Pero un acreedor de Vicentin, la láctea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que tiene una deuda pendiente de 19,0 millones de dólares con la compañía agroindustrial, presentó un plan de pagos que no contempla quita alguna de capital.

ARSA, constituida en 2016 luego de que una empresa del Grupo Vicentin comprara a SanCor CUL dos fábricas elaboradoras de yogures y postres, comenzó a registrar desde 2017 problemas recurrentes por incumplimientos de SanCor CUL –que supuestamente iba a gestionar la originación de leche y la comercialización de lácteos, pero no lo hizo–, la progresiva caída del consumo promovida por la pauperización social argentina y la política oficial de “precios máximos” con buena parte de los insumos liberados.

A partir de la restricción financiera experimentada entre 2018 y 2019, ARSA comenzó a recibir préstamos por parte de Vicentin SAIC, los cuales comenzaron a acumularse hasta finalmente quedar en “suspenso” luego de la cesación de pagos declarada por la corporación agroindustrial.

Como ARSA no logró generar ganancias desde que comenzó a operar (2016), este año, para poder seguir en actividad, debió salir a buscar un inversor que, por medio de una capitalización, pudiese evitar el cierre de la empresa elaboradora de los flancitos SanCor y los postres Shimmy.

Así es como en junio de 2021, con el objeto de proceder a la transferencia total del negocio frente a la imposibilidad de continuar con las operaciones, los accionistas de ARSA, South American Food S.A. y VFG Inversiones y Actividades Especiales, realizaron una venta de su paquete accionario, sujeta a varias condiciones, entre las cuales se destaca la reestructuración de una deuda (comercial + financiera) superior a los 80 millones de dólares, parte de la cual corresponde a Vicentin SAIC.

El comprador de ARSA, la empresa uruguaya Profox S.A., relacionada con los controlantes de Lácteos Conosur (La Suipachense), condicionó la adquisición a la posibilidad de reestructurar la deuda en un plazo de ocho años con un período de gracia de un año para los intereses y de dos años para el capital, pero manteniendo la deuda en dólares cancelables al tipo de cambio oficial del momento con una tasa de interés del 4% anual. Es decir: una propuesta sin quita (tal como quiere imponer Vicentin SAIC a sus acreedores).

Para que tal reestructuración pueda concretarse, debe contar con la autorización del juez concursal Fabián Lorenzini, además del visto bueno del titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien está investigado el supuesto delito de estafa por parte de los responsables que llevaron a la cesación de pagos y posterior concurso preventivo a Vicentin SAIC.

Se trata de una cuestión compleja porque ARSA, además de contar con marcas emblemáticas para el mercado argentino, cuenta 607 empleados distribuidos en las fábricas de Córdoba y Arenaza (Buenos Aires) y el centro de distribución propio.

La auditoría forense, encargada por Lorenzini, descubrió que Vicentin SAIC encabezaba un ecosistema de empresas vinculadas –una de las cuales era ARSA– que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias producidas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años, buena parte del cual fue cubierto con financiamiento obtenido por medio de balances que no mostraban la real situación de la compañía agroindustrial.

El origen del desastre: Qué dice el documento definitivo de los auditores forenses que investigaron a Vicentin

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La operación se viene gestando desde hace meses y por la inhibición de bienes que pesa sobre los dueños de la concursada agroexportadora, no pudo concretarse formalmente el traspaso de acciones, pero lo cierto es que este grupo inversor comandado por el empresario argentino Claudio Rafaniello y los venezolanos Manuel y Alfredo Fernández ya comenzó a gerenciar la empresa que Vicentin le había comprado a SanCor en 2016 y por la que pagó cerca de 100 millones de dólares.

En la actualidad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) cuenta con dos plantas industriales, una ubicada en las cercanías de la ciudad de Córdoba, camino a la localidad de Montecristo, y otra en Arenaza, en el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Emplea en forma directa a alrededor de 600 personas y, según señalan fuentes del sector lácteo, cuenta con una cuota de mercado en el segmento de los postres del 32% y del 16% en los yogures.

En tanto, el grupo que finalmente compró a ARSA es conocido en la industria láctea local porque siete años atrás también tomó la mayoría accionaria de la local La Suipachense, que a partir de ese momento comenzó un proceso de expansión, con mayor presencia en las góndolas locales, lo que le permite actualmente estar procesando alrededor de seis millones de litros de leche al mes.

En este marco, los integrantes del directorio de Vicentin también estarían en negociaciones con otros grupos inversores para vender más activos de empresas relacionadas con el grupo.

La empresa concursada busca alivianar su situación financiera mientras espera una resolución por parte del trío compuesto por Viterra, Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) respecto a una eventual oferta concreta de compra de la agroexportadora. Una decisión, por cierto, que se sigue dilatando mucho más de lo previsto.

Otra empresa íntimamente relacionada a ARSA que sigue en problemas es justamente la cooperativa láctea SanCor. La compañía que llegó a tener 17 unidades industriales y más de 4000 empleados, no logra salir de su laberinto.

Esta semana la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), el gremio que conduce Héctor Ponce, anunció que iniciará medidas en todo el sector lácteo del país ante la crisis que atraviesa la empresa y “en defensa de las fuente de trabajo”.

Concretamente desde el gremio señalan que la actual conducción de la empresa láctea incumplió “promesas de reactivación”. En este marco confirmó que procederá “instrumentando acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan”.

De esta manera, las principales empresas del sector están en alerta ante posibles medidas de fuerza que podrían afectar a la producción de sus plantas industriales.

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Luego de meses de negociaciones aparece como posible comprador los dueños de la empresa láctea La Suipachense, que en los últimos años comenzó un proceso de expansión, con mayor presencia en las góndolas locales, lo que le permite actualmente estar procesando alrededor de 6 millones de litros de leche al mes.

A partir de las inhibiciones judiciales que tiene la familia Vicentin, luego del default de la agroexportadora, en la práctica no podría vender ninguno de sus activos. Pero señalan fuente del mercado lácteo que a través del cambio de management en ARSA se concretaría el traspaso de mando. Buena parte del valor de esa empresa son las viejas marcas heredadas de Sancor.

Totalmente descartado parece haber quedado el proyecto que pretendía llevar adelante la cooperativa láctea SanCor para recuperar esta unidad de negocios que vendió por 100 millones de dólares en 2016.

Concretamente, en aqeul momento desde la firma láctea buscaban retomar la explotación de su negocio de postres y yogures, mientras el Gobierno intentaba intervenir la compañía agroexportadora. En ese contexto, aprovecharon para poner en escena al fondo de inversión BAF Capital, que en la práctica fue la palanca financiera para que Vicentin pueda comprar ARSA y en el mercado sonaba como su socio en este negocio en particular.

Lo cierto es que el plan de SanCor finalmente quedó en la nada y tiempo después BAF Capital volvió a aparecer en escena cuando le compró otra unidad de negocios a Vicentin: el frigorífico Friar de la ciudad de Reconquista.

En tanto, el Grupo Vicentin también estaría intentando vender otras de sus firmas, mientras se espera que a fin de mes se conozca el resultado de la auditoría que iniciaron las firmas Viterra (ex Glencore), Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para evaluar la posible compra o explotación de las plantas aceiteras de la agroexportadora.

La concreción de esta operación marcaría finalmente la salida de la familia Vicentin de la empresa madre del grupo, tal como vienen solicitando los bancos internacionales que en la práctica son los mayores acreedores de la empresa, con deudas por cobrar por más de 530 millones de dólares.

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En los últimos días se conoció la entrada en convocatoria de la empresa La Suipachense que se suma a una lista cada vez más larga de lácteas con dificultades económicas, listado liderado por Sancor.

Según fuentes de la producción y de la industria, la que también está complicada es la firma Verónica. Desde hace un tiempo, entre los tamberos se rumoreaba sobre diferentes dificultades en la empresa santafecina que tiene 3 plantas ubicadas en las localidades de Suardi, Lehmann y Classon, plena Cuenca lechera y con capacidad para procesar más de 360 millones de litros anuales.

La empresa casi centenaria fue fundada en 1923, y debe su nombre al pueblo bonaerense homónimo, pero en los ´60 mudó sus instalaciones a Santa Fe, donde comenzó su mayor expansión.

La marca es reconocida por la calidad de sus quesos, pero también se especializa en la fabricación de leche en polvo y larga vida; esos son los ejes de su sistema productivo, que también incluye otros elaborados como el dulce de leche.  Con esos productos abastece al mercado interno, pero también a la exportación.

Tantas décadas de inversión y desarrollo no están pudiendo con una de las mayores crisis de la cadena lechera, que pone en jaque a productores y fábricas, que no encuentran respuestas a la crisis en las políticas económicas, y tampoco reciben ofertas de medidas sectoriales que mejoren las perspectivas.

Fuentes de la industria indicaron que la empresa  “hace tiempo que viene complicada, hay síntomas de dificultades financieras y económicas con lo que produce, y los ingresos que tiene no logran cubrir sus costos operativos para una estructura que parece muy grande”. En ese contexto, indicaron que “se está buscando una salida, capitalizarla de algún modo con la entrada de un socio, aunque no se descarta la venta”.

Según especialistas del sector lechero, en Verónica trabajan unas 700 personas, lo que consideraron un número muy alto para una actividad que tiene costos crecientes como los de la energía, una oferta de materia prima acotada (en 2017 la producción fue otra vez menor a los 10.000 millones de litros), problemas de competitividad para acceder al mercado internacional y un consumo interno afectado por la situación económica desde hace tiempo.

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El primer aviso surgió del último informe mensual de Caprolecoba (los tamberos del oeste bonaerense): “Lamentablemente la empresa Lácteos Conosur (La Suipachense) entró en concurso de acreedores, y renegocia condiciones para tratar de asegurar la continuidad de su abastecimiento”. De inmediato otras fuentes confirmaron la mala noticia (o buena, según la perspectiva que se aplique). Acosada por un pasivo cercano a los 250 millones de pesos, la tradicional firma láctea de Suipacha inició el trámite formal para renegociar esas deudas con sus acreedores.

La noticia debiera ser preocupante especialmente para esa tranquila ciudad ubicada sobre la Ruta 5, a unos 150 kilómetros de Buenos Aires. Es que en la planta láctea trabajan unas 135 personas de modo directo, y habrá otros tantos que lo hacen de manera indirecta, prestando sus servicios a la firma. Por lejos La Suipachense tiene el nombre bien ganado, porque es la principal generadora de empleo en Suipacha.

Los problemas con los cheques rebotados empezaron hace exactamente un año, en enero de 2017. Meses antes, un comunicado de Apymel había advertido que la firma, estaba siendo “acosada”, esa palabra se utilizó, por el Fisco Bonaerense. En rigor, a mediados de 2016 ARBA le inició una demanda por una deuda de 14 millones de pesos y al poco tiempo sufrió un primer embargo sobre sus cuentas bancarias. Luego se sumó la AFIP. Dijo una fuente que conoce de cerca el caso que de los 250 millones de deuda acumulada, el principal acreedor -por lejos- es el propio Estado, con unos 150 millones. Los aportes patronales por el personal ocupado, por cierto, figuran al tope de los incumplimientos.

Dicen que el capital no tiene patria y debe ser cierto. Pero en este caso hay que marcar que los dueños de la firma que operaba La Suipachense, llamada Lácteos Conosur SA, son dos empresarios venezolanos. Si, de la Venezuela de Chávez y Maduro. Llegaron aquí en 2012, cuando compraron la usina láctea al grupo chileno Watts, que la había operado desde los años noventa. Antes, desde su origen, la planta había pertenecido a una cooperativa de productores.

Los hermanos Carlos y Alfredo Fernández, los venezolanos de marras, curiosamente no son chavistas sino que en la intimidad se definen como “anti”. Tampoco hicieron su fortuna con negociados con algún burócrata puesto que su origen es la producción de leche en la rica zona agrícola del sur del lago Maracaibo, en el estado de Zuliá. En 2012, cuando La Suipachense estaba a punto de cerrar, los tentó de probar suerte en la Argentina el ex subsecretario de Lechería Luciano Di Tella, quien primero se asoció con ellos pero un año después les cedió por completo el negocio. Desde entonces, según las fuentes consultadas, los venezolanos han venido inyectando plata de lo lindo para mantener activa La Suipachense.

“El mayor problema que tiene ese grupo es que recibe muy poca leche en relación a la cantidad de empleados que tiene”, describe uno que conoce el negocio y que trae a la memoria el caso parecido de SanCor. En este caso, el sindicato también habría sido una suerte de salvavidas de plomo, pues en todo momento ATILRA se negó a una reducción de la planta que hiciera viable la empresa. Los tamberos, en tanto, se le fueron yendo de a poco y hoy solo le quedan algunos que cobran la leche a los 7 días, de puro desconfiados. Clientes, en tanto, no le faltarían pues Lácteos Conosur está colocando sus productos a las cadenas Wal-Mart y Día.

Ahora, con la convocatoria de acreedores sobre la mesa, habrá que ver cómo sigue esta película. Para algunos, como decíamos al principio, se trata de pisar el freno antes de caer en el abismo y por eso hacen una lectura positiva.

“Una convocatoria te ordena,no te impide trabajar”, explicó un informante que tiene muy claro cómo funcionan algunos curiosos circuitos legales. Si estás bien de papeles pero te atrasás con la AFIP, podés acogerte a una moratoria con plazos exiguos y altísimos intereses, que te terminan hundiendo. En cambio se te convocás, hay quitas de capital, los intereses son mucho más bajos y los plazos de cancelación pueden estirarse hasta ocho o diez años. Argentina se llama. Un país que suele premiar a quienes no cumplen.

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