El iniciativa promovida por diputados del Frente de Todos, entre los cuales se incluyeron Máximo Kirchner, determina que en casos de incendios “provocados o accidentales” de campos se prohibirá por un plazo de 30 años “cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio”, así como también la modificación de uso del establecimiento “con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

Eso implica que en todas las zonas agropecuarias, ya sean praderas, pastizales o áreas agrícolas, luego de la extinción de un incendio –más allá de cual sea el origen– no se podrá, por el término de tres décadas, realizar cualquier otra actividad agropecuaria que sea distinta al uso que la superficie tenía al momento previo del siniestro.

La cuestión es que la reforma de la Ley Nº 26.815, tal como está diseñada, concede al Poder Ejecutivo un margen de discrecionalidad enorme al momento de elaborar la reglamentación de la norma.

En el primer aspecto, relativo a la prohibición de cualquier actividad agropecuaria distinta, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un productor quiere reemplazar trigo por otro cultivo invernal como garbanzo, arveja o carinata? ¿Y si quiere comenzar a incorporar cultivos de cobertura o de servicio? ¿Y si planea implementar pasturas para diversificarse y pasar a ser un productor mixto?

El encargado de reglamentar la norma deberá definir qué entiende por “distinto” y no puede descartarse que en ese engorro termine generándose una maraña burocrática que, además de perjudicar la productividad, afecte al sector agropecuario en su conjunto y, por extensión, a las comunidades locales y la economía argentina.

El segundo desafío que tendrá el “reglamentador” de la nueva norma es la obligación de definir qué entiende por “prácticas agropecuarias intensivas”, dado que –imaginando un escenario probable– podría, por ejemplo, prohibirse armar un corral casero dentro de un establecimiento ganadero afectado por sequía que necesite de manera urgente alimentar a los animales ante la desaparición del pasto.

Se trata solamente de un caso posible entre cientos. La cuestión es que la cantidad de escenarios probables es tan amplia y diversa que el “reglamentador” –nuevamente– podría terminar haciendo un zafarrancho burocrático que perjudique la capacidad de adaptación de las empresas agropecuarias ante los cambios ocurridos en dos variables críticas sobre las cuales no pueden influir: los precios y el clima.

Por tales motivos, la norma, en función de cómo se reglamente, constituye un riesgo enorme para todas las empresas agropecuarias argentinas.

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Tal es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Fundación Barbechando, la cual –integrada por empresarios y profesionales del agro argentino­– se dedica a realizar un seguimiento de las iniciativas legislativas con impacto en el sector.

La agenda agropecuaria este año tuvo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del ambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. Un aspecto llamativo es que diferentes referentes del oficialismo y la oposición presentaron más de una decena de proyectos para la protección de los humedales.

Otros temas recurrentes fueron las iniciativas orientadas a beneficiar a diferentes economías regionales, el etiquetado de alimentos, la declaración de emergencias agropecuarias y, en menor medida, la promoción de programas de empleo.

“Merecen una mención aparte dos hitos del año que se tradujeron en una demanda legislativa: la expropiación de Vicentin SAIC y los hechos de vandalismo contra los silobolsas. En ambos casos, oficialistas y opositores se hicieron eco de la demanda de los productores y presentaron sus propias iniciativas para establecer una regulación”, remarcó el informe de la Fundación Barbechando.

Entre las iniciativas aprobadas que favorecen el desarrollo del sector se incluyen la prórroga por cuatro años del Régimen de Promoción de Biocombustibles establecido por la Ley Nº 26.093 y la extensión por un año más de la emergencia citrícola para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, además de un aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros.

La contrapartida de eso fueron dos leyes con un fuerte impacto negativo para el agro: el “impuesto a la riqueza” (aporte solidario extraordinario) y la modificación a la Ley de Manejo del Fuego que obliga a “congelar” por 30 años las actividades realizadas en campos afectados por incendios “provocados o intencionales”.

“Mientras tanto, este año hubo algunos avances con dictámenes de comisión de algunas leyes vinculadas al sector agropecuario, pero que aún no lograron su desembarco para el debate en el recinto. Quedaron en lista de espera la Ley de Humedales, la creación de un Observatorio de Agroquímicos, un Fondo Fiduciario para el INTA, el Registro de Fitosanitarios –incluido en sesiones extraordinarias–, un programa de agricultura familiar y economías regionales y la prórroga de la Ley Ovina”, apuntó el informe.

A pesar de la pandemia, hubo este año en la Cámara de Diputados 253 reuniones y 72 dictámenes, mientras que en el Senado tales cifras fueron de 227 y 145 respectivamente. Se aprobaron 65 leyes, mientras que en 2019 habían sido 39.

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