Marcos Pereda, productor forestal y coordinador de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial implementada desde el Gobierno, razonó: “Desde la aplicación de la ley hasta el momento se plantaron 1,3 millones de hectáreas, pero desde el 2008 a hoy esa producción se ha estancado. Como vimos en Uruguay y Chile, el sector forestal comienza con un empuje o ayuda desde una ley, pero después la rueda debe seguir de la mano de las industrias. El problema es que en la Argentina no se han instalado, principalmente a partir del problema que tuvimos en 2007 o 2008 con la pastera Botnia”, destacó.

Aquí la entrevista completa a Marcos Pereda:

Pereda agregó, en igual sentido, que “para que las grandes pasteras se puedan instalar en Argentina hay que revisar la Ley de Tierras -es la que impone límites a la tenencia de tierras en manos extranjeras- para que sea más tolerante, debido a que ellos necesitan garantizarse la provisión de la madera, lo que realizan asegurándose la tierra y las plantaciones”.

El coordinador empresario de la mesa forestal razonó que, más que un subsidio, lo que precisa la forestación para crecer es un mercado constante que no vea alteradas las reglas de juego. “El subsidio es una ayuda inicial. De hecho en esta nueva aprobación de la ley hubo algunas modificaciones, como la reducción en el esquema de subsidios”, explicó a Bichos de Campo.

“Lo que sí cambió es que estamos conscientes de que nuestro potencial es enorme. Si Uruguay tiene la misma cantidad de hectáreas forestadas que Argentina, y ya va por su tercer planta instalada, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga una siquiera con el mismo tamaño de las de Uruguay?”, se preguntó Pereda.

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Pereda remarcó que la ley de Promoción de Bosques Cultivados 25.080 se diseñó a fines de los ’90 para “adecuar el esquema impositivo a las plantaciones que recién empiezan y que generar ganancias a partir de la tala de árboles, proceso que lleva muchos años. A su vez, la ley adecúa el impuesto a las ganancias, para que se pague recién con los ingresos. Si son eucaliptos, se hace a los 10 años, y si son pinos se hace a los 15-20 años”, explicó.

Pereda destacó además que la Mesa de Competitividad Foresto Industrial “hace mucho hincapié en el tema logístico, porque uno de los problemas de la Argentina es precisamente la falta de competitividad. Si cargar un contenedor con madera cuesta 100 dólares en Chile, a Brasil le cuesta 300, a Uruguay 500, a nosotros nos sale 800 dólares. Por fortuna, hemos podido bajar ese valor en el puerto de Buenos Aires desde que conformamos la Mesa, y nuestro objetivo es lograr costos competitivos para los barcos de rollizos en otros puertos ubicados sobre la hidrovía del Paraná”, señaló.

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La extensa trayectoria de García Conde en el sector forestal coincide con la aplicación de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados, nudo de la política oficial de fomento as la producción de madera. La Ley 25.080  se sancionó a fines de 1998, en tiempos del menemismo; se renovó luego de diez años de vigencia en 2008, en tiempos del kirchnerismo; y antes de que termine este año, en tiempos del macrismo, debería ser renovada para no perder vigencia.

-Veinte años después, ¿ha servido de algo esa Ley como herramienta para promover la actividad forestal?- le preguntó Bichos de Campo al experimentado ingeniero.

-La Ley nace para que un país cortoplacista se puedan hacer inversiones a largo plazo. Ha cumplido roles importantes en algún momento, pero hoy está siendo revisada, para saber si finalmente ha servido como promoción. La realidad es que por los avatares de la Argentina los pagos (a las nuevas forestaciónes) han llegado tarde y devaluados, rompiendo la cadena para esos productores chicos o medianos que han dejado de plantar año tras año- respondió García Conde.

Aquí la entevista completa con el asesor forestal:

¿Qué establece la Ley 25.080? Que una persona física o jurídica, dueña de la tierra, puede plantar determinadas especies forestales maderables exóticas 
y/o nativas. Que a los 18 meses el Estado corroborará la plantación mediante inspecciones y le reintegrará a los productores chicos y medianos el 80% de lo gastado en la implantación y a los grandes (más de 500 hectáreas) el 20% de lo invertido.

“El problema es la actualización del pago, porque cuando realmente llega,  llega devaluado. Entonces ha dejado de tener el rol de promoción que debiera cumplir”, contó García Conde. “La lectura, pasados todos estos años, es que los beneficiarios han sido los que más capacidad y espalda tienen para afrontar las plantaciones. O sea, el grande, que independientemente del dinero va a seguir plantando”, amplió.

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En el marco de la mesa de competitividad forestal, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) trabajó junto al gobierno en algunas correcciones al texto de la ley y el proyecto ya fue introducido al Congreso, donde se confía habrá una nueva prórroga de esta política de fomento antes de fines de 2018.

Por otro lado, Bichos de Campo consultó a García Conde  sobre los temas en los que asesora a los productores en materia forestal. “Mi especialidad son los herbicidas, ensayos con diferentes clones y el tema de los incendios. Este es un tema preocupante en la zona, ya que el Delta es inflamable”, respondió. El técnico impulsó la creación de un consorcio con muchos productores de la zona que mediante cámaras detectan posibles columnas de humo para dar aviso inmediato al vecino y poner en marcha un protocolo para sofocar el fuego.

Una solución para este problema, que en cuestión de horas puede liquidar la producción de diez años, ha sido la inserción de la vaca en las islas. El sistema silvopastoril está muy insertado en el Delta. “Lo que la vaca no come, lo pisa”, dice García Conde, quien destacó que la ganadería funciona además como una caja corriente de ingresos anuales para los productores.

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