Un nuevo libro presentado este jueves deja muchos elementos para el debate y para construir a la vez un juicio más equilibrado. Se llama “El campo argentino en pandemia: ganadores, perdedores y cuentas pendientes”, y fue redactado por Diego Fernández, Juan Manuel Villulla y Bruno Capdevielle, tres docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias económicas de la UBA.

Como resumen general, los autores dijeron que en estos meses de la historia de la Humanidad que resultaron muy perjudiciales para muchos argentinos, en general a los productores agropecuario no les ha ido tan mal, y eso a pesar de las múltiples políticas del gobierno que recortan su rentabilidad.

“El negocio de los granos resultó una inversión con retornos muy superiores a la media; el sector de la carne vacuna se vio tensionado entre el mercado externo y el interno; y los salarios de los trabajadores se mantuvieron muy abajo, sin recuperar lo perdido antes de la pandemia”, resumieron los autores.

En primer lugar, el documento destaca que el campo no paró durante la pandemia. En efecto, mientras que durante 2020 el PBI nacional cayó prácticamente un 10%, el PBI agropecuario se mantuvo igual.

En segundo lugar, los precios internacionales de los granos llegaron a subir un 53,5% en dólares entre mayo de 2020 y marzo de 2021. En contraste, los precios internacionales de las manufacturas sólo crecieron un 9,2%. Eso quiere decir que, en el núcleo de la pandemia, con una tonelada de granos se podían adquirir más bienes industriales fuera de la Argentina (por esta diferencia) y más bienes y servicios dentro de la Argentina (por la diferencia entre el peso y el dólar). En una palabra: aumentó el “poder de compra” de la misma bolsa de granos.

A causa de eso mejoró la relación insumo/producto, aún con bienes importados a precio dólar. Si bien hubo aumentos de precios en insumos y maquinarias necesarias para la producción, fueron menores a los incrementos de los precios de venta. Por lo tanto, crecieron los márgenes de ganancia. Esto, a juicio de los autores, explica el “boom” de venta de maquinaria agrícola.

Según Diego Fernández, el precio de los granos que recibe el productor le ganó ampliamente a la inflación en 2021. Con una tonelada de soja, se pudo comprar un 30% más de bienes y servicios en la economía nacional que en 2020. “Esto es porque los precios de los granos en pesos (traducidos al tipo de cambio oficial y descontadas las retenciones) que hasta julio de 2020 evolucionaban a la par que la inflación, la superaron por varios cuerpos: en el curso del siguiente año los granos aumentaron un 94% en pesos, mientras que el índice de Precios al Consumidor (el resto de los precios) subió 52%”, se explicó.

Esta situación también abarató un 32% los costos laborales pagados por el sector. Un mes de salario costaba 3,3 toneladas de soja a principios de 2020 y a principios de 2021 bajó a 2,2 toneladas. No obstante, si bien no se repuso de su caída en el período previo, el salario real de los operarios agrícolas registrados subió un 6,1% en 2020.

Villulla remarcó: “Los salarios reales del conjunto de los trabajadores rurales siguieron de todos modos a la baja, a pesar de los esfuerzos de su nueva dirigencia gremial y la mediación del gobierno, acumulando 6 años de caída frente a la inflación (50% acumulado frente a sus valores de 2015), y manteniendo el salario mínimo por debajo de la canasta básica total familiar”.

En este caso, aclara el autor, se trata de un problema del conjunto de la economía y no sólo del sector agropecuario. Sin embargo, aclaran los autores, “no todos los sectores de la economía registran las ganancias extraordinarias que tuvo la producción de granos”.

En efecto, de acuerdo a los cálculos de este grupo de investigadores, la renta de la tierra se duplicó: quienes poseen tierras de uso agrícola en propiedad, duplicaron sus ingresos por ese concepto, sin necesariamente invertir ni trabajar en ellas.

A esto ayudó que las retenciones a las exportaciones, que impactan sobre esa renta, se mantuvieron sin cambios a lo largo de la pandemia, por debajo de los picos que tuvieron hasta 2015.

Los autores, en este punto, analizaron la política de “segmentación de retenciones a la soja” que puso en marcha el gobierno y que todavía tiene un saldo sin pagar. “En los casos en que efectivamente se concretó, -campaña 2019/20- atemperó los problemas de escala entre pequeños y grandes productores, posibilitando mejores condiciones económicas para los primeros. Sin embargo, las dilaciones en los reintegros en pesos diluyeron el efecto de la medida. Estos problemas fueron tapados por los altos márgenes generales del sector de los granos”, explicaron.

Respecto a la carne, el panorama no es tan halagüeño como con los granos. El crecimiento de las exportaciones tropezó con el estancamiento de la oferta  y “esto originó la crisis alrededor de los precios internos y las cuotas de exportación”.

“Al comienzo de la pandemia, en 2020, el precio de la hacienda tuvo sus peores precios en tres años. Sin embargo, al comenzar la ‘segunda ola’, los precios llegaron a superar la inflación interna, traccionados por esa demanda exterior. Las medidas oficiales llamadas cepo a la carne redujeron un 50% las exportaciones. Así y todo, las exportaciones acumuladas hasta septiembre de 2021 superaron los realizadas en los primeros 9 meses de 2019 y 2018”, resume el libro.

¿Hubo ganadores claros en el marco de esta crisis? Según el economista Bruno Capdevielle, no es fácil determinarlo. No obstante, destaca que el 0,23% de los productores primarios concentra el 40% de la oferta de animales para faena. Son 464 grandes establecimientos con más de 5.000 cabezas cada uno. “Para buscar a los ganadores del boom ganadero, seguramente haya que empezar a buscar por allí”, sugirió.

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Esta investigación está contenida en un nuevo libro que acaba de ver la luz y se llama “Los números rojos de la Argentina Verde”. Lo escribieron tres profesionales vinculados al Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), que funciona en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA: Juan Manuel Villulla, Diego Fernández y Bruno Capdevielle.

“Este libro analiza la situación económica de las mayorías sociales del agro pampeano entre 2008 y 2018. Intentamos así un balance del período que vaya más allá de contabilizar toneladas de granos, rindes por hectárea o cabezas de ganado, y que apunte a lo que consideramos la verdadera medida del éxito de un modelo agrario: el bienestar de las personas que lo conforman. En otras palabras, entendemos que las metas productivas deben estar en función de la satisfacción de las necesidades de nuestra sociedad, y no volverse un fin en sí mismo ni, peor aún, un objetivo que se vuelva en su contra”, explican los autores en la introducción.

Para definir su universo bajo estudio, los autores se basan en el censo de población de 2010, que definía que los trabajadores asalariados constituían el 60% de las personas ocupadas en el sector agropecuario pampeano, y los trabajadores por cuenta propia y sus familias representaban otro 25%. “Entre ambos grupos sociales sumaban el 85% de la población económicamente activa del campo, contra un 15% compuesto de empleadores de distintas escalas”, se explicó.

Las conclusiones del estudio, o los “número rojos” del agro pampeano, es que la situación de esa mayoría de trabajadores de la comunidad agropecuaria no les fue tan bien como indican los números de incremento de la producción.

Según dijo Juan Manuel Villulla a Bichos de Campo hay muchos indicadores que confirman que, entre 2008 y 2018, la situación de esa mayoría silenciosa del campo ha empeorado, confirmando el caracter “excluyente” y “concentrador” de este periodo:

• Hubo una pérdida del 10% de los puestos de trabajo, tanto en agricultura como en ganadería (son 11.839 familias afectadas)

• Se produjo la desaparición del 30% de las explotaciones.

• Se registró un aumento del 40% de las toneladas cosechadas, de 20% del área sembrada y de 7% del stock ganadero, pero con un 10% menos de personal y 30% menos de explotaciones.

• Desaparecieron en promedio 3 productores por cada trabajador despedido.

• Medidos por hora, los salarios agrícolas estuvieron por debajo de la línea de pobreza entre 2008 y 2011, levantan entre 2012 y 2016, y vuelven a caer desde 2017 hasta quedar debajo de la línea de pobreza de nuevo este año, en 2019. Todo a pesar de las quitas de retenciones.  

• En el caso de los salarios ganaderos, estuvieron por debajo de la línea de pobreza todo el período estudiado. 

• La presión impositiva ha sido homogénea sobre pequeños productores y grandes, no estableciendo ninguna ventaja a los pequeños y medianos para competir contra las grandes escalas. El caso testigo son las retenciones.

• En este mismo sentido, creció la presión para el pago de Ganancias. La proporción de productores que pagan en la máxima categoría de este impuesto pasó de 2% en el año 2000, al 72% en 2017. 

Todos estos datos, a juicio de Villulla y sus compañeros de investigación, confirman que el campo “durante el período analizado no sólo no ofreció un espacio de inserción real a distintos sectores postergados de la sociedad argentina para que se incorporen de un modo u otro a su universo productivo, sino que, además, tendió a expulsar grupos sociales que ya estaban insertos en el”.

El macrismo, supuesto aliado de los productores, vino a empeorar esta situación, según dicen los autores. “Durante los últimos cuatro años se ampliaron las asimetrías entre el capital y el trabajo, con un claro retroceso de este último, en cuanto a cómo se distribuyó la riqueza generada por el sector”, se explicó.

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“Las hectáreas trabajadas por los contratistas rurales en siembra y cosecha representan el 80% del total de la superficie trabajada. El 20% restante habría quedado a cargo de los productores agropecuarios dueños de máquinas y equipos”. Esa es la conclusión principal de un estudio encarado por el economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, en base a datos del Ministerio de Agroindustria sobre el último ciclo agrícola.

Históricamente se estimaba que los contratistas operaban sobre el 60 o 70% de la superficie agrícola, pero ese cálculo quedó desactualizado a la luz de los nuevos datos publicados por la Bolsa de Rosario. Allí se sostiene que en el esquema agrícola actual, se tercerizan muchas más tareas que las pensadas a manos de estos contratistas:

• El 90% de la cosecha de granos.
• El 70% de la siembra
• El 70% de la aplicación de agroquímicos.
• Procesan el 90% de los forrajes conservados.
• Operan el 100% de las tierras sistematizadas para riego y forestación.

El trabajo estima además que estas empresas, diseminadas en todas las localidades cercanas a las zonas productivas, concentran el 60% de la compra de maquinaria agrícola en el país.

Ver “los contratistas, otro gran invento argentino”

“Estos agentes económicos son actores fundamentales y de gran relevancia para que Argentina haya podido lograr la excelente producción granaria y de algodón de la última campaña 2016/17”, elogia el informe de la BCR. Allí se recuerda además que “la actividad del contratista nació con la mecanización del agro nacional”.

Este proceso tiene pro y contras. En Bichos de Campo entrevistamos hace un tiempo al economista Juan Manuel Villulla, que nos habló de la precarización de la mano de obra que se produce y de la poca participación de los contratistas en la rentabilidad de la actividad.

El Ministerio de Agroindustria considera que el origen de los contratistas responde a la figura del pequeño productor con maquinaria agrícola que, contando con una reducida explotación, decidió ampliar su terreno laboral incluyendo tareas de servicios para terceros como actividad secundaria. Así ésta actividad se convirtió en principal.

Este proceso se revirtió posteriormente, ya que buena parte de los contratistas de servicios se volcaron a la producción de granos mediante el arrendamiento de campos.

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A pesar de que el sector agrícola de la Argentina y los Estados Unidos tienen bastantes semejanzas (ambos países producen soja, trigo y maíz con insumos y tecnologías similares), hay un rasgo en el que las diferencias son abismales: la mano de obra. Sucede que mientras en el país del Norte la mayor parte de las tareas agrícolas son realizadas por los propios “farmers”, en estas pampas muchos productores han dejado esa tarea en manos de “contratistas”. Pagan por sus servicios.

Se trata de un fenómeno bien criollo: se estima que en el país existen entre 11 y 12 mil equipos de contratistas. Son pequeñas Pymes que, con unos pocos trabajadores y algunas máquinas, recorren durante largos meses las diversas zonas agrícolas del país haciendo los trabajos más rudos en los establecimientos que los contratan. Según el Ministerio de Agroindustria, existen contratistas para todas las tareas rurales posibles. Pero la inmensa mayoría se dedica a la siembra, las pulverizaciones y a la cosecha de granos. Actualmente cubren entre 70% y 90% del área agrícola.

Una primera lectura diría que en la Argentina los agricultores tercerizan estas tareas porque tienen dinero suficiente para hacerlo. La verdad es otra bien distinta: en EE.UU. son los productores los que manejan tractor y cosechadora porque la actividad les asegura una rentabilidad suficiente como para amortizar esos equipos a pesar de disponer de superficies pequeñas. Aquí sucede que hay que usar los recursos al máximo para exprimirles rentabilidad. Los primeros contratistas surgieron así: fueron los pequeños productores que salieron a prestar servicios fuera de sus lotes para completar un ingreso decente.

Los primeros contratistas fueron pequeños productores que salieron a prestar servicio para completar un ingreso decente.

Jorge Scoppa es presidente de la Federación Argentina de Contratistas Rurales (Facma), que agrupa a 4.500 de estas pequeñas empresas diseminadas en todos los pueblos de la región agrícola. Tienen la sede en Casilda porque más o menos por aquella zona empezó esta historia, cuando los gringos de Santa Fe, Córdoba o el norte bonaerense, que se dan mucha maña con la maquinaria, comenzaron a tomar trabajos en tierras ajenas. Primero fueron hacia los campos trigueros del sur. Ahora muchos también migran hacia los campos sojeros del norte. “Esto requiere de mucha vocación. Un equipo de cosecha bien puede llegar a recorrer, de punta a punta, unos 2.500 kilómetros de distancia”, dice el directivo.

Un equipo o “comparsa” varía de acuerdo a la escala de cada contratista: los hay con 1 o 2 cosechadoras, los hay con 5 o 6. En el caso del pequeño, son por lo menos 5 trabajadores además del patrón, que casi siempre convive con ellos y va supervisando el trabajo y atendiendo a los clientes. Muchas veces es mano de obra familiar: son hijos de productores que encuentran en el oficio un modo de seguir vinculados a la actividad.

La que está concluyendo fue una de las temporadas más hostiles. En enero, con los intensos calores, muchas cosechadoras se incendiaban mientras levantaban el trigo. A partir de abril lo que vino fue la lluvia y la ciclópea tarea de cosechar en campos plagados de barro. “Lo peor fue llegar a cada uno de los lotes, porque la red de caminos rurales está destruida”, afirma un contratista que ahora viajó al norte a levantar el maíz de segunda. Pronto volverá a su pueblo y comenzará la otra parte del trabajo: el desguace de la maquinaria para hacerle mantenimiento y dejarla lista para la nueva campaña. Los contratistas son todos “fierreros”apasionados.

A pesar de que son la mano de obra del agro, los que levantan la cosecha se llevan una porción menor de un negocio que factura unos us$ 30.000 millones al año. Las tarifas se pactan libremente con el que contrata el servicio, aunque Facma establece valores de referencia que se construyen a partir de los costos e incluyen un razonable 20% de utilidad. Scoppa relata que el sector se profesionalizó mucho y que cada contratista mantiene una cartera de clientes más o menos fija. “No es como antes, que salías a la pesca y ponías las máquinas en la rotonda a la espera de trabajo”, rememora.

Villulla describe a los contratistas como “un actor subordinado en la cadena”.

Juan Manuel Villulla, investigador del Centro de Estudios de Ciencias Económicas de la UBA, fue más allá: escribió un libro (“Las cosechas son ajenas”, editorial Cienflores) sobre los trabajadores asalariados que dependen de los contratistas, es decir sobre quienes manejan la maquinaria. En diálogo con Télam, Villulla dice que el mercado de los contratistas es “ultra competitivo” y describe a esas Pyme como “un actor subordinado en la cadena”. ¿Por qué? Porque su tarea es clave, pero “en términos económicos se quedan con una porción chica de lo que es la rentabilidad del negocio agrícola, a groso modo 10%”.

Si eso es lo que le toca a estos empresarios, mucho más chica es la tajada que se llevan sus empleados. “De la facturación total del año pasado, el costo de la mano de obra representó de 2% a 3%”, mensura Villulla. Porciones mucho más interesantes se reparten los dueños de los campos en arriendo, los proveedores de insumos, los flete y el propio Estado, que todavía se apropia de 30% en el caso de la soja.

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