“El PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor, en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“, dice el artículo 2 del proyecto.

Los memoriosos recordarán que algo similar fue impuesto por el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2018. En esa oportunidad, el bautizado “Seguro Verde” consistía en derivar el 1% de todos los seguros automotrices contratados para sostener las nuevas forestaciones, y de alguna forma quitarle un gasto al Presupuesto de Agroindustria en época de ajuste fiscal. Permitió, por aquellos días, comenzar a saldar una importante deuda del estado con los forestadores, que trepaba más allá de los 600 millones de pesos.

De nuestro archivo: Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

Este ajuste en la alícuota llevaría el presupuesto actual de 70 millones a más de 100 millones de pesos, según indicó el senador misionero, autor de la propuesta Maurice Closs (FDT). El 10% de los aportes recibidos serán aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal para cubrir los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080.

“El sector forestal se quedaba sin presupuesto y los planes y política se discontinuaban. ¿Por qué necesitamos financiar al sector forestal? Porque esas inversiones son de mediano y largo plazo. ¿Por qué obligatorio? Porque así todos los que participen ayudarán a bajar esa alícuota. Esto logrará que nuestro país tenga ventajas comparativas y competitivas en una industria que es sumamente generadora de puestos de trabajo, inversiones y que tiene mucho por crecer”, afirmó Closs.

Agregó luego que la ampliación de los bosques implantados tendrá un impacto positivo en el medio ambiente al generar “un efecto purificante”.

Sin embargo la oposición mostró sus reservas a esta iniciativa. “Un eco-impuesto o un impuesto verde, que es lo que pretende ser esta prima sobre los seguros automotores, es una herramienta fiscal que tiene que cumplir tres condiciones: se debe imponer sobre actividades que han demostrado su impacto ambiental negativo; debe perseguir el fin de modificar positivamente patrones de consumo y de producción; los fondos deben destinarse a la promoción  de actividades bajas en carbono”, señaló la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (PRO-Buenos Aires), que no parecía recordar que la idea original fue de su propio partido.

“En este caso esas tres condiciones no se cumplen porque no desincentivamos a los responsables de la contaminación o de las emisiones de carbono, como podía ser el impuesto a los combustibles fósiles o las industrias, y lo hacemos sobre las aseguradoras, no en quienes deben cambiar hábitos”, agregó.

Según Gonzáles, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas como el pino, el sauce y el eucalipto, y numerosas organizaciones como el Conicet han aclarado que estas no garantizas la absorción de carbono.

“Esta es una ley de promoción de la actividad forestal, no un programa de sustentabilidad ambiental y va a ser financiado por todos los argentinos. Todos reconocemos que la ley de bosques está desfinanciada. Si queremos que aporten respecto a la sustentabilidad ambiental mejor hubiese sido destinar los fondos al fondo nacional de enriquecimiento y conservación de los bosques nativos”, sentenció.

Fue por esa razón que la senadora solicitó la conformación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la implementación de esta ley, porque “hablamos de mucho dinero” y su trabajo permitiría “influir en la política forestal que queremos”.

La iniciativa finalmente fue aprobada por 52 votos afirmativos, 1 negativo y 10 abstenciones, y ya fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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La iniciativa “Seguro Verde”, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, permitió recaudar de las aseguradoras (o mejor dicho, de quienes pagaban un seguro automotriz) y eso alivió mucho las cosas: en 2019 hubo una inédita ejecución presupuestaria de 680 millones de pesos para plantaciones forestales. Esto permitió poner bastante al día los pagos atrasados, aunque el impulso oficial no duró lo suficiente como para incrementar la superficie forestal.

A pesar de que Argentina cuenta desde 1998 con una ley que fija un programa de subsidios para ampliar las forestaciones, la superficie de bosques implantados casi no creció de las 1.2 millones de hectáreas durante más de 20 años. Esa situación, más las deudas acumuladas por viejos planes forestales, fue la que impulsó al macrismo a idear un plan para que el 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones de carga se destinara a la promoción forestal y los objetivos de reducir la huella de carbono.

De nuestro archivo: Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

En el primer año de Alberto, el 2020, se ejecutaron 270 millones de pesos que habían quedado pendientes de la partida del 2019, pero luego la cifra presupuestaria definida para todo el año pasado bajó a 67 millones de pesos. A eso debe agregarse la cancelación del acuerdo ya mencionado que era administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

“El Seguro Verde para nosotros es un problemón y 67 millones de pesos no es un presupuesto. Sirve para un mes del año. En su momento se pusieron al día con todo lo que estaba disponible para pagar. Ahora se va a volver a atrasar todo si no se consiguen otros fondos”, dijo a Bichos de Campo Claudia Peirano, Directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

En 2018, quien fuera secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, anunció que finalmente se había logrado poner al día las deudas incurridas en el marco de la Ley 25.080. Ahora sin embargo, no hay información sobre nuevas partidas presupuestarias ni una reactivación del Seguro Verde.

De nuestro archivo: Gracias al aporte compulsivo de quienes pagan el seguro de su auto, el Gobierno logró poner al día los planes forestales

“El mayor problema de recuperar el seguro para las plantaciones es que en el presupuesto 2021 se utilizó esa fuente de recursos para financiar al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El presupuesto incluyó una previsión de un 3 por 1000 de todos los seguros. De cada 1.000 pesos que se paga en un seguro (excepto los de vida) 3 pesos van a Manejo del Fuego. Esa relación que teníamos entre las plantaciones forestales y la posibilidad de mitigar la huella de carbono de los autos desapareció”, aseguró Peirano.

Desde AFOA indicaron que se ha pedido una reunión con el Ministro de Agricultura Luis Basterra, para conocer cuáles son los palnes del gobierno para 2021, pero aún no se ha obtenido respuesta.

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Dos décadas es mucho tiempo. Maradei trabajó estos años en la actividad privada hasta su jubilación y siente que ahora debe devolver al Estado algo de lo mucho que recibió para su formación. Hay muchas cosas pendientes que quedan por hacer, admitió.

“No se terminó de implementar la 25.080, porque, inmediatamente después de aprobada, se cambió el Gobierno y no estuvieron del todo de acuerdo en implementar todas las áreas que había que poner en marcha para aplicarla de modo integral. Por eso ahora estamos tratando de hacerlo, aunque en un momento complejo, porque la productividad del sector primario no es de las mejores”, explicó Maradei a Bichos de Campo.

-¿Qué es lo que faltó?

-Nos falta el paso siguiente, que es la transformación de la materia prima.

La Argentina tiene una superficie forestal que, a pesar de esta ley de promoción, que fue luego prorrogada, se mantiene estable en cerca de 1,3 millones de hectáreas. Según Maradei, estos “significa tener un valor (de madera) en pie de más de 4 mil millones de dólares, que están casi estancados, por tener un nivel de aprovechamiento muy bajo, lo que provoca una acumulación de stocks de modo permanente, año tras año, porque producimos más de lo que cosechamos”.

Mirá la entrevista con el nuevo director del área forestal:

El funcionario expresó que su actual preocupación pasa por incrementar la rentabilidad del productor primario, que sería muy baja. Señaló que, aunque se pueden mantener las plantaciones, “si las mismas están paradas, no reactivan las economías de donde están instaladas”.

“Por eso necesitamos traccionar la demanda y que haya más aserraderos. Porque para aumentar esa rentabilidad tenemos dos opciones, aumentar la eficiencia de la producción, o aumentar la demanda”, indicó.

Como todos en el sector forestal, el flamante funcionario deplora lo que sucedió con la papelera Botnia hace casi quince años, ya que ese hecho político alejó la posibilidad de que la Argentina reciba luego grandes inversiones para procesar su masa boscosa. Las plantas se instalaron en Uruguay y en otros países de la región.

“La enseñanza concreta que sacamos es que los chicos que iban a nacer con un tercer ojo por la contaminación de Botnia no nacieron ni nacerán”, indicó Maradei. “Creo que hubo un justificada preocupación de parte de los pobladores, que vino por un error comunicacional que cometió la gente de Botnia, por no trazar un acuerdo social ni explicar qué controles y medidas iban a llevar a cabo. Y la gente de Gualeguaychú, lógicamente, frente a semejante monstruo que se estaba construyendo, se asustó”, remarcó.

En este lrago paréntesis, apuntó que “el Estado puso dinero para manejar las plantaciones, pero tenemos un escaso nivel de tecnología. Por eso creo que hay que lograr la tecnificación del sector, aumentando la capacidad de secado, para que, en vez de vender una tabla verde para hacer pallets, podamos vender una tabla seca para hacer muebles”.

“Hoy tenemos la chance de tener un consumo importante de madera a través de los aserraderos”, explicó.

En ese sentido, manifestó que “hay cosas que se pueden ir facilitando como para que los inversores sientan atracción por venir a la Argentina, pero más allá de que precisamos inversiones grandes, pueden demandar 4 o 6 años. Por eso nuestro foco está puesto en los aserraderos medianos y pequeños, porque esos son los que empiezan mañana a trabajar, y despegarán en la medida en que potenciemos la demanda interna”.

A modo de comparar el atraso de la Argentina en transformación de la materia prima forestal, el experto indicó que “las fábricas de celulosa recientemente inauguradas en Uruguay producen 1,5 millones de toneladas anuales, y hay otra que se está construyendo y que producirá 2 millones de toneladas de pasta al año. Mientras que en Argentina la fábrica más nueva es de 1983 y produce 400 mil toneladas anuales”.

El ingeniero agrónomo, que incursionó en la actividad forestal a partir de 1975, cuando entró a trabajar en Celulosa Argentina, en Misiones, recordó que “Argentina estaba nominada en un triángulo virtuoso junto con Brasil y Chile, posicionándose como potencias forestales en el mundo. Pero por alguna razón, Brasil y Chile lo lograron, y Argentina no”.

Sin embargo, el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial sigue creyendo que “la Argentina tiene potencia forestal y tierras, mientras que Chile, por ejemplo, tiene una gran escasez de territorio, y Brasil, en los sitios en que nosotros podemos hacer forestación, ellos tienen que hacer alimentos, porque tienen que darle de comer a su gente. Nosotros podemos darnos el lujo de hacer forestación en terrenos tremendamente productivos, pudiendo hacer eucalipto y soja”.

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La que estaba estaba pautada desde antes de esta crisis cambiaria era la quinta reunión de la Mesa Forestal. Como para dar una muestra de que la vida productiva pos-retenciones continúa, Macri le dio importancia mayúscula al encuentro y los fotógrafos oficiales se ocuparon de sacar buenas fotos. Como novedad, la escenografía mostraba por primera vez al ministro de la Producción, Dante Sica, flanqueando al presidente, mientras que Luis Miguel Etchevehere, uno de los promotores más activos del tema forestal, fue desplazado varias sillas. La gacetilla de Presidencia, además, lo presentaba como “secretario”.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que agrupa a las principales empresas del sector maderero, informó luego de la reunión que el primer tema técnico abordado fue “la necesidad de un urgente tratamiento legislativo al proyecto de modificación y prórroga de la Ley 25.080”, que se sancionó en 1998, fue prorrogada en 2008 y tiene vencimiento este año.

“Cabe destacar que esta norma es la principal herramienta de política sectorial vigente para promover las plantaciones y el enriquecimiento de bosques nativos”, indicó el comunicado. De su vigencia, en rigor, dependen estímulos como la estabilidad fiscal o los subsidios a las nuevas plantaciones. Mediante este sistema, el Estado Nacional debe devolver el 80% de los costos de implantación de los bosques cultivados a los pequeños productores, aunque por h o por b generalmente ese dinero llega tarde y mal hacia los productores.

“Esperamos que los legisladores tomen este tema urgente. Esta Ley de promoción es prioritaria para que el sector alcance un desarrollo en el país similar al que tienen países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay”, afirmó el presidente de AFOA, Osvaldo Vassallo, que además se quejó por la demora en los desembolsos. 

Ver Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

“Vemos que hay más de 80 millones de pesos en resoluciones de pago pendientes, de un presupuesto total de 100 millones para todo el ejercicio. Es preocupante”, comentó el forestador. En respuesta a este tema, informó AFOA, el presidente Macri consultó al secretario Etchevehere sobre la situación, mostrando su predisposición a la solución.

Al abrir la mesa, el coordinador empresario de la misma y representante de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, destacó que a un año de la primera mesa forestoindustrial se pusieron en marcha “10 Mesas Técnicas”,  que involucran a 8 ministerios y a varias provincias, para avnzar en los diferentes temas pendientes.

“Estamos trabajando en distintos aspectos que le den competitividad al sector y los logros están a la vista”, explicó Pereda, quien sitó como ejemplo que “logramos bajar los costos del puerto de Buenos Aires en un 35%”.

Todos los integrantes de la Mesa mostraron su entusiasmo con lo que llaman el Plan Estratégico ForestAR 2030, que tiene el objetivo de llegar para ese año a 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con un fuerte salto desde las 1,2 millones de hectáreas con que cuenta actualmente el país.  

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“Se ha comenzado un proceso con el objetivo de posicionar a la Argentina como una potencia forestal y foresto-industrial sostenible para el año 2030”, elogió Santiago Gowland, de la empresa TNC.

Por otro lado, el representante de la Superintendencia de Seguros mencionó que ya se están recibiendo fondos vinculados al “Seguro Verde”, que fue anunciado en junio pasado por Macri y es la gran esperanza de los forestadores para poder llegar a esas metas. Se trata de un mecanismo de financiamiento con “aportes voluntarios” de las compañías de seguros a las nuevas plantaciones, ya que esas empresas prometieron destinar el 1% del monto de las pólizas cobradas a los automovilistas como aportes a la Ley 25.080 en una suerte de “compensación por la mitigación de los árboles a los gases que producen el efecto invernadero”.

“Este mecanismo cubriría la falta de presupuesto del Estado Nacional, garantizando el cumplimiento de la Ley y alcanzando la meta fijada de 700 mil nuevas hectáreas de superficie forestada en 2030, pasando de 1,3 a 2 millones”, se sinceró el titular de AFOA.

Macri, por un rato, pudo distraerse escuchando hablar de los temas de competitividad sistémica que quiso impulsar desde que comenzó su gestión con este tipo de  mesas. Luego volvió a la coyuntura, su gran dolor de cabeza.

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