Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) a cargo del concurso de Vicentin SAIC, procedió a admitir formalmente más 1700 deudas reclamadas por acopios, productores, industrias oleaginosas, entidades bancarias, accionistas, proveedor de servicios y organismos públicos.

En lo que respecta a los acreedores granarios, la mayor parte de los mismos resultó perjudicado porque la deuda concursal quedó pesificada en un contexto de aceleración inflacionaria. En ese sentido, la peor parte se la llevó Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con una deuda verificada de 5425 millones de pesos argentinos.

Lorenzini procedió a pesificar la mercadería en depósito en base a la cotización de los granos a la fecha de presentación en concurso (febrero de 2020) conforme el precio registrado entonces por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En lo que respecta a los granos entregados con precio a fijar y a las ventas con precio hecho, el juez tuvo en cuenta la moneda en la cual se pactó el precio, es decir, las entregas o ventas pactadas en dólares quedaron reconocidas como deudas en esa moneda.

Por tales motivos, si bien la mayor de los créditos por granos quedaron pesificados, en algunas situaciones se reconocieron deudas en dólares, como los casos de Commodities SA (Grassi) (16.170.995 dólares), Cargill (2.426.250), Agronegocios Jewell (1.955.307), Horacio Raúl Pérez (1.391.227), Cía. De Insumos y Granos (1.343.300), Morel Vulliez SA (1.014.765), Lartirigoyen y Cía (587.371), El Campo SA (377.900), Fedea SA (314.769), Matesur SA (285.000) y Rancho Largo SA (222.295), entre otras.

Por su parte, el juez dolarizó la mayor parte de los créditos concedidos por entidades internacionales y bancos locales que se fondearon en el exterior, incluyendo al Banco Nación, cuyo crédito verificado fue estipulado en 296,8 millones de dólares.

“Muchos bancos nacionales realizaron operaciones en dólares estadounidenses, pero las acreditaciones fueron concretadas en pesos al cierre de cambio con el Banco Central (BCRA). No obstante ello, tratándose de prefinanciaciones para exportaciones, deviene indiscutible la existencia de un obligación de dar sumas de dinero pactada en moneda extranjera por su propia naturaleza jurídica”, explicó Lorenzini en el escrito de verificación final de créditos.

La filial argentina de Glencore, Oleaginosa Moreno, reclamó un préstamo de 14 millones de dólares concedido a Vicentin SAIC, pero el mismo fue pesificado por Lorenzini al entender que la empresa no pudo justificar el origen del mismo en moneda extranjera que el préstamos no se destinó “para prefinanciación de exportaciones, sino como financiamiento de capital de trabajo, razón por la cual no luce acertada la postulación de dicha acreencia en dólares”

En cuanto a los acreedores del rubro “bienes y servicios”, la mayor parte quedaron “pesificados”, con excepción de aquellas empresas que prestaron servicios tarifados en moneda extranjera, como es el caso de ADM (con una deuda verificada de 2.605.618 dólares), Cargill (1.732.751), LDC (1.229.292) y United Gran Corporation (274.299), entre otras.

Por último, tal como había adelantado Bichos de Campo, Lorenzini procedió a admitir una deuda de 37,8 millones de dólares reclamada por Vicentin Paraguay y otra de 24,1 millones de dólares exigida por Renova SA, empresas vinculadas con Vicentin SAIC.

“De conformidad con lo recomendado por el órgano sindical, entiendo acreditado los saldos deudores por venta de soja (de Vicentin SAIC a Vicentin Paraguay) con la documental que se acompaña por lo que se verificará el crédito solicitado”, argumentó Lorenzini.

Los listados completos de créditos verificados por tipo de acreedor pueden verse aquí:

Granarios

Financieros

Bienes y Servicios

Fiscales

Accionistas y Sociedades

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“El enfermo es Vicentin y nosotros somos el oxígeno para un enfermo que respira poco. Empiezan a cortar el oxígeno y un día el enfermo se muere”, graficó Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, el cual, a través de Díaz & Forti, opera las plantas industriales de San Lorenzo y Ricardone de la concursada (y desde ayer también intervenida) Vicentin SAIC en el marco de un contrato de fasón. Los ingresos generados por ese acuerdo cubren buena parte de los salarios del personal de Vicentin hasta tanto se resuelva el concurso preventivo en curso.

“Creo que lo que pasó en estos últimos tres días hábiles fue muy finamente planificado porque va a ser la primera vez que se saca una resolución el 1 de diciembre (132/20), el 2 de diciembre viene una carta dirigida a nosotros diciendo que no podíamos egresar divisas por un expediente que está abierto al respecto, el día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario, envía tres notas del Banco Central (BCRA), ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, indicó Jurado.

Usted entiende que se trató un plan organizado desde el Estado.

FJ: Ayer traté de comunicarme con Marcelo Rossi cuando me enteré de las notas enviadas al Banco Central, de las cuales nadie nos participó, preguntando de qué se trataba, pero no tuve respuesta porque el plan ya estaba trazado y en ejecución. No le quiero quitar importancia a que justo ayer se dictó la intervención del directorio de Vicentin y al hecho de que hoy viernes salió la primera medida del juez (Fabián Lorenzini), suspendiendo el proceso de búsqueda de compradores por parte de Maxim (Group, empresa contratada por el directorio de Vicentin). Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quiénes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes. El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno.

¿Cuántas personas trabajan en las plantas industriales de Ricardone y San Lorenzo?

FJ: 1900 personas de manera directa. Puesto indirectos deben ser más de 4000 si sumamos a los transportistas, prestadores de servicios, etcétera.

¿Cómo planean seguir adelante?

FJ: Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días.

¿Es correcta la nota oficial del Banco Central que dice que no liquidaron 450 millones de dólares?

FJ: No, el monto es absolutamente inexacto; sí tenemos algunos expedientes abiertos con el Banco Central de liquidaciones que tenemos que regularizar definitivamente, pero también puedo decir que si el 1 de diciembre sale una nueva regulación y el 2 de diciembre sale una nota, nosotros no tenemos la plata para regularizar la situación en 24 horas, entonces claramente decimos que lo vamos a regularizar y tenemos toda la intención de hacerlo.

¿Qué sucede con respecto a los productores que les entregaron mercadería?

FJ: Tienen el pago garantizado de nuestra parte: por el hecho de que el Estado nos pare, no vamos a dejar de pagar.

¿Las acciones legales contra quiénes van a estar dirigidas?

FJ: Contra personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad “Argentina 5.0”, en lo que hemos dado en llamar “operación 1-2-3”. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no. Lamentablemente, en su mentalidad de “comando guerrillero”, creen que bombardeando un pueblo, donde tienen que matar a pocos, matando a todos se hace justicia.

¿Quién sospecha que está detrás de las acciones?

FJ: Creo que lo quieren es que Vicentin sea una empresa estatal, gobernada por funcionarios públicos, burócratas, que por otra parte no tienen el dinero para hacer funcionar a las fábricas; creo que Argentina ya tiene demasiados ejemplos de empresas tomadas por el Estado que fueron quebradas por el mismo, una detrás de otra, entonces estos funcionarios creo que tienen un gran idealismo. El comunismo sin plata nunca funcionó. Vicentin sin plata nunca va a funcionar. Y pretenden incorporar a los productores (que integran el concurso preventivo) como socios, cuando son acreedores, no capitalistas de una fábrica. Le venden así la ilusión de que van a cobrar.

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