El director nacional de Desarrollo Forestal Industrial, Nicolás Laharrague, tendrá que renunciar en los próximo días a los cargos que ocupa en el directorio de varias empresas del rubro forestal, y a la vez tomar distancia de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), si lo que quiere es mantener su actual posición en el gobierno de Mauricio Macri. Si no lo hace, según le advirtió la Oficina  Anticorrupción, estará incumpliendo la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El 14 de marzo pasado, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le envió una carta a Laharrague, en la que lo puso al tanto de “posibles irregularidades en su reciente designación como Subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, principalmente en virtud de sus antecedentes laborales y los vínculos que aún lo unirían a empresas del sector forestal”.

Laharrague ingresó en diciembre como subsecretario (aunque en abril fue degradado a director nacional) de la mano de Luis Miguel Etchevehere. Y curiosamente, a partir de la comunicación de la OA, deberá seguir pasos similares a los que debió dar su superior, el ministro.

Envuelto en un escándalo por haber cobrado un bono de 500 mil pesos de su ex empleadora, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Etchevehere no solo debió devolver ese dinero por recomendación de la OA sino que antes de asumir había renunciado a su condición de socio y presidente de esa institución centenaria. Además, un reciente decreto de Mauricio Macri lo “exoneró” de tomar decisiones oficiales respecto de la SRA y de un conjunto de empresas de su grupo familiar.

Salvo por el bono, el del titular del área forestal es un caso muy parecido, ya que todavía pertenece al directorio de al menos cuatro sociedades vinculadas con el negocio de la producción maderera y mantiene un vínculo directo con la conducción de la AFOA. Esto es lo que pudo determinar la OA con muchas facilidad, luego de actuar “de oficio” ante el caso Laharrague y de recibir, el 30 de enero pasado, una denuncia anónima que daba cuenta de la incompatibilidad en que se había incurrido al designarlo.

De la información a la que accedió la Oficina de ética pública surgieron vinculaciones entre el Director Nacional de Forestación con las siguientes empresas:

• EL MOCONA SA, que tiene como actividad principal la extracción de productos forestales de bosques nativos y, entre las secundarias, la cría de ganado bovino y bubalino, además de hoteles y turismo.  Luego de varios pasos por el directorio, Laharrague fue designado el 14/08/2017 como presidente de la sociedad.
• PUERTO LAHARRAGUE SA. Es una empresa dedicada a la extracción de productos forestales de bosques cultivados y nativos. El funcionario pertenece a su directorio desde 2007 y el 27/07/2017 fue designado vicepresidente.
• LAHARRAGUE CHODORGE SA. Su actividad principal es la fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros y paneles; y la secundaria es la venta al por mayor de productos de madera, además de prestar servicios inmobiliarios. El funcionario fue parte de su directorio entre mayo de 2015 y noviembre de 2017.
• MIRASOLES SA. Se trata de una empresa dedicada a la explotación de establecimientos agrícolas, la industrialización y comercialización de todos los frutos productos y subproductos derivados de su actividad
  agropecuaria. Laharrague fue designado presidente de la sociedad el 11/11/2014.
• Respecto de la ASOCIACIÓN FORESTAL ARGENTINA se averiguó que entre sus asociados figura PUERTO LAHARRAGUE SA y que cuando en noviembre de 2017 Osvaldo Vasallo fue reelecto como presidente de la entidad, Laharrague formaba parte de su equipo, ocupando el cargo de Secretario. En la actualidad, en ese puesto figura Carlos Scarnichia, quien también actúa en representación de la misma empresa.
• En septiembre de 2017, antes incluso de que se conociera que Etchevehere sería el nuevo ministro de Agroindustria, Laharrague participó como empresario junto a Vasallo y otros integrantes de AFOA en la primera reunión de la Mesa Forestal junto al Presidente Macri.

En su carta a Laharrague, Alonso le recordó que según los artículos 3 y 17 de la Ley 25.188, “usted se encuentra impedido de ejercer funciones o actividades incompatibles con su cargo de subsecretario”. En particular, “tiene vedado dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste sobre las que tenga atribuciones como Subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial”.

En los casos mencionados, la Oficina Anticorrupción no mostró dudas sobre la irregularidad cometida: Laharrague “debió haber renunciado como condición para acceder a la función pública”.

¿Y hay vinculación directa entre las competencias de Laharrague como funcionario y los intereses del Laharrague empresario? Para muestra basta un botón, porque según pudo saber Bichos de Campo entre las órdenes de pago pendientes en el área Forestal del Ministerio -correspondientes a las nuevas implantaciones subsidiadas realizadas en 2013- habría al menos una a nombre de las empresas citadas.

Soltero y con solo 38 años de edad, vale aclarar que el principal responsable de la política forestal del macrismo nunca ocultó su relación con estas empresas ni con el sector maderero. Por el contrario, en su primera declaración jurada como funcionario, correspondiente a 2017, reconocer ser propietario de acciones de todas ellas.

Allí Laharrague se revela además como uno de los funcionarios más adinerados del gabinete de Etchevehere, con un patrimonio que roza los 65 millones de pesos.

La entrada Como le sucedió a Etchevehere, el director de Forestación deberá tomar distancia de sus empresas se publicó primero en Bichos de Campo.

Cuando los funcionarios de la actual gestión del Ministerio de Agroindustria asumieron sus puestos a fines de 2015 (ya no está el ex ministro Ricardo Buryaile, aunque sí la inmensa mayoría de ellos), prometieron impulsar y dar a conocer los resultados de una serie de “auditorías” sobre las gestiones previas en ese área durante los largos años del kirchnerismo. Se preanunciaba un mani pulite agropecuario…

Cri, cri, cri. No se conoce todavía ninguna de esas auditorías prometidas.

Una de las áreas que mayor cantidad de recursos manejó durante la última década fue la UCAR, ya que era la responsable de administrar los préstamos internacionales que llegaron al país bajo el concepto de desarrollo rural y que debían ser canalizados hacia obras en las provincias, sobre todo en materia de riego. La Unidad para el Cambio Rural, tal su nombre competo, estuvo desde 2002 a cargo del tucumano Jorge Neme y era la envidia del resto del Ministerio, pues no solo contaba con buenas dosis de presupuesto sino que hasta se instaló en coquetas oficinas propias sobre la avenida Belgrano. Era una suerte de “ministerio paralelo”.

Nunca se produjo, por parte de las nuevas autoridades de Agroindustria, una revisión y balance de lo hecho por las diferentes áreas del ministerio, incluyendo a la UCAR. Con la llegada de Cambiemos, Neme incluso hizo fuerza para quedarse en el cargo y casi lo logró, pues eran buenos y muchos sus vínculos con varios gobernadores. Hubiera batido todos los récords de permanencia: la Alianza, Duhalde, Néstor y Cristina, Mauricio. Pero Buryaile impulsó para ese cargo a un dirigente radical mendocino, Alejandro Gennari.

Cri, cri, cri. Pese a los cambios nunca hubo una auditoría pública conocida.

Una denuncia penal presentada en las últimas horas por la Oficina Anticorrupción vino a sacudir la modorra en Agroindustria, una siesta que resulta muy funcional a esta sucesión de funcionarios de dos gestiones diferentes que parecen estar enfrentados pero no se denuncian mutuamente.

La oficina a cargo de Laura Alonso actuó casi por obligación, luego de que se encontrasen muchos paralelismos y datos jugosos (y fácilmente chequeables) en dos denuncias que recibió en diciembre de 2017, una anónima y otra de identidad reservada.

¿Qué decían las denuncias?

• Que en uno de los programas troncales de la UCAR, el Programa para la Administración de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) se podrían haber cometido irregularidades en la adjudicación de obras de riego por más de 1.500 millones de pesos entre 2010 y 2015.
• La denuncia apunta a la empresa CEOSA, líder en el rubro de la obra públcia en Mendoza, la que recibió la mayor parte de las obras licitadas desde el Prosap.
• Que esa firma podría haber contado con información privilegiada para ganar esas licitaciones a través de su ligazón a Hydrotec, una consultora integrada por Diego Fabián, a quien las denuncias consignan como parte del propio Prosap; por Fernando Gomensoro, actual secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación de Mendoza; y Juan Pablo Sánchez, que actuaba como Jefe de Formulación de Proyectos de Riego del propio Prosap.
• En base a las sospechas, la OA le pidió al Ministerio de Agroindustria que tome toda la información relacionada con el Prosap, CEOSA y las obras que esa empresa tuvo a cargo. Al mismo tiempo pidió alejar del tema a cualquier funcionario que pueda tener relación e incluso sugirió allanar las sedes de Hydrotec y CEOSA, ambas ubicadas en Mendoza. Existe ya una causa judicial en el fuero federal. Los delitos que se pide investigar son negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel.
• La Oficina Anticorrupción exigió además que se lleva a cabo un análisis sobre el patrimonio de Neme, de su esposa Mónica Meda y de algunas firmas vinculadas al matrimonio. Se considera, no sin elementos, que el tucumano no podía desconocer las vinculaciones entre funcionarios de su propio organismo y empresas que finalmente resultaban adjudicatarias de las obras.

La ofensiva de la OA sobre la UCAR, que sacude la modorra anticorruptela que caracteriza las gestiones de Cambiemos en el Ministerio de Agroindustria (ni una denuncia muchachos, ni una sola) fue conocida a través de una nota de Alejandro Alfie en Clarín . Luego, el portal mendocino MDZ agregó bastante colorido local a la investigación.

Es importante describir el contexto en el que se conoce esta denuncia. Hay una orden del  Ministerio de Finanzas que impulsó la reorganización de todos los organismos o áreas del Estado Nacional que tomen y administren financiamiento del extranjero. Esta orden superior incluye a la UCAR y desencadenó entre los funcionarios macristas que comandan Agroindustria más deseos de apoderarse de esa botonera que de investigar posibles historias de corrupción que se hayan cometido tocando esos botones.

Una fuente cercana al organismo reveló que la suerte de la UCAR se conocerá en los próximos días. En el marco de la reorganización general del Poder Ejecutivo, en el mercado de la reducción de cargos políticos reclamada por el presidente Mauricio Macri, un escenario probable es que esta suerte de “ministerio paralelo” ideado y comandado por Neme termine siendo una simple Dirección Nacional dependiente de la Subsecretaría de Coordinación legal y Técnica del Ministerio, el real, que está a cargo actualmente por Juan Miguens, el hijo de Luciano, el dirigente ruralista.

Como sea, quizás sea una buena oportunidad para investigar esta denuncia de la OA y quizás otras que queden en el tintero. Reunir las pruebas, aportarlas a la justicia y esos etcéteras tan pero tan distintos a las auditorías invisibles y el cri, cri, cri desplegado hasta ahora por el nuevo gobierno.

La entrada Una denuncia de la Oficina Anticorrupción sobre la UCAR rompe la modorra de Agroindustria se publicó primero en Bichos de Campo.