La entrada A la mitad del gobierno de Alberto, Domínguez relanzó la política forestal: Quieren plantar dos árboles nuevos por habitante se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El actual ministro Julián Domínguez fue quien tomó la posta luego de dos años signados por la pandemia, la inmovilidad de las anteriores autoridades políticas de Agricultura y un silencioso trabajo de Daniel Maradei, el director forestal nacional Daniel Maradei, por recuperar fondos para desplegar esta política, que básicamente consiste en aplicar los estímulos de la Ley 25.080 de Bosques Implantados aprobada en 1999 y ya prorrogada en dos ocasiones.
Entusiasta, como suele ser en sus anuncios, Domínguez anunció hoy “un auspicioso plan de forestación impulsado por su cartera” y pensado en función de “el presente y en las futuras generaciones, poniendo en valor el cuidado del ambiente”. La idea es, de aquí al final del mandato de Alberto, implantar la menos dos árboles por habitante.
“En 2022 vamos a iniciar un programa para plantar 100 millones de árboles en todo el país”, destacó Domínguez, que no dio precisiones sobre las medidas para llevar a cabo ese objetivo.
El ministro añadió que “el Programa tiene como objetivo plantar, cuidar y acompañar en su crecimiento 100 millones de árboles en todo el país, un equivalente a dos árboles por habitante”. En otro tramo el funcionario indicó: “Queremos que este programa sea una motivación nacional para poner en valor nuestra posición geográfica como país, para poner en valor el cuidado del ambiente”.
La excusa para lanzar este plan fue la presentación de un largo trabajo para que la Argentina cuente con un inventario forestal. El titular de la cartera agropecuaria destacó al respecto que “después de 20 años se puedan conocer las conclusiones del relevamiento de la industria forestal, porque sin dudas va a ser punto de partida para pensar la estrategia de negocios, por un lado, y de políticas públicas del Estado Nación y el Consejo de Ministros, por el otro”.
Veremos.
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]]>La entrada El gobierno nacional actualizó la reglamentación de Ley de Inversiones para Bosques Cultivados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La nueva reglamentación –dispuesta por el decreto 776/2021– especifica que se entiende por forestación “la siembra o plantación de especies arbóreas en sitios que históricamente han carecido de bosques, y por reforestación, a la acción de repoblar, tanto con especies nativas como con exóticas, a un sitio que ya ha soportado la cobertura de forestaciones anteriores”.
El concepto también incluye “al enriquecimiento o restauración de bosques nativos, mediante las prácticas silvícolas más adecuadas para cada situación, que aseguren un incremento en la producción de madera por unidad de superficie y el aumento de los bienes y servicios ecosistémicos”.
Pero se aclara que, en tal caso, “la adaptación de las especies al sitio deberá ser demostrada en la presentación del emprendimiento, en función de antecedentes regionales, ya sean a escala productiva o experimental, o en su defecto por sólidas referencias técnicas sobre su comportamiento en sitios análogos ecológicamente”.
Adicionalmente, cuando el emprendimiento sea propuesto para establecerse en áreas de bosques nativos, las autoridades provinciales podrán recomendar su aprobación “sólo si se demuestra la sustentabilidad de los recursos naturales involucrados, el mantenimiento de la biodiversidad, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios sociales adicionales respecto a la situación sin el emprendimiento”.
En lo referente a incendios forestales, para acogerse a los beneficios de la Ley N° 25.080 y sus modificatorias, en el momento de certificar las plantaciones todos los emprendimientos deberán demostrar la existencia de parcelas de no más de 25 hectáreas delimitadas por caminos transitables por vehículos terrestres. “Cuando las características topográficas del terreno lo impidan, se establecerán vías de comunicación terrestre entre rodales, de modo que se garantice una densidad de caminos no menor a 20 metros lineales/ha”, apunta el nuevo reglamento.
También tendrán que tener cortafuegos perimetrales que impidan la continuidad de materiales combustibles en los períodos críticos; sobre caminos públicos y vías férreas dichas franjas deberán tener no menos de 20 metros de ancho. En tanto, en la zona del Delta del Río Paraná y en las áreas de riego esas prevenciones podrán ser complementadas con la configuración de los canales existentes.
En lo que respecta a la determinación de los apoyos económicos no reintegrables para bosques implantados, el nueva reglamentación especifica que para las presentaciones que involucren superficies menores a 5,0 hectáreas, el Ministerio de Agricultura de la Nación dispondrá con las autoridades provinciales “acuerdos bilaterales” relativos a los beneficios a otorgar, así como para también definir los mecanismos para su trámite y efectivización.
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]]>La entrada Gracias al aporte compulsivo de quienes pagan el seguro de su auto, el Gobierno logró poner al día los planes forestales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Lo reveló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, quien encabezó la segunda reunión del año de la Comisión Asesora que regula el régimen de promoción forestal establecido por la Ley 25.080.
Ver Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones
“Podemos decir que estamos literalmente al día con el Régimen de Promoción de la Ley 25.080. Actualmente se encuentran en la próxima resolución de pagos, expedientes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, algo impensado unos años atrás, donde el atraso era promedio de 5 años”, señaló Bernaudo.
Luego precisó que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos de este año. Ese era el monto de deuda histórica, más o menos, que arrastraba el Estado por los planes forestales.
Es decir que gracias al aporte compulsivo impuesto a los conductores que pagan su seguro automotor, el sector público logró ponerse al día con uno de los sectores productivos con más posibilidades de desarrollo en el país. Siempre se dice que la Argentina tiene potencial para tener 5 millones de hectáreas de bosques implantados, pero desde hace más de 20 años de vigencia de la ley forestal está estancada esa superficie en 1,3 millones de hectáreas. En buena medida ese fracaso se debe a los atrasos en los pagos a las nuevas forestaciones.
El comunicado oficial que dio cuenta de esta buena noticia para los forestadores dice que “el Seguro Verde es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguro para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.
Mediante este acuerdo, que fue motorizado a princpio de 2018 por el ex empresario Nicolás Larrahague, a quien Mauricio Macri puso al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial, esas empresas aseguradoras afirman destinar el 1% de cada póliza de seguro de auto, motos y camiones que emiten hacia el sector forestal. Las compañías de seguros afirman que ese dinero se lo hacen ahorrar al cliente al dejar de emitir las facturas en papel y digitalizar las operaciones. Pero en rigor no hay constancia de nada de eso y lo más probable es que el aporte -que no está reglamentado por ley o por resolución alguna- termine siendo cargado a las facturas.
El sistema, en rigor, está basado en una Resolución conjunta entre Seguros y Agroindustria que solamente dispone la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y seguros (Prosas), el cual tendría como objetivo hacer frente a los pagos derivados de la Ley 25.080 pero además podría “destinar el 10%de sus recursos al desarrollo de actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina”. Nada dice esa norma de cómo se generan esos recursos.
Recién en octubre de 2018, en una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros define que los montos surgirán del 1% de todas las pólizas emitidas, aunque solo de aquellas compañías que acepten firmar un acuerdo voluntario. El mecanismo no prevé una consulta a quien asegura su auto y paga el seguro, quien finalmente así termina subsidiando a otro actor económico privado, con intervención previa del Estado.
Ver Un año después, Revista Noticias se hace eco de una nota de Bichos sobre el director de Forestación
Lo grave es que no hay modo alguno de controlar hoy el flujo de esos aportes en las páginas de los organismos que intervienen en este proceso. En la Dirección Forestal ni se menciona el Seguro Verde. Y en la página web de este programa en la Superintendencia de Seguros tampoco se encuentran datos exactos sobre tal volumen de flujo de fondos, estimado en unos 650 millones de pesos anuales,
“Sitio en mantenimiento. Este sitio no está disponible momentáneamente, volvé a intentar más tarde. Muchas gracias”, contesta la página de Presidencia sobre el Seguro Verde si uno hace click en el botón que ofrece “Informes de gestión”.
Es decir que, detrás de un fin loable como es el de impulsar la forestación, cohabita un programa público-privado que ofrece muy poca transparencia sobre la administración de fondos que finalmente salen de los bolsillos de los conductores de automóviles, por más que las empresas aseguradoras afirmen que se trata de un ahorro.
Como sea, la noticia era que el sector forestal está de parabienes con la cancelación de una deuda histórica. En la reunión de la cadena, Bernaudo informó que en lo que va del año se pudo ejecutar más de 350 millones de pesos en pagos de subsidios a las nuevas forestaciones y avisó que “próximamente entrará una nueva resolución de pagos por alrededor de 170 millones de pesos, también financiada por el acuerdo Seguro Verde”.
Contra lo que apuntamos en Bichos de Campo, en el comunicado oficial que da cuenta de esta buena noticia se subrayó además “el nivel de transparencia como eje de la gestión. En esta línea, se revalorizó el regreso de la Comisión Asesora, un ámbito que permite discutir y resolver cuestiones inherentes a la aplicación de la Ley 25.080, con el acompañamiento de técnicos, empresas, productores, representantes de las provincias y personas vinculadas al sector que suman ideas, opiniones y fortalecen así el régimen de promoción”.
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]]>La entrada Un técnico del INTA explica la importancia de la ley forestal aprobada en Diputados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En esta escondida filial del INTA, Ceballos dirige a investigadores de todo tipo: los hay especializados en especies forestales (en sauce y álamo, que son los árboles implantados en el lugar), los hay en ganadería bovina, los hay en medio ambiente, los hay en apicultura y hasta hay quien se dedica a los pescadores artesanales. Son las actividades principales de las que vive la gente de las islas.
Ver El gobierno le tomó el gustito al tema y lanza un plan forestal 2030
En este entrevista, con el Paraná de fondo, Ceballos nos cuenta la importancia que tiene para zonas de este tipo el proyecto de ley que este miércoles aprobó la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias. El proyecto ahora sigue camino hacia el Senado y debería ser votado antes de que termine de 2018. Con algunas modificaciones, dispone la prórroga por diez años de la vieja Ley de Promoción de Bosques Cultivados 25.080, que fue votada originalmente en 1998 y prorrogada en 2008.
En todo el delta hay 1 millón 750 mil hectáreas. Y solo en el delta Inferior que atiende esta experimental del INTA “tenemos un potencial de entre 150 mil y 200 mil hectáreas potencialmente forestables, aunque actualmente la cuenca forestal tiene 60 mil hectáreas consolidadas”, describe Ceballos. Con esa superficie implantada con sauces y álamos, se trata de la tercera cuenca forestal más importante del país, después de Misiones y Corrientes.
La charla con el técnico del INTA permite entender por qué resulta clave la ley que hoy pasó el filtro de Diputados por 188 votos a favor y solamente 2 en contra. Ceballos participó de todo el proceso de discusión previo a la redacción del proyecto que extiende la política de promoción a las nuevas forestaciones hasta 2028.
Mirá la entrevista completa con Darío Ceballos:
“En este contexto actual donde se está discutiendo la prórroga de la Ley 25.080, y los que realizan nuevas plantaciones son los medianos y grandes productores, que no son demasiados. no los más pequeños. Lamentablemente en Buenos Aires hubo un apagón forestal” por varios años, explicó el director del INTA Delta. Es que la ley de fomento a la forestación no tuvo efectos prácticos debido al retraso en la ratificación provincial de la ley de Bosques Nativos, y entonces aquí nadie cobró los subsidios a las nuevas plantaciones. Eso comenzó a remediarse recién el año pasado.
Ceballos explicó que por otro lado “había un retraso de todos los subsidios (para las nuevas forestaciones” de la Ley 25.080, y estamos hablando de un retraso de décadas. Por lo cual el productor que hizo un plan hace diez años recién lo estuvo cobrando este año a valores nominales en pesos”.
La nueva prórroga de la 25.080, producto de un trabajo consensuado con el sector privado, intenta corregir algunos de esos defectos. El experto del INTA cree que “sin lugar a dudas el esquema de la ley es positivo para la región, donde el 70% de la superficie forestada se hizo bajo esta ley, a pesar de todo”. Pero aclaró que el sector forestal propuso varias correcciones.
“Básicamente lo que se discutió es favorecer el pequeño productor, y en ese sentido muchas de las trabas son burocráticas. Por ejemplo, tener que contratar un ingeniero agrónomo para hacer un plan de una hectárea. Se estuvieron trabajando muchísimo en los procedimientos para que los pequeños productores puedan acceder más fácilmente a este proceso”.
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]]>La entrada Las sesiones extraordinarias, sin semillas pero con promoción forestal se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Atilio Benedetti, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, donde se había conseguido un dictamen para actualizar la vieja Ley de Semillas, fue quien confirmó el viernes pasado que el tema deberá ser abordado en el recinto recién en el primer semestre de 2019, cuando los legisladores vuelvan al trabajo a partir de marzo.
En ese sentido, el diputado oficialista confirmó al sitio Agritotal que tienen compromiso ya con algunos bloques en la Cámara que acompañarían el tratamiento para el momento del inicio del año legislativo 2019. “En lo personal, lamento que haya habido otras circunstancias ajenas a la Comisión que dirijo, que han hecho que no podamos darle media sanción este año, como hubiese sido el deseo de nuestro bloque”, sostuvo.
El decreto 1087/2018, firmado por Mauricio Macri y publicado este lunes en el Boletín Oficial, si incorpora en cambio la prórroga con modificaciones de la Ley 25.080, que es aquella que estableció en 1998 las políticas de estímulo al sector forestoindustrial. Esa ley ya había sido prorrogada en 2008 y si no se actualizaba antes de fin de año perdería vigencia, provocando incontables problemas legales en el trámite de la política forestal.
Entre los 40 proyectos de ley para los que el Ejecutivo solicita tratamiento legislativo, como siempre sucede, hay varios que parecen poco significativos, como aquel proyecto de ley por el cual se declara a la Provincia de Misiones “Capital Nacional de la Biodiversidad”(Exp. 2782-D-2017) OD 535.19). Otro, en cambio, pide declarar a la misma provincia, como “Provincia de Cultura Hacedora (Exp. 6159-D-2018) OD 761”.
Rozando la temática agropecuaria se incluyó también en Extraordinarias el tratamiento del Proyecto de Ley por el cual se acepta la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la Provincia de Corrientes al Estado Nacional, para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá (Exp. 26-S2018).
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]]>El presidente Mauricio Macri anuncio este jueves la implementación de una suerte de nuevo impuesto bautizado pomposamente como “Seguro Verde”, que servirá para financiar en lo sucesivo los planes de nuevas forestaciones encarados a la sombra de la Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados. La gabela consistirá en derivar el 1% de todos los seguros automotrices que se contraten en el país hacia los subsidios forestales, por una suma que se estimó en unos 1.000 millones de pesos anuales.
En la localidad correntina de Paso de la Patria, y acompañado por los ministros Luis MIguel Etchevehere; su par de Ambiente, Sergio Bergman; el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo; y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez; el propio Macri “remarcó la importancia de esta iniciativa que generará un ahorro mayor a los 1.000 millones de pesos”.
En realidad, en tiempos de ajuste fiscal, será un ahorro para el Estado, que hasta ahora debía disponer todos los años en el Presupuesto de Agroindustria de partidas destinadas a cumplir con la ley que impulsa la forestación. Pero nunca se derivó al sector tanto dinero como el que mencionó el presidente. Más bien, los presupuestos anuales su ubicaban en una quinta parte de eso.
“El Seguro Verde destinará un 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones de carga, a la Ley de Promoción Forestal 25.080 que fomenta el trabajo de la cadena. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aportará recursos que permitirán mitigar los efectos de gases y así reducir su huella de carbono”, fue la explicación que surgió de Agroindustria. Allí además se dijo que ese porcentaje de los seguros que pagan todos los que van sobre cuatro ruedas no implicaría una suba de los costos a los asegurados, ya que es lo que habrían prometido las aseguradoras. Pero eso parece poco difícil de creer si no queda por escrito.
El sistema debería pasar por el Congreso Nacional este año, ya que la Ley 25.080 fue sancionada en 1998 y se prorrogó diez años después en 2008. Este año vuelve a vencer en sus alcances. Se supone que allí los legisladores podrán opinar si están de acuerdo en cargar los costos de las nuevas forestaciones sobre el bolsillo de los automovilistas.
El debate debería ser tomado en serio, porque hasta ahora, tras veinte años de aplicación de la Ley y los subsidios a nuevas forestaciones (cubren entre 50 y 80% de los costos de implantación, dependiendo del tamaño de la explotación), esta política forestal ha sido un verdadero fracaso. Ya cuando se sancionó la 25.080 la superficie forestada estaba en torno a 1,2 millones de hectáreas y se prometía llevarla en diez años a 2 millones. Es lo mismo que vuelve a prometer ahora Macri y su gabinete.
“Hoy contamos con una superficie de 1,3 millones de hectáreas de bosques cultivados de los cuales alrededor de la mitad se plantó bajo la Ley 25.080 que sigue vigente hasta enero de 2019”, subrayó el ministro Etchevehere sin un dejo de vergüenza. Quizás no sea él el responsable, pero lo cierto es que la superficie forestada no creció, porque lo que se subsidió dos o tres veces es la reimplantación de las mismas hectáreas de bosques.
Es decir que el Estado financió en varias ocasiones (dos o tres) a los mismos beneficiarios por implantar la misma superficie. Ergo, todo quedó estancado.
“Tenemos una meta con la cadena forestal de llegar a 2 millones de hectáreas de bosques cultivados en 2030”, dice ahora el ministro, repitiendo los que los periodistas memoriosos ya escuchamos hace 20 años. Se prevé la plantación de al menos 62 mil hectáreas por año. Los fondos llegarán por medio de Aportes No Reintegrables a 18 mil pequeños y medianos productores, y pemritirían “atraer inversiones industriales y generar alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo”, se indicó.
La diferencia ahora respecto de 1998 es que las excusas son mejores que antes, cuando el clima no era tan adverso, y hay más urgencia por implantar árboles. “Con el desarrollo de esta actividad estamos ayudando a cumplir con el compromiso asumido por el país en cuanto a mitigación del cambio climático, porque más bosques implantados captan y mantienen fijado el carbono en la atmósfera”, indicó Etchevehere.
Según se informó oficialmente, el proyecto del Seguro Verde fue generado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los Ministerios de Finanzas, de Agroindustria, de Ambiente, y de Producción de la Nación. Adicionalmente, cuenta con el apoyo voluntario de las empresas Federación Patronal, La Segunda, San Cristóbal, Sancor, Triunfo, Nación Seguros y Provincia Seguros.
Informó Agroindustria que la iniciativa complementa el proyecto de póliza digital que está desarrollando la Superintendencia de Seguros que propone reemplazar las pólizas en papel por digitales. De esta manera, se produce un ahorro en la impresión, distribución y archivo. La aplicación MiArgentina, permitirá a su vez que cada conductor pueda mostrar en su celular la cobertura de seguros vigente.
Dejemné poner en duda a mi que esto sea finalmente así y que el 1% que las compañías de seguros deban girar a la autoridad de aplicación de la Ley Forestal no sea rápidamente trasladado a los usuarios, como si éstos no pagaran ya por sus coberturas valores mucho más elevados que los que se pagan en otros países.
Obviamente, el sector forestal festejó los anuncios. Osvaldo Vassallo, presidente de la AFoA (Asociación Forestal Argentina), indicó “Este acuerdo es histórico para el sector foresto-industrial, ya que puede dar el impulso que se necesita para que el país aproveche sus ventajas naturales y se convierta en una potencia a nivel global. Incrementar la superficie de bosques cultivados permitirá no sólo tener un mejor ambiente, sino que pone al país en el radar de las inversiones de magnitud. La construcción con madera, la generación de energías renovables y el papel son algunas de las áreas que pueden tener un gran impulso con este tratado. Estamos muy entusiasmados”, finalizó.
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]]>Sucedió algo importante esta semana, o algo que debería ser importante si logra ser consecuente con el correr de los meses: se formó una Mesa Foresto Industrial integrada por todos los eslabones de esa cadena de valor. Están los que implantan árboles, los que aserran la madera, los que hacen muebles, los que producen energía con biomasa, los que hacen celulosa y hasta los fabricantes de papel. Todos los eslabones, algo impensado en la Argentina.
Ahora que está de moda hablar de “competitividad”, es la primera vez que todos esos actores confluyen para revisar las políticas poco exitosas en materia de forestación. Porque si hay algo que este país no puede hacer es considerarse exitoso en materia de política forestal. No lo ha sido.
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados va camino a cumplir 20 años. Nació en diciembre de 1998 con el objetivo de elevar en una década hasta 2 millones de hectáreas la superficie implantada con especies forestales, de modo de que cediera al mismo tiempo la presión sobre los bosques nativos argentinos. Pero pasaron dos décadas. Y a pesar de tanto tiempo transcurrido y de los millonarios recursos consumidos, el área boscosa se incrementó apenas en 500 mil hectáreas, para ubicarse actualmente en torno a 1,3 millones de hectáreas, un 60% de aquella proyección.
Fueron veinte años consumidos sin avanzar. En igual periodo histórico, en rigor, Uruguay pasó de no tener forestación a contar con una superficie semejante a la argentina y a exportar tantos productos de base forestal como nosotros carne vacuna. Chile, con mucha menos superficie disponible, llegó a su límite de 2 millones de hectáreas implantadas, exporta por us$6.000 millones, y comenzó a invertir en otros países de la región. Brasil, durante la presidencia de Lula Da Silva, se propuso crecer a razón de 200.000 hectáreas anuales y lo logró. Ya va por 6 millones de hectáreas forestadas. Sobran los ejemplos.
Ahora todos los actores del sector privado se plantean como objetivo llegar a implantar 3 millones de hectáreas de bosques y así generar 200 mil nuevos puestos de trabajo. Es lo que seguro intentarán venderle al gobierno de Mauricio Macri, tan afecto a firmar sendos acuerdos con competitividad con el sector privado. Le dirán al Presidente que luego, con más oferta de madera nacional, se podría reducir el déficit de la balanza comercial del sector, que llega a unos us$ 700 millones anuales, básicamente por la importación del papel. De papel que se hace con celulosa. Sí, como la que producía Botnia.
A pesar de la visible ineficacia de la Ley 25.080, sancionada a fines de los noventa y prorrogada en 2008 por diez años más, una de las propuestas de esta mesa sectorial será pedir una nueva extensión del esquema de subsidios a las nuevas forestaciones que plantea esa ley, aunque efectuando modificaciones. En esto se coincide con Lucrecia Santinoni, la directora nacional de Desarrollo Forestal del Ministerio de Agroindustria, quien estaba elaborando un anteproyecto para ver si el Congreso lo podía tratar (y sancionar) durante el próximo año.
A la espera de ese debate, el sector forestal pidió reforzar el presupuesto de ese área para lo que queda de 2017 y asegurar “una asignación apropiada” en la Ley de Presupuesto 2018.
Según informó la Sociedad Rural Argentina (“Tenemos muchos socios que son forestadores”, me contestaron desde la entidad cuando pregunté por su participación), en la reunión se elogió la conformación de otra Mesa Sectorial para apuntalar la Construcción en Madera; se habló sobre “los puntos específicos para la inversión en una planta de papel””, posiblemente en el norte de Corrientes; y sobre “la importancia de promover la energía eléctrica y térmica en base a biomasa” en las nuevas licitaciones oficiales.
Como en cualquier otra actividad productiva, “”un espacio especial lo tomó la competitividad del sector, en donde los costos de transporte, logística y puertos, junto con la carga impositiva, tuvieron relevancia. Se subrayó la necesidad de aprobar la implementación de los bi-trenes, que permitiría disminuir los costos de transporte entre 45% y 40%”.
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