“Es la multa ambiental más grande que hay en Argentina”, manifestó el director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, en diálogo con el programa radial Pasaron Cosas.

“Las multas se notificaron la semana pasada y el valor lo establece la Ley Nacional que equivalen a 1.000 sueldos básicos”, remarcó el funcionario respecto al monto que las empresas -entre ellas las grandes multinacionales del sector agrícola- deberán pagar por incumplir los procedimientos estipulados en la Ley Nacional 27.279. Es la que sancionada en 2016 obligó a los fabricantes de agroquímicos a hacerse cargo de montar un sistema para retirar de los campos los envases usados de agroquímicos, de modo de minimizar el impacto ambiental.

Frente a esa exigencia, lo que hizo la industria en estos años fue asignar esa tarea a una fundación integrada por las propias empresas, llamada Campo Limpio, que comenzó a inaugurar centros de acopio transitorio (CAT) de esos bidones plásticos, muchos de ellos de forma consensuada con la propia OPDS que ahora multa a sus empresas asociadas. Otra curiosidad: la inmensa mayoría de esos CAT están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Campo Limpio informa que en los últimos tres años recolectó un total de 1,95 millones de kilos de plásticos y en su estadística muestra un rápido crecimiento de esta tarea, pero se ve que para el gobierno de Axel Kicillof este ritmo no es suficiente. “El cuerpo encargado de investigar por parte del organismo está recorriendo toda la Provincia y labrando actas. Hay casos donde estos envases fueron abandonados al costado de una escuela rural”, denunció el titular de la OPDS, metiendo el dedo en la llaga.

En un informe, el organismo ambiental explicó que “los restos de producto que contienen estos recipientes los hacen peligrosos para la salud humana y el ambiente. Cuando no se gestionan adecuadamente, estos envases son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a residuos urbanos o en cualquier sitio. En otros casos son vendidos ilegalmente a acopiadores no habilitados y terminan así en circuitos de reciclado de plásticos comunes, lo que genera presencia de agroquímicos en productos elaborados con plástico reciclado como vasos, cubiertos descartables o juguetes”.

Esta es la foto que ilustra el comunicado oficial:

Según los datos que se manejan oficialmente, en 2019 fueron más de 70 las empresas de agroquímicos que comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico en el agro bonaerense. “De este volumen total, la cantidad de envases recuperados en 2020 fue del 8%”, denunció la OPDS. Ciertamente, en 2019 comenzaba la tarea de campo Limpio y esas cifras pueden haberse modificado en la actualidad.

Además el organismo señaló que “más de 30 empresas se encuentran en falta por no haber presentado su declaración jurada anual indicando la cantidad de envases de agroquímicos puestos en el mercado provincial en 2019”.

En su informe OPDS establece un punto flojo en la estrategia del sector por cumplir con la Ley de Envases Vacíos. Reveló que a las empresas conocidas y agrupadas bajo el paraguas de Campo Limpio se suman “otras más de 200 pequeñas y medianas empresas fabricantes e importadoras de productos agroquímicos que no acreditan sistema de gestión alguno, lo que impide a las autoridades tener el registro total de envases comercializados”.

Como sea, la información dura es que el organismo ya envío cartas documento a 107 empresas. Y luego del descargo que realizaron ante el organismo, se definió el tipo de sanción y el monto de las multas correspondientes según cada caso.

“El organismo provincial continuará con el procedimiento para notificar a las más de 200 empresas que no acreditan sistema de gestión. Es la primera vez que se notifica y sanciona a empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios en el territorio nacional”, destacó la comunicación oficial.

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Con el debate iniciado esta semana en la Legislatura provincia, uno de los que se puso a seguir este tema con atención es el periodista agropecuario Esteban Ocerín, del programa Pampa Rural de LU37 radio General Pico. El colega opinó a Bichos de Campo que, “a pesar de ser una ley vieja, en su momento fue pionera en Argentina, y es dentro de todo una muy buena ley de regulación de aplicación de agroquímicos en La Pampa, que salvaguarda la protección de la salud humana y de los ecosistemas. De todos modos está bueno que se llame a un debate integral para aggiornarla”, aclaró.

Ocerín precisó que el gobierno provincial “escucha a los grupos ambientalistas y pretende dar respuesta a ese sector que reúne un buen caudal de personas. Por eso decide tomar una medida y enfrentar un tema complejo como el cuidado del medio ambiente, que también está instalado a nivel de otras provincias y a nivel nacional”.

Pero para el periodista, “se trabaja con una cámara de legisladores que no tiene conocimientos al respecto, circunstancia por la cual se dificulta una rápida negociación. Deberían saber que en el campo hay muchos profesionales que se actualizan de modo permanente y aplican conocimiento a lo que hacen”.

A nivel agropecuario, uno de los cuestionamientos que se hacen al proyecto de ley, apunta a las distancias que se pretenden establecer para prohibir las aplicaciones terrestres alrededor de las zonas pobladas, las cuales deberían ser de 500 metros. Para las aplicaciones aéreas, el gobierno pampeano impulsa una distancia mínima de 3.000 metros del ejido urbano.

Frente a esta demanda, que suena exagerada para el sector, “los productores rurales pretenden que se les permita realizar aplicaciones terrestes a sólo 100 metros del ejido urbano y de 1.000 metros para las fumigaciones aéreas”, explicó Ocerín.

“Los reclamos más intensos provienen de los federados, quienes sostienen que con una restricción de estas características a un productor que, por ejemplo, dispone de 150 a 300 hectáreas, le comen su economía. Por eso creo que el tema de las distancias de aplicación será un punto a negociar y revisar”, agregó el periodista pampeano.

Para el tratamiento de la ley, la modalidad de trabajo a nivel legislativo, se realizará a través de dos comisiones, una con técnicos y productores, y la otra con diputados de la comisión de Agricultura, los cuales trabajarán junto a sus asesores para hacer, en ambos casos, aportes sólidos y sustentables.

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