“La reglamentación es muy diferente a lo que plantea la ley”, aseguró a Bichos de Campo Manuel Ron, director de la empresa cordobesa Bio4, productora de bioetanol de maíz. “La ley planteaba una amenaza para el bioetanol de maíz por la baja del corte obligatorio y la reglamentación de alguna manera la salva; os deja mejor parados que la ley misma”, añadió.

El decreto mantuvo el precio del litro de bioetanol de maíz destinado a la mezcla con nafta en 59,35 pesos por litro, el nivel vigente desde el mes pasado, pero ató la evolución del mismo a los incrementos porcentuales registrados en el combustible equivalente comercializado por la compañía con control estatal YPF.

El decreto publicado hoy aclara “que los precios del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz serán actualizados mensualmente por esta Secretaría (de Energía) y publicados en su página web con la misma temporalidad, de acuerdo a la variación porcentual del precio en el surtidor de las naftas comercializadas a través de las estaciones de servicio de propiedad de la empresa YPF SA, para lo cual se considerará el promedio ponderado de las ventas de nafta Grado 2 y Grado 3 llevadas a cabo por dicha empresa en los últimos doce meses”.

“Esa resolución es, en buena hora, superadora a lo que plantea el texto crudo de la ley, que por lo pronto planteaba algunas amenazas que no se han dado”, aseguró Ron. ¿A qué amenazas se refiere? A la cláusula de la ley que indica que, sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría de Energía, el porcentaje del corte obligatorio de nafta por bioetanol de maíz puede bajar del 6% al 3% en caso de considerarlo necesario. Pero, afortunadamente, el decreto no hace referencia alguna a esa reducción, aunque, claro, la norma otorga esa potestad al Poder Ejecutivo y, como tal, es un riesgo latente para la industria del etanol maicero (que no comprende a la que emplea caña de azúcar para elaborar el biocombustible).

Un decreto presidencial ató los precios del bioetanol a la evolución de la nafta, pero habría desarticulado el recorte a las fábricas cordobesas

Aún así, si bien el decreto otorga un respiro en lo que respecta al corte obligatorio, lo cierto es que el precio fijado en 59,35 pesos por litro deja a la rentabilidad al límite. “Ese valor nos permite trabajar, la rentabilidad no es la que necesitamos para hacer más inversiones, pero nos permite seguir trabajando”, sostuvo el director de Bio4. “Creo que hubo alguna revisión de lo que estaban planteando. Reconsideraron algunos aspectos”, concluyó.

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Fue un encuentro de necesidades compartidas el que se produjo en Córdoba. Hasta ahora, el gobierno local venía mostrándose a favor de las posiciones de los dirigentes agropecuarios, pero nunca antes como ahora el gobernador Schiaretti se puso al frente de esos reclamos. La razón puede buscarse en la necesidad de remontar el resultado electoral negativo que el peronismo provincial obtuvo en las PASO.

La Mesa de Enlace, por otro lado, viene buscando apoyo de los mandatarios provinciales en su cruzada para que el gobierno nacional de marcha atrás con el cepo a la carne que implementó en mayo pasado, y que recortó las exportaciones alterando los mecanismos normales del mercado ganadero. Schiaretti fue la primera parada de una gira que no parece vaya a seguir con facilidad porque otros mandatarios peronistas están cerrando filas con la Nación luego del recambio de gabinete. Por caso, el santafesino Omar Perotti declaró en las últimas horas que “del decreto inicial y de cepo quedó muy poco; porque desde aquel momento de cierre, todas las conversaciones fueron permitiendo que las distintas cuotas de exportación se vayan manteniendo”.

Para los ruralistas, esta lectura no es la adecuada. Llevando la voz cantante tras la reunión con Schiaretti, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, explicó que “la limitación a la exportación de carne vacuna es de una gravedad inconmensurable, que sin duda afecta al sector agropecuario pero también a las provincias que tienen producciones ganaderas”. También mencionó el daño a la propia gestión nacional, por tanto, “los recursos por exportaciones hoy más que nunca son importantes”.

Pero mucho más duro que los propios ruralistas estuvo el gobernador, quien varias veces denominó a los presidentes de CRA, la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro como “los amigos de la Mesa de Enlace”.

¿Qué dijo Schiaretti?

“El cepo a la carne debe ser levantado de inmediato. Siempre que se utilizó esta medida, la carne terminó siendo más cara para los argentinos”, en referencia al periodo 2006/2015, cuando el primer goberno kirchnerita también trababa los embarques de ese alimento. En ese sentido el cordobés recordó que en ese lapso histórico la inflación general de precios fue del 800%, mientras que la carne vacuna aumentó 1.800%.

“Fue mucho peor el remedio que la enfermedad. Y repetir errores redunda en contra del pueblo argentino”, estableció Schiaretti.

En línea con lo que su ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso,  había anticipado días atrás a Bichos de Campo, el gobernador también reclamó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que ponga en marcha un cronograma de reducción paulatina de las retenciones a la exportación de todos los productores del agro, con la soja a la cabeza pues es la que más tributa, un 33%.

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“Las retenciones son un mal impuesto, son un impuesto a la producción y hay que eliminarlas gradualmente”, afirmó el gobernador, que incluso no llegó a interpretar la cifra de dinero que los productores de Córdoba cedían a las arcas nacionales por esta vía. Para este año estuvo claro que serían unos 270 mil millones de pesos. Pero el problema se produjo al leer la extraordinaria cifra acumulada en los últimos 14 años. “Es un 2,luego viene  un 7 y doce números atrás” se disculpó el gobernador, que luego corrigió hablando de 2 billones y 700 mil millones de pesos.

“Todos esos recursos, si se hubieran quedado en Córdoba, significan más producción y empleo”, destacó Schiaretti, quien elogió a los productores como un inversor casi compulsivo: “Cuando le va mal aprieta los dientes y sigue trabajando, pero cuando le va bien nunca se lleva la plata afuera y a los sumo invierte en una casita en las sierras y en un departamento en la ciudad para que estudien sus hijos”.

Otro reclamo que levantó el gobernador cordobés fue la derogación de la Ley de Biocombustibles que aprobó el Congreso este año con apoyo del núcleo kirchnerista y que favorece a las petroleras al reducir potencialmente los porcentajes de cortes con bioetanol de maíz y biodiésel de soja que deben utilizar para el corte obligatorio de los hidrocarburos.

“Hay que cambiar la ley de Biocombustibles. Lo menso que pedimos los cordobeses es que los biocombustibles de soja y maíz tengan el mismo tratamiento que tiene el de la caña de azúcar, para la cual no queremos que baje, queremos sino el mismo tratamiento”, explicó el gobernador. Se refería a que el corte con bioetanol de caña se mantuvo en el 6%, para asegurar el acompañamiento de los legisladores de las provincias del NOA.

Finalmente, Schiaretti aprovechó la tarima y reclamó que se eliminen de inmediato las retenciones a dos economías regionales importantes para su provincia: la industria láctea y el maní.

Frente a semejante diatriba del gobernador a favor de los intereses del sector, a los dirigentes de la Mesa de Enlace les quedó muy poco para decir. Elbio Laucirica, de Coninagro, explicó que el nuevo ministro de Agricultura nacional, Julián Domínguez, será considerado un buen interlocutor del agro, en la medida en que “tome las decisiones que debería tomar”. Y Nicolás Pino, de la SRA, explicó que continuarán con el “plan de concientización” para explicar el daño que las políticas nacionales están provocando al entramado productivo.

Por ahora solo se sabe que la Mesa de Enlace sería convocada la semana que viene por las nuevas autoridades de Agricultura. “Hoy ya están trabajando los equipos técnicos de las cuatro entidades con el equipo técnico del Ministerio. Vamos a actuar con muchísima responsabilidad en las acciones a tomar”, destacó el dirigente rural sobre la posibilidad de iniciar medidas de protesta.

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Aún habiendo aportado rigurosamente durante la gestación de la nueva ley asesorando a la industria, la mayoría oficialista se impuso y hoy Molina se toma el tiempo de explicarle a Bichos de Campo, en un castellano que entendemos todos, qué nos dice entre líneas el texto de la nueva normativa.

-¿Ne le gustó cómo quedó la nueva Ley de Biocombustibles? ¿Qué tiene de diferente con la que ya regía?- le preguntamos.

-Aquel proyecto de ley que se convirtió en la Ley 26.093 tuvo origen en el senador Luis Falcó que recibió el apoyo de los principales funcionarios del gobierno y obtuvo un gran consenso que la nueva ley no tiene. La rechazó el grueso del arco de la oposición, la han criticado con fuerza legisladores del propio oficialismo, la rechazaron la mayoría de las entidades vinculadas a la actividad y hasta el Episcopado Argentino con respaldo del Papa Francisco. La nueva ley tiene una catarata de defectos, que muy lejos está de hacerla superadora de la 26.093. Debemos considerar que se eliminó el régimen de promoción y la ley sancionada tiene solo el alcance de un régimen regulatorio.

-¿Por qué esta ley, a tu juicio, no protege a las pymes?

-Se reiteran mensajes a la opinión pública, valorando que la nueva ley protege a las pymes productoras de biodiesel. Pero en primer lugar debemos tener en cuenta que en su texto no hay una sola mención a las Pymes, su acrónimo fue eliminado. Por otra parte, al establecerse una distribución de cupos de biodiesel hasta 50.000 toneladas anuales por empresa, en caso que la demanda lleve a una utilización plena de capacidad instalada, la facturación derivada superará con creces el límite de ventas que establece la Resolución 220/2019 del Ministerio de Producción, que regula el encuadre de las pymes. La máxima categoría para ser considerado pyme implica que se facture 3.955 millones de pesos por año, al tipo de cambio de hoy serían 40 millones de dólares.

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-¿Es decir que se habla mucho de Pymes pero la ley no define nada a favor de las Pymes?

-La realidad le termina resultando incómoda a muchos agentes económicos y no sería de extrañar que pretendan que se cree la figura de la “pyme productora de biodiesel”, para lograr un “traje a medida”. Tampoco existen los grupos económicos buenos o malos por el hecho de ser más grandes o menos grandes, o ser nacionales o extranjeros, quienes así lo piensen, están construyendo un propio relato de manera de “llevar agua para su molino”. Pero resultaría anticonstitucional que una empresa productora de biodiesel, por el sólo hecho de tener una capacidad instalada mayor a 50.000 toneladas anuales, no pueda participar del abastecimiento del mandato de corte. Peor aún es que esa empresa quede afuera, mientras haya grupos económicos solapados como pymes, que reciben varios cupos para sus fábricas controladas.

-Se discute bastante la baja en los porcentajes de corte, y hay quienes aún consideran que los mismos no bajaron. ¿Cómo ves eso?

-La Ley 26.093 estableció inicialmente un contenido mínimo de un 5% de biodiesel en el gasoil, a través de sucesivas normas complementarias emitidas durante los dos gobiernos de Cristina de Kirchner, ese piso fue elevado hasta un 10%. Estas normas son ahora ignoradas por el oficialismo. A la luz de lo establecido ahora se viola el principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental 25.675 en el Acuerdo de París, entre otras normas. Esa reducción del contenido de biodiesel en las mezclas, que puede llegar un piso de un 3%, por debajo incluso del mínimo original del 5% establecido en 2006, es inconstitucional.

-¿Y por qué lo bajarían?

-En una entrevista concedida la semana pasada, el Ministro de Producción, Matías Kulfas justificó la baja del corte en el hecho que no veía a los biocombustibles liderando el proceso de transición energética y ante la falta de divisas, es mejor que se exporten los commodities agrícolas como tal y no se usen localmente como ingredientes de los combustibles minerales. A buen entender, pocas palabras: La nueva ley, baja o intenta bajar, los cortes de combustibles minerales con biocombustibles.

-¿Y por qué entonces si todo es tan claro algunos todavía dicen que el corte no se bajó?

-Cuando vas a cortar un combustible, ¿sobre qué base lo haces? El porcentaje medido sobre una cantidad de combustible fósil o mineral. ¿Cómo se hace la cuenta? Las petroleras informan su demanda de gasoil y sobre esa hay conceptos que no están sujetos a cortes porque así lo estableció la Secretaria de Energía. Por ejemplo los banker, que es el combustible que utilizan las embarcaciones de cabotaje e internacionales, y el “primer llenado” que se le da a un vehículo nuevo. A cifras de 2019, en Argentina se utilizan 13.600 millones de litros de gasoil por año. De todo ese gasoil que se consume hay 600 millones de litros que no se cortan. Entonces te quedan 13 millones. El porcentaje de corte es sobre 13 millones y no sobre 13.600. Eso era así antes y ahora tampoco cambió. Lo que cambió es que antes era el 10% de 13 millones y ahora es el 5%.

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-Esto entonces afecta efectivamente a las pymes…

-En la mezcla total gasoil-biodiesel sujeta a corte, no se computan los consumos de bunker (combustible para barcos), generación eléctrica, minería, primera carga (a los vehículos). La  nueva ley no es distinta a la reglamentación actual con relación a que hay conceptos no sujetos a corte, como el segmento de consumo de bunker. Por lo tanto, no es cierto que se fije en aquélla un porcentaje menor pero sobre una base mayor a la fijada por las normativas complementarias de la Ley 26.093. Además, hay que tomar en cuenta que encima la Secretaría de Energía tendrá la facultad para reducir ese corte al 3% de manera prácticamente discrecional -dada la vaguedad de la disposición-, facultad que jamás fue prevista en la Ley 26.093, salvo cuando se presenten situaciones de escasez y en tanto y en cuanto tal circunstancia ocurra, por cortos períodos de tiempo.

-¿Cuál es el escenario actual entonces para la industria del biodiésel?

-Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, la baja en el contenido de biodiesel en el gasoil fue muy pronunciada. En 2020 alcanzó al 4,5% aproximadamente, efecto generado por la pandemia. Además, los refinadores de petróleo no cumplieron con el mandato y la Secretaría de Energía no lo hizo cumplir. Esta cuestión fue la que redujo el corte del 10 % obligatorio al 4,5%, poniendo al segmento de la industria de biodiesel que abastece al mercado interno al borde de la bancarrota. Esto no terminó en diciembre de 2020, sino que por el contrario se agravó, ya que el contenido promedio de biodiesel aportado por empresas pymes y grandes no integradas en su conjunto, se redujo al 3,6% en el período enero-mayo de 2021, en un claro incumplimiento de la normativa vigente. Todos estos números pueden comprobarse analizando las estadísticas oficiales.

-¿Entonces la nueva ley consagra una reducción del corte que ya se estaba dando de hecho?

-La capacidad ociosa del segmento de la industria que abastece al mercado interno en este momento es elevadísima y podría agravarse si la facultad de reducir el corte a 3% se ejerce. El panorama es sombrío y ya son varias las empresas que están temporalmente paradas, que vienen sobrellevando fuertes pérdidas.

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-Desde el sector petrolero impulsaron esta rebaja del corte porque argumentan que impacta en los precios de la nafta y el gasoil. ¿Es así?

-A lo largo de poco más de once años desde la entrada en vigencia de los mandatos de corte, gracias a la desgravación que frente a los Impuestos a los Combustibles y el CO2 que gozaron el biodiésel y el bioetanol, éstos han tenido en promedio precios más bajos que los combustibles minerales con los que se mezclan. Por tal motivo, las expresiones respecto a que la nueva ley viene a cuidar el bolsillo de los argentinos, nos son ciertas. La deteriorada situación económica del argentino promedio se cuida de otra manera, estableciendo un programa económico sólido, que defienda a la inversión para que haya más empleo y los ingresos de los asalariados, que lamentablemente están en pisos históricos en términos de dólares. Si el precio de los biocombustibles hipotéticamente subieran un 100% sobre los niveles actuales – o sea, se fueran al doble, algo imposible a corto plazo-, su impacto en en el Índice de Precios al Consumidor sería de tan solo un 0,8 %, un guarismo insignificante.

-¿Entonces qué interés defienden las petroleras?

-Es sabido que los refinadores de petróleo obligados a incorporar biocombustibles constituyen un mercado oligopólico. Cualquier esfuerzo que haga la industria de biocombustibles manteniendo sus precios muy bajos, no se traslada al consumidor final, quien en cambio soporta los constantes aumentos de precio en surtidor. Los precios de los combustibles minerales, dependen de la evolución del precio del petróleo crudo, el cual está dolarizado y toma como referencia el Brent, del mismo modo que está dolarizado el precio de las commodities agrícolas usadas para producir bioetanol de maíz y biodiesel. Y el tipo de cambio sube constantemente por la política aplicada por el BCRA, consistente en pequeñas subas diarias. Por lo tanto, constantemente, hay presión a la suba del precio de los combustibles en surtidor, sin soslayar la presión que ejercen los impuestos específicos. Los biocombustibles tienen una responsabilidad poco significativa en la formación de precios en surtidor.

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Con esta nueva normativa, que le da marco legal al sector por los próximos 10 años, al achicarse el negocio se pone en riesgo el funcionamiento de muchas empresas pymes nacidas en los últimos 15 años. La producción de biocombustibles fue quizás la última industria que se creó en la Argentina. Surgió en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner al calor de la ley 26.093 y se tradujo en el desembolso de inversiones millonarias.

Alejandro Abad, presidente de Cepreb, la Cámara de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles, dijo que “el lado positivo” de contar con una nueva ley es “que da marco regulatorio para que exista el sector por 10 años”. Pero de inmediato aclaró que “la parte negativa es que hay un retroceso importante en los volúmenes (de producción) y eso hará que la plantas produzcan al 50% o lo que es peor, que gran cantidad de ellas cierren”.

Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:

El empresario explicó que en el país se instalaron 26 pymes productoras de biodiésel, algunas cerca de los puertos pero otras -por el incentivo fiscal que dio la ley- en provincias periféricas con la intención de mejorar su desarrollo industrial. Hay fábricas en las provincias de San Luis o La Pampa que “son mucho más vulnerables y no pueden tener el mismo nivel de eficiencia por los costos logísticos”.

Abad no pierde las esperanzas de una corrección en este camino de achicamiento. “Ojalá haya un camino por el cual a través de reglamentaciones se puede subir el corte, que no solo es un tema es un desarrollo de estas 26 empresas sino por el cumplimiento de compromisos (asumidos por el país) en cambio climático, energías renovables. Cuando el mundo hace pasos hacia adelante nosotros hacemos pasos atrás”, explicó.

El titular de Cepreb destacó que la política con esta ley terminó favoreciendo a las empresas petroleras, que ahora tendrán una porción mayor del mercado de combustibles en perjuicio también de otras industrias que se desarrollaron de la mano de las de biocombustibles.

“Con la ley anterior se desarrollaron 26 empresas y las que proveían materias primas para esas industrias, como el metilato de sodio; se dio salida al metanol que produce YPF; se establecieron empresas que procesan subproductos como la glicerina. Era un mercado virtuoso de industrialización y cuesta creer que se desande ese camino”, lamentó el empresario.

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De todos modos, hay sectores que celebraron la nueva Ley de Biocombustibles. Uno de ellos fue el azucarero, que no sufrirá recortes y mantendrá su participación del 6% en el corte de la nafta con bioetanol.

El ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Simón Padrós, afirmó que la nueva ley “es una buena noticia para Tucumán y la región del noroeste argentino, porque es donde están presentes 20 ingenios, 15 en Tucumán, tres en Jujuy y dos en Salta, y además hay 16 destiladoras de alcohol y 12 deshidratadoras”, destacó el ministro tucumano.

Padrós detalló que “Tucumán tiene, de acuerdo con el último registro cañero, más de 7.000 productores cañeros, y este sector sucroalcoholero genera más de 65.000 puestos de trabajo. “La nueva ley le da previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector que, por otro lado, hizo grandes inversiones durante los 15 años de vigencia de la ley anterior”.

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Otro actor de la cadena productiva de biocombustibles que celebró a pesar de la reducción del negocio fue la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER). Consideró que la nueva ley “brindará certidumbre y previsibilidad a un sector clave de la cadena de agregado de valor de la agroindustria, como lo es la industria pyme de biocombustibles”.

“CASFER confía que la nueva ley sea promulgada y reglamentada con la mayor celeridad posible por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Las pymes de biocombustibles constituyen un vector fundamental de agregado de valor en la cadena de la agroindustria, contribuyendo al desarrollo de las economías regionales, diversificando la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, sustituyendo importaciones de combustibles fósiles y preservando el ambiente y la salud”, indicó esa entidad en un comunicado.

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-¿El gobierno de Alberto Fernández en materia de política de biocombustibles?

En el Boletín Oficial se publicó esta madrugada de martes el decreto 456/2021, que prorrogó por segunda vez la ley de Biocombustibles 26.093 vigente desde 2006 porque el oficialismo en el Congreso no llegó a tiempo a aprobar un régimen diferente, propuesto desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El alargamiento de los plazos -que en realidad intenta cubrir a los funcionarios de eventuales juicios-, regirá hasta el “27 de agosto de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero”.

La frase “lo que ocurra primero” ya había sido utilizada hace tres meses en otro decreto, cuando perdió vigencia la vieja Ley de Biocombustibles aprobada en el gobierno de Néstor Kirchner el 12 de mayo pasado. Entonces se decidió una prórroga por 90 días que vencieron ahora, 12 de julio. Por eso se prorroga. Porque sin un nuevo marco legal, solo queda el vacío.

Como no se logró aprobar el nuevo marco legal para el corte de combustibles fósiles con combustibles renovables, ahora se decidió estirar la vida del viejo régimen hasta el 27 de agosto. Por 45 días, la mitad de antes. Quizás la próxima vez la prórroga salga por 22 días y la otra por 11 días, salvo que antes el Congreso vote una nueva ley. “Lo que ocurra primero”. El nuevo régimen de los kirchneristas tiene medio voto de Diputados y está encaminado en el Senado.

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El Senado -presidido por Cristina Kirchner- había votado en octubre de 2020 una prórroga del actual sistema de promoción de los biocombustibles, considerando que era lo más recomendable. La vieja ley consiste en fijar un buen precio regulado para el biodiesel de soja que se vende para cortar al 10% el gasoil de petróleo; y para el bioetanol que proviene de la caña de azúcar y el maíz para cortar al 12% la nafta proveniente del petróleo. Así, se va morigerando el efecto claramente contaminante que tienen los combustibles fósiles. Se sabe: el petróleo viene de los dinosaurios.

Pero en el verano pasado, a pesar de las promesas de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialismo cambió de opinión. Fue “enderrepente”. De golpe y porrazo, el bloque del Frente para la Victoria -liderado por Máximo Kirchner, el hijo de Néstor y Cristina- alteró su posición, a tono con el lobby de las petroleras (en especial la semi-estatal YPF, que es la principal vendedora de combustibles fósiles y por lo tanto la principal compradora de combustibles renovables para el corte).

El nuevo proyecto del oficialismo para actualizar el régimen de promoción de los biocombustibles fue presentado pocos días antes del vencimiento de la vieja ley. Y por eso no quedó más remedio que prorrogar una primera vez el vetusto régimen, condenado a muerte, por 90 días.

Para aprobar algo diferente y más o menos digno, aunque funcional a los intereses petroleros, Máximo estiró la vida útil de algo que Cristina primero pensaba extender en el tiempo, y que había nacido supuestamente virtuoso en tiempos de Néstor. Ni Shakespeare.

No hubo casi debate ni en Diputados antes, cuando se logró la media sanción, ni ahora en el Senado, donde alteraron su vieja decisión de octubre de 2020 para ingresar en la votación exprés del proyecto emanado de Diputados. Pero a pesar de tanta disciplina y tan poca discusión no llegaron con los tiempos. Ni para hace caso parece que sirven.

En los próximos días se supone podrán los senadores aprobar una nueva norma que va a contramano del mundo, literal, porque avala la posibilidad de achicar el porcentaje de corte de los combustibles convencionales, en vez de aumentarlo como hacen muchos otros países.

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Son decididamente malos. Como los 90 días ya se extinguieron debieron volver a prorrogar un poquitito más la vigencia de la ley de Néstor, que será sepultada por su propio hijo y su bloque, ante los ojos pasivos de la madre. Ni Shakespeare te hacía una novela como ésta. Ahora la traición, o el viraje de la política seguida hasta ahora, debe consumarse antes del 27 de agosto.

“Cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Marco Regulatorio de Biocombustibles en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector, en consonancia con las necesidades energéticas del país”, dice el nuevo decreto, que concede este mayor plazo “con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión”.

La segunda prórroga destinada a darle más plazo a Máximo y Cristina para aprobar una nueva ley de biocombustibles fue firmada por Albero Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Nada, solo eso.

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Ese proyecto de ley, que esta semana comienza a debatirse en Senadores, dice que será factible reducir de 6% a un mínimo de 3% el corte de naftas con bioetanol de maíz, y del 10% actual a 3% el corte del gasoil con biodiésel de soja. Por eso se espera una drástica caída de la demanda de esos dos biocombustibles en el mercado doméstico.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, evaluó que si esta iniciativa se transforma en ley “vamos a trabajar al 40/50% y algunas empresas al 20/25%, lo que implica que van a quebrar o cerrar la mayor parte del año. Seguramente cerrarán 2 o 3 empresas al menos y el resto se dedicará a sobrevivir”.

Escuchá la entrevista completa:

Adam destacó que en la provincia de Córdoba, donde están radicadas 7 de las 9 empresas que hacen bioetanol de maíz, se invirtieron 600 millones de dólares desde que en 2006 la Ley 26.093 creó el régimen de promoción a esta industria que ahora se revisa en retroceso. Además advirtió que hay 5 mil puestos de trabajos directos e indirectos que están en riesgo.

“Es alucinante, incomprensible poner en riesgo (las empresas y empleos) en un momento de crisis económica. Es por falta de información, por no decir ignorancia, de los diputados sobre el impacto de los biocombustibles en las economías regionales”, dijo el dirigente sectorial.

Adam mencionó más posibles perjuicios de la nueva normativa, ya que la misma promueve la importación de combustibles contaminantes, lo que a su vez genera la pérdida de ingresos de divisas.

“En lo ambiental vamos en contra de todos los acuerdos climáticos que firmó Argentina, lo que es absolutamente anticonstitucional porque viola el principio de progresividad ambiental que deben tener todas las leyes”, indicó.

Para el directivo de la industria del bioetanol, la nueva ley “va a en contra de todo”. Por lo cual consideró que “debe haber un lobby petrolero que debe querer vender un poco más y ganar plata importando. No nos lo han dicho y no han dado explicación alguna (los diputados ) que no pueden argumentar nada en favor de esta ley retrograda”.

El referente del bioetanol de maíz además señaló que el proyecto de ley oficialista esconde el deseo de primarización de la economía argentina, ya que el mensaje que baja de las autoridades es que no se pretende el agregado de valor a los granos sino su exportación como materia prima. Pero mientras tanto, el discurso del progresismo es otro: “Se esconden detrás de relatos insólitos que chocan a los 2 metros”, sintetizó Adam.

También sostuvo que el país va en contra de lo que sucede en otros lados del mundo, donde el cuidado del medio ambiente es parte de la agenda central. “Alemania está duplicando el corte, lo mismo la India que lo llevó al 20% y Brasil lo tiene en 27,5%. Nosotros vamos marcha atrás”.

Hace unos meses, la Cámara de Senadores había prorrogado de forma unánime la Ley todavía vigente (venció recién en abril de 2021), pero luego entró por la ventana en Diputados el proyecto oficialista que sin mucho debate se votó de forma rápida y que ahora deberán discutir los senadores.

“Vamos a hablar con ellos para explicarles los problemas que tiene esta ley, para que al menos pase de ser un pésimo proyecto a algo aceptable. Esperemos que nos escuchen, como  no lo hicieron los autores de este proyecto de ley”, indicó Adam.

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El reclamo de la Región centro para que en el kirchnerismo termine con el suspenso y la ley se prorrogue -al menos hasta tanto se defina un marco legal más perfecto para los biocombustibles- se realizó n una reunión virtual de la que participaron unos 30 parlamentarios nacionales (senadores y diputados) y 70 entidades empresarias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

En las deliberaciones, los asistentes consideraron que se debe “discutir un nuevo marco normativo que regule los biocombustibles a futuro”, y que hasta que eso ocurra se “extienda el régimen actual para que se pueda desarrollar un debate con tiempo, en profundidad y con la participación del sector privado”.

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Un documento emitido luego del encuentro sostiene que “en Argentina hay más de 50 plantas productoras de biocombustibles radicadas en 10 provincias y corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley actual”.

También se recuerda que el proyecto para extender la vigencia de la norma fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero está pendiente su tratamiento en Diputados desde hace seis meses, y que el 25 de marzo hubo una sesión frustrada para debatir el proyecto en la cámara baja y que esa situación es “motivo de preocupación” para toda la región.

El texto lleva la firma de alrededor 70 entidades empresariales de las tres provincias. Entre ellas figuran Córdoba la Bolsa de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes, Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas.

Por Entre Ríos avalaron la Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Centro de Acopiadores de Granos, Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros, Asociación de Promoción Económica Regional y la Unión Industrial.

Finalmente, por Santa Fe firmaron la Cámara Argentina de la Construcción, Confederación de Asociaciones Rurales, Consejo Regional Económico del Norte, Federación Industrial, Federación de Centros Comerciales, Asociación de Entidades Empresarias y la Federación Gremial de Comercio e Industria.

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En un comunicado, la entidad cañera expresó su malestar por la falta de tratamiento de la prórroga de la ley 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en la Cámara de Diputados, donde la semana pasada fracasó una sesión por la ausencia del bloque oficialista. “El proyecto para extender la vigencia de la norma, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación hace cinco meses, vence el próximo 12 de mayo”, recordó la entidad.

“La situación atenta contra el futuro desarrollo de la producción y profundizaría la pobreza en la región”, advirtió la entidad.

Los cañeros de Salta y Jujuy, que abastecen a ingenios que producen el bioetanol (como Ledesma en Jujuy y Tabacal en Salta), criticaron “la actitud de algunos legisladores nacionales de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán por no haber acompañado esta iniciativa muy importante para miles de productores y familias trabajadoras que dependen de esta actividad”.

¿Por qué el gobierno argentino quiere desarmar el programa de promoción de biocombustibles?

“Estas son señales que desalientan las inversiones, retroceden y empobrecen aún más al Noroeste ya empobrecido. En cualquier parte del mundo, generar un puesto de trabajo cuesta mucha inversión y esfuerzo, nosotros nos damos el lujo de perderlos. Repetimos un esquema de inversión/desinversión constante en pos de intereses espurios”, refiere el comunicado.

De cara al inicio de una nueva zafra cañera en la región, dijeron que “los productores viven horas de incertidumbre porque no saben con certeza cuál será el destino de la producción” y “porque las plantas productoras de biocombustibles corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley, y como consecuencia se perdería los 200.000 puestos de trabajo que genera el sector”.

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La historia del desarrollo puede pensarse como una historia de la energía.

En ese sentido, una mirada del momento actual del ciclo de los hidrocarburos amerita incorporar al debate energético tanto las cuestiones coyunturales como las tendencias estructurales.

El desarrollo, y sobre todo el perfeccionamiento, de los combustibles de origen biológico no es solo una apuesta por la diversificación de la matriz energética, sino un capítulo de la profunda readecuación de la matriz económica a requerimientos de la sostenibilidad ambiental y garantías de provisión futura.

En las últimas décadas se profundizó una tendencia que venía en crecimiento desde los años ’70: la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles para la producción energética. El contexto, con el aumento considerable del precio del petróleo y las mejoras tecnológicas en las alternativas bio, intensificó esa tendencia. En nuestra región, Brasil –que en la década del ’70 importaba el 100% de su petróleo- fue pionero y desarrolló la alconafta, con el fin de bajar su dependencia externa.

En la Argentina, que tiene un abastecimiento recurrentemente insuficiente de petróleo y una alta disponibilidad de cereales y oleaginosas, se dio una demorada política clásica que garantiza lo que se denomina “cortea las naftas”, regulado por la ley de biocombustibles. La norma vence en mayo y, si bien se aprobó su extensión en el Senado, se demora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Detrás de ese “corte a las naftas”, existe un sector empresarial de bioenergía que se consolidó en los 2000 por el alto precio del petróleo. Un amplio tejido pyme, con desarrollo en Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires, se potenció y logró alcanzar, entre otros resultados positivos, exportaciones significativas (Ej: 1200 millones de dólares a USA).

Es cierto que existe un costo fiscal -al restringirle al fisco los nichos de exportación sobre bienes potencialmente exportables-; sin embargo, ese costo se traduce en creación de empleos de calidad, y fundamentalmente en la posibilidad de generar una transición energética controlada y no traumática, con un horizonte de descarbonización en el mediano plazo.

Si se tiene en cuenta la dependencia de Argentina en relación a la energía y los combustibles “no renovables”, es muy importante dar continuidad a la ley de biocombustibles. Cualquier proyecto de país necesita resolver sus problemas estructurales en el mediano y largo plazo.

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