“En septiembre no vendimos ni un solo litro”, dijo Alejandro Abad, presidente de CEPREB en Bichos de Campo. Las Pymes del biodiésel son 26 plantas en todo el país, que brindan trabajo directo e indirecto en muchos pueblos del interior. Debería ponerse el foco en ellas para que no terminen desapareciendo.

El gobierno actual, bajo el ala del poderosos Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, ha dejado desamparados a estos pequeños jugadores que carecen de poder de negociación ante las grandes petroleras. Según la denuncia de Abad, a ese sector se le dio el aval tanto para que puedan importar biodiésel de otros lugares y hasta que puedan incumplir el corte obligatorio en el gasoil con 10% de biodiesel.

“El corte no se está cumpliendo y el precio para nosotros sigue planchado”, denunció Abad.

Aquí la entrevista completa:

“Necesitamos que el Gobierno haga cumplir la Ley y que las petroleras compren nuestro biodiésel. Porque hoy estamos en un 95% paradas todas las plantas”, denunció Abad.

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El problema es que este pago adicional dispuesto por Lopetegui para los fabricantes del biocombustible a través de la Resolución 552/19 para sus entregas de septiembre se haría con una concidión: que las empresas pymes “renuncien a todo derecho de reclamo” por los recurrentes atrasos y cambios en las reglas de juego en las que incurrió la propia Secretaría de Energía.

Esta situación, según CEPREB, “no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”.

Ver Claudio Molina explica la errática política actual sobre biodiésel: “Es un verdadero lío normativo; ni en épocas de Moreno y Kicillof fue así”

La mencionada Resolución, publicada en los últimos días, Energía dispuso “una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción de biocombustibles establecido por las leyes 26.093 y 26.334, equivalente al 6% del precio establecido por esta Secretaría de Gobierno de Energía para el mes de agosto, aplicable a la producción entregada al mercado local durante el mes de septiembre de 2019”.

Hasta ahí parecía una retribución justa. Pero a renglón seguido la norma define que “la solicitud de las transferencias que correspondan en los términos de esta resolución deberá estar acompañada de las renuncias de las empresas productoras de petróleo y las provincias concedentes a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional”.

Cobrá y no chilles.

Las Pymes, que venían denunciando un atraso en los precios muy superior a los porcentajes que ahora concede Lopetegui, rechazzaron este convite y lo tildaron de “extorsivo”. Y recordaron todos los motivos que tienen para reclamar, incluso judicialmente. Dijeron que “a la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes conforme lo establece la ley 26.093”. 

Esto es así porque ante la falta de entrega del biocombustible por parte de las firmas Pyme que son adjudicatarias de parte del cupo, las petroleras habrían recurrido a comprar el fluido de las grandes aceiteras exportadoras, que no deberían participar del mercado doméstico.

“Estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los 600.000.000 pesos”, advirtió la cámara del biodiésel, que volvió a pedir al Estado que se respete la legislación vigente. esto es, que las petroleras compren el biodiésel para cortar el gasoil a quienes tienen cupo asignado y que ejerzan las demás funciones que le competen, como fijar los precios de ese corte en tiempo y forma, y con valores razonables que cubran los costos de producción.

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En Jonagro, la jornada anual organizada por CRA, Manuel Ron, el presidente de esa compañía rememoró: “Decidimos diversificar y agregar valor para poder generar fuentes de trabajo locales, estabilizar nuestros negocios y salir de la disyuntiva de sólo producir maíz y lidiar con costos de transporte. Veíamos que en Estados Unidos se asociaban para montar plantas de etanol y eso diversifica los flujos de una empresa”.

“El asociativismo fue la llave maestra para meternos en este negocio. Nos permitió jugar en primera y competir con las multinacionales. De otro modo hubiera sido tarea imposible”, añadió el empresario.

Desde que en 2012 empezó a funcionar la primera planta de bioetanol a partir de maíz, “nos cambiaron las reglas de juego muchas veces, por eso creo que es importante tener reglas de juego claras”, indicó Ron.

El presidente de Bio4 cree que hay que recuperar lo antes posible una senda previsible. “Las bioenergías son la forma más rápida de consumir los granos. El caso más notable es el de la bioenergía del maíz. Si se puede armar el activo fijo que es la planta de transformación este proceso se da de modo veloz”, explicó. Y comparó que “la industria alemana transforma el 35% del maíz que produce para hacer biogás. Este tipo de energías transforman la materia prima, dan valor en origen y generan empleo y conocimiento en el interior de un país. Es un modo rápido de transformar la realidad de los pueblos”.

Ver Agro-grafías: La Argentina produce bioetanol en 18 plantas, trece desde la caña y cinco desde el maíz

Ron apuntó que en la Argentina hay una docena de plantas de bioetanol en producción y por el plan Renovar se esperan otras 10 plantas. Por ende el potencial de aumentar el etanol en las naftas es posible. Pero se requieren políticas adecuadas.

Bio4, es una planta que consume 200.000/ 230.000 toneladas de maíz al año, dependiendo de la molienda. Genera bioetanol, burlanda húmeda, burlanda seca, vinaza y dióxido de carbono que es lo que producen las levaduras en el proceso de fermentación. Produce 90.000 metros cúbicos de etanol por año

La desventura actual del sector con el gobierno de mauricio Macri se agravó a principios de 2019. “Desde febrero que venimos con un precio del etanol muy pisado, muy artificial que está 20 centavos por debajo de la paridad del etanol de Brasil. A nosotros nos pagan 40 centavos de dólar” por litro, explicó Ron.

Según el empresario, “decidimos ampliar la destilería en un 50%. Hay capacidad instalada para seguir aumentando el corte. Pero pedimos que la industria lo contemple. En Brasil, el corte del etanol en las naftas es del 27,5% y en Argentina es del 12%, pero podríamos llegar incluso al 19%”, indicó.

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La pérdida de jerarquía del área agropecuaria del gobierno nacional se dará a conoce junto a otra serie de fusiones y absorciones, que reducirá notablemente el número de ministerios con que cuenta actualmente el Poder Ejecutivo. La intención es dar una señal pública de austeridad en épocas de vacas flacas para la población. Y es que Mauricio Macri había comenzado su gestión, en diciembre de 2015, de modo totalmente opuesto: incrementando a más de 20 la cantidad de ministros en su Gabinete. 

Agroindustria, en aquellos momentos inaugurales de la temporada “Cambiemos”, había zafado de los cambios. Esa cartera fue elevada de rango en octubre de 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner, luego del fuerte sopapo que le propinó el sector agropecuario en el conflicto de 2008, intentó una etapa de seducción de sectores rurales, para que el kirchnerismo ganara espacio en ese territorio desconocido y de paso dividir a la Mesa de Enlace.

Fue en aquel rapto productivo de 2009 que Cristina designó como flamante ministro al dirigente del peronismo bonaerense Julián Domínguez, a quien se debe fundamentalmente el salto geométrico en la cantidad de personal (y gasto público) del Ministerio. Domínguez asumió diciendo que “no sabía nada” sobre el sector y lo mismo sucedió más o menos con sus sucesor: el chubutense Norberto Yauhar. Distinto era el caso del ex titular del INTA, Carlos Casamiquela, el tercer ministro de la etapa kirchnerista, quien de todos modos nunca logró torcer la lógica imperante en aquel momento: la mayor parte de las decisiones que se tomaban en materia de política agropecuaria eran definidas o en a Casa Rosada, o en la AFIP, o en la Secretaría de Comercio, o en el Ministerio de Economía…

La alta dependencia para definir políticas continuó en la era Cambiemos, más allá de que los dos ministros agropecuarios de Macri provenían del riñón del ruralismo: primero fue el formoseño Ricardo Buryaile, un ex vicepresidente de CRA; y luego -desde noviebre de 2017- el cargo recayó nada más y nada menos que ene le presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien asumió el cargo en medio de un escándalo político por el pago de un bono de 500 mil pesos por parte de esa entidad, al que luego debió renunciar. 

Ahora la continuidad de Etchevehere está en duda. No solo por la degradación ministerial sino porque el paquete que anuciará el gobierno este lunes incluiría la reimplantación de retenciones masivas sobre los productor del campo, algo con lo que filosóficamente no comulga el ex dirigente de la SRA. En rigor, el último “pequeño gran triunfo político” de Etchevehere como integrante del Gabinete fue, hace pocos días, el 13 de agosto, poder evitar el zarpazo del ministro Dujovne sobre los productores, al establecerse solamente una pequeña suba de retenciones a los productos de la industria aceitera. 

Cuando asumió en el cargo, una de las primeras medidas de Etchevehere fue reducir a la mitad el número de subsecretarías existentes en esa cartera y avanzar en una reducción del gasto público por vía de despidos masivos en esa repartición. Agroindustria inició el gobierno de Cambiemos con más de 5.000 empleados y actualmente, según datos oficiales, tiene poco más de 3.600. La última tanda de despidos, con 548 personas afectadas, se produjo el viernes, en medio de la corrida cambiaria. 

¿Cambia algo realmente si Agroindustria pasa a ser ahora una simple secretaría dependiente del Ministerio de Hacienda o del del Producción, que sería lo más razonable? En otras etapas históricas ya sucedió y la verdad que las diferencias casi ni se notaron, pues en los hechos (aunque el organigrama marque otra cosa) siempre el núcleo duro de la política agropecuaria (al menos en lo que a retenciones se refiere) se definió en otros lados. Para Agroindustria siempre quedaron reservadas definiciones menores y casi domésticas.

Incluso, como bien contó Bichos de Campo hace unos meses, hubo una etapa histórica en que la cartera agropecuaria fue degradada al rando de Subsecretaría. Eso, que constituía una exageración para un país agropecuario como la Argentina, por suerte duró unos pocos días. Fue también en medio de una crisis, la fatídica crisis de 2001.

Ver  “Los fantasmas del 2001” en la Noche de los Museos en Agroindustria

En todo caso, si acaso hubiera algo para celebrar en estas instancias críticas, es el dato de que en la purga ministerial que anunciaría el gobierno perderán relevancia y hasta sus puestos los dos coordinadores de la Jefatura de Gabinete que opinaban de modo permanente -y la mayoría de las veces de forma contraria a la de los ministros- sobre la política agropecuaria. Los dos laderos de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui, especialmente él, y Mario Quintana, fueron quienes ejercieron en esta primera etapa del gobierno de Cambiemos las tareas de  supervisión y control de la política que se ejecutaba en Agroindustria. 

Ahora, a partir de la semana que se inicia, la identidad del Ministerio de Agroindustria quedará licuada nuevamente en el revoleo que sufrirá el gabinete de Macri. Quizás nadie se avive de su existencia y sea momento entonces de comenzar a diseñar una política agropecuaria sólida, a salvo de interventores. 

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Las miradas en este sentido se repitieron durante la Jornada de la Carne que se realizó este jueves en la Exposición Rural de Palermo.

Los coordinadores técnicos de la mesa, un bloque de cerca de 40 entidades de la producción, el comercio y la industria vinculada a este alimento, son Fernando Canosa y Víctor Tonelli. Ellos fueron los responsables de destacar algunos aspectos positivos de la nueva realidad sectorial que se habilitó cuando, tras el recambio presidencial de 2015, el gobierno dejó de intervenir en los mercados de la carne.

“Desde 2015 a la fecha, la producción aumentó un 10% y las exportaciones de todas las carnes crecieron fuertemente (carne vacuna 116%, pollo 27%, ovinos 70%, porcinos más del 60%) y esto sin desabastecer el mercado interno sino todo lo contrario, ya  que Argentina sigue siendo uno de los mayores consumidores de proteína animal con 120 kilos per cápita al año”, explicó Canosa.

En materia de exportaciones de carne vacuna, la Argentina volvió a posicionarse en el denominado “top ten” de los exportadores , pasando del puesto 14° en el 2015 al 10° en 2017 y proyectándose para este año que el país alcance el 7° u 8° lugar. Vale recordar que en el 2005, Argentina se encontraba en el 4° puesto a nivel mundial. Fue antes de la irrupción del secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, en el mercado.

Pero a la vez hay luces de alerta, que los coordinadores técnicos no esquivaron. Por caso, la evolución de diferentes precios relativos, ya que mientras desde 2015 a hoy el maíz aumentó un 150%, el gasoil un 80%, el índice de precios al consumidor trepó cerca de un 100%, la carne solo aumentó un 40%, acumulando un gran atraso.

Luego hugo un panel dedicado a analizar la productividad en donde se trató la problemática del bajo índice de destete, que se encuentra estancado en un 63% desde hace alrededor de 30 años.

También se habló allí sobre el bajo peso de faena, que en Argentina se ubica en los 225 kilos mientras que en países como Uruguay y Australia, de similares condiciones, alcanzan los 245 y 250, respectivamente.

“Hasta ahora hemos crecido con la capacidad instalada que teníamos. Ahora lo que necesitamos es pegar el salto para producir más terneros y tener mayor peso”,  advirtió Canosa.

El presidente del INTA, Juan Balbín, y su principal referente en investigación ganadera, Aníbal Pordomingo, abordaron la cuestión del Índice de Destete. “Dentro de la ganadería tenemos tres temas en los que trabajará el INTA: el Índice de procreo al cual vamos a atacar desde la sanidad hasta la nutrición y la extensión ya que en ganadería tenemos que hacer el esfuerzo de hacer los consensos para avanzar. Como segundo tema: pasturas mega térmicas. Queremos volver a estar en la punta y generar tecnología que permitan el salto en las zonas norte. Debe haber concordancia entre ambiente y producción. El tercer tema es el manejo renoval, la visión global para
interactuar con el Ministerio de Ambiente”, señaló Balbín.

“Hace 30 años hablamos de la necesidad de producir más terneros en la Argentina. Hay un contexto que la ganadería transitó y se adaptó para competir en un mercado muy complejo: incorporó los corrales competitivos, adaptó la tecnología de feed lot, hubo mucho dinamismo no tanto en la recría. Sin embargo, los índices no lo reflejan. Es una cuestión más sistémica que sectorial. Que haya más terneros por vaca entorada hoy es una necesidad”, remarcó Pordomingo.

Y agregó: “El otro componente que se discute es el mayor peso de faena que tiene implicancias en la productividad y participa de huellas ambientales muy fuertes”.

Los debates habían sido abiertos por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, quien reiteró que las retenciones a la soja no se tocan. “Lo que dijo ayer el presidente Macri lo compartimos. Es difícil entender como uno de los problemas del país como es el déficit de cuenta corriente, lo podríamos resolver gravando las exportaciones, esa es nuestra opinión y la vamos a seguir manteniendo”, indicó.

Lopetegui destacó los avances logrados en el sector cárnico: “En los últimos dos años y medio hemos visto un progreso muy importante, tanto de la producción como de las exportaciones. Este año vamos a terminar exportando el doble de carne vacuna de lo que se exportó en 2015, un 100% en tres años es un signo muy positivo pero todavía nos queda un camino enorme por recorrer. Argentina estuvo diez años afuera de los mercados mientras países que no tenían una trayectoria como Uruguay o Paraguay terminaron exportando más carne que nosotros cuando la marca argentina sigue siendo reconocida y pedida por todos los que están empezando hoy a poder comer carne porque tienen más poder adquisitivo, con lo cual, la oportunidad es gigantesca”.

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“Nos queda menos de un mes para terminar la poda y no está firmado ni el convenio marco entre Fondagro (Fondo Fiduciario de Agroindustria) y Funbapa (Fundación Barrera Sanitaria Patagónica). Se hicieron todas las solicitudes, y hay 3.200 productores esperando esos fondos. Es una situación muy crítica, y reina la burocracia porque la ayuda no llega en el tiempo y forma en que se precisa”, disparó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en el programa Bichos de Campo, por Radio Rivadavia.

Consultado por las declaraciones del vicejefe de Gabinete de Nación, Gustavo Lopetegui, quien dijo que “tiene que haber una gran reconversión de plantas porque se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado”, Hernández comentó: “Duele mucho que hablen de una economía que no conocen. Tienen que ver el esfuerzo que hace el productor de chacra día a día”.

En ese sentido explicó que “de las 40.000 hectáreas que hay en producción, la mitad la tienen las empresas que reconvierten y buscan las variedades de punta que requieren los mercados, y el otro 50% de hectáreas productivas pertenece a productores primarios que son los que defendemos en la Federación, quienes también reconvierten variedades. Sabemos que falta mucho por hacer, pero la realidad es que estamos produciendo con costos muy altos, estando muy lejos de los centros urbanos de venta. Desde el 2008 a la fecha, el productor no puede cubrir sus costos de producción”, alegó.

El monto total prometido para ayudar a la producción de peras y manzanas alcanza los 300 millones de pesos a través del Fondagro, más 190 millones del Plan Sanitario para la compra de insumos estratégicos que ayuden a combatir la Carpocapsa, la principal plaga del manzano y del peral.

“La poda va desde mayo hasta agosto. Desde septiembre, el productor empieza a preparar la tierra por las heladas tempranas que pudieran presentarse, y lo concreto es que no está el dinero para que los productores puedan pagar a sus empleados para comenzar a podar”, remató Hernández.

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