“La sanción del mencionado instrumento legal vuelve a instalar a Córdoba como pionera en una propuesta que no tiene antecedentes al menos en el país: se trata de la primera ley que deja establecida una forma de producir cuidando los recursos e incentivando a los productores que hacen bien las cosas”, celebró el Ministerio agropecuario de la provincia.

Junto al minsitro Sergio Busso, que siguió las deliberaciones, estuvieron presentes los ministros de Ciencia, Walter Robledo y de Industria, Roberto Avalle. También había representantes de las 50 entidades del sector productivo que integran el Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias, además de docentes y alumnos de 32 colegios agrotécnicos que este año validaron prácticas en el programa.

Como ejes principales, la ley designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad de aplicación del programa, y deja instituidos como incentivos del mismo Aportes Económicos no Reintegrables (ANR) para el productor que desarrolle sus actividades en el territorio provincial, bajo las condiciones que establece el denominado Manual Operativo del programa; y ANR para instituciones, entidades y organizaciones que colaboren  y participen de su implementación, difusión y ejecución.

También deja establecida la creación de un Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para que en cada ciclo anual se atiendan las erogaciones que demanda la implementación y ejecución. No menor es el capítulo que determina al Consejo Consultivo de BPAs (que hoy está conformado por 50 entidades del agro) como órgano de consulta, asesoramiento  y colaboración en todo lo referido al funcionamiento del programa.

Las Buenas Prácticas Agropecuarias son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario. Estas técnicas están orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja para ello.

“Es importante destacar lo expresado en los párrafos precedentes: se trata de una política pública sin antecedentes en Argentina, lo que ubica a Córdoba nuevamente a la vanguardia en materia de medidas que tiendan al desarrollo del sector agroindustrial. El propio gobernador Juan Schiaretti tomó la decisión de llevar adelante este programa en 2017, ante la propuesta presentada por el ministro Busso y representantes del sector”, se recordó en el comunicado.

El Programa Provincial de BPAs tiene como metas conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, eficientizar la registración de los procedimientos, mejorar las relaciones con las comunidades, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos. El beneficiario del programa es todo productor agropecuario adherido al mismo, y que valida una serie de prácticas a las que se le asigna desde la Provincia un valor económico, de manera que mientras más prácticas se ingresen, más alto es el aporte que se recibe a manera de incentivo para continuar produciendo de manera sostenible. En el último ejercicio fueron unos 3.000 productores los beneficiados.

“Pero además, se trata de una iniciativa que trasciende lo económico, y que ya se instaló a manera de una verdadera transformación cultural, porque el productor sabe que si no cuida recursos como el suelo, por ejemplo, no se puede garantizar el futuro y las bases para las generaciones venideras”, dijo el ministro Busso, apenas aprobada la ley.

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Abel Lino, presidente de la Comisión de Agricultura de la legislatura cordobesa, dijo a Bichos de Campo que en esa provicnia están dispuestoa  resistir el achique y defender la Regional local. Argumentan que Córdoba sigue siendo la provincia con más diversidad de alimentos, y que 9 de cada 10 pesos que ingresan provienen de la Agroindustria. “Es por eso que pedimos mantener el status de regional”, afirmó.

Escuchá el reportaje completo a Abel Lino:

El legislador informó que emitieron un proyecto de declaración que luego fue aprobado por unanimidad por los 70 legisladores cordobeses, que pretenden que se mantenga el carácter de regional del Senasa en esa provincia. También comentó que fueron convocados a una reunión con funcionarios del organismo, en donde manifestaron esaposición.

“Creo que si bien la reforma impulsada por Ricardo Negri puede ser muy buena, necesitamos que todos aquellos productores, sobre todo del norte cordobés, cuenten con asistencia y apoyo necesario desde una regional, ya que no están capacitados o a la altura aún de los trámites digitales”, afirmó el legislador.

Ver: Negri admitió que muchos programas del Senasa deberán ser financiados por provincias y productores 

Lino contó que durante el congreso anual de Aapresid realizado en esa provincia “volvimos a tener una reunión con Negri, a quien le entregamos una copia del proyecto de la legislatura de la provincia, y le manifestamos nuestra preocupación”.

El legislador radical dijo que “es importante que el Gobierno equilibre las cuentas para salir de la crisis que nos complica y eso lo entendemos. Pero no creemos que en este caso haya que achicar la calidad de regional en Córdoba. Hay muchos productores pequeños que necesitan de este acompañamiento y es clave que el Senasa pueda brindarlo”.

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En Bichos de Campo contamos oportunamente el sentido de esta lucha que movilizó a decenas de agrónomos de toda la provincia. Hasta ahora esos profesionales tenían como única opción dirigirse al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos (CIPBA). Peor con un universo estimado de 15 mil profesionales agronómicos, esta entidad nuclea a cerca de 1.500, que no forman parte del Consejo Superior y no tienen un peso específico en su vida institucional.

Ver La pelea de los agrónomos bonaerenses por tener colegio propio

“Es necesario reglamentar y transparentar el ejercicio de esta profesión. Por eso era imperioso sancionar esta ley y que los profesionales de la Ingeniería  agronómica y forestal puedan independizarse en busca de jerarquizar su actividad”, aseguró el diputado Ricardo Lissalde, contador y del Frente Renovador, un impulsor del proyecto.

Es ley la creación del colegio de Ing. Agrónomos y Forestales bonaerenses.

Este colegio estimulará de todas las formas posibles el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria bonaerense, basado en sus tres pilares fundamentales: el económico, el social y el ambiental. pic.twitter.com/3bfPkpzZGs

— Ricardo Lissalde (@RicardoLissalde) April 27, 2018

Según la ley, el nuevo colegio velará a través de sus matriculados, por la implementación de programas específicos destinados a desarrollar la producción agropecuaria, incorporando un mayor valor agregado a la misma.

Asimismo, participará, por intermedio de sus colegiados en el ámbito productivo agropecuario, para incidir en forma favorable en la resolución de los problemas que afecten a la cadena productiva agropecuaria y de comercialización e industrialización, estrechando la más activa participación de todos los agentes involucrados.

“Creando este colegio estamos brindando una nueva herramienta al Poder Ejecutivo, ya que se podrá trabajar en una materia pendiente dentro de la provincia en lo que respecta al estudio del uso del suelo y el uso de los recursos naturales. Asimismo podremos pensar en la implementación seria y responsable para una futura Ley de Agroquímicos y trabajar todas aquellas cuestiones que ayuden a preservar nuestro medio ambiente”, concluyó el diputado del Frente Renovador.

https://twitter.com/RAIABA2016/status/989808014470369280

Había en el recinto varios profesionales que se han agrupado bajo la sigla RAIABA (Red de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires). Apoyaron la creación del nuevo colegio y pudieron vencer la resistencia del CIPBA que buscó frenar esta iniciativa, mediante la publicación de solicitadas en el ámbito de las redes sociales, donc incluso acusaban a los agrónomos de promover el uso de agroquímicos en perjuicio de la población, o de tener vínculos íntimos con multinacionales del agronegocio.

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