El año pasado legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas presentaron proyectos para gestionar los humedales, los cuales, extrañamente, tenían tan escasas diferencias entre sí que parecían todos calcados en una misma matriz.

Todas las iniciativas proponían realizar un “Inventario Nacional de Humedales” para instrumentar un “ordenamiento territorial” en el  cuál debería hacerse un aprovechamiento “sustentable” con previa autorización de la autoridad ambiental. Los proyectos preveían además delimitar áreas de “conservación” o “preservación” en las que no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un “Fondo Nacional de Humedales”.

El 20 de noviembre de 2020, en el ámbito de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, se trató un proyecto de ley unificado sobre el tema elaborado a partir de un “combinado” armado con las propuestas de Leonardo Grosso, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), Flavia Morales, Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), Antonio Carambia (Acción Federal), Enrique Estévez (Socialismo), Nicolás del Caño, Romina del Plá (Frente de Izquierda), Graciela Camaño (Consenso Federal), Brenda Austin, Ximena García, Gustavo Menna, Jorge Vara, Gabriela Lena (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La iniciativa, denominada proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, recibió dictamen favorable en la Comisión de Ambiente por parte de 24 diputados –algunos con disidencias–, mientras que tres presentaron un dictamen de minoría y cinco se abstuvieron.

El proyecto contempla prohibir la producción en algunas regiones, mientras que en otras se permitirá pero en el marco de un “plan de manejo racional y uso sostenible” de los humedales aprobado por la “autoridad competente de cada jurisdicción”, con la excepción de los pueblos indígenas y agricultores familiares, quienes podrán seguir haciendo lo que quieran al respecto.

En diciembre –finalmente– se publicó el documento que había servido de “inspiración” a todos los legisladores preocupados por el tema: un texto titulado “Aportes del Sistema de Naciones Unidas al proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales en la República Argentina”, el cual fue elaborado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de “incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos, como medida de probada eficacia para luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, proveer el suministro de agua y proteger la biodiversidad”. Todo en el marco de la denominada “Agenda 2030”.

Luego llegaron las vacaciones de verano, sesiones legislativas extraordinarias con diferentes propuestas y el tema de los humedales, entrando ya en un año electoral, quedó en segundo plano, cuando se requiere el dictamen de las comisiones de Agricultura, Presupuesto e Intereses Marítimos y Fluviales de Diputados para que el proyecto pueda avanzar en la Cámara baja.

Para terminar con esa modorra, el pasado 22 de marzo el Ministerio de Ambiente organizó un evento virtual en el cual se presentó el documento sobre humedales publicado en diciembre por el PNUD. “La protección de los humedales de nuestro país es una de las prioridades del Ministerio de Ambiente”, aseguró entonces el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo Llosa, quien reconoció además el “esfuerzo” de la contribución realizada por Naciones Unidas al respecto.

El 30 de marzo se publicó la resolución 80/2021 del Ministerio de Ambiente, por medio de la cual se creó el “Programa de Humedales”. Y un día después, el 31 de marzo, la agencia oficial Télam publicó un artículo titulado “Naciones Unidas alertó por la conservación de los humedales en el país”, en el cual Eugenia Di Paola, coordinadora del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD , sostuvo que “dada la situación actual del Covid-19, los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y los incendios sucedidos durante este año, se presentan grandes desafíos para la concreción del marco de recuperación pospandemia, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, temas que nos interpelan en la búsqueda de respuestas con miras a los compromisos asumidos al suscribir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”.

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La cuestión es que el espíritu del proyecto de la Ley de Humedales es similar al de la Ley 26.331 (“Ley de Bosques”), la cual fue violada sistemáticamente durante una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.

Resulta extraño además que, con las graves complicaciones económicas y sociales presentes en la Argentina, la mayor parte de los legisladores se hayan puesto de acuerdo para instrumentar una regulación que, además de incrementar el gasto público –en lo que respecta a la creación de una nueva partida para financiar el “Fondo Nacional de Humedales”–, puede dejar fuera de juego a vastas extensiones de tierra en las cuales se elaboran productos agroindustriales generadores de divisas (en un momento en el cual el Banco Central argentino está virtualmente fundido) y son fuente de empleo genuino.

Tampoco queda claro cómo contribuiría una Ley de Humedales para solucionar el problema de la pobreza, que en la Argentina alcanza, según cifras oficiales, al 42% de la población, a menos que se considere, claro, que el cuidado del ambiente es más importante que la calidad de vida de los argentinos. O más importante incluso que su propia vida.

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Tal es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Fundación Barbechando, la cual –integrada por empresarios y profesionales del agro argentino­– se dedica a realizar un seguimiento de las iniciativas legislativas con impacto en el sector.

La agenda agropecuaria este año tuvo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del ambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. Un aspecto llamativo es que diferentes referentes del oficialismo y la oposición presentaron más de una decena de proyectos para la protección de los humedales.

Otros temas recurrentes fueron las iniciativas orientadas a beneficiar a diferentes economías regionales, el etiquetado de alimentos, la declaración de emergencias agropecuarias y, en menor medida, la promoción de programas de empleo.

“Merecen una mención aparte dos hitos del año que se tradujeron en una demanda legislativa: la expropiación de Vicentin SAIC y los hechos de vandalismo contra los silobolsas. En ambos casos, oficialistas y opositores se hicieron eco de la demanda de los productores y presentaron sus propias iniciativas para establecer una regulación”, remarcó el informe de la Fundación Barbechando.

Entre las iniciativas aprobadas que favorecen el desarrollo del sector se incluyen la prórroga por cuatro años del Régimen de Promoción de Biocombustibles establecido por la Ley Nº 26.093 y la extensión por un año más de la emergencia citrícola para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, además de un aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros.

La contrapartida de eso fueron dos leyes con un fuerte impacto negativo para el agro: el “impuesto a la riqueza” (aporte solidario extraordinario) y la modificación a la Ley de Manejo del Fuego que obliga a “congelar” por 30 años las actividades realizadas en campos afectados por incendios “provocados o intencionales”.

“Mientras tanto, este año hubo algunos avances con dictámenes de comisión de algunas leyes vinculadas al sector agropecuario, pero que aún no lograron su desembarco para el debate en el recinto. Quedaron en lista de espera la Ley de Humedales, la creación de un Observatorio de Agroquímicos, un Fondo Fiduciario para el INTA, el Registro de Fitosanitarios –incluido en sesiones extraordinarias–, un programa de agricultura familiar y economías regionales y la prórroga de la Ley Ovina”, apuntó el informe.

A pesar de la pandemia, hubo este año en la Cámara de Diputados 253 reuniones y 72 dictámenes, mientras que en el Senado tales cifras fueron de 227 y 145 respectivamente. Se aprobaron 65 leyes, mientras que en 2019 habían sido 39.

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