En octubre del año pasado, la situación de emergencia seguía un continuado y hasta se había agravado por la pandemia. Entonces el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.569, que estiró la vida útil de la primera norma durante un año más y extendió los beneficios a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. Con esta pequeña reforma, la ley alcanzaba también a la poderosa actividad limonera tucumana.

“Extiéndase por el término de trescientos 365 días desde su vencimiento el plazo previsto en el artículo 1° de la ley 27.507”, decía esta segunda ley de octubre pasado. Sin embargo, han pasado casi la mitad de esos días y nadie la puso en vigencia. Por lo tanto, los beneficios para estas economías regionales no se aplican.

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¿Qué beneficios? Pues no demasiados pero vitales. Al ser declarados en emergencia, los empresarios del sector citrícola pueden patear para más adelante (no ser eximidos) los denominados aportes patronales, que resultan bastante pesadas en una actividad que es mano de obra intensiva. Cuando en octubre de 2019 la AFIP reglamentó la primera de las leyes dispuso la prórroga para el pago de esas obligaciones y la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios de ejecución fiscal.

El problema es que ahora, en los próximos días, comienza la cosecha de naranjas y mandarinas en las provincias del NEA y el segundo episodio de la emergencia jamás se reglamentó. En Entre Ríos y Corrientes están los “primos pobres” de la actividad: hay unas 35 mil hectáreas que están distribuidas entre varios cientos de productores, que a la vez deben emplear a unas 20 mil personas de la región para esta actividad zafrera.

Santiago Caprarulo, de la Cámara de Exportadores de Citrus del Norte Argentino (Cecnea), contó a Bichos de Campo: “Simplemente debemos decir que es un tema muy menor pero no resuelto, que viene desde octubre del 2020 sin efectivizarse y ahora arrancamos la cosecha, movilizamos 20 mil personas y lo necesitamos. No podemos esperar más”.

¿Por qué es tan importante? Porque si no se reglamente esta ley los empresarios estarán obligados a afrontar las contribuciones patronales sin ningún tipo de prórroga. Y eso supone un costo inmediato cercano a los 100 millones de pesos.

El dirigente empresario no disimuló la molestia por la falta de profesionalismo en el estado, que pone en estado de zozobra a los productores. “Hay que andar cabildeando por las oficinas públicas para tratar de que salga algo que debería ser trabajo del Estado”, se lamentó Caprarulo. A su criterio, con la ley ya escrita y prorrogada, no debería hacer falta más que una breve resolución de AFIP para reestablecer su vigencia.

La cosecha y empaque de cítricos dulces suele extenderse por unos cinco meses. Hacia el final de la cosecha 2020, en agosto pasado, la Unión Europea (UE) le pegó un  palo al sector exportador al imponer controles de Mancha Negra, una enfermedad de los cítricos. El Senasa decidió paralizar las exportaciones.

El año pasado, además, el sector debió afrontar un aumento salarial importante y superior a la inflación, que llegó al 88% y también metió presión sobre los exportadores de naranjas y mandarinas. Los aportes patronales corren sobre esos nuevos salarios.

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“Este proyecto, que ya es ley, establece ahora que aquellos productores que tengan más de 1.000 hectáreas deberán aportar un 10% más sobre el impuesto inmobiliario anual, con la promesa de que ese fondo irá a Vialidad, cuando vemos que a ese sector le está llegando menos partida y además está totalmente desmantelada en la provincia”, dijo a Bichos de Campo José Ignacio Colombatto, médico veterinario y presidente de Farer, que es el brazo entrerriano de la CRA.

Para el productor, el de su provincia “es un Estado bobo, que vive de emparchar de modo permanente, sacando recursos de un lugar para trasladarlos a otros”.

“Con esta política no se va a ningún lado. Es más, se aumenta el costo político. En la provincia tuvimos que reconvertirnos en plena pandemia y los políticos no se bajaron un solo centavo de sus sueldos y siguieron agrandando el Estado. Es como que están viendo otra película”, se quejó el ruralista.

Escuchá la entrevista completa realizada a José Ignacio Colombatto:

Según el productor y dirigente rural, “pagamos el impuesto inmobiliario más caro del país, que este año aumentó el 50%. Venimos así desde la época del gobernador Urribarri”.

Colombatto explicó que “en teoría de lo que pagamos del Inmobiliario una gran parte tendría que ir a caminos. Peor la cosa no es así, porque si andás por cualquier departamento de Entre Ríos verás lo lamentable que son (esos caminos). Pero el Gobierno saca de ese impuesto para tapar otros agujeros negros que tiene dentro de la provincia”.

“Desde hace 30 años intentamos que en cada discurso de presidentes de las sociedades rurales el político entienda que acá no hay caminos, que cada vez cuesta producir más y que tenemos un Estado que nos asfixia en impuestos”, concluyó el dirigente de Farer.

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Pero la noticia para los productores no es esa, que era previsible, esperable. La noticia es que en el mismo artículo (el 48), el Congreso dispondría una rebaja de 4 puntos (del 12% al 8%) en las retenciones tope que tributaban hasta ahora los productos exportados por la minería y el sector petrolero. A esta situación se opuso en vano hasta último momento la diputada Elisa Carrió, que proponía como chicana invertir las alícuotas: que tributen un máximo de 8% la soja y el resto de los granos, y que el tope de 30% rigiera para esos sectores extractivos, que han vuelto a mostrar un poder de lobby admirable.

Hecha esta salvedad -que para nosotros es el corazón de la noticia (ganan unas pocas empresas concentradas a costa de la mayor recaudación que se espera de los productores agropecuarios)-, el texto de la Ley de Emergencia múltiple aprobado en la Cámara baja establece varias cosas. Son las siguientes:

El Poder Ejecutivo quedó habilitado para elevar del 30% vigente al 33% los derechos de exportación de las “habas de soja” (además de 12 a 15% las que tributan el trigo, el maíz y otros cereales). Esto, extendido a una cosecha de 55 millones de toneladas, implica a los valores actuales de la soja (370 dólares FOB) un aporte de 122 dólares por tonelada, es decir unos 6.700 millones de dólares anuales en total. Esa es la cifra que ceden los productores aunque usen su soja para alimentar sus gallinas, pues se les descontaría directamente ese 33% del precio interno de la oleaginosa.

De todos modos esa no será la recaudación del Estado con el tributo. ¿Por qué? Porque la suba operaría solo para los porotos de soja y no para los subproductos de la molienda, que quedan con un tope de 30%. Es decir, porque se reimplanta el “diferencial histórico” de retenciones a favor del aceite de soja y el harina de soja, principal producto de exportación de la Argentina. Así se favorece a otro puñado de empresas enormes, las cerealeras, pues parte de dinero adicional que está en discusión a partir de suba de 3 puntos adicionales al poroto de soja serían transferencias desde el productor primario a ese sector agroindustrial. Este diferencial, vigente desde los años 90, había sido eliminado por Mauricio Macri ane agosto de 2018.

Para que el proyecto avanzara en Diputados (donde logró ser votado con 129 votos a favor contra 107 en contra), el presidente Alberto Fernández ordenó incorporar un mecanismo de compensación a los pequeños productores y las cooperativas. Como este mecanismo técnicamente no puede ser establecer alícuotas diferentes de retenciones para esos actores, pues el tributo lo pagan los exportadores, se decidió crear un Fondo Solidario de Competitividad que será administrado por el Ministerio de Agricultura, y que debería tratar de “compensar” a los eslabones más débiles de la cadena agrícola.

Sobre este Fondo no hay demasiado que decir por ahora, pues la nueva ley no establece ni el modo de funcionamiento ni se sabe cuánto dinero recaudará ni cómo se repartirá. Se supone que se financiará con parte de la recaudación adicional de retenciones por subir 3 puntos a la soja. Tres puntos de retenciones a la soja equivales a unos 600 millones de dólares adicionales de recaudación, pero como la mayor parte de la soja se exporta como harinas y como aceites (que no tributan ese 3% adicional), la recaudación final sería muchísimo más baja.

De todos modos, con esta jugada el oficialismo no solo le dio argumentos a los diputados que dudaban de acompañar este proyecto y necesitaban pomposas justificaciones. El gobierno se anotó otro poroto político al virtualmente fracturar la Mesa de Enlace formada por las cuatro entidades nacionales del agro: Federación Agraria (que se supone representa a los productores más pequeños) y Coninagro (que agrupa a las cooperativas del agro) estuvieron negociando y aceptarían en principio esta fórmula.

“En el articulado de dicha norma (en referencia a la ley aprobada esta mañana) deberá estar incluida la segmentación impositiva que impulsa FAA, junto a la Mesa de Enlace, por la cual se trabajó intensamente y que permitiría compensación de retenciones a miles de pequeños y medianos productores”, dijo un comunicado federado tras una asamablea realizada en Alcorta, la ciudad santafesina donde se produjo una rebelión de chacareros hace mucho, en 1912. En rigor de verdad, nunca la Mesa de Enlace en conjunto expresó una posición conjunta.

Otro consuelo para algunos productores agropecuarios es que las economías regionales tendrán un techo de 5% en materia de derechos de exportación. De todos modos, como no está definido un listado concreto de “economías regionales”, quedó en un limbo la situación de varios de esos productos (como la lana, el maní, las legumbres, el arroz), que en el decreto de la semana pasada habían quedado con una alícuota del 9%.

Lo mismo sucede con las carnes y la leche en polvo, que a priori se supone seguirán pagando 9%.

Un punto más que la minería y el petróleo.

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Fernández, en una entrevista al programa Telefe Noticias, blanqueó: “Estamos pidiendo la facultad para aumentar tres puntos las retenciones”, al hablar sobre una serie de medidas económicas para mejorar la recaudación.

“Pero he dicho en campaña que vamos a tomar las medidas en conjunto; aspiro a que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del diálogo social, y la gente del campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa”, agregó, como para alivianar el anuncio de lo que se viene.

Días atrás, voceros oficiales habían instalado la idea de que se iba a conciliar con el sector un esquema de retenciones que premiara el agregado de valor, con alicuotas menores para los productos más elaborados. Esto da a pensar que la suba de retenciones al 33% que se propone para la soja, sería solamente para el poroto y no para el aceite y los derivados. Sería este el regreso de los “diferenciales históricos” de que gozaba la industria aceitera, y que eliminó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

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En base a dicho reconocimiento, el ministro bonaerense consideró que hay que extremar el trabajo para socorrer con medidas concretas a los productores afectados por la inundación antes y la sequía ahora. Y evaluó que las soluciones podrán ir llegando en un marco de diálogo entre el Gobierno y las entidades rurales. “Por eso yo creo que tuvimos un gran día el martes pasado, no solo por los anuncios que hizo la gobernadora sino especialmente con la reunión con la Mesa Agropecuaria Provincial, que sirvió para escucharnos de una manera distinta”, consideró Sarquís.

Escuchá el reportaje completo a Leonardo Sarquís:

Según el ministro, en dicha reunión hubo un clima adecuado como para encarar esta actual emergencia por sequía de modo diferente al de la queja y la confrontación. “El sector no estaba muy de acuerdo con lo que habíamos hecho en la parte impositiva, pero en los últimos meses hubo un trabajo muy intenso para recomponer este tipo de diálogo, que nunca se cortó. Lo interesante es que se pudieron reacomodar las cosas. Fue muy bueno que la gobernadora estuviera en el interior con la Mesa Agropecuaria”, evaluó.

Respecto de las medidas concretas anunciadas por el Gobierno provincial para atenuar el impacto de la falta de lluvias, el funcionario las dividió en tres ejes:

• En materia de infraestructura se anunciaron obras hídricas y un ambicioso plan para arreglar unos 12 mil kilómetros de caminos rurales troncales. “Buenos Aires tiene 105 mil kilómetros de caminos de tierra, de los cuales 25 son troncales. Nosotros vamos a invertir 1.300 millones de pesos para trabajar junto con los municipios”, que quedarían  a cargo del mantenimiento de otros caminos laterales o secundarios.
•  En materia crediticia, Sarquís confirmó que el Banco de la Provincia (BAPRO) mantendrá abierto el chorro crediticio para el sector. “Este auge del BAPRO no solo viene ahora con el tema de la emergencia, sino que ya hubo 60 mil millones de pesos puestos en el circuito productivo el año pasado”, indicó. La linea de Emergencia tendrá una ampliación de fondos, y otorga préstamos a cuatro años de plazo y -con ayuda del Gobierno Nacional- tasas que bajarán del 12% al 9%.
• En el tema impositivo se encuentran todavía las principales rispideces con las entidades, que han criticado fuerte el aumento de casi 50% en el impuesto inmobiliario rural 2018. “Nosotros comenzamos a cambiar algún tipo de impuestos con rebajas, por ejemplo en Ingresos Brutos, que hace treinta años que no sucedían”, se defendió Sarquís. Luego añadió que muchos productores quedarán al margen de las subas, ya que “Buenos Aires tiene 180 mil productores, de los cuales 40 mil productores no pagaran Inmobiliario Rural ni Ingresos Brutos. Son aquellos productores que tienen hasta 50 hectáreas o facturan menos de 3 millones de pesos” anuales. Además destacó que “los productores que tuvieron en emergencia el año pasado  van a pagar la mitad del impuesto inmobiliario este año”.

Sarquís también informó que el Gobierno Provincial convocó a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para el 12 de abril y que allí se decidirá sobre las declaraciones correspondientes por sequía en base a aplicar un “Indice Verde” confeccionado por el INTA. Luego, en la segunda quincena de abril, prometió volver a convocar a los ruralistas, para dar seguimiento a todos estas promesas.

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