bioetanol a base de maíz o de caña de azúcar. Mediante la resolución 435-E/2017, dispuso una reducción de entre el 22% y el 29% en el precio que las petroleras pagan por el biocombustible que utilizan en el corte obligatorio del 12% de las naftas.

Según los cálculos preliminares, son unos 4.300 millones de pesos anuales los que cambian de manos con esta medida. Pierden los ingenios azucareros del Norte del país (Tucumán, Salta y Jujuy) que en los últimos años invirtieron muchos millones en plantas de alcohol, el insumo que luego se transforma en bioetanol. Pierden los grupos pampeanos (especialmente cordobeses) que en los últimos años levantaron enormes plantas para producir el biocombustible a partir de maíz.

Ver: “Una radiografía sobre la producción de bioetanol en el país”

¿Y quién gana? Si el menor precio interno del bietanol no se traduce en una rebaja de la nafta para los consumidores, lo que casi nadie espera, ese dinero será un ahorro enorme para las cuentas de las petroleras, comenzando por YPF, la líder en el mercado local de combustibles.

¿Qué hizo Aranguren? Con el argumento de que el mercado de los combustibles va camino a una liberalización, u que los pecios locales del bioetanol eran de los más caros del mundo, modificó el modo vigente para calcular los valores para el corte obligatorio del 12%. En el caso del insumo elaborado a partir de caña de azúcar, eso implica una rebaja del 29% que se concretará en dos tramos, hasta febrero próximo. En el caso del bioetanol desde maíz, el descuento será del 22% respecto de los valores actuales.

“Esta medida adoptada unilateralmente es un golpe brutal al sector productor de biocombustibles”, resumió el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.

Lo llamamos a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, uno de los que más sabe de estos temas. Le preguntamos varias cosas para entender la situación.

¿Qué pasó?

Primero quiero aclarar que no represento a las cámaras empresariales. Si bien hay muchas empresas que podrían coincidir con lo que expreso, alguna otra no. Es bueno que esto siempre sea conocido, dado que en un momento sensible, hay un estado de ánimo malo en la industria, definitivamente.

¿Por la decisión de bajar los precios al bioetanol?

Sí. El Gobierno ha cedido definitivamente a las presiones de YPF y a la de alguna otra compañía petrolera que opera en el downstream local. Se acusa a la política de biocombustibles de ser muy costosa para el consumidor por ejemplo, soslayando todas sus ventajas, y justificando en algunos casos esas aseveraciones en cálculos erróneos. YPF necesita hacer caja con la operación del downstream (refinación y comercialización de combustibles) para recuperar una parte de los malos resultados del upstream (exploración y extracción de petróleo crudo), y trata de hacerlo a cualquier costo. Está logrando su objetivo con el bioetanol, dado que con los cambios publicados en la Resolución 415/17 del Ministerio de Energía y Minería, los precios tenderán a la paridad de importación de las naftas, a pesar de tener fundamentos distintos los combustibles minerales y los biocombustibles.

¿Qué fundamentos son distintos?

El etanol es un combustible limpio e inocuo para la salud de las personas;  constituye la fuente de octanaje más barata del planeta, hecho que contrapesa con creces su menor poder calorífico. Esto lamentablemente no es justipreciado convenientemente por las compañías petroleras.

¿La resolución de Aranguren qué implica?

Una baja de precios del bioetanol que es muy fuerte, en el orden del 30 % en el caso del bioetanol de caña, aplicable en dos tramos, uno del 15 % ahora, y otro igual a partir de febrero próximo, con independencia de las variaciones que surjan en el futuro por aplicación de la nueva fórmula de precios. En el caso del bioetanol de maíz, la baja es del 22 % ahora y en el futuro, dependerá de las variaciones de los términos de la nueva fórmula, como en el caso del bioetanol de caña.

¿La industria azucarera soportará estas rebajas?

Tanto la industria de bioetanol de caña como la de maíz tendrán inconvenientes importantes, si lo miramos globalmente. En el NOA puede estallar una crisis, dado que hay varios ingenios más chicos y la dependencia económica de la región para con esta actividad es muy importante. Además las crisis representan oportunidades para muchos. Evidentemente si no se supera una eventual crisis de este tipo rápido, se producirá una concentración de mercado, porque muchos productores de bioetanol no podrán seguir.

¿Y para los maíceros de Córdoba?

En el caso del bioetanol de maíz las plantas funcionan desde su puesta en marcha hace 3 a 5 años.  Es un error sostener globalmente como lo hacen muchos funcionarios, que las inversiones en activo fijo ya fueron recuperadas con utilidades. No se puede generalizar así, porque podés inducir a que se tomen medidas equivocadas.

¿Para vos hay razones para mantener el precio interno del bioetanol  desacoplado del internacional?

Los complejos productivos de etanol de EE.UU. y Brasil no son comparables al nuestro. No tenemos su productividad para poder competir. Por ende, los precios en frontera -paridad de importación en este caso-, no son representativos de los costos promedio de nuestra industria. Y como si fuera poco, existe un sobrecosto argentino, que se se expresa en los precios de insumos importantes como el gas (cuesta en nuestro país cerca de US$ 6 por millón de BTU frente a los US$  3 por millón de BTU en EE.UU.), o la energía eléctrica, que aquí es un 50% más cara. También está la cuestión logística, que es muy favorable a EE.UU. en términos relativos. O el acceso al crédito, considerando que en nuestro país no existen mercados de capitales consolidados, o variados sobrecostos en materia tributaria. No es menor que el costo de los activos fijos por litro de etanol son alrededor de un 50% más caro en Argentina.  Y además, nuestro maíz tiene de entre 1 punto a 2 puntos menos de almidón.

¿Tampoco nuestros ingenios son competitivos?

En el caso del complejo azucarero, las asimetrías con Brasil son enormes y no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno.

¿Consultó el Gobierno al Ministerio de Agroindustria para tomar esta decisión?

Entiendo que el director nacional de Biocombustibles, Agustin Torroba, y la mayoría de los funcionarios de Agroindustria prácticamente no pudieron participar, dado que el análisis técnico fue efectuado principalmente por el equipo del secretario de Planificación Energética Estratégica del Ministerio de Energía, Daniel Redondo, su asesor Diego Hernán Rapela, como así también, el ingeniero Federico Alegre, subsecretario de Coordinador de Planificación Estratégica, dependiente de Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete de Ministros. Este último, junto con Aranguren, fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad en la decisión final.

Los Anexo I y II de la Resolución 415/17, donde se establecen las fórmulas de precios del bioetanol, están firmados por Diego Hernan Rapela, asesor de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que depende del Ministerio de Energía. Considerando que la mayoría de los funcionarios del área son de extracción petrolera, bien podría plantearse un conflicto de intereses. No me parece prolijo lo ocurrido. Y para peor, existió muy poco diálogo en el armado de esta norma, fue casi un monólogo, un hecho que no ocurre con otras actividadades, donde el Gobierno intenta dialogar activamente.

O sea que no se tuvieron en cuenta particularidades del negocio agropecuario…

Cito uno de los puntos inconsistentes en el armado de las fórmulas de precios de bioetanol. En el caso de bioetanol de caña,  la materia prima, o sea, el jugo de caña y/o azúcar crudo y/o melaza, como término de la fórmula se establece globalmente con un importe en pesos que se ajustará por la evolución del Indice de Precios Mayoristas del INDEC, como si el mismo tuviera correlación directa con el precio de la caña de azúcar. Eso habla de la forma en que se forzaron los número para determinar los nuevos precios.

¿Entonces todo se reduce a una transferencia desde al agro a las petroleras?

Cuando en febrero de 2018 se aplique el segundo tramo de ajuste del 15% al bioetanol de caña, la industria de bioetanol en Argentina, en conjunto, estará transfiriendo más de $ 4.270 millones anuales a las compañías petroleras. Como el downstream es un segmento oligopólico y opera de manera muy concentrada, con un jugador que casi tiene posición dominante, me refiero a YPF, dicha transferencia de ingresos probablemente sea capturada por las compañías petroleras –al menos en gran parte- y no llegue al consumidor.

¿No van a bajar las naftas?

Sería muy sensato que inmediatamente las compañías petroleras anuncien una rebaja al público del precio de la nafta de no menos de $ 0,50 con IVA por litro, que es el efecto mínimo que en precios se puede justipreciar en el E12, mezcla de nafta y etanol al 12% que se expende al público. Y que en febrero, cuando se aplique el segundo tramo de la baja de precio del bioetanol de caña, inmediatamente vuelva a bajar el precio de la nafta en surtidor Pero los manuales clásicos de microeconomía nos indican que esto no ocurrirá, porque el downstream de la cadena de petróleo, tiene características oligopólicas.

Una de las justificaciones de la medida que se tomó fue reducir el impacto que  el mayor precio relativo del bioetanol genera en el surtidor. Me pregunto si intervendrán el mercado de combustibles los funcionarios que avalaron la medida, si la nafta en surtidor a la brevedad no baja $ 0,50 litro. No olvidemos que en Argentina los precios de combustibles al público son mucho más caros que el promedio mundial, mientras las compañías petroleras exhiben elevadísimos márgenes en la refinación de petróleo.

¿Qué puede pasar con los productores de bioetanol?

Sin dudas, la industria de bioetanol tanto de caña y de maíz en Argentina, comenzará a transitar días más complicados. Desde el punto de vista ambiental, para algunos funcionarios eso no es problema, dado que Argentina no tiene mucha participación en las emisiones contaminantes mundiales y con los ahorros de emisiones que generarán los proyectos en curso de generación eléctrica del Plan Renovar con fuentes eólicas y solar en el futuro (los que son muy bienvenidos, muy importantes, pero no excluyentes) sobra para compensar emisiones y para poder seguir contaminando en el transporte. Poco importa si los combustibles minerales generan además de las emisiones causantes de gases efecto invernadero, emisiones muy perjudiciales para la salud, en muchos casos, cancerígenas.

¿Se vulneró la famosa seguridad jurídica?

En este caso se soslayó que la industria argentina de bioetanol está bajo un Régimen de Promoción de Biocombustibles, creado por Ley 26.093 y con los beneficios de la Ley 26.334 y la Ley 23.287 para el caso de bioetanol.

Con medidas tan extremas como la que se tomó, en un marco de escaso o nulo diálogo entre el Gobierno Nacional y la industria de bioetanol, queda en duda la institucionalidad. Si pretendemos que los empresarios inviertan en Argentina, es necesario la seguridad jurídica, con reglas de juego claras, parejas y estables.

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