La primera que se aprobó fue la del manejo del fuego, que surgió tras los incendios que este año se produjeron en diferentes regiones productivas afectadas por una fuerte sequía muchas de ellas y sin que se puede determinar la causa de los mismos.

Esa normativa prohíbe darte otro destino al campo incendiado por un plazo de por lo menos 30 años lo que a criterio de la dirigencia rural es un avasallamiento de la propiedad privada, pone en riesgo las inversiones y el desarrollo económico y por eso planean contrarrestar esto con iniciativas legales.

Al respecto Jorge Chemes, el presidente de CRA, dijo que: “esto va a llevar que no se tenga respeto por la ley y a acciones judiciales, creo que va a haber mucha actividad en acciones judiciales e incluso desde CRA hace meses que trabajamos con juristas para ver qué posibilidad hay de accionar contra esto que es una falta total de sentido común, de criterio y conocimiento, si tengo que definir estas leyes (en referencia también al impuesto a la riqueza) diría que es un mamarracho”.

Chemes dijo que “se castiga al damnificado que sufre la desgracia del incendio”.

Por su parte Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria Argentina,­ señaló que: “la imposibilidad de cambiar la disponibilidad que tenía ese suelo o de venderlo está limitando por todos lados las posibilidades (de crecimiento) y toma como delincuente al productor sin saber si fue accidental o intencional o fue un tercero intencional. Es una ley llena de vacíos y sombras o intereses ocultos”.

Con relación al impuesto a la riqueza el dirigente de FAA indicó: “si bien no son muchos los alcanzados en nuestra entidad es un impuesto indebido y superpuesto con el de bienes personales. Digo porque afecta los activos patrimoniales en disposición para la producción, no va sobre lo suntuoso y la fastuosidad. Afecta a lo que puede generar riqueza o empleo, se genera más presión impositiva para lo que trabajan”.

Achetoni reclamó a la dirigencia política que “se autonomine para hacer esfuerzos, están para convertirle los momentos adversos en oportunidades a la gente y eso no se ve”.

Chemes agregó que “esto demuestra la falta de conocimiento de lo que es producir en el campo, se muestran diagnósticos equivocados y hasta una animosidad política, Se busca una confrontación continua con el sector”.

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Esto implica una resignación de la política a discutir los cambios que propician los sectores productivos de estos combustibles renovables, y que aspiraban a poder lograr con una nueva ley una mayor participación en el corte obligatorio con los combustibles basados en el petróleo.

No solo los legisladores del oficialismo son de la posición de no innovar en esta materia. Sería un pedido del Poder Ejecutivo Nacional el aplazamiento de la vigencia de la ley por 4 años. Por supuesto, en el medio se promete “trabajar en reformas de fondo”.

Explica Babechando: “Ante el escaso tiempo que resta antes de que finalice el periodo legislativo, y teniendo en cuenta que el proyecto debe ser tratado tanto en el Senado como en Diputados, se decidió avanzar prontamente con la prórroga de la ley de biocombustibles por 4 años más”.

Diez meses después, el gobierno actualizó -pero solo un poquito- los precios de los biocombustibles

Luego la Fundación recoge opiniones de los senadores que participaron del debate:

Rubén Uñac (TODOS-San Juan), quien preside la comisión de Minería, enumeró los proyectos que se iban a contemplar, teniendo en cuenta únicamente aquellos que versan sobre prorrogas y no sobre modificaciones. En este sentido, explicó que la celeridad se debe a que el sector no puede seguir en vilo, teniendo en cuenta “los tiempos del año en los que estamos”. Además, destacó que se está trabajando en reforma de ley desde Secretaria de Energía y Producción, y que ese será el momento de escuchar a todos los sectores.

Como contracara, la vicepresidenta de la comisión, Pamela Verasay (UCR-Mendoza), hizo un llamado a la reflexión de los presentes, cuestionando la rapidez del tema y agregó que hubo contacto de las diferentes cámaras que solicitaron expresamente una audiencia “y que están monitoreando la comisión”.

María de los Ángeles Sacnun (FDT-Santa Fe), autora del proyecto cabecera, dijo que “la ley es virtuosa para muchas economías regionales, diversifica la matriz productiva y pone en marcha la industrialización de la ruralidad”. Agregó que el país no puede seguir con el “modelo agroexportador sino que debe asegurarse el valor agregado en origen”.

Silvia Sapag (TODOS-Neuquén) proviene de una provincia petrolera. Pero también se refirió al beneficio de la ley para la industrialización del agro y dijo que es necesaria una nueva ley donde haya diferenciaciones: “No es lo mismo una Provincia donde se produce azúcar que una provincia en la cual se produce soja. Es necesario definir prioridades”.

El sector azucarero mete presión para que se prorrogue el marco legal para los biocombustibles

A continuación, Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), otra autora de iniciativa en tratamiento, resaltó la reconversión de la industria, la cantidad de puestos de trabajo -directos e indirectos- y la importancia que representan los biocombustibles en materia medio ambiental. Su provincia es la mayor productora de caña de azúcar, una de las bases del bioetanol.

Sergio Leavy (TODOS-Salta), también autor de uno de los proyectos, indicó que lo que importa es dar “certidumbre” a las inversiones que se hicieron, además de brindar sostén y apoyo al crecimiento y la producción nacional.

Haciendo hincapié en su rol como presidenta de la comisión de Ambiente, Gladys González (PRO-Buenos Aires), se manifestó en contra de la prorroga porque “se está desaprovechando una oportunidad de mejorar la norma, ser más ambiciosos y otorgar más y mejores beneficios a quienes los necesitan”. En este sentido, invitó a los presentes a trabajar en una ley superadora que contemple todas las voces.

Al respecto también se expidió Lucila Crexell (MPN-Neuquén), quien destacó que se deberían escuchar otras voces y objetó que no se contempló el giro a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Finalmente, Rubén Uñac, pasó el proyecto a la firma de los presentes y dio por finalizada la reunión y se espera que el proyecto sea tratado en la próxima sesión.

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En el encuentro organizado por la Fundación barbechando para analizar la agenda agropecuaria en el Congreso, el dirigente recordó que “hace un año atrás estábamos hablando de las inundaciones, y ya en ese momento hablábamos de la necesidad de contar con una ley de seguro multirriesgo, o de cambiar la Ley de Emergencia Agropecuaria y de aumentar el fondo. Pero pasó un año y estamos en la misma situación”. La referencia es al fondo fijo de 500 millones de pesos (congelado desde 2009) que esa ley asigna al Ministerio de Agroindustria para socorrer a los productores en casos de contingencias climáticas.

Escuchá la nota completa a Omar Príncipe:

Respecto de la agenda pendiente para el agro, Príncipe recordó que “en 2017, a pesar de ser un año electoral, no estuvimos en la agenda política. Quedaron pendientes muchas leyes como la de Humedales, la de Fitosanitraios, la de Semilla, la de Arrendamiento o la de Ordenamiento Territorial. Todos estos temas quedaron pendientes. Y tampoco vemos una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo”, indicó.

El presidente de Federación Agraria consideró que de aquí en más “tienen que salir leyes que incorporen en la agenda quién va a producir los alimentos. De qué manera, cómo y en qué región. Eso es planificar quién va a producir. Porque acá una cuestión de escalas que no se tiene en cuenta. No hay una política pública para promover y sostener a los pequeños productores, que somos los más vulnerables”.

En sentido contrario, Príncipe lamentó que “2017 tiene muchas deudas en materia legislativa, pero terminó con un paquete de reforma impositiva que va a contramano. porque la gran mayoría de los productores vamos a tener en 2018 y 2019 una carga impositiva mucho mayor que los grandes contribuyentes”.

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Hipótesis 1: Los senadores ganan demasiado bien y por eso compran verdura orgánica. Por eso no están preocupados por posibles residuos de agroquímicos en los alimentos.

Hipótesis 2: Los senadores viven todos en lujosos countries donde los jardineros mantienen el pasto prolijo y quitan a mano las malezas. Por eso no están preocupados en cómo se autorizan o cómo se almacenan los productos fitosanitarios en el país.

Hipotesis 3: Los senadores están preocupados por su propio destino y poco se interesan por los debates más intensos que cruzan la vida cotidiana del resto de los argentinos, entre ellos uno que está más vigente que nunca y que involucra el uso de los productos agroquímicos.

Usted elija la hipótesis que quiera. Lo cierto es que un proyecto de ley que regula muchas cosas necesarias en el mercado local de agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario. La Cámara de Diputados lo aprobó a fines de 2015 pero los senadores se han tomado dos largos años sin ni siquiera tratarlo. Dos años. Esa es la vida útil de un proyecto de ley. Si se pasa de esos plazos sencillamente vence, hay que tirarlo a la basura y comenzar todo de nuevo.

Estamos hablando del proyecto 3880-D-2015 de “Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”. La redacción original pertenece al diputado peronista formoseño Luis Basterra, ingeniero agrónomo y ex vicepresidente del Inta. Pero en Diputados, antes de votarlo y girarlo hacia el Senado, hubo aportes de todos los sectores políticos y consultas con infinidad de personas del sector privado y la sociedad civil, incluidos los ambientalistas.

La Fundación Barbecheando alertó en un  informe que la iniciativa, que cuenta con media sanción desde diciembre de 2015, “no logró ser debatido por la ausencia de senadores y la falta de convocatoria de la comisión de Ambiente”. Y advirtió: “Si no se sanciona antes del 30 de noviembre, caduca”.

Hubo un debate, esta semana, en la llamada Cámara alta, aunque de esa estatura ya le quede poco. Estuvieron allí los presidentes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos), y de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FPV-PJ-Entre Ríos). Desde esta última comisión ahora objetan algunas falencias en el proyecto que llegara de Diputados hace 48 meses. Guastavino habló de “malas redacciones”, pues no se especifican las sanciones en materia de agroquímicos ni el organismo que las ejecutaría. Es lo de menos a esta altura. Lo importante es que tuvieron casi dos años para corregirlo y no lo hicieron.

Cuenta Barbecheando que en la reunión, De Angeli resaltó la ausencia de Fernando Solanas (Libres del Sur-CABA) y denunció la “mala intención de no sé quien diciendo que no queríamos tratar este proyecto”.

¿Quién pudo haber dicho semejante barbaridad? Ah, si, nosotros.

Razona Barbecheando: “Sería un despropósito que un proyecto consensuado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, perdiera estado parlamentario: pero este es el resultado de una iniciativa que durante dos años no tuvo movimiento alguno y cerca de que culmine el 2017, comienzan las negociaciones apresuradas para evitar que el proyecto pierda vigencia”.

Como ven que no llegan, los senadores empiezan a echarla la culpa unos a otros. Guastavino a la mala redacción; De Angeli a Solanas, que es titular de la Comisión de Ambiente; Solanas a los latifundistas envenenadores y la mar en coche.

Pero hay un momento en que la degradación de la política empieza a dejar de ser responsabilidad de alguno para convertirse en culpa de todos.

Es ese el momento en que los políticos dejaron de preocuparse en el bien común. ¿Por qué lo hacer? Elija usted mismo la hipótesis.

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A partir de la nueva reglamentación, los propietarios de predios con bosque nativo en el territorio bonaerense deberán presentar planes de conservación y manejo sostenible, que serán “propuestos y elaborados por profesionales”, y deberán contar “con el aval técnico de la autoridad local de aplicación”.

La ley establece la protección de la totalidad del bosque nativo (unas 969.000 hectáreas) y en el 80% de esa superficie, prohíbe el desmonte y la modificación del uso del suelo. De este modo, casi un millón de hectáreas conservarán sus características ambientales y su biodiversidad. “Sólo serán autorizadas las actividades que garanticen el desarrollo sostenible del ecosistema”, dice el texto legal.

Los bosques nativos, “que ocupan el 3% del territorio provincial, constituyen ecosistemas que brindan numerosos beneficios a la comunidad, como la conservación del suelo y la calidad del agua, la regulación hídrica, la fijación de emisión de gases con efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad, servicios ambientales necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico”.

Las actividades que se desarrollen en estas áreas, según el texto de la norma, requieren de la aprobación de la autoridad de aplicación local y  deberán respetar la subsistencia del bosque nativo.

El titular del Organismo Ambiental bonaerense (OPDS), Rodrigo Aybar, celebró la reglamentación de la Ley, de la que el organismo será autoridad de aplicación junto al Ministerio de Agroindustria. “Esta ley es fruto de un gran trabajo del Área de Recursos Naturales de la Provincia y es una deuda que teníamos con los bonaerenses. Buenos Aires era la única provincia que no tenia ley para cuidar sus bosques: una herramienta necesaria para proteger el bosque nativo, estableciendo un uso sustentable y limitando la tala, con el fin de mantener los distintos ecosistemas de la Provincia”, afirmó Aybar.

Como consecuencia de esa demora, había otras leyes de las que Buenos Aires no podía disfrutar. Como por ejemplo, la de Promoción de los Bosques Cultivados, que define ventajas impositivas y hasta subsidia la implantación de nuevas forestaciones.

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Luego de los acuerdos firmados con los sectores petrolero (para Vaca Muerta); automotor; textil y calzado y el aluminio, el Gobierno avanza ahora con el rubro de biotecnología, que se sellaría en las próximas semanas. En este marco, el compromiso oficial es reglamentar la vieja ley, que data de 2007, y otorgarle a las empresas que desarrollen nuevas inversiones los beneficios impositivos de amortización acelerada de los bienes de capital en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la compra de maquinaria.

Además, el Estado garantizará financiamiento a tasas y plazos acordes al riesgo de esas inversiones. Por su parte, los privados se comprometerán a realizar nuevos desarrollos por u$s 600 entre este año y el 2019, incrementar las ventas en el mercado externo y crear nuevo empleo. En este caso, no hay participación del sindicalismo.

La secretaría de Transformación Productiva, que preside Lucio Castro, viene manteniendo reuniones con miembros de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) para diseñar el acuerdo desde hace dos meses. Fuentes de algunas empresas del sector afirmaron a El Cronista que una de las principales señales del convenio será la reglamentación de la ley, que tiene una demora de diez años y que buscará darle mayor impulso a la industria. De todas maneras, los únicos beneficios de la norma que serán reglamentados son los mencionados previamente, ya que el mensaje fue que “no hay plata” y que otras medidas específicas para el sector implicarían un alto costo fiscal que hoy no podría afrontarse.

Otro de las mejoras tributarias mencionadas en la ley 26.270 es la rebaja de las contribuciones patronales. Concretamente, menciona la conversión en bonos de crédito fiscal –que podrían ser usados para el pago de impuestos– del 50% del monto de las contribuciones a la seguridad social, sobre la nómina salarial afectada al proyecto. También propone la conversión en bonos fiscales del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Sin embargo, la inminente reglamentación no prevé, según precisaron las fuentes, incluir este último beneficio, que igual mente estaría incorporado en la reforma integral que enviará el Ministerio de Hacienda al Congreso luego de las elecciones.

Otros de los compromisos del sector público, según el último borrador del acuerdo, es aumentar los reintegros a las exportaciones del sector, así como también impulsar una modificación del compre nacional para garantizar una demanda efectiva de productos biotecnológicos.

El objetivo del acuerdo es visibilizar un sector con gran desarrollo en el mundo y una enorme potencialidad. Luego de una década sin impulsos concretos a esta actividad, el actual Gobierno considera que es uno de los sectores estratégicos por su potencial para mejorar la productividad y generar un salto de competitividad en otras actividades industriales, como alimentos, vacunas, diagnóstico, biocombustibles, entre otras.

Fuentes de Producción aseguraron que si bien la Argentina hoy tiene fuertes capacidades científicas y empresariales en el sector, ‘la actividad requiere de un marco para favorecer la aceleración de inversiones, la creación de empleo y la articulación con el sistema científico tecnológico‘.

El objetivo del acuerdo, que será firmado por los ministerios de Producción, Ciencia y Agroindustria junto con la CAB, es potenciar la generación de valor a partir de políticas de financia miento productivo, desburocratización y la generación de empleo calificado. ‘Los temas crediticios quedaron descartados.

“Nos dijeron que amortización de Ganancias y devolución de IVA era todo lo que había”, sostuvo un empresario respecto de la reglamentación de la ley. Sin embargo, en el acuerdo que se firmará en breve quedarán expuestas las herramientas financieras que hoy están disponibles.

La industria de biotecnología está compuesta por unas 200 empresas, de las cuales el 63% se dedica a salud humana y animal, el 22% al agro y el 15% a biotecnología industrial. El 70% son pymes con menos de 50 empleados.

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