La entrada No solo mapuches: Cinco rostros y cinco historias que denuncian que el problema de las usurpaciones de campos también es grave en el norte del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>La entrada ¿El pez gordo? El ex dueño de la empresa GAEC SRL, que estafó a productores ganaderos con cheques sin fondo, fue detenido en La Pampa se publicó primero en Bichos de Campo.
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Mandrini es un abogado de 73 años, oriundo de la localidad pampeana de General Pico. Se había vuelto conocido allí durante la década de 1980, en donde participó de un mediático juicio por el asesinato del ex piloto automovilístico, Florentino “Tino” Troiani. Hace varias semanas fue imputado por el fiscal Armando Agüero, encargado de llevar la causa en esa provincia, junto a otros dos miembros de la supuesta banda: Ezequiel Maidana, dueño del campo “La Criolla” al que llevaban los animales, y Alejandro Habakon, encargado de ese establecimiento.
Una semana atrás se firmó una orden de detención para Mandrini y Maidana, que fue seguida por un allanamiento en los domicilios de estas personas en la zona de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires.
Dicho procedimiento arrojó resultados negativos, y en cambio el ex propietario de la firma –recordemos que se la había cedido en noviembre del año pasado a Ezequiel Ponce, encargado de firmar los cheques sin fondos- se presentó por cuenta propia en los tribunales de General Pico. Aunque fue detenido de inmediato, el juez de control Alejandro Gilardenghi le otorgó prisión domiciliaria dada su edad, y actualmente se encuentra en una casa que pertenece a su hija. Su arresto está dispuesto hasta el próximo 12 de diciembre.
Según la información oficial de la fiscalía, en La Pampa, Mandrini se encuentra acusado de estafa por una suma de 24 millones de pesos. Contando las demás jurisdicciones esa cifra se eleva a 200 millones de pesos.
Hasta el momento los detenidos son cuatro: Ezequiel Ponce (la cara visible de GAEC), Damián Dadá (encargado de la logística), Ismael Dadá (hermano de Damián y contador de la empresa) y Eduardo Mandrini (supuesto ex propietario). La policía, en tanto, continúa con la búsqueda de Maidana y Habakon.
Pero mientras esto ocurre en La Pampa, los afectados en las demás provincias no ven aún avances en sus denuncias. Bichos de Campo contactó a Francisco Cecchini, el fiscal a cargo de la causa en Santa Fe, para conocer el estado de situación, sin embargo el funcionario no dio demasiadas precisiones.
“No me contacté con el fiscal Agüero. En Santa Fe la causa cuenta con una denuncia, y he tenido contacto con una de las víctimas que hizo la denuncia. Hemos hablado sobre las medidas que se pueden tomar. En función de lo que ellos aportaron y de lo que pudimos ver, se están tomando algunas medidas investigativas pero no mucho más que eso. Está en investigación”, señaló Cecchini.
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]]>La entrada A Julio Molteni le secuestraron los tractores porque no pudo pagar dos cuotas y hoy está sin trabajar a pesar de que la justicia ordenó que se los restituyan se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Molteni gestionaba un campo grande a porcentaje en la localidad de Pila con 1700 hectáreas de soja y otras 1400 de maíz. Pero entre 2018 y 2019 cayeron en la provincia poco más de 2000 milímetros y el establecimiento se volvió una auténtica laguna.
Sin cosecha, no hubo dinero suficiente en la caja y las cuotas sin pagar comenzaron a acumularse. Para colmo, las dos grandes devaluaciones del peso argentino instrumentadas en 2018 y 2019 incrementaron por demás el peso de las cuotas, dado que se trata (como muchos de los que se usan en la actividad agrícola) de un equipo dolarizado.
La única opción que quedó fue pedir una refinanciación, a la espera de que una buena campaña le permitiese recuperar la capacidad de pago, pero la compañía AGCO Capital Argentina S.A. se negó. Acto seguido, la empresa intimó al productor a pagar todo el dinero adeudado –un poco más de 100.000 dólares- o le embargaría la maquinaria.
“Caí en un pozo depresivo. Uno es un paisano que lo único que hace es laburar”, dijo Molteni a Bichos de Campo. Mientras el productor se encontraba cosechando el trigo de un tercero en un campo de la zona de Curarú, partido de Carlos Tejedor, un grupo de policías se presentó con una orden para quitarle la maquinaria. Molteni entregó los tractores sin resistencia y comenzó una batalla judicial que continúa hasta el día de hoy.
En paralelo, mientras los abogados de ambas partes se adentraban en negociaciones, el productor sufrió dos perdidas más que terminaron por dejarlo a un paso de la quiebra. En medio de la seca del año pasado, un lote de trigo de 220 hectáreas se incendió dejando el campo pelado. Y, como si fuera poco, en un campo alquilado de 65 hectáreas, donde tenía maíz de segunda, un chispazo de una arrolladora provocó un nuevo incendio. Para ese entonces Molteni se encontraba trabajando con maquinaria prestada y se logró mantener con ayudas de sus amigos e hijos.
Una ventana se abrió cuando la Justicia determinó que el accionar de AGCO Capital Argentina S.A. fue incorrecto e intimó a la empresa devolver la maquinaria y renegociar los pagos pendientes. Le impuso además una multa de 1000 pesos diarios hasta que el asunto se revuelva. Sin embargo, los dos tractores siguen retenidos en un predio a la intemperie en la provincia de Córdoba.
“Están al rayo del sol hace un año, con calor, frío, agua y heladas. Podría haber sembrado trigo, soja, maíz y ellos hubieran empezado a cobrar tranquilamente, más con el precio del cereal hoy. No quiero que me regalen: estoy pidiendo que me den la posibilidad de pagar trabajando”, aseguró.
El próximo miércoles vence la intimación al pago, que, con los intereses, hoy se encuentra alrededor de los 177.000 dólares. Y AGCO Capital Argentina S.A., cuyo gerente comercial es Esteban Gustavo Boni, anunció que, en caso de no concretarse el pago, se rematará la maquinaria.
“¿Lo que yo puse por esos tractores dónde está? Pierdo todo. No tengo cómo moverme, no puedo pagarle a un prestador de servicios. Necesito producir para vivir”, dijo a voz quebrada Molteni.
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]]>La entrada Agraviaron al juez del concurso de Vicentin y fueron sancionados: Ahora piden clemencia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Todo comenzó en los primeros días del presente mes de diciembre, cuando Eleonora Sartor, apoderada del Banco Nación, junto con Sebastián Spiller y María Laura Campas, representantes legales de los trabajadores de Vicentin, presentaron al juez Fabián Lorenzini un pedido para que incorpore al proceso concursal un informe (“La crisis de Vicentin y los grupos empresariales que se expandieron a partir de su caída; 2019-2020”), pedido que fue aceptado.
Pero Lorenzini apercibió a los tres abogados, enviando copia de la decisión a los colegios profesionales en los que se encuentran matriculados, al considerar que en el escrito de la solicitud habían realizado manifestaciones “altamente agraviantes” que “constituyen por sí mismas actos de una evidentemente lesividad a la investidura judicial, además de pretender poner en tela de juicio la imparcialidad del suscripto”.
Entre las manifestaciones citadas por el propio Lorenzini como “una falta de respeto a la autoridad” se incluyen, por ejemplo, menciones referidas a la voluntad del juez para permitir “que el Clan Vicentin siga vaciando y trasvasando activos del resto del grupo” y que el accionar del magistrado está orientado a “dar más tiempo para la licuación de activos” presentes en el capital concursal (recordemos que la deuda está en pesos argentinos), además de actuar como “posibilitador de que los elefantes sigan desfilando y desapareciendo tras bambalinas” (sic).
Posteriormente, Sartor presentó un escrito en el cual retiró las expresiones vertidas para ofrecer disculpas a Lorenzini, a quien dijo tener “respeto y elevada admiración y consideración como magistrado, así como persona”.
La representante del Banco Nación remarcó que, “si por el contenido del infortunado escrito que he debido presentar en cumplimiento del mandato laboral, V.S. (por el juez) ha interpretado que la suscripta duda de su recto y elevado criterio judicial, desde ya le ofrezco sinceras disculpas, pues considero personalmente que V.S. ha actuado y resuelto en todo momento en cumplimiento del elevado criterio de justicia que reviste y con imparcialidad y objetividad”.
Sartor dijo comprender “las razones y motivaciones del decisorio sancionatorio”, pero señaló que su deber como abogada entró “en conflicto con mi deber laboral (débito laboral), que detento por encontrarme en una situación de subordinación laboral dentro del Banco de la Nación Argentina”.
El escrito que motivo la sanción, aseguró Sartor, “ha sido presentado por la suscripta en estricto cumplimiento de una orden impartida por mi superior jerárquico en la estructura laboral que integro dentro del banco”.
“Por ello, es que viene a peticionar a V.S tenga presente el dilema moral en el que me encontraba en oportunidad de la presentación judicial, pues el incumplimiento del débito laboral podría llevarme a imposición de sanciones internas en el ámbito del contrato de trabajo con el banco empleador”, afirmó.
Sartor entonces concluyó que las expresiones desafortunadas no se produjeron con “la intención de faltar el respeto a la autoridad de V.S ni de proferir agravios, sino que simplemente ha sido el cumplimiento del deber laboral como dependiente del banco pretenso acreedor”.
En virtud de tales argumentos, la representante legal de Banco Nación solicitó a Lorenzini que deje sin efecto la sanción disciplinaria o que eventualmente disponga una sanción menos gravosa.
Los abogados Campas y Spiller, por su parte, solicitaron a Lorenzini que deje sin efecto la sanción o bien que, en caso contrario, se tenga presente la apelación de la misma en subsidio.
“El escrito presentado, si bien tiene frases fuertes, ninguna de ellas es de carácter personal hacia la investidura del señor juez, ni tampoco lesivas de su imparcialidad”, aseguraron, para luego añadir que la finalidad del texto era alertar al juez “sobre el posible final horroroso que la empresa (por Vicentin) puede tener y que esperemos que no sea la quiebra, aunque vemos muy difícil que ante semejante pasivo y la poca actividad de la empresa, sumado al desprendimiento de activos, otro sea el final”.
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]]>La entrada Abogado y ruralista, Ignacio Mántaras, analizó el fallo del caso Etchevehere: “El juez Flores, lejos de pacificar acrecienta el conflicto” se publicó primero en Bichos de Campo.
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En relación a la Resolución del juez de Garantías Subrogante de La Paz, Entre Rios, Raul Damir Flores, en “Etchevehere, Leonor s/ denuncia de usurpación”, comparto por aquí algunos comentarios que hice por redes más temprano, con mi mayor modestia y respeto hacia las víctimas de la usurpación. Anticipo que el punto 5 de los Considerando de la resolución resume la confusión de conceptos del juez.
En los aspectos civiles y comerciales, el Juez Flores sostiene que por informe del juez civil que interviene en el Sucesorio de Luis Etchevehere, informe “dirimente” según el propio Flores, aún no se hizo la partición de los bienes hereditarios. Y párrafo seguido afirma que el inmueble en cuestión es de titularidad de la sociedad familiar Las Margaritas SA. Y luego sostiene que “los herederos han omitido inventariar el inmueble donde se asienta el campo “Casa Nueva””. Conviene precisar que si el campo pertenece a la SA, no debería ingresar al Sucesorio de Luis Etchevehere como bien denunciado. A lo sumo, si podrían ingresar al proceso universal las acciones que el causante titularizaba en la mencionada SA, si no hubo transmisión previa en vida.
Luego el Juez Raúl Damir Flores en relación al informe del Juez del Sucesorio dice “el Juez anuncia que a la fecha no hay Partición, por ello le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio.” Al margen del error grosero -sucesión indivisa no es igual a condominio, Dr. Flores-, la afirmación no tiene ninguna relevancia. Si la titular dominial del campo es Las Margaritas SA, la posesión la ejerce mediante su órgano de administración, el Directorio, en la figura de la Presidente o en quien este delegue.
Por otra parte, de la lectura de la resolución no queda claro si Dolores Etchevehere es accionista actual, o si lo fue. El Juez parece sostener en su confusión que en principio ella tenía derechos hereditarios sobre las acciones que titularizaba su padre en la sociedad familiar. Si así fuere, el Administrador Judicial de la Sucesión, uno de los hermanos Etchevehere, es quien estaría facultado y legitimado para ejercer los derechos emanados de las acciones en sucesión, tanto políticos como económicos.
Por lo cual parece que el Dr. Flores no ha contemplado principios del derecho societario, y se ha enfocado en el derecho sucesorio, y en esa esfera Dolores Etchevehere no tendría facultades para interferir por sí misma en la actividad desplegada en el inmueble.
A mi criterio Dolores Etchevehere no tendría derecho a alterar la actividad de un establecimiento agropecuario, ni sus supuestos invitados podrían dar órdenes al personal. Si tiene algún derecho sobre acciones societarias, tendrá que canalizarlo en la esfera intrasocietaria.
En el plano del derecho penal, en general para que se cumpla el tipo penal, si el despojo no se realiza a través de algunos de los medios del art 181 del Código Penal, no hay usurpación, amén de la acción posesoria civil. Al analizar los medios en la resolución el magistrado sostiene que no hay usurpación por considerar que al entrar a la casa principal una persona ajena por una ventana o entrar por la fuerza a la vivienda de la empleada para sustraerle el juego de llaves -entre ellas las de la casa principal del casco- que estaban bajo su custodia no configuran el tipo penal, no hubo violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza ni clandestinidad, es decir algunos de los medios que son requeridos para configurar la usurpación. El Dr. Flores tampoco considera intimidante el ingreso de 40 personas a un predio rural, dando órdenes a los empleados que no se acerquen a la casa principal.
El fallo es malo. El objetivo del desalojo como medida cautelar del proceso penal tiene como objeto restablecer el orden prohibiendo que nadie pueda hacerse justicia por sí mismo, y tiende a restablecer el estado anterior a la usurpación.
En ningún momento la resolución pone en duda el derecho de propiedad ni la posesión que Las Margaritas SA detentan sobre el inmueble rural, e infiere en simultáneo que Dolores Etchevehere tiene legitimación para ingresar, por ser heredera en una sucesión indivisa, “que es como condómina”, según Flores.
El Juez Flores, con su curioso criterio, lejos de pacificar, acrecienta el conflicto, porque entonces la madre y los hermanos de Dolores pueden concurrir al campo, con sus invitados, y coexistir en el mismo predio.
Entiendo que el principal yerro es sostener qué hay condominio o sucesión indivisa sobre el inmueble, que para Flores es lo mismo, cuando no hay tal cosa, sino que la propietaria es una Sociedad Anónima.
Claramente queda palmario que la carencia de jueces idóneos es cada vez mayor.
Hasta aquí los comentarios de la resolución dictada ante la denuncia de usurpación.-
Simultáneamente el mismo Juez Flores dictó ayer 24/10/2020 otra resolución en “Etchevehere Dolores sobre denuncia de Extorsión en contexto de violencia de género”, que resulta arbitrario a todas luces y conexo a la anterior resolución, la cual en algún sentido la integra, dado que en esta causa va mas allá de los alcances de la resolución por el caso de usurpación.-
Mientras que en la resolución por el caso de usurpación el Juez Flores, por su formación judicial desde “el derecho de las familias” ofreció a los hermanos Etchevehere “poder pensar una solución pacifica, armónica, desde el ganar-ganar”, parece que en la segunda resolución -la de extorsión en contexto de violencia de género- fue más allá, y estableció un gana una mientras el resto pierde, prohibiéndoles a los socios y administradores de la actora de la primera demanda ingresar al casco por 30 días, junto a otra serie de prohibiciones inéditas y disparatadas en democracia.
En síntesis el Dr. Raúl Damir Flores resolvió que los usurpadores del predio pueden permanecer tranquilos en el mismo, por 30 días al menos, sin que ellos hubieran peticionado al respecto, y la sociedad propietaria, que solicito el desalojo urgente, no podrá desarrollar su actividad productiva normalmente dado que el centro de administración de la estancia, el casco, permanecerá ocupado, con el personal intimidado por los extraños.
Esta segunda resolución permite comprender claramente la presencia de Victoria Donda y otra funcionaria nacional en la audiencia de partes, sin ser parte, siendo funcionaria de otra área, haciendo abuso de poder e incumpliendo sus deberes de funcionaria pública.
La gravedad institucional de los acontecimientos pone en jaque al Estado de Derecho, que no es otra cosa que la regulación del Estado por el derecho. Claro que si el derecho es aplicado por jueces como Flores, el retroceso a una etapa pre estatal, o pre constitucional, está a la vuelta de la esquina.
Ignacio A. Mántaras – Abogado – Mat. 6926
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]]>La entrada A pesar de la evidencia y el fastidio de todo el agro, la justicia rechazó el desalojo del campo de los Etchevehere se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En este marco, el magistrado propuso a las partes (por un lado Leonor, la madre de Etchevehere, y sus tres hijos varones, y por el otro la menor de la familia, Dolores, quien ingresó hace una semana al campo juinto a 40 militantes del denominado Proyecto Artigas) a “pensar una solución pacífica y armónica”. El ex ministro de Macri desechó esa posibilidad y avisó que apelarán lo que consideran una usurpación del campo, un delito penal.
Descargá aquí la Resolución ETCHEVEHERE
Según el fallo, Dolores Etchevehere “probó en la audiencia que fue declarada también heredera” de los predios en discusión, por lo cual le reconoció ciertos derechos sobre ellos. El magistrado remarcó que el ingreso al predio fue “pacífico y sin violencia” y que la denuncia contraria no indicó ni probó “un hecho violento más que el número de personas” presentes.
El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia cuando el jueves de la semana pasada se produjo la irrupción del predio ppor parte de 40 personas, a bordo de 12 vehículos. Desde ese día la familia pidió el desalojo a la justicia, pero este trámite recién se activó cuando el miércoles se realizó una marcha de productores entrerrianos al lugar. Unas 48 horas después se conoció el fallo y los productores continuaban montando guardia en el acceso al campo.
La figura clave para saber si Dolores Etchevehere sigue siendo dueña de parte del campo intrusado es el abogado Santiago Yofre, que lamentablemente se negó de modo amable a responder mis preguntas amparándose en el "secreto profesional". Fue su apoderado al menos hasta 2019.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 23, 2020
Dolores Etchevehere anunció que busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo “agroecológico”. El abogado de esa agrupación y también de la mujer es Juan Grabois, un dirigente cercano al actual gobierno. En las gestiones judiciales hubo varios funcionarios nacionales actuando en defensa de los presuntos intrusos.
Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de unas 40 personas ingresaron a “Casa Nueva”, y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar. Allí realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a los trabajadores del lugar donde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo “el normal trabajo e intimidándolos”.
La fiscalía había adjudicado “violencia y engaño” por parte del grupo encabezado por Dolores, pero según el juez no se probó “otro hecho violento más que el número de personas”, por lo que luego aclaró que “en realidad fue pacífico y sin violencia”.
A mi me enseñaron que hay que ser humilde en la victoria. La justicia ya falló. Con humildad, le pido, señor @lmetchevehere, que se termine la violencia. Dolores y @ProyectoArtigas están dispuestos a convivir en la tierra que co-poseen. Eso nos va a hacer bien a todos.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 23, 2020
Los abogados querellantes habían denunciado un “engaño” para poder ingresar y “darse a conocer como heredera”; pero el juez recordó que los empleados “saben que los patrones son la familia Etchevehere” y que la propia fiscalía probó que Dolores también “fue declarada heredera”.
Por ende, “no hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere”, agregó en el fallo.
El juez Flores dedujo que los herederos omitieron “inventariar el inmueble donde se asienta el campo Casa Nueva” y a la fecha “no hay partición”, por lo que los hermanos son “condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio”.
Además, destacó que “eso dejaría en pie” una asamblea societaria en la cual Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva.
La socia mayoritaria de Las Margaritas SA es Leonor BM de Etchevehere ( MUJER ). Administraba pacíficamente el campo cuando 40 violentos lo usurparon. Alberto Fernández apoya la toma de Grabois con el aparato estatal. https://t.co/bUZaP5JNWe
— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 23, 2020
Finalmente, el juez resaltó que la disputa familiar por la herencia “no puede ser resuelta en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado”. Además indicó que “no ha podido ser acreditado” el delito y por ello no puede ser “válidamente despachada la medida cautelar de desalojo”.
“Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces”, concluyó el juez.
Durante toda la semana hubo un rechazo masivo de las organizaciones y cámaras de la producción agropecuaria a este tipo de usurpaciones de tierras rurales. El malestar agropecuario no parece haber incidido en absoluto en esta decisión judicial.
La entrada A pesar de la evidencia y el fastidio de todo el agro, la justicia rechazó el desalojo del campo de los Etchevehere se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada La justicia santafesina también falló sobre agroquímicos: Prohíben usarlos a 1.000 metros alrededor de Sastre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según contó el diario El Ciudadano, el fallo judicial responde a una acción de amparo colectiva a instancias de un grupo de vecinos representados por la Defensoría General de Rafaela y se funda en “prueba científica” aportada a través de un informe de equipos científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que llevan adelante los llamados “campamentos sanitarios” desde el año 2010. Su principal referente es el médico Damián Verzeñassi.
Los argumentos del fallo aluden al principio precautorio a favor de la salud y el ambiente y a la tutela judicial efectiva frente a la incertidumbre que en el campo científico aún persiste en materia de daños a la salud ocasionados por los agroquímicos.
En la resolución, el magistrado destaca que “el objeto de este amparo está vinculado a la afectación del medio ambiente, con consecuencias lesivas para la salud y la vida de las personas” y, como tal, “el superior derecho a la salud y a un medio ambiente sano encuentra amplio acogimiento normativo en el plexo constitucional federal, los tratados internacionales y el artículo 19 de la Constitución provincial, que ampara la salud como derecho fundamental”.
El juez Hail aceptó como prueba científica los trabajos elaborados por el Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, quien presentó un “riguroso informe con citas de copiosa bibliografía en la materia y elabora conclusiones en base a los llamados ‘campamentos sanitarios’ que fueron trabajos de campo in situ llevados a cabo incluso en la misma localidad de Sastre”.
Hace unos meses Bichos de Campo entrevistó a Verzeñassi para conocer el tenor de sus investigaciones:
El juez destacó en su fallo la existencia de enfermedades que solo pueden vincularse a la exposición a agroquímicos, el incremento de enfermedades respiratorias o manifestación de síntomas de Alzheimer o Parkinson a más corta edad. También remarcó el aumento significativo de pérdidas de embarazos y señaló que el mayor porcentaje se corresponde con el primer trimestre de embarazo, el “período más susceptible a los impactos de agentes externos como los químicos”.
Este fallo en territorio santafesino se conoce mientras, el debate legislativo para logra una nueva ley de agroquímicos sigue estancado y no hay señales de que vaya a activarse en el corto plazo. La Legislatura provincial ha estudiado en diversas ocasiones reformas a la actual ley de agroquímicos, sancionada en 1995 –un año antes de la autorización de la soja transgénica–, con el objetivo de establecer mayores límites a las aplicaciones. En tres ocasiones la Cámara de Diputados aprobó reformas en ese sentido y las tres veces terminaron cajoneadas en el Senado, relata la crónica de El Ciudadano.
La última media sanción data de noviembre de 2019. La iniciativa de los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP) fue votada por todos los bloques políticos excepto Cambiemos. Luego fue girada al Senado, donde por falta de voluntad política nunca se llegó siquiera a estudiar en las comisiones internas.
Frente a este nuevo fallo en Freire, la Multisectorial Paren de Fumigarnos destacó que la disposición judicial fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo. “Zoe, es una niña de dos años que se encuentra en tratamiento oncológico como consecuencia de estar expuesta a las fumigaciones con agrotóxicos”, precisó la Multisectorial.
Esta entidad ambientalista añadió: “Felicitamos a los amparistas por la decisión de patrocinarse con el Defensor Oficial y apoyamos decididamente este ejemplo digno de defensa de los derechos a la vida y a la salud, priorizados por sobre intereses económicos”.
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]]>Según el ex legislador, habría que evaluar la salida al conflicto de Vicentin en función de dos variables: adentro o afuera del proceso que lleva adelante la justicia civil y comercial. “Si vemos la salida afuera del concurso, ahí aparece la idea de una expropiación. Pero si la vemos adentro del concurso, ya es una muy buena cosa, y no te lo digo como abogado, sino porque tenés muchas más posibilidades” de que la empresa finalmente se reactive, manifestó.
Para Sanz, que ahora ejerce como abogado en San Rafael, en el sur mendocino, el caso de Vicentin debe resolverse por medio de la supervisión de un juez. Consideró que en el marco del concurso de acreedores que está habilitado para el caso Vicentin, “se puede armar un mecanismo de salida consensuado e integrado que puede recuperar la confianza, el crédito y el salvataje de la compañía”.
“Primero se requiere de la confianza de los productores, que son los que aportan la materia prima. Sin ellos, ninguna solución será viable para Vicentin. Y segundo, se requiere la recuperación de crédito. Parece mentira hablar de esto cuando tenés semejante pasivo y créditos impagos, pero si estás planteando en salir adelante con una empresa, necesitás estas dos cosas”, declaró.
Acerca de la deuda actual de Vicentin con los bancos públicos, Sanz aclaró que “no es que el Banco Nación le daba plata a Vicentin graciosamente, y Vicentin se la llevaba por ventanilla y se la metía dentro del bolsillo. La mayoría de ese dinero era de pre financiaciones de exportaciones, un mecanismo que muy poca gente comprende cuando se habla de crédito bancario”.
Mirá la entrevista completa realizada a Ernesto Sanz:
Para explicar por qué le parece mejor una salida judicial que la intervención del Estado en la empresa, Sanz citó los dos antecedentes históricos sucedidos en su provincia. Son los casos del grupo Greco y del Grupo Pescarmona (IMPSA).
“Me parecen valiosos para explicar lo que pasa cuando dos empresas o grupos están en problemas. El primer antecedente viejo es el del Grupo Greco, un grupo económico que fue intervenido por el Estado en 1982 con una ley del proceso militar. Fue una intervención que duró 25 años y que terminó de muy mala forma, con una ley por fuera de lo que sería un concurso”, describió. En el caso descrito por Sanz, el Gobierno intervino sobre una quiebra, y significó, según explicó, “un golpe a la vitivinicultura y a toda la agroindustria en tiempos de dictadura militar”.
El grupo Greco al que hizo referencia Sanz, concentraba más de 100 empresas entre propias y alquiladas. Entre las más conocidas figuraban Resero, Agua Villavicencio, diario Mendoza y el Banco de Los Andes, lo que lo llevó a concentrar el 30% del PBI de la provincia en esa época. “Acá el ejemplo es el del Estado que toma todo. Vendría a ser equivalente al proyecto de expropiación de Vicentin como sucedáneo, más allá de que aún no sabemos qué dice ese proyecto porque aún no ingresó” al Congreso, manifestó el ex senador.
“El ejemplo del caso Greco es muy malo, porque el Estado administró durante 25 años y lo hizo mal, porque no le hizo ningún favor a la industria vitivinícola. Además, el Estado perdió mucho dinero y tuvo que poner mucho también. El escándalo de este grupo terminó en 2006 cuando Gerardo Morales y yo descubrimos, entre los pliegos de una ley de Presupuesto, que había unos 600 millones para pagar deudas que el Estado había contraído en la administración de ese grupo, un escándalo total”, resaltó.
El otro modelo de solución de una crisis empresaria al que hizo referencia Sanz es el del grupo IMPSA. “Este caso se resolvió dentro de un pre concurso, lo que sería un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), es decir, una suerte de precalentamiento para el concurso porque si te va bien lo cerraste ahí, y si te va mal vas al juez con un concurso. Por eso digo que dentro de la legislación argentina, tenés muchas herramientas para aportar a una salida, y en el caso de Vicentin serían muy valiosas”, relató Sanz.
-¿Y qué se requiere para salvar una empresa como Vicentin?
-Que haya confianza y crédito. Necesitás tener una administración en donde estén los acreedores dentro. Por eso pongo el ejemplo de IMPSA, cuyos principales acreedores eran el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus dueños, en este caso la familia Pescarmona, entregaron como garantía el 65% del paquete accionario, el cual fue tomado por los acreedores y al día de hoy, se hicieron cargo de la administración, la cual, me consta, es híper profesional.
El ex senador agregó que “IMPSA es una de las empresas que se presentarán en la licitación de la mega obra Portezuelo del Viento en Mendoza. Y el Banco Nación es uno de sus administradores. Es más, al presidente del directorio de la IMPSA intervenida (por sus acreedores) lo puso el Banco Nación”, agregó.
Sanz cree que dentro del marco de un concurso judicial, hay muchas salidas que pueden proteger a una empresa nacional como Vicentin, y a sus acreedores, especialmente los productores, y que permita que siga siendo un jugador importante.
“De este modo, en lugar de estar hablando de una autopsia al final del camino, podríamos estar hablando de un paciente que se logró recuperar”, concluyó.
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]]>“La Justicia volvió a rechazar los argumentos de una empresa exportadora y ratificó que deberá pagarle cerca de 300.000 dólares a una firma productora de frutas del Alto Valle por haber aplicado cláusulas abusivas en un contrato que firmaron en el 2012.
El fallo de la Cámara Civil de Roca surgió a fines de abril y está publicado en la web del Poder Judicial, aunque todavía no fue notificado a las partes por la feria extraordinaria impuesta como medida preventiva del covid-19.
La sentencia confirmó la condena contra Standard Fruit Argentina S.A, ordenando que se completen los pagos de la fruta adquirida, respetando el régimen de protección de las leyes de Contractualización y Transparencia frutícolas.
La Cámara recalcó que esas normas de protección de la fruticultura son constitucionales y que su aplicación protege no sólo a los eslabones más débiles de la cadena productiva regional sino a la sociedad en su conjunto.
Aplicando esa normativa, el fallo de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Roca había condenado a la multinacional a pagar una suma cercana a los 300.000 dólares a una productora de Villa Manzano, como pago total del contrato frutícola que las vinculó en la cosecha 2012 y que se pagó por debajo del precio mínimo definido por la Ley de Contractualización.
La decisión fue confirmada ahora en segunda instancia, ya que el tribunal integrado por los jueces Víctor Soto, Gustavo Martínez y Dino Maugeri rechazó los planteos de inconstitucionalidad de las leyes protectivas. “Se trata, además, de normas de orden público y en consecuencia indisponibles para las partes”, señaló el fallo.
Federico Sacheri: “Cerca del 40% de productores de peras y manzanas abandonó la actividad”
Haciendo un paralelismo con el régimen de Defensa del Consumidor, la Cámara citó reconocida doctrina para explicar que el sistema de normas que protegen la fruticultura forman un “orden público de dirección: no son las partes contractuales las que interesan, sino los terceros, la comunidad toda. (…) un contrato útil y justo beneficia a toda la sociedad y también al mercado; mientras que otro desequilibrado, injusto, origina perjuicios para la sociedad y el mercado”.
En el caso, el contrato entre el productor y la exportadora había sido íntegramente redactado por esta última. El texto, en definitiva, dejaba en manos de la compradora la definición del precio final de la cosecha, amplias libertades para el descarte de fruta y otras ventajas que el Tribunal declaró “abusivas”.
“El instrumento asegura los costos y las ganancias de la empresa, pero a la hora de establecer con precisión un precio, no lo hace. Fija la exportadora, a su exclusiva voluntad, un precio ‘referencial’ cuya utilidad se limita exclusivamente para los anticipos”, destacó la Cámara.
También se remarcó que “el otro precio -el precio final- sería una incógnita que pretende se determine exclusivamente con su contabilidad y siempre asegurándose no solo sus costos, sino también significativa ganancia”.
Del expediente surge que los testigos aportados por la propia demandada -personal jerárquico de la misma- reconoció que los contratos los hacían ellos y que los precios los fijaba la exportadora “sin ninguna participación de los productores”.
La sentencia señaló además que “no puede negarse la posición dominante de empresas como la aquí demandada, que siendo de los principales exportadores, dominan el mercado y son hasta reguladores del precio”.
“Es menester que la voluntad de la ley sea acompañada por los jueces, atendiendo además a criterios de justicia, poniendo coto a los abusos que pueden darse en la economía de mercado, no para aniquilar éste, sino por el contrario, para favorecerlo con buenas prácticas. Quienes hemos podido durante décadas observar el mercado de frutas y las prácticas del mismo, no podríamos en verdad desconocer que lo que en principio nace como un buen negocio para ambas partes, concluye muchas veces siendo una pesadilla para la más débil, a quien se le pone en la encrucijada de conformar liquidaciones que no se corresponden con la realidad y condiciones pactadas, o no cobrar y tener que recurrir a lentos procesos cuyos efectos repercutirán de modo inmediato por las limitaciones económicas y financieras para continuar con la actividad realizando tareas culturales, poda, abono, curas, etcétera”, concluyó la Cámara.
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]]>“Ante las distintas versiones que circulan en las últimas horas en diversos medios periodísticos, el Directorio de Vicentin desea aclarar y ratificar que todos los esfuerzos de la empresa se encuentran dedicados a alcanzar los objetivos prioritarios que ha hecho saber a los distintos interesados: la defensa de las fuentes de trabajo, la rehabilitación de su actividad productiva, el restablecimiento de su operatoria comercial con sus productores y la restructuración de su pasivo financiero”, indicó la aceitera en un comunicado.
Ver Apareció Vicentín y prometió un plan para evitar una “convocatoria de acreedores”
Este posicionamiento, casi un acto de fe, se conoció luego de que arreciaran las versiones sobre una inminente convocatoria de acreedores solicitada por la misma empresa. Consultados por Bichos de Campo, voceros de la compañía aclararon que esa sería “la última opción a tomar” si hubiera decisiones judiciales controvertidas y que afecten su plan de acción, que consiste en alcanzar Acuerdos Extrajudiciales con sus acreedores.
El comunicado de Vicentín se conoció luego de que algunos medios dieran por sentado que la decisión de ingresar al quirófano de la justicia estaba tomada. La aceitera santafesina acumula un pasivo cercano a los 1.300 millones de dólares, de los que solo 200 millones corresponden a préstamos del Banco Nación que por ahora están en categoría 1. En la nota se informó que “hemos iniciado las conversaciones con el Banco de la Nación Argentina para estructurar una propuesta aceptable para dicho banco y para todos los bancos oficiales”.
Antes del final de la feria judicial, con el inicio de febrero, Vicentín ensayó algunos arreglos extrajudiciales y lanzó una oferta para todo sus proveedores de granos (acopios, corredores y cooperativas, pero también productores individuales), que no satisfizó a todos. La deuda comercial de Vincentín que tienen en vilo al sector productivo ascendería a otros 350 o 400 millones de dólares.
Según algunas versiones, el grueso de los productores y corredores decidió no firmar la APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) y hasta hubo varios casos de empresas que decidieron pedirle por su lado a la justicia que intervenga. Es decir, que se dicte sin más el concurso y se meta bisturí a fondo. El diario El Cronista habló de una decena de casos.
En su propuesta Vicentín proponía abonar una parte de la deuda y financiar en 8 años el resto, salvo en el caso de productores con un pasivo en juego de menos de 30 mil dólares.
En su nuevo comunicado, la aceitera enfatizó que “la propuesta realizada a los acreedores comerciales ha cosechado un gran número de adhesiones y nos encontramos trabajando en la instrumentación de los acuerdos individuales, como así también en la concertación de reuniones para conciliar y aclarar aspectos de la misma”.
Vicentín criticó a los que se cortaron solos y recurrieron a la justicia comercial. “Las medidas cautelares interpuestas por unos pocos acreedores comerciales, activadas en el período de feria judicial, han imposibilitado la puesta en marcha de las plantas, pese a que había interesados de primera línea en fasones que lo hubiesen permitido”, se lamentó.
Tras revelar conversaciones con los bancos públicos y con buena parte de sus proveedores de soja, la compañía avisó que el siguiente paso para su recuperación será “avanzar en las negociaciones con los bancos privados locales e internacionales a los que se les presentará una propuesta que permita también alcanzar un pronto acuerdo”.
“Es la firme intención de Vicentín: a) Salir de los problemas financieros actuales mediante un acuerdo con los acreedores en el menor tiempo posible, cualquiera sea la figura jurídica aplicable; y b) Reactivar las Plantas Industriales lo antes posible, garantizando en cualquier escenario el mantenimiento de los puestos de trabajo”, destacó la empresa.
De todos modos, en ningún tramo de su manifiesto, la empresa enferma descarta por completo que sea ella misma la que finalmente acepte someterse a la operación dentro del quirófano de la justicia. “Es nuestra voluntad y nuestra obligación, arbitrar todos los medios que estén a nuestro alcance para proteger los activos de la empresa y a nuestro personal”, se indicó.
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