El texto completo de la ley enmendada se puede encontrar en el sitio web del Congreso Nacional del Pueblo . 

Un resumen elaborado por AGNews afirma que las enmiendas introducidas a la Ley de Semillas fortalecen las disposiciones para la protección de los derechos de propiedad intelectual en la industria de las semillas en los siguientes aspectos:

• Amplía el alcance de protección y protecciones a través de la cadena de producción al derecho a nuevas obtenciones vegetales, extiende el alcance de protección desde los materiales de propagación de variedades autorizadas hasta los materiales cosechados. Y amplía las protecciones y la aplicación de la producción, la reproducción y las ventas para incluir ahora todos los aspectos del canal de comercialización desde la producción, la reproducción, el procesamiento para la reproducción, los contratos, las ventas, las importaciones, las exportaciones y el almacenamiento para la implementación de las acciones anteriores.
• Establece un mecanismo de distribución de los beneficios entre el propietario de la variedad original y el propietario de las variables derivadas, y fomenta aún más la innovación original del fitomejoramiento. La ley requiere todavía de una reglamentación por parte del Consejo de Estado.
• Mejora el sistema de multas por infracción de los nuevos derechos de obtención vegetal, aumentando la protección para el propietario de los derechos de variedad.

Alfredo Paseyro explica el fracaso del debate para tener una nueva Ley de Semillas: "Lo que faltó fue política"

El borrador de la Ley de Semillas enmendada se publicó para comentarios públicos el 20 de agosto de 2021. En comparación con el borrador para la versión de comentarios, esta versión final se actualizó con artículos que fortalecen la investigación científica y tecnológica de la industria semillera y la protección de los recursos de germoplasma.

Pero sobre todo la nueva ley “refuerza aún más la protección de los derechos e intereses legales de los propietarios de nuevas obtenciones vegetales”, se precisó.

La versión final agrega una disposición según la cual “el propietario del nuevo derecho de obtención vegetal puede otorgar una licencia sobre el nuevo derecho de obtención vegetal a otros y cobrar la tarifa de licencia de acuerdo con el contrato; la tarifa de la licencia se puede cobrar a un precio fijo, una comisión de los ingresos de la promoción, etc”.

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A diez días de retirarse, al menos por este período, Contigiani presentó tres proyectos de interés para el campo: uno de fomento a la producción agroecológica rural y urbana, otro de emergencia por la situación actual que afronta el sector lechero, y un tercero que pretense instaurar una nueva ley de semillas y creaciones fitogénicas.

La primera iniciativa tiene por objetivo promover el desarrollo de sistemas de producción agroecológica, mediante la regulación de procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos saludables, a los que se entiende como aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Además se busca estimular la adopción de buenas prácticas de producción agroecológica.

Para eso se propone la creación de un registró de productores agroecológicos enmarcado en el Renspa. Los productos provenientes de este sistema serán certificados a través del Sistema Nacional Único de Certificación Participativa, que estará coordinado por el INTA, por el cual se creará la marca “producto agroecológico”. Por otro lado, se creará  el Consejo Nacional de la Producción Agroecologica, cuyo objetivo será el asesoramiento y la proposición de acciones coordinadas en post de este modelo productivo.

“Impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el abastecimiento local, basado en la producción de la agricultura familiar agroecológica, no sólo refuerza el acceso equitativo a los alimentos, sino que también la soberanía alimentaria”, señaló Contigiani en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregó: “Este nuevo enfoque en la producción de alimentos y conservación de los recursos naturales disponibles, sencillamente apunta a un futuro que asegure más resiliencia a las localidades y territorios, además de mitigar efectos en lo que respeta al cambio climático”.

En cuanto a la segunda propuesta, el diputado instó al Congreso a declarar la emergencia económica y financiera para el sector lechero por un año, y a facultar al Ejecutivo a convocar a todos los eslabones de la cadena láctea para intervenir sobre los márgenes de rentabilidad de cada eslabón.

En el mismo sentido propuso crear un Fondo de Emergencia Lácteo y una línea de créditos extraordinaria, con tasas de interés acordes a la situación del productor y de las Pymes industriales.

“La misma deberá contar con recursos que permitan resolver la grave situación financiera que atraviesan los actores más endeudados del sistema productivo lácteo”, se indicó en el texto del proyecto.

“La lechería argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Se trata de una crisis que refleja ausencia de políticas públicas y privadas tendientes a ordenar una cadena de valor como la láctea, actividad con alto impacto social y laboral. Desde siempre hemos planteado que la lechería no puede funcionar bajo las puras reglas del mercado. Que sin marcos regulatorios adecuados el sector no puede crecer ni tener un horizonte de planificación. Los problemas de la actual coyuntura láctea expresan una oportunidad para debatir un plan estratégico de cara al mediano y largo plazo”, sostuvo el santafecino en el documento.

Finalmente y antes de apagar la luz, el ex funcionario provincial presentó una última iniciativa con la que busca actualizar la vieja ley 20.247 de 1973, mejor conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La misma se desprende del trabajo de la comisión interna de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), de la que Contigiani participó activamente.

“Una ley se hace para que se mantenga por un tiempo, no puede ser dictada por el Congreso solo para la coyuntura. Es por todo esto, que el trabajo que estamos presentando, toma lo mejor de la legislación vigente, pero la supera en cuanto a que se ha intentado actualizar su contenido a la realidad agronómica de estos tiempos, incorporando asimismo conceptos que responden a las exigencias y problemáticas de la actividad semillera”, afirmó el legislador.

A continuación indicó que las directrices del proyecto son la democratización del funcionamiento del sector semillero nacional, para que todos los eslabones de la cadena participen en ámbitos de decisión; la ampliación del articulado referido al “Registro Nacional de Propiedad de Cultivares”, con la finalidad de reforzar el sistema del Derecho del Obtentor Vegetal; y la modificación de las regalías que se cobran por cada bolsa puesta en el mercado, para que la misma sea única e integral y no aumente los costos al productor, entre otras.

Las tres iniciativas cuentan con distingos giros de Comisión, aunque las tres incluyen a la de Agricultura y Ganadería, por lo que de llegar a ser tratadas por Diputados, será sin la presencia de Contigiani en la Cámara.

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A partir de lo dispuesto por la resolución 141/2021 –publicada hoy miércoles en el Boletín Oficial– se habilitó a tomar dos muestras de grano en el primer punto de entrega de la soja 2020/21 (acopio, industria o terminal portuaria), las cuales serán analizadas por los laboratorios de las Bolsas de Cereales y de Comercio –con el aval oficial del Instituto Nacional de Semillas–para detectar el evento RR2 PRO (“Intacta”).

En lo que respecta a los demás productos controlados por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) –maní, arroz, trigo, algodón, arveja y cebada– la resolución 141 especifica que “le serán extraídas únicamente al productor o remitente, que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) determine, dos muestras de grano en el primer punto de entrega para la verificación del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado”.

Una novedad importante con respecto al sistema Bolsatech es que el presidente del Inase, Joaquín Manuel Serrano, determinó que los resultados de los análisis serán confidenciales y de “uso exclusivo” por parte del Instituto Nacional de Semillas.

Eso implica que los laboratorios de las cámaras arbitrales de las Bolsas de Cereales y de Comercio no podrán compartir esa información con ninguna otra institución o empresa y será solamente el Inase el que pueda “disponer de la misma ante el incumplimiento de las obligaciones formales por parte del productor” en lo que respecta a los derechos tutelados por la Ley de Semillas 20.247.

Sin embargo, si bien los datos serán de “uso exclusivo” del Inase, el costo de los análisis en soja seguirá siendo abonado por la filial argentina de Bayer Crop Science, quien tiene la propiedad del evento “Intacta” desarrollado por la absorbida Monsanto.

La norma también indica que la “información referida a las pruebas efectuadas a las muestras tomadas” deberá ser “puesta a disposición de cada agricultor mediante el portal web Autogestión MAGyP”, lo que implica que todo productor estará al tanto de los análisis realizados a su producción comercializada.

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El sistema Bolsatech surgió en 2016 cuando el entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para contrarrestar el sistema privado de control y cobro del canon del evento Intacta en terminales portuarias implementado por la filial argentina de la entonces existente Monsanto, decidió recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas –por medio de la resolución 207/2016 del Inase– a partir de la cual se instrumentó una red de análisis genéticos en el marco de acuerdos con los laboratorios de las cámaras arbitrales, de manera tal que la gestión de tal información permaneciese en manos del Estado. El sistema Bolsatech fue sucesivamente prorrogado en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y ahora también en la 2020/21.

A partir de la campaña 2018/19 se implementó el SISA, por medio del cual el empresario agrícola debe informar el origen de las semillas guardadas y sembradas de soja, trigo, arroz, arveja, cebada y maní. Si bien en SISA funciona en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Inase accede a toda información referida a semillas y puede sancionar a productores que hacen un uso indebido de semillas en el marco de lo permitido por la Ley de Semillas (Nº 20.247).

Eso es posible porque, en caso de detectar inconsistencias en las información declarada por un productor, el Inase contrasta tales datos con los análisis de ADN para determinar que los cultivares declarados hayan sido realmente los usados.

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La Intacta 2 Xtend es la tercera generación de soja transgénicas desarrolladas por la ex Mosanto, y que pasó a manos de Bayer en 2018. El evento Intacta le permite controlar varias plagas mientras que el evento Xtend añade a la tradicional resistencia al herbicida glifosato la tolerancia al dicamba. Por eso se considera una herramienta muy útil para el control de las malezas resistentes.

“Bayer se complace en informar que el 22 de enero de 2021, la Comisión Europea otorgó un certificado de seguridad para importar semillas de soja con tecnología Intacta 2 Xtend para uso y procesamiento en alimentos y piensos. La decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la revisión científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con la biotecnología, concluida el 25 de septiembre de 2019”, decía el comunicado de la empresa multinacional.

La noticia hizo ruido en Brasil, donde la variedad está aprobada desde hace varios años, al igual que en los Estados Unidos, los dos más grandes países productores mundiales de soja. La Argentina, tercera en ese podio, no tiene demasiados motivos para celebrar, a pesar de que es la mayor proveedora de harina de soja a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es el único de los países sojeros que no incorporó la variedad Xtend, resistente a Dicamba. Solo hizo una excepción temporal en 2018, pero para permitir las importaciones de soja estadounidense que ingresaron ese año al país debido a la sequía.

Aquí la Xtend no se terminó de desregular (no sucedió así con la primera soja Intacta, cuya siembra está bastante difundida en el norte del país), por decisión de la propia ex Monsanto, que intentó presionar al gobierno con dicha decisión para que permita el avance de una nueva regulación sobre semillas, que permita a quienes desarrollan este tipo de avances cobrar las regalías que consideren convenientes. Esa actualización de la Ley de Semillas, a pesar del paso de diferentes gobiernos, nunca pudo concretarse.

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El evento Xtend fue presentado oficialmente en Argentina en el ciclo 2016/17 por Monsanto, pero nunca pasó de ser una zanahoria para los productores locales. Quedó siempre en la gatera. Incluso la ex Monsanto llegó a destruir sus ensayos locales en septiembre de 2016.

En el medio, en otros países y aquí mismo comenzaron a aparecer nuevas malezas resistentes a las aplicaciones de glifosato y también de Dicamba, que ahora ponen en duda la eficacia de esa herramienta, tan promocionada cinco años atrás para enfrentar las malezas de hoja ancha resistentes al glifosato.

De todos modos, la noticia fría de que Europa aceptó también aceptará soja importada que incluya esta tecnología es una novedad positiva en el sentido que propicia la Argentina, que siempre bregó para que no se apliquen barreras al comercio con el argumento de la presencia de ciertas modificaciones genéticas en las semillas.

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“No hay en el Cono Sur países con tanta historia y trayectoria en mejoramiento genético y con articulación público privada”, destacó Paseyro a Bichos de Campo. “La Argentina tiene un potencial y una realidad concreta, y es que hay que utilizar el conocimiento que tenemos de lo público y de lo privado, aplicado al mejoramiento genético y a la producción con calidad, porque ya por estar ubicados en el Hemisferio Sur, somos un proveedor de semillas en contraestación a todo el Hemisferio Norte”, ratificó.

Mirá la entrevista completa a Alfredo Paseyro:

El directivo de ASA explicó que el país no solo cuenta con tierra y clima para producir las semillas, sino que también cuenta con conocimiento. “Producimos, a nivel comercial, semillas de maíz y soja en contra estación, y además, participamos como centro de investigación para acelerar los ciclos. Por ejemplo, la manera de poder sembrar tanto en el norte como en el sur, le permite a un mejorador (un investigador que mejora las variedades) tener dos ciclos en un solo año. Nosotros somos parte de esos programas de aceleramiento. Todo eso existe con mucha trayectoria”, manifestó.

Todo el conocimiento y el cumplimiento de requisitos de calidad de parte de los clientes demandantes de este tipo de semillas, según Paseyro, llevó a que incluso aparecieran empresas aquí “que se han desarrollado de la mano de la contraestación, y no sólo se convirtieron en enormes proveedores de ese mercado de contraestación sino que también son enormes proveedores de multiplicación local”.

Paseyro explicó que hay dos componentes para desarrollar esta veta: uno climático y otro que tiene que ver con ser parte de la agenda global de lanzamientos en semillas.

“En lo climático, cuando en 2012 ocurrió la seca norteamericana, la Argentina capitalizó eso, haciendo todo bajo riego, y fue una carrera contrarreloj porque después hay que llegar con el tiempo justo para distribuirla y que el productor pueda sembrar. Bueno, ese año estuvimos cerca de los 350 millones de dólares en exportaciones. Un récord”.

“Luego están los lanzamientos de nuevas variedades o eventos que se hagan en el Hemisferio Norte, los cuales Argentina acompaña, estando cerca de los 100 o 150 millones de dólares” de exportaciones habituales, describió.

El presidente de ASA declaró que, por ejemplo, Chile es un gran proveedor de semillas en contraestación, pero en cultivos hortícolas, especialmente para Europa. “Ahí, en Europa es donde tenemos algo que resolver con la provisión de semillas de maíz, en donde no se siembra ningún cultivo de maíz con evento biotecnológico y te piden traza cero”, dijo Paseyro sobre ese mercado.

Añadió que la Argentina también podría crecer en ese segmento del mercado. “San Juan es una provincia que tiene un aislamiento natural y bien podría ser un polo de semillas sin biotecnología. Lo hemos conversado con el gobernador de San Juan. Marcelo Alós, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo es de allí. O sea, estas iniciativas están pero hay que darles forma y generar las condiciones, porque no se puede montar toda una estructura para un negocio de un año”, agregó Paseyro.

-¿Cómo está compuesto el sector semillero en Argentina?

-Acá hay empresas con nombre propio de 90 años, como es el caso de Basso, que no es una multinacional ni nada que se le parezca. Es una empresa gerenciada por dos hermanas tercera generación, y son relevantes a nivel mundial en este negocio. La industria semillera es esto, la gestión del conocimiento aplicado al mejoramiento genético, y es conocimiento público y privado.

Para Paseyro, más allá de la competencia entre empresas locales con multinacionales, “hay una convivencia natural, que está dada porque el vehículo de la semilla es unívoco. Tenés el germoplasma, la transgénesis, la edición génica, pero no hay forma de separar los componentes. La oportunidad se da, en la contraestación o como proveedores” de variedades.

Allí fue que remarcó que en el capítulo de las semillas forrajeras también el país aparece como proveedor en los mercados internacionales. “Ese también es un negocio importante. Y en todos los casos estás exportando conocimiento”, resaltó.

-¿Y se puede desarrollar el sector sin la renovación de una ley de Semillas? La vigente quedó anclada en los años ´70 y el mundo se modificó…

-Hay que ver cómo se resolverá todo lo referido a edición génica, y esto hay que articularlo con los tratados internacionales, la propiedad intelectual respecto de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y los sistemas regulatorios en los mercados. La Argentina es un lugar natural donde tanto empresas nacionales como extranjeras pueden desarrollar interesantes actividades económicas que dan territorialidad y un trabajo calificado. La actividad semillera es muy diversa y tiene una cantidad de especialidades. Por eso, la ley no es para la industria, sino para la Argentina.

-¿Entonces insistirán con la ley?

-Hay que encontrar la solución política de que esto le de la oportunidad a la Argentina, y no a la industria. Entonces tendremos posibilidades para todo, para los cultivos extensivos, para las economías regionales, para las especialidades, para lo orgánico, y si querés hasta para la agroecología. Dividamos y que la conversación sea ordenada.

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A continuación seleccionamos algunos tramos de ese reportaje, en el que Basterra volvió a elogiar el aporte del sector productivo en el marco de la pandemia por el Covid-19 y el aislamiento forzoso. La buena noticia es que el entrevistador logró sacarle algunas definiciones sobre cómo sigue la película más allá de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, que no apoyan un proyecto para recrear la Junta Nacional de Granos. O que antes de discutir la Ley de Semillas habrá que legislar sobre algunos derechos ancestrales:

-¿Cómo quedó la relación después del paro con la Mesa de Enlace?

-El cese de comercialización no fue homogéneo, porque Federación Agraria no adhirió. Además, la movilización que se hizo en Expoagro fue muy escasa y salvo algunos puntos muy limitados en los cuales se intentó interrumpir la circulación de vehículos, el paro no se sintió. El único rubro que lo sintió fue el de las carne,s porque los consignatarios adelantaron las compras para frigoríficos y estos adelantaron sus compras porque había incertidumbre de cómo podía llevarse adelante el paro. Después del cese y ante la pandemia nosotros convocamos a todos los actores y a la Mesa de Enlace para comentar cuál iba a ser el abordaje de lo que veíamos venir, porque todavía no se había definido el aislamiento. En función de eso, tuvimos muy buena receptividad de las cuatro entidades, pero también de las cadenas, los frigoríficos, pesqueros. Sin intentar minimizar el rol de la Mesa de Enlace, el sistema agropecuario comprende mucho más que las cuatro entidades.

-¿Hay en estudio un nuevo esquema de retenciones?

-No.

-El sistema de segmentación, ¿para cuándo está?

-Está muy avanzado. Tenemos que terminar de chequearlo con AFIP que es la que nos provee los datos de la evolución de entrega de los sujetos que estaban incluidos en la segmentación. Estamos en la faz instrumental, para que sea aplicado a los sujetos que efectivamente estaban comprendidos dentro del marco de la Ley.

-¿Se puede esperar una nueva Ley de Semillas a la brevedad? ¿Está en estudio algún proyecto?

-Entendemos que es un tema de debate. Hay opiniones que entienden que es necesario rediscutir la forma en que se remunera, se retribuye, a distintos actores de la generación de lo que son los materiales genéticos. Nosotros entendemos que hay campos que deben ser normados.

En lo que son los recursos genéticos, se requiere una legislación, a nuestro entender previa a la discusión de una Ley de Semillas, que garantice que los recursos genéticos son de propiedad del Estado Nacional y de los estados provinciales de acuerdo a la Constitución Argentina.

Aquellos que son producto del mejoramiento ancestral por parte de las comunidades indígenas o del mejoramiento a lo largo del desarrollo de la agricultura familiar y los mejoramientos por selecciones masivas tienen que ser reconocidos a la agricultura familiar, campesina e indígena.

Con ese marco de garantías de esos derechos, nosotros podemos discutir lo que es el reconocimiento a los obtentores de variedades y ajustar lo que es el reconocimiento a la propiedad intelectual que se aplica sobre los eventos genéticos que hoy están regulados por una ley, que es la Ley de Patentes y no la de Semillas. Entendemos que tiene que haber un sola norma que regule todo lo que son las creaciones fitogenéticas incluidas los eventos y los términos en qué se hagan.

-Salió a luz un proyecto que presentó la senadora Silvia García Larraburu para la creación de un símil de lo que en su momento fue la Junta Nacional de Granos ¿Qué opinión tiene?.

-Ese es un proyecto que presentó una senadora por Río Negro y que lo hizo en 2013. En todos estos años no ha logrado el consenso parlamentario. Desde el Ejecutivo nosotros no tenemos previsto promover ninguna institución de esta característica. No obstante, eso está en el campo del Poder Legislativo y creo que éste se expreso bastante claro. El oficialismo se expresó diciendo que no forma parte de la agenda parlamentaria.

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Arrancamos esta entrevista a “Pitín” Ruiz Aragón preguntpándole por qué su espacio político, La Cámpora, es considerada casi como “un cuco” por muchos productores agropecuarios. El dirigente respondió siempre con tonos mesurados, buscando separar la espuma. Cree que lo que muchas veces se dice en las redes sociales no siempre coincide con la realidad. “Yo veo muchos dirigentes políticos involucrados en la cuestión del campo, y al mismo tiempo veo mucha gente de campo involucrada en la cuestión política. Con lo cual creo que tanto la dirigencia política propiamente dicha, así como también la dirigencia agro y de asociaciones campesinas y de pequeños y medianos productores, vienen interactuando bien”, analizó.

El diputado añadió: “En buena hora que así sea, porque hacen falta saldar algunas discusiones políticas en relación al agro, y además, porque es un modo de llegar a buen puerto y sacar adelante cuestiones que vienen trancadas en lo parlamentario. Me parece en este sentido, que este Gobierno dio gestos acerca de cómo será la relación con el campo”.

¿Cuáles fueron esos gestos? Aragón respondió que “el primer gesto fue cuando Alberto se sentó con los dirigentes de la Mesa de Enlace. Fue de hecho de las primeras reuniones que tuvo al asumir. Luego, creo que otro gesto claro acerca de cómo se tomará lo agropecuario, fue a través de la asunción del ingeniero Luis Basterra en el Ministerio de Agricultura, y de hacer un planteo de retenciones segmentadas. La decisión de la suba de retenciones en soja afectó al 24% de los productores, y al 66% restante no, porque justamente se tomó una definición criteriosa”, sostuvo el diputado.

Le recordamos en ese punto que la famosa devolución de retenciones a los pequeños y medianos productores de soja todavía no había sido reglamentada. “Seguramente se reglamente. El tema es que hoy estamos en una situación compleja”, excusó a las autoridades de Agricultura por esta visible demora.

Pero ratificó el criterio federal y redistributivo con el cual se decidió esta última suba de retenciones. Puso como ejemplo su propia provincia. “En lo que tiene que ver con Corrientes, una provincia productora de arroz, se han bajado en 4 puntos las retenciones a ese producto, y hasta el propio José Antonio Aranda,  titular de Copra S.A., la mayor exportadora de arroz de la Argentina y dueño del grupo Clarín, lo ha reconocido en expresiones públicas, manifestando que ha sido una buena decisión”.

Mirá la entrevista completa con José Ruiz Aragón:

Ruiz Aragón manifestó que “no hay que tenerle miedo a la discusión ´hacia dónde camina el país´, y me parece que está bueno que esa gente que se dedica a la agroexportación que tiene tantos intereses en la Argentina, forme parte de la discusión del rumbo del país, y no del rumbo del negocio. Me parece que todos debemos ser parte de esa discusión de qué es lo que queremos los argentinos para nuestro futuro.

En tono muy conciliador, el referente agropecuario de La Cámpora insistió que “salvando nuestras diferencias, (esta discusión) la podamos hacer respetuosamente; pasa que muchas veces, por diferencias políticas y el mismo egoísmo, no formamos parte todos de un mismo equipo”.

-¿Y es posible encontrar un punto en común para no caer en la imposición de una ideología por encima de la otra?

-Desde la dirigencia política muchas veces no hacemos el esfuerzo necesario para convocar en definir cuál es el rumbo de la Argentina y cuál es el rumbo del negocio. Por eso yo creo que Alberto dio el primer gesto convocando a todos, tiene una tarea filosófica y política de hacer una construcción de unidad con todos los sectores, y estoy seguro que va a intentar cerrar esas diferencias a sangre, sudor y lágrimas- respondió Pitín.

Sin embargo, Aragón aclaró que “obviamente habrá otras instancias cuando haya que votar leyes, y allí habrá quienes piensen diferentes y en términos estrictamente económicos votaran de una manera, y nosotros de otra. Pero lo que no debe haber nunca es este llamado a silencio y que ese no diálogo termine en conflictos políticos mucho más grandes, que no sólo perjudicarán a la dirigencia política y a la gente de los agronegocios, sino a todos los que están por fuera de esos dos sectores”.

-¿Entonces crees que será posible comenzar a zanjar el conflicto de 2008?

-Veo una buena cancha para desempeñar un buen partido entre ambos sectores y que podamos, entre todos, ser el pie para que Argentina se vuelva a poner en carril y construyamos una sociedad donde hoy la desigualdad es muy grande- expresó el dirigente político correntino.

Pitín Ruiz Aragón contó que su llegada a la presidencia de la Comisión de Agricultura en Diputados llegó a raíz de su trabajo con los pequeños y medianos productores de su provincia. “Yo vengo trabajando hace bastante con los sectores de la horticultura, de cítricos y en los últimos años también se desarrolló mucho el sector forestal. Y dedicándome a todas esas cosas, formé parte primero de la vicepresidencia de la Comisión de Agricultura, y siempre acompañado por Luis Basterra, que me enseñó tantas cosas y cuando tengo tantas por aprender todavía”.

“La verdad es que llego a la comisión para resolver un montón de cosas que no se resolvieron aún; y no se nos caen los anillos por reconocer que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor” en el periodo de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, reconoció el militante.

-Y más allá de la parálisis actual por el cornavirus, ¿cómo imaginás la agenda de trabajo de la comisión de Agricultura?

.Esperamos a partir de agosto, poder empezar a trabajar. Pero ya he pedido a muchos legisladores que empiecen a enviar sus proyectos mediante un sistema que implementó la cámara, a ver si podemos tratar algunos proyectos en la segunda mitad de este año.

En este punto, el diputado dijo que en lo que queda de este 2020 traumático debido a la pandemia, “el criterio de selección será apuntado a aquellos proyectos donde no haya grandes discusiones y todos los bloques estemos de acuerdo. Por ahí puede ser el tratamiento de Fitosanitarios (un viejo proyecto de ley que impulsó Basterra). Hablo de proyectos en los que estemos de acuerdo y que puedan salir en el segundo semestre”.

Ruiz Aragón incluso afirmó que con el productor y diputado del PRO, Pablo Torello, principal referente de la oposición en ese ámbito, “tenemos la idea de que la comisión de Agricultura se constituya en algunas provincias del interior, como para ir a escuchar a las economías regionales, que fueron de las más afectadas en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Sería hacer un gesto desde la dirigencia política en acercarnos nosotros a sus mismos lugares de trabajo, para poder contarnos cuáles son sus deficiencias y cómo podemos dar una mano con herramientas legislativas”, explicó.

-¿Y qué pasará con la eterna demanda en torno a la Ley de Semillas?- le preguntamos. En su momento, cuando el gobierno de Cambiemos parecía tener todo encaminado para aprobar esa demanda del sector semillero, Pitín presentó un proyecto propio, que intentaba bloquear esa iniciativa. El mismo diputado lo confesó.

-Esto tiene una discusión profunda. Para nosotros el proyecto anterior presentado encaraba un riesgo, si se aprobaba, porque quitaba derechos, y pensábamos que podía abrir una puerta para complicar la situación de los pequeños y medianos productores de la Argentina, en el trasfondo de una discusión mundial en que las grandes multinacionales semilleras que se llevan puesto todo. Por eso presentamos este proyecto, para poner bien en claro qué es lo que había que discutir. El proyecto del bloque de Cambiemos exceptuaba a los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) y de pueblos originarios. Pero en ese momento el Renaf se había achicado mucho porque se hizo un reempadronamiento, y me arriesgo a decir que el mismo se achicó hasta en un 50%.

Pero el momento cambió. Y según el diputado de La Cámpora hay dos fotos: la de los agronegocios impulsando un nuevo amrco legal para las semillas y la de los pequeños productores y minifundistas impugnando esa discusión. “Unos te discuten el agronegocio y los otros la vida. Tenemos que tratar de equilibrar la discusión para que esta se de en un mismo carril. Esto se da convocando a una mesa para ver cómo queremos estar dentro de 50 años, con la política en el medio ordenando esta discusión”, expresó Ruiz Aragón.

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El reclamo por una nueva Ley de Semillas se inició por lo menos en 2009 y el primer proyecto de ley para modificar la vieja normativa vigente desde 1973 data de 2012, pero nunca prosperó. Por eso el pedido se repitió en el acto de ASA. Lo dijo la presidente de la entidad, Lorena Basso, quien proviene de la empresa Semillas Basso, especializada en maíz pisingallo y cultivos hortícolas. El ministro de Agricultura del nuevo gobierno, Luis Basterra, era esperado pero faltó a la cita.

“Somos más de 70 empresas semilleras chicas, medianas y grandes; nacionales y multinacionales, representando todos los cultivos y zonas productivas del país. Hacemos mejoramiento genético en trigo, girasol, maíz, en especialidades como pisingallo o maní, así como también trabajamos en horticultura, en soja, en algodón y otras especies más”, presentó Basso a la Asociación, de modo de descalificar a quienes califican la ley reclamada como “la Ley Monsanto”.

Ver La Ley de Semillas agoniza otra vez, porque no fue incluida en la maratónica sesión de Diputados

Basso aclaró también que “un gran porcentaje de nuestros socios son empresas Pymes, especialmente empresas de familia. Como es mi caso y tantos otros, la empresa lleva el apellido de las familias siendo en algunos casos segunda o tercera generación de semilleros. Entre nuestros socios hay empresas con 100 años en la actividad y otras como nosotros, próximos a cumplir 90 años”.

La presidenta de ASA destacó que en promedio las semilleras locales invierten el 9% de su facturación en Investigación y desarrollo. “A nivel de producción invertimos en procesos y equipamiento de primera línea para producir semillas de calidad con estándares internacionales y así nos posicionamos en el mundo como semilleros de contraestación”, aseguró. También remarcó que la industria es generadora de “empleo de alta calidad”, con más de 115 mil personas ocupadas en todo el país.

Peor la mismo tiempo, Basso remarcó que para el sector “es esencial lograr un acuerdo social y tecnológico macro”

“Nuestro pedido es genuino y lleva ya muchos años: es imprescindible que la Argentina cuente con una nueva ley de semillas, una legislación que sea simple, que sea moderna y que este adecuada a la realidad de hoy pero también que tenga una mirada al futuro”, afirmó la directiva.

Y añadió: “Queremos una ley superadora que nos permita competir en el mundo en igualdad de condiciones, que promueva la inversión, la tecnología, la innovación y genere trabajo. Nos debemos esta discusión, invitamos a todos los actores a sentarse a la mesa del dialogo y juntos tomar decisiones que conformen a todos”.

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Polini reconoció que los productores de algodón se comenzaron a reunir “más que nada por la genética de la semilla”. Los problemas se agudizaron a partir de la detección de semillas que contenían eventos transgénicos que nunca habían sido aprobados por las autoridades regulatorias. Ante la difusión de estas variedades, el Ministerio de Agricultura puso en marcha de un sistema de control total en las deslintadoras, que puso en jaque la provisión de semilla legal para esta campaña.

El intendente productor, en este contexto, contó que a partir de este incidente y “la no oficialización” de esas semillas transgénicas, desde la Asociación se propusieron trabajar para la introducción de nuevas variedades. “Estamos utilizando una semilla de algodón con genética de 20 años de antigüedad cuando en el mundo hay otros transgénicos y otro uso de semillas que nos permitirían mejorar la rentabilidad”, aseguró.

Mirá el reportaje completo a Juan Carlos Polini:

¿Y qué fue lo que impidió a la Argentina estar actualizada en materia de genética de algodón? Polini respondió, sin dudarlo, que lo que falla es “la falta de una Ley de Semillas y la no obligatoriedad de las multinacionales en traer la genética, las cuales sí lo hacen con la soja, con el maíz o con el maní, pero no lo hacen con el algodón que es una economía indispensable en regiones como la nuestra. Nosotros funcionamos más por la microeconomía que por la economía nacional o provincial”, alertó.

Le preguntamos además al productor algodonero qué lo había llevado a meterse en política dentro desde las filas del radicalismo. ” Es una buena experiencia personal y ha traído buenos frutos. La verdad es que después de tanto quejarnos, involucrarnos en política es lo mejor que podemos hacer si lo hacemos con transparencia y con honestidad”, dijo Polini, que acaba de ser reelecto en la intendencia de Coronel Du Graty por una amplia mayoría.

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“Hasta el 30 de noviembre hay plazo para que sea considerado dentro del periodo de sesiones ordinarias, pero el 10 de diciembre, con el recambio legislativo, pierde estado parlamentario. La convocatoria a prórroga de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, podría ser la última opción de la Ley de Semillas”, explicó.

Parece muy difícil que el chancho chifle, justo un día antes del cambio de gobierno.

En su habitual reporte tras esa maratónica reunión en Diputados, en la que se aprobaron un centenar de leyes, la Fundación formada por productores agropecuarios informó que la sesión especial se debió a la necesidad de avanzar en la ley de alquileres y la ley de góndolas. De las semillas ni noticia.

“Lamentablemente el proyecto de ley de semillas, con dictamen y orden del día que lo habilitaba para ser considerado en sesión, no fue incluido, y la iniciativa tiene echada su suerte. El dictamen “cae”, es decir, pierde estado parlamentario el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo cuerpo de diputados y senadores. Sin embargo, podría contar con tres semanas más de ventaja para que se trate, en caso de que el Congreso solicite la prórroga de sesiones ordinarias del 1 al 9 de diciembre”, explicó Ricchiuti.

Si acaso sucediera ese milagro, se explayó la especialista, debería ser el oficialismo de Cambiemos el que impulse el tema y alcanzar el consenso en la reunión de Labor parlamentaria, donde los Jefes de Bloque definen la agenda de la sesión.

Luego del 10 de diciembre, más allá de la prórroga de sesiones ordinarias o extraordinarias, el proyecto pierde estado parlamentario, y difícilmente se avecine la intención del peronismo de incluir el tema en la agenda parlamentaria de los primeros días de su gestión.

La historia de fracasos que acumula la Ley de Semillas es abrumadora. Barbechando recuerda que “en el 2012, el gobierno nacional anunció por primera vez su intención de modificar la Ley de 1973. Para eso, la Secretaría de Agricultura mantuvo reuniones con diferentes actores del mercado de semillas. Surgió un anteproyecto, pero nunca aterrizó en el Congreso”.

Luego, en 2016, de la mano del Poder Ejecutivo, arribó el primer proyecto de semillas al Congreso. En ese entonces, el diputado Gilberto Alegre (Frente Renovador-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Agricultura, organizó reuniones informativas, donde distintos actores expusieron su posición. De nuevo: “Sin embrago, nunca se llegó a dictaminar y el proyecto perdió estado parlamentario”.

Finalmente llegamos a 2018, cuando el diputado Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) organizó cuatro jornadas con más de cien expositores. “Al cabo de unos meses y luego de la ronda de debate, surgió un anteproyecto de ley, que finalmente se dictaminó con el apoyo de Cambiemos, hacia fines de 2018”, relató Florencia.

“Varias fueron las chances de que se trate en sesión y obtenga la media sanción, pero la campaña electoral y la falta de votos de los posibles aliados, complicaron la situación. Finalmente esta será la última oportunidad de que efectivamente se trate; sino, habrá que comenzar nuevamente el debate”, finalizó.

Las que si avanzaron fueron algunas leyes que tocan más cerca o más lejos a los productores agropecuarios y la industria alimenticia. Son las siguientes:

• Después de varios intentos frustrados, finalmente se votó por abrumadora mayoría la ley de góndolas (Expte 1494-D-19) , que apunta a evitar los abusos de posición dominante en las grandes cadenas de supermercados, y propone que una misma marca no podrá acaparar más del 30% de la góndola, donde deberán convivir “no menos de cinco proveedores o grupos empresarios”. El súper también “deberá garantizarse un 25% del espacio disponible para la exhibición” de productos elaborados “por Micros y Pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de Mi Pymes y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. Los límites también alcanzan a productos importados.

• Hacia el final de la sesión, los diputados también aprobaron un proyecto que establece el principio «in dubio pro-natura» e «in dubio pro-aqua», en la Ley General del Ambiente. El proyecto (Expte 4369-D-19), impulsado por la diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba) propone que, en caso de duda, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos de agua.

• Los diputados le dieron media sanción al proyecto (1719-S-19) venido en revisión del Senado y que establece los presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático global, que fue aprobado por 163 votos afirmativos y 8 abstenciones. La iniciativa crea un Gabinete Nacional de Cambio Climático (hoy vigente a través de un Decreto), organismo que debe elaborar un Plan Nacional para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

• También se pidió tratar “sobre tablas” el proyecto dictaminado por las comisiones de Legislación General y Legislación Penal que modifica la Ley de Maltrato Animal (Ley 14.346). Sin embargo, la sesión se quedó sin quórum, lo que inhabilitó el tratamiento.

Por otro lado, en el último día habilitado para emitir dictamen, los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, avanzaron con la aprobación de un proyecto que (Expte 2887-D-19) que promueve la Educación para el Desarrollo Sostenible, en todos los niveles, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país. El proyecto de la cordobesa Brenda Austin (UCR) entiende por desarrollo sostenible “aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

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