“Los sectores productivos hoy en la Argentina afrontan tasas de tributación impositiva de niveles confiscatorios, la más alta de América Latina según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se suma la reciente modificación del criterio de aplicabilidad del ajuste por inflación en los balances de las empresas, en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que básicamente anula la aplicación plena del ajuste y vuelve al esquema de aplicación por tercios”, indicó la entidad.

En efecto, la modificación al artículo 149 de la ley de Ganancias implica el diferimiento en la aplicación del ajuste por inflación impositivo: el impacto en la suba de precios, en vez de computarse en su totalidad en el ejercicio, se diferirá proporcionalmente en tres años.

¿Qué significa esto? Qué si una empresa perdió 150 millones de pesos, en lugar de descontarlos del Impuesto a las Ganancias de forma total, podrá descontar 50 millones en un ejercicio, al segundo año otros 50 millones y al tercero los últimos 50. Así, el Estado se asegura una recaudación sin aumentar el impuesto “en los papeles”.

“Esta modificación actuará sobre las cadenas de la misma forma que lo haría una suba del porcentaje tributado. Esto complicará la ya frágil situación productiva, en un contexto de rentabilidades en los puntos de quiebre para muchos sectores, y a eso tenemos que sumarle una mayor tasa extractiva de impuestos. Es decir menor producción, menor capacidad de reinversión y nulo crecimiento en forma inmediata”, afirmaron desde CRA.

“En un país donde las urgencias se vuelven regla y no excepción, ninguna empresa, ningún emprendedor y ningún productor puede invertir y crecer con semejantes niveles de tributaciones. Las empresas crecen inversamente proporcionales a los retiros que se haga de las mismas. Esta es una ley de producción que nuestros legisladores parecen simplemente desconocer”, concluyeron.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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La primera de las iniciativas fue aprobada por 173 votos afirmativos y 23 abstenciones, y estipula el establecimiento de un régimen previsional especial por el cual aquellos trabajadores y contratistas de las viñas podrán “acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes”.

La flamante ley estipula además en su Artículo 4 que “la contribución patronal será la que rija en el régimen común –Sistema Integrado Previsional Argentino- incrementada en dos puntos porcentuales (2%), a partir de la vigencia de la misma”.

Durante la sesión en la Cámara se indicó que esta propuesta impactará en un universo de unas 38.000 personas, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza y el resto se distribuyen entre Salta, San Juan y San Luis.

La segunda iniciativa, aprobada por 193 votos afirmativos, introdujo modificaciones dentro Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, reglamentado en la Ley 20.589.

El primero de ellos fue en el inciso b del artículo 12, que indica que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje, aun cuando no se complete el primer año de trabajo. Ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido”.

El otro cambio apuntó al Artículo 16, que estipula que la remuneración mínima debe ser distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo precisa.

A continuación agrega: “La remuneración mínima por hectárea por año no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponde también al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al quince por ciento (15%) ni superior al diecinueve por ciento (19%) de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas”.

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Sin embargo, ya pasó un mes y medio y todavía no hay señales de esa “propuesta salvadora”.

“Yo creo que se dan una serie de situaciones. Por un lado el intrincado tema administrativo, mezclado al período pre electoral y el viaje que han hecho varios funcionarios y ministros del área a Glasgow. Creo que vamos a tener que esperar a la próxima semana, a que decante toda esta situación. Ahí me imagino que veremos los resultados”, dijo a Bichos de Campo José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Tiempo atrás, Martins había reconocido a este medio que el proyecto era una versión mucho más acotada de los postulados delineados en conjunto por las más de 60 cámaras y entidades de la cadena agroalimentaria integrantes del CAA -excluyendo del mismo uno de los mayores reclamos la reducción y posterior eliminación de las retenciones a la exportación-, pero que aún así era positivo haber concretado un texto luego de tanto trabajo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), señaló por su parte que realizan reclamos cotidianamente y que mantienen contactos periódicos con las carteras de Economía, de Agricultura y la propio Presidencia.

“Desde el gobierno nos señalan que está todo bien, pero que primero deben hacer todo un proceso de aprobaciones formales en los distintos ministerios. El proyecto tiene dos anexos extensos de más de 1500 actividades económicas. Entonces eso los llevó a una verificación técnica en el Ministerio de Agricultura, de Producción, de Economía, de AFIP, etc.”, comentó a Bichos de Campo.

Ante la pregunta sobre si la demora en la presentación podría significar alguna modificación en el texto pactado, Idígoras afirmó: “No podemos descartar que no haya alguna modificación pero no tenemos esa expectativa, porque no fue así transmitido por los ministros. El gobierno ha manifestado en varias oportunidades que este es uno de los proyectos prioritarios a tratar. De hecho hasta el presidente de la Cámara de Diputados (por Sergio Massa) lo puso como prioritario la semana pasada. De todos modos es incierto hasta tanto no salga del Ejecutivo”.

En el mismo sentido, Martins sostuvo: “No me imagino que haya algo negativo porque la verdad es que fue tan discutido y tan pulido que lo que está, es lo que está. Sí soy un optimista de que cuando llegue al Congreso, y podamos trabajar en comisiones con la oposición, se pueda mejorar algo. No veo nada hoy que nos preocupe”.

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Con esta sanción surge por primera vez en Argentina una ley nacional cuyo objeto es la educación ambiental. Pero, ¿en concreto qué define? En primera instancia, promueve el desarrollo de una “Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral” (ENEAI) y de “Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental” (EJEAx), las cuales se proponen garantizar la creación de un área específica para la educación ambiental dentro de las carteras ambientales del gobierno nacional.

Su propósito general es la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Entre otras cosas, la ENEAI deberá generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; y elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos.

La ENEAI y la EJEAx estarán a cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal de Educación (CFE).

El proyecto modifica además la Ley 26.206 de Educación Nacional para incorporar un artículo sobre la exigencia de implementar contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones del país. Y se agrega que, con motivo de celebrarse el 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional”.

La aprobación de esta ley, a la que algunos quieren llamar “Ley Pino Solanas” por su lucha por el medioambiente, representa la concreción de un proceso de debate, que comenzó en 1994 con el primer proyecto presentado en el Congreso que mencionaba a la educación ambiental como objeto.

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Incluso el proyecto aprobado toma como antecedente a otros 11 proyectos, entre los que se destacan uno de la diputada Marta Maffei y de la diputada Adriana Puigróss, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

“Construir una Argentina sostenible requiere de un enorme cambio cultural, la forma más efectiva de lograrlo es a través de la educación. Espero que luego de la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo haga una convocatoria amplia y honesta donde no solo la academia, sino también el sector productivo y las organizaciones de las sociedad civil, especialmente los jóvenes, estén sentados en la misma mesa elaborando los contenidos y las estrategias”, expresó la senadora bonaerense Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta.

Desde Chaco, Antonio Rodas, vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Senado nacional, consideró que la ley era una deuda de la democracia y que “los temas ambientales afortunadamente han llegado para quedarse; la educación en esa materia es el legado que le dejaremos a nuestros hijos y nietos como punto de partida para el cuidado de nuestra casa común”.

Por su parte el senador entrerriano Alfredo de Angeli festejó la aprobación de la ley, pero señaló que este tipo de proyectos deberían pasar por la Comisión de Agricultura –de la cual es vicepresidente- ya que “tenemos mucho que aportar”, y recordó lo sucedido con la Ley de Manejo del Fuego.

La flamante Ley de Educación Ambiental aguarda por su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Con la promulgación de la reforma de la Ley de Manejo del Fuego se abre una “Caja de Pandora” para el agro argentino

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Diputados y senadores hace un mes que retomaron sus funciones. La gravedad del asunto está en que ambas vencen este año y ninguna parece estar cerca de obtener una prórroga. Arrancando con la Ley Ovina cuya fecha de caducidad operó exactamente hoy: lunes 4 de abril de 2021, veinte años exactos después de su sanción.

En el caso del Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, o Ley Ovina, ya cuenta con una prórroga que data del año 2011, en la que se estipuló extender por 10 años más –mediante la ley 26.680– la normativa original promulgada en 2001.

El objetivo original del régimen instituido a comienzos de los 2000 era recuperar la producción ovina que estaba en baja desde la década de 1970. Para eso se decidió destinar fondos del presupuesto nacional: inicialmente la suma se fijó en 20 millones de pesos -cuando aún regía la convertibilidad- y posteriormente, en 2010, se elevó a 80 millones de pesos.

Uno de los principales reclamos de los productores es que ese monto no ha sido actualizado, teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones y los vaivenes económicos, y por lo tanto los recursos son insuficientes. Convertidos a dólares, en rigor, ahora resultan chaucha y palitos.

En este sentido, a fines de marzo de este año, la Mesa Ovina Nacional presentó un ante proyecto propio en el que fijaban que el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) debería recibir desde el Estado el siguiente esquema de desembolsos por diez años: “1.400 millones de pesos anuales durante los primeros tres años; 1.800 millones durante los siguientes tres años; y 2.000 millones durante últimos cuatro años.”

En paralelo, tanto en Diputados como en el Senado se han presentado también varios proyectos para lograr la prórroga en cuestión. En el caso de la Cámara Baja, se propuso unificar las iniciativas existentes y convalidar un monto para el FRAO que tenga una actualización anual en función de los datos de la inflación. También se discutió una modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15.

Sin embargo, por el momento ninguna de las Cámaras ha tratado las iniciativas que se apilan en la mesa de entrada. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal intentaron discutir el tema durante una sesión especial en la Cámara de Diputados hace dos semanas, pero no lograron el quórum necesario para sesionar. Hay tiempo al menos hasta que el propio Congreso deba discutir la nueva Ley de Presupuesto y previsionar allí las partidas necesarias para la continuidad de esta política.

Hoy vence la Ley Ovina después de 20 años de promocionar la actividad.

Como con la de Biocombustibles, el oficialismo propone el peor escenario: Ni si, Ni no, Ni blanco Ni negro.

Improvisación del gobierno e incertidumbre para la inversión que el país necesita. pic.twitter.com/viWFv5KypY

— Willy Bernaudo (@willybernaudo) April 4, 2021

En el mientras tanto, la próxima fecha a marcar en el calendario es el 12 de mayo, día en el que vencerá el Régimen de Biocombustibles, que también persigue una prórroga y que no ha logrado ingresar en el temario de Diputados a pesar de tener media sanción en el Senado. La diferencia es que en este caso es que al día siguiente del vencimiento, en caso de que no haya prórroga, los efectos serán inmediatos: las petroleras ya no estarán obligadas a comprar esos renovables para cortar los combustibles fósiles.

La ley 26.093 data del 2006 y los principales interesados en su extensión son los productores de biodiesel y bioetanol, muchas de ellos concentrados en Pymes. Con la ley mantienen ventajas tributarias, regulan precios y mantienen el corte obligatorio en los combustibles fósiles (10% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas).

A pesar de esto también hay interés, tanto de las cámaras empresarias del sector como desde el Gobierno Nacional, en crear una nueva legislación que tenga en cuenta el contexto actual. Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, dijo durante su exposición en Diputados que el gobierno busca “dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”.

Durante el mismo encuentro, representantes de Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), apoyó la prórroga pero reconoció que es necesario discutir un régimen superador que incorpore, por ejemplo, “el impuesto al carbono en base a la relación de ahorro de emisiones y utilice esos fondos para el desarrollo tecnológico y la transición de las pymes”.

La prorroga de esta ley intentó también ser discutida en la sesión especial pedida por la oposición pero no tuvo éxito.

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La ley busca hacer frente a la perdida de bosques tropicales asociada a la producción de soja, aceite de palma, cacao y carne vacuna, según informó la Asociación Civil Periodistas por el Planeta. El Reino Unido importa este tipo de productos desde América Latina, África y el sudeste Asiático. La Argentina está en el listado de sus proveedores.

Una reciente encuesta de YouGov demostró que el 55% de las personas en aquel país europeo consideraría no comprar carne que provenga de zonas deforestadas. Ante la creciente preocupación de los consumidores por contribuir de forma indirecta al desmonte del Amazonas, el gobierno le impuso a las empresas la responsabilidad de saber de dónde proceden sus productos.

Las grandes multinacionales están dejando de comprar carne desde zonas de desmonte ¿Tu producción está libre de deforestación?

Esto afectaría de forma directa a Brasil, que es uno de los países que más exporta al Reino Unido. Si bien la actual administración brasilera ha sido muy criticada por el avance sobre el Amazonas, su gobierno ha hecho caso omiso a este tipo de cuestionamientos y continúan en aumento las tasas de deforestación. Empresas como Burger King y Tesco –la cadena de supermercados más grande de Reino Unido- mostraron la negativa a seguir comprando productos de Brasil.

Según las organizaciones RSPB y WWF, se necesita una superficie media anual de 21,3 millones de héctareas para abastecer la demanda de productos básicos de Reino Unido. Esto equivale a un 88% de su propia superficie terrestre. Entre 2011 y 2018, las emisiones de de CO2 de este país escalaron un 8%.

Mike Barrett, director ejecutivo de ciencia y conservación de WWF en el Reino Unido, dijo: “Está claro que las empresas y los consumidores no quieren importaciones que destrocen el planeta. El Gobierno debe acelerar la aprobación de leyes fuertes y eficaces, que limpien nuestras cadenas de suministro y demuestren que el Reino Unido puede tomar la iniciativa en la lucha contra la naturaleza mundial y la crisis climática”.

Los legisladores del Reino Unido buscan que la medida sea introducida en el próximo proyecto de ley sobre el medio ambiente, que se presentará en el Parlamento de Londres en septiembre.

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“Planteamos este observatorio en dos pasos. Uno inicial, donde era importante convocar a todas las entidades y organismos científicos y tecnológicos con vinculación directa con la provincia, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), y es en esa etapa en la que queremos consolidar un bagaje de documentos e información científico- técnica, para luego abrir el segundo paso, que es el de dar debate con las entidades, las asociaciones profesionales y representantes de la sociedad en su conjunto”, explicó Rodríguez.

El funcionario destacó que apuntan, en primer lugar a “que la provincia pueda generar recomendaciones en el uso de agroquímicos a los municipios. Hoy hay prácticamente 70 normativas específicas en los municipios, pero hay otros 65 que no tienen y a veces dos linderos tienen normativas distintas”. Al mismo tiempo, adelantó: “Si vemos que hay suficiente consenso como para ir a una normativa en común más adelante, vamos a apuntar a eso”.

Escuchá el reportaje completo realizado a Javier Rodríguez:

En ese sentido, el Ministro remarcó: “Primero hay que generar recomendaciones de cara a los municipios, a los productores y a aquellos que deben controlar, porque no sólo hay que hablar de normativas sino también de los mecanismos de control, ya que si no se puede verificar qué se está haciendo, no tiene sentido”.

Consultado acerca de las políticas de financiamiento llevadas adelante en lo que va de su gestión, Rodríguez contó que lanzaron líneas a través del Banco Provincia, que “son la puerta de entrada de pequeñas y medianas empresas que ahora pueden tramitar créditos con tasas fija en pesos del 28,5%. La verdad es que cuando hablamos con los productores uno de los temas de preocupación es el financiamiento y, por suerte, con gran esfuerzo, podemos brindar esa tasa para capital de trabajo a un año”.

La financiación del Provincia ya se hizo concreta en el caso del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas, el cual, a partir del 1 de julio reemplazará al de Liniers en Mataderos. Según explicó Rodríguez, “el MAG ya cuenta con el crédito necesario para el desarrollo del área vinculada a la comercialización de hacienda”.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense resaltó la importancia de que el sector público apoye al agro: “Es en función de la necesidad de cada actividad y tipo de productores, algunos, necesitan asistencia técnica, otros mejores caminos y otros mejor financiación, un punto flojo al menos en los últimos años de la gestión de Cambiemos”. Por ejemplo, en breve, comenzarán a convocar a las Mesas de Competitividad de las diferentes cadenas productivas, porque “preocupa lo que está pasando con la lechería más que nada”, y aseguró que apuntarán a frenar la desaparición de tambos.

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La prohibición se implementó a través de una disposición de la Subsecretaria de Ambiente, firmada por su titular, Fabián Titarelli, quien rechazó el pedido de prórroga que le había formulado la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos que impone la Ley en relación a los depósitos en los que debían trasladarse los bidones vacíos.

La disposición establece que, “encontrándose incumplido el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios presentado por la Fundación Campo Limpio declárase operativo el artículo 10 de la Ley Nº 27279  y por ende prohíbase la comercialización de agroquímicos en jurisdicción de la provincia de La Pampa a todos los registrantes que la integran, conforme lo expresado en los precedentes considerandos”.

En la intimación que había hecho el gobierno de Sergio Ziliotto a la Fundación, se notificaba “poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, debiendo presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos a los efectos de su aprobación, conforme lo expresado en los precedentes Considerandos, bajo apercibimiento de realizarlo la Autoridad de Aplicación a costa de la Fundación Campo Limpio”.

Ver: Por la falta de un centro para recibir los bidones usados, La Pampa amenaza prohibir el uso de agroquímicos

Hacía pocos días, el medio de La Pampa, La Arena, notificaba que el director Ejecutivo de la Fundación Campo Limpio, Ernesto Ambrosetti, había afirmado que estaba todo listo para que empezar a regir el sistema de gestión de envases vacíos en la provincia, y que habían hecho “todas las mejoras que se solicitaron” en los Centros de Acopio Transitorios (CAT) y que sólo faltaba la habilitación de la Subsecretaría de Ambiente.

La respuesta de Ambrosetti había llegado en torno a la preocupación que había manifestado días atrás la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), advirtiendo “la falta de avances concretos”, al respecto de las obras comprometidas en la provincia para instalar los CAT.

El establecimiento de los CAT en La Pampa se anunció en marzo de 2019, cuando el entonces director de Agricultura de La Pampa, Carlos Ferrero, había anunciado que la Fundación Campo Limpio, ente regulador de la ley a nivel nacional, iba a instalar en la provincia unos tres Centros de Acopio Transitorio.

Ferrero tenía la misión de oficiar de “policía” en el control y uso de agroquímicos en el ámbito provincial, y fue echado en septiembre de 2019 por una decisión expresa del entonces gobernador Carlos Verna, y en dicha decisión ejerció peso la denuncia que habían hecho vecinos de la localidad de Miguel Riglos, en contra un productor agropecuario que había fumigado a metros del casco urbano, en un campo lindante con la planta de agua potable, con un producto que, para los denunciantes, era 2,4-D.

Al momento, son 16 las provincias argentinas que designaron autoridad competente para comenzar a trabajar en la implementación de lo dispuesto por el decreto 134/18 reglamentario de la Ley Nº 27.279, pero sólo 4 provincias son las que iniciaron un plan para gestionar envases vacíos de fitosanitarios: Buenos Aires, La Pampa, Corrientes y Salta. No obstante, cada caso requiere un tratamiento particular; Mendoza y Santa Fe, por caso, cuentan con su propio marco normativo en gestión de envases vacíos.

El último CAT había sido puesto en marcha en Pergamino en noviembre de 2019, y ya es el séptimo establecido en provincia de Buenos Aires, en materia de cuidado ambiental y economía circular. El mismo está ubicado dentro del Parque Industrial de la ciudad.

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“Creemos que Argentina se merece tener una nueva ley acorde a lo que es la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para poder aprovechar el conocimiento de base. Hoy estamos hablando de edición génica que es la tercer revolución en términos de mejoramiento luego de lo que fue el mejoramiento básico del germoplasma, luego la biotecnología, y mientras tanto seguimos con una ley de 1973”, dijo a Bichos de Campo Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

En 2019, el sector agrícola y Gobierno de Mauricio Macri habían puesto muchas fichas en que finalmente pudiera haber una actualización de la ley. Pero no. ¿Qué trabó el debate? “Lo que faltó fue política. Al anterior gobierno de Cambiemos le faltaron votos para obtener el quórum y la mayoría necesaria para que el dictamen que había obtenido la Comisión de Agricultura finalmente pudiera ser tratado en Diputados y Senadores”, respondió Paseyro.

En cuanto a si estaban de acuerdo con el contenido de ese proyecto de ley, Paseyro comentó que “trabajamos previamente en una mesa con el sector privado, con instituciones de productores, CREA y Aapresid. Eso se elevó en un acta de entendimiento que elevamos al entonces ministro Luis Miguel Etchevehere cuando apenas asumió. Queríamos que ese fuese el insumo sobre el cual se trabajase en el texto del proyecto de ley, pero finalmente no fue una iniciativa del Ejecutivo sino que la Comisión de Agricultura trabajó otro texto. En líneas generales estábamos igual de acuerdo, pero había cuestiones que queríamos corregir. Igualmente, al no tratarse el proyecto, nada de eso ocurrió”, relató el empresario.

Escuchá el reportaje completo realizado a Alfredo Paseyro:

Las cuestiones que querían corregir desde ASA, según Paseyro, “tenían que ver con el control y las facultades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) de establecer acuerdos con el sector privado, y luego había zonas grises en la redacción y en el articulado de algunas cosas, y queríamos que fuese claro para todas las partes. El Estado es una de ellas, pero también los productores y desarrolladores”.

El dictamen perdió estado parlamentario a fines de 2019, pero Paseyro se mostró expectante de que se reanude el debate en el Congreso. “Creemos que cuando se retome, el punto de partida no será cero sino que partiremos de acuerdos básicos”, respondió, pero remarcó que “quizás no sea prioridad en el arranque legislativo”.

“Creemos que hay otras prioridades y lo estamos viendo en estos días a nivel nacional, donde se corrió una carrera maratónica por obtener una ley de Solidaridad de parte del Gobierno. Y lo mismo está pasando en provincias como Santa Fe y Buenos Aires”, agregó el presidente de ASA.

“Habrá que ver cómo reaccionará la economía a partir de estas medidas. Luego la prioridad seguirá en las negociaciones con los acreedores y con el FMI, pero para nosotros como sector semillero, este es un tema prioritario y tendremos que trabajarlo dentro del contexto. Habrá que ver quién presida la comisión de Agricultura y cuáles son los temas que querrá tratar”, concluyó.

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